DESARMADOR POLITICO

DESARMADOR POLITICO

26 de enero de 2015

VERACRUZ: EL NÚMERO 11

Por Aurelio Contreras Moreno
Se confirmó lo que ya se temía desde hace varios días, pero que hasta el último momento se quiso descartar, más por esperanza que por certeza o confianza en la actuación de de la autoridad en Veracruz. Moisés Sánchez Cerezo está muerto.
Tres semanas después de su desaparición y en buena parte debido a la presión ejercida por medios y periodistas independientes no alineados con el gobierno de Javier Duarte, la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo del cuerpo del reportero y activista del municipio de Medellín, en un paraje de una demarcación vecina, Manlio Fabio Altamirano.
De acuerdo con información que circuló durante el fin de semana, el cuerpo encontrado presentaba signos de haber sido torturado por sus verdugos. Además,  fue cercenado, en un acto de barbarie demencial.
Este nuevo crimen pone contra las cuerdas al gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Su indolencia, desinterés y abierto desdén hacia el periodismo y la libertad de expresión ha completado ya una oncena trágica en Veracruz, donde no hay condiciones para el ejercicio informativo libre.
Al no garantizar la libertad de prensa, expresión e información, el gobierno veracruzano contribuye a lacerar estos derechos de los habitantes de la entidad. Y coloca en una situación de absoluta indefensión a todos quienes nos dedicamos a esta profesión.
Porque nadie está a salvo. Todos los trabajadores de la información estamos en riesgo, incluso los que sirven al régimen y denostan por arrogancia o consigna a sus compañeros. No hay "fuero periodístico" que valga. Aunque se crean intocables. La experiencia ya ha demostrado que no es así.
Según el detenido y supuesto homicida confeso, sobre cuya declaración la Fiscalía sustenta su caso, un ex policía municipal, Moisés Sánchez fue asesinado el mismo día de su plagio a causa de sus denuncias contra la acción del crimen organizado en Medellín, y señala al alcalde panista Omar Cruz Reyes como responsable intelectual del homicidio. ¿Seguirá el gobierno duartista negando que Moisés hacía periodismo?
En el inicio del quinto año de su sexenio, el duartismo confirma ser letal para la prensa. Sus justificaciones son pueriles y absurdas. La verdad es que a las autoridades de todos los niveles les importa un comino la degradación de la vida cotidiana en el estado de Veracruz, que pasa necesariamente por inhibir la libertad de expresión e información.
No podía esperarse otra cosa en un estado donde se agrede consuetudinariamente a quien hace periodismo, ya sea bloqueando el acceso a los medios de comunicación a los periodistas críticos, hackeando los portales informativos que publican notas incómodas -este fin de semana le tocó a la agencia SPI Noticias, que recibió un ataque cibernético- u hostigando por la vía de correos apócrifos a quienes Javier Duarte -quien se ocupa personalmente de ello- considera sus "enemigos".
La impunidad es el hilo conductor de la espiral de violencia y corrupción que desangra a Veracruz. Y el grupo gobernante a eso le apuesta.
Pero algún día, de una u otra forma, la justicia los alcanzará. Sin falla.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE LLEVA EN ESTOS MOMENTOS LA MARCHA PARA EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE AYOTZINAPA...

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE LLEVA EN ESTOS MOMENTOS LA MARCHA PARA EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE AYOTZINAPA...
Estudiantes de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa y familiares de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, convocan a la 8va Jornada Global por Ayotzinapa este 26 de enero de 2015.

NO EXISTEN EN VERACRUZ GARANTÍAS PARA PARTICIPACIÓN POLÍTICA ACUSA ROBLES

Fidel Robles diputado local por el PTXalapa, Ver.- En el estado de Veracruz no hay garantías para la participación política, expresó el legislador local del Partido del Trabajo (PT), Fidel Robles Guadarrama, al deplorar la agresión y amenazas que sufrió Armando Rotter Maldonado, aspirante a precandidato de ese partido a la diputación federal por Coatzacoalcos.
De dónde viene la agresión:
El diputado local expuso que por el momento no se sabe si esta agresión viene de parte de algún grupo que intentara extorsionar a Rotter Maldonado, o haya algún trasfondo político.
Nosotros reprobamos este tipo de acciones. No sabemos si esto venga de un intento de extorsión hacia el por ser una persona con ciertos recursos económicos, o si provengan de algún grupo de carácter político que esté presionándolo por temor a su participación, eso no lo podemos afirmar”.
En el domicilio de Armando Rotter Maldonado se introdujeron personas armadas y embozadas, cuando su familia salía de la cochera para dirigirse a la escuela, refirió Robles Guadarrama y apuntó que “al parecer también recibió llamadas telefónicas amenazantes, no se sabe de dónde provienen, pero sí amenazas”.
“Lamentamos que esto esté sucediendo, ahorita sucedió en Coatzacoalcos y esperemos que no ocurra en otros lugares, aunque sabemos que Veracruz es un estado en este sentido minado”.
Mancha, agresión a Rotter, proceso 2015:
Y es que  lo ocurrido en el domicilio de Armando Rotter Maldonado, agregó Fidel Robles Guadarrama, “de alguna manera, indirecta, mancha el proceso electoral, porque hay la sospecha de que esto pueda provenir de un asunto de carácter político, aunque no lo podemos afirmar, él no hubiera tenido amenazas antes, si hubiera sido así no hubiera decidido participar con nosotros ni con ningún otro partido, y a raíz de que empieza a participar con nosotros –PT- empezó a recibir amenazas”.
Y lamentó: “lo que sí podemos decir es que ese es el clima en el que en el caso de Veracruz se está presentando el contexto de la elección de junio”.
Robles Guadarrama destacó que este hecho es sumamente preocupante porque ya se han vivido hechos violentos en elecciones anteriores, locales, no solamente con petistas sino con candidatos de otros partidos.
Refirió que “hubo quienes decidieron no participar ante amenaza, hubo también hechos de sangre, homicidios, y es un clima que hace que en el estado de Veracruz no se puede decir que existan garantías para la participación política, plenas por parte del estado”.
Debido a estos hechos, el diputado local dijo que aunque es una obligación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado garantizar la seguridad de los habitantes, “se hace explícita la exigencia. Demandamos garantías, es una obligación del estado, ni siquiera habría que demandarlas, pero demandamos garantía a todos los candidatos de todos los partidos, para que sea una contienda pacífica, y que haya un contexto pacífico, seguro, para que en el caso del proceso electoral sea apegado a derecho”.
enlace   http://plumaslibres.com.mx/                     fuente: plumas libres

SE IMPONEN MEGA PROYECTOS QUE SÓLO ENRIQUECE A GRANDES EMPRESAS, QUE OFRECE MANO DE OBRA BARATA Y CONDICIONES DEPLORABLES PARA EL TRABAJO.


 A los compañeros y compañeras de Amatlán de los Reyes y del Estado de Veracruz
A los compañeros que nos visitan de alguna parte del país o del mundo
Somos los herederos de la masacre del 68, del fraude electoral del 88, del llamado cambio a la modernidad del nuevo siglo, del inicio del levantamiento, defensa y respeto a los pueblos indígenas en el 94, de la masacre de indígenas en Acteal, de la guerra sucia en el 2006 y de la manipulación  y control de los medios de comunicación para la imposición de un presidente, asesino y represor de Atenco.
La realidad nos demuestra que los llamados procesos electorales y la democracia son algo fallido, así como los partidos políticos y sus dirigentes.
La historia nos refleja un retroceso de violencia y represión, cada vez más sangriento, que Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, la Guardería ABC, las muertas de Juárez, los y las jóvenes y periodistas desaparecidos y asesinados cotidianamente en Veracruz y ahora el caso Ayotzinapa, no son Islas, que no son casos aislados, ni locales, ni estatales o nacionales, sino mundiales.
El 26 de septiembre del 2014, ocurre uno de los hechos más violentos en los últimos años. Estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de la comunidad de Ayotzinapa en Guerrero, fueron atacados por policías municipales, federales y militares, dejando un saldo de 43 detenidos, mismos que fueron entregados a fuerzas criminales que operan en ese Estado.
A casi cuatro meses de estos acontecimientos, su paradero sigue siendo una interrogante y mientras sus familiares continúan una incansable búsqueda para otros es algo que debe superarse.
El gobierno muestra su ineficiencia e ineficacia en todos sus niveles y en todos sus sectores haciendo una política excluyente y hegemónica.
El sistema capitalista neoliberal nos esclaviza y deshumaniza cada vez más imponiendo reformas llamadas “estructurales, que violentan los derechos humanos, ambientales, laborales y reprimen la libertad de expresión.
Se imponen mega proyectos que sólo enriquece a grandes empresas, que ofrece mano de obra barata y condiciones deplorables para el trabajo. Proyectos que explotan y saquean la tierra, contaminando y terminando con bosques, ríos, lagos, mantos acuíferos, flora y fauna. Así como con pueblos y lugares que representan herencias ancestrales para sus culturas. 
 Nosotros somos el colectivo por la libre, quienes en el marco de la desaparición de los cuatro meses normalistas de Ayotzinapa, organizamos este festival no solo a manera de protesta sino de propuesta, como medio de comunicación y difusión inmediato y veraz de la realidad que nuestro país vive. 

NESTORA SALGADO GARCÍA ESTÁ PRESA POR MOTIVOS POLÍTICOS, DEBE SALIR DE LA CÁRCEL

Muchas personalidades, organizaciones populares e independientes, organismos defensores de los derechos humanos, intelectuales, profesionistas, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se han pronunciado por la libertad inmediata de la luchadora social Nestora Salgado García, detenida injustamente en el penal federal El Rincón, Tepic, Nayarit, el 21 de agosto de 2013. 
Durante todo ese tiempo, abogados, familiares, organizaciones populares y defensores de los derechos humanos han luchado por su libertad. Una víctima más del terrorismo de Estado, estrategia contrainsurgente que trata como “delincuente” o “terrorista” a todo luchador social con el objetivo de contener, desarticular toda organización emanada del pueblo con un carácter de clase. 
Nestora Salgado García es integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Esta organización popular con arraigo en comunidades del estado de Guerrero se formó para la protección de los pueblos indígenas, se ampararon en el artículo 37 de la Ley 701, de Reconocimiento, Derecho y cultura de los pueblos y comunidades de Guerrero, parte del sistema normativo indígena y el cual los faculta para otorgar seguridad  e impartir justicia. Asimismo avalado por el artículo 2 de la Constitución Mexicana e Internacionalmente por el convenio 169 OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Así como hay personas sensibles a las injusticias del país, las hay también aquellas en que actúan desde una posición de clase con saña y hacen lo necesario para no permitir que personas honestas, consecuentes y comprometidas con las causas del pueblo no salgan de las mazmorras del Estado.
En esta ocasión nos referimos a la señora Miranda Wallas y al señor Alejandro Martí, quienes conforman una asociación llamada “Alto al secuestro y México SOS”, de la cual ellos son los presidentes. En su asociación buscan como prioridad “el reconocimiento de las víctimas como sujeto de derecho en un ambiente justo y equitativo”,además de recibir recursos para estas tareas.
Si se cumpliera con lo que establece su asociación, ¿Por qué no se pronuncian por todas las víctimas del terrorismo de Estado en el país?, ¿Por qué no denuncian a los verdaderos criminales, de los cuales ellos también fueron víctimas de la violencia que ejerce el Estado en contra del pueblo? Las respuestas son sencillas, porque defienden un interés de clase y esta no es el pueblo sino la burguesía.
Cuando la violencia de Estado alcanzó a sus familiares se rasgaron las vestiduras por defenderlos, hoy que las cifras son en gran magnitud demuestran su insensibilidad a la injusticia, su posición de clase y al servicio de quién están, de eso no nos debe quedar duda. Ellos deben saber lo que se siente ser víctimas del terrorismo de Estado, sin embargo, hoy guardan un silencio cómplice, cuando no se suman de manera abierta para que se perpetúen los crímenes de Estado.
Las declaraciones que han hecho en contra de la luchadora social Salgado son lamentables al afirmar que es “narcoguerrillera”, y señalar que su libertad es "ilegal y contrario a derecho". ¿Por qué tanto odio contra una luchadora social que sólo busca la justicia en el país y se encuentra injustamente presa en un penal de exterminio? Porque en los hechos defienden a la oficialidad burguesa y no aceptan que el pueblo tome en sus manos su destino.
Sus declaraciones tienen la intención de criminalizar la lucha de un pueblo que decidió conformar su propia policía comunitaria, además impedir que salga en libertad, porque al igual que el Estado y sus órganos de inteligencia sostienen la tesis de que en Guerrero está la “narcoguerrilla”, con esos comentarios eluden la responsabilidad del Estado en los más de 110 mil detenidos desaparecidos y más del 140 mil ejecutados, en los miles de presos por motivos políticos, con esa actitud a fin de cuentas también contribuyen a sostener estas tesis que permiten la ejecución de crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo, es decir, contribuyen a proteger a los verdaderos criminales de Estado.
A los familiares les decimos que no se debe dejar de luchar por la libertad de Nestora, ahora más que nunca se debe intensificar la denuncia, desenmascarando a los verdaderos criminales de Estado y a sus aliados, son los que contribuyen a que se sigan cometiendo crímenes en contra del pueblo.
A todas las organizaciones populares hacemos el llamado para coordinar esfuerzos, debemos exigir la libertad de todos los presos políticos y del país, la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy y alto al terrorismo de Estado, debemos desenmascarar al Estado criminal.
Atentamente
¡Libertad inmediata de Nestora Salgado García!
¡Libertad a todos los presos políticos!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen de ayer y hoy!
¡Alto al terrorismo del Estado!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular! 
Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)       Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH)

FUERO PERMITE IMPUNIDAD PARA LA VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA

BannerEdwin
México, D.F. a 13 de enero de 2015.- Las organizaciones de derechos humanos ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS presentan el día de hoy una solicitud formal ante el Congreso del Estado de Yucatán, para que inicie el procedimiento de declaración de procedencia en contra del presidente municipal de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, por su participación en los hechos de tortura sufridos por el periodista Edwin Canché Pech.
El 1 de enero de 2014, Edwin Canché fue víctima de detención arbitraria, así como de tortura por parte de 5 policías municipales, entre ellos el director de la Policía Municipal, y del propio alcalde de Seyé, con motivo de la cobertura que dio a un choque automovilístico que involucraba al sobrino del edil.
El periodista fue detenido y trasladado al Palacio Municipal sin ninguna causa legal que lo justificara, ya que únicamente se encontraba realizando su labor periodística. En el interior de ese lugar fue torturado, provocándole lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza. Incluso el alcalde le advirtió: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”.
Derivado de estos hechos, se inició el proceso penal correspondiente, durante el cual ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN han realizado el acompañamiento integral a Edwin Canché. En dicho proceso que hoy sigue en curso, se determinó la probable responsabilidad de los 5 policías agresores, incluido su director, así como del alcalde. Sin embargo, se negó la orden de aprehensión en contra del este último, bajo el argumento de que por su cargo, goza de fuero constitucional, debiendo iniciar el procedimiento respectivo y con ello pueda procederse en su contra por los hechos cometidos.
Ello significa que existen suficientes elementos en la investigación para procesar a Emilio Dzul Huchim, pero el único impedimento es la inmunidad constitucional que detenta como funcionario.
ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN están convencidos de que el fuero con el que cuentan determinados servidores públicos no debe traducirse en impunidad, por lo que toda conducta que constituya delito debe ser sancionada conforme a la ley. Una de las consecuencias que genera dicha impunidad, además de negar el acceso a la justicia y reparación de las víctimas, es el incentivo de que sigan cometiéndose actos ilícitos sin que reciban una sanción efectiva por parte del Estado. Ello resulta más preocupante si se trata de violaciones graves a derechos humanos como lo es la tortura.
Es por lo anterior que solicitamos al Congreso de Yucatán que, conforme a sus facultades constitucionales y legales, determine la declaración de procedencia respecto a Ermilio Dzul Huchim, presidente municipal de Seyé, con la finalidad de que se inicie el procedimiento penal en su contra por los hechos delictivos cometidos en contra del periodista Edwin Canché.
Nota para prensa
Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al + 52 55 1054 6500 www.articulo19.org
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

25 de enero de 2015

LA FÁBRICA DE “CULPABLES” DEL ESTADO MEXICANO: TORTURA Y VIOLENCIA SEXUAL (VERACRUZ)

En días recientes, Juan E. Méndez —relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de tortura— presentó sus conclusiones, luego de una visita de 12 días a nuestro país. En ellas reconoció que uno de los métodos más utilizados en México para “investigar” los delitos, es la tortura: «estos actos normalmente quedan en la más flagrante impunidad», aseveró.
Mediante la aplicación de dolor físico y psicológico, las corporaciones de seguridad del Estado mexicano buscan obtener información, pruebas y declaraciones autoinculpatorias. Lo que importa no es esclarecer o prevenir futuros delitos sino operar bajo la lógica del castigo y de que «alguien tiene que pagar». En honor a esta premisa, se fabrican nuevos “culpables” todos los días. En última instancia, el uso de la tortura busca esconder la incompetencia de las autoridades para realizar investigaciones serias y apegadas a derecho, así como maquillar las cifras referentes a los altos índices de inseguridad en nuestro país.
El caso de Claudia Medina Tamariz es, en este contexto, un ejemplo más de cómo los gobiernos golpean, denigran y encarcelan inocentes. Muestra, además, cómo las vejaciones y amenazas que se ejercen contra las mujeres —por el simple hecho de serlo— se desarrollan con un fuerte componente de violencia sexual.
Fotografía del montaje contra Claudia Medina Tamariz. Fuente: Novedades de Tabasco
Claudia fue detenida de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Marina, los cuales allanaron su domicilio en plena madrugada del 7 de agosto de 2012. Fue incomunicada, amenazada y torturada para firmar una declaración en la que reconociera formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación. No fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) sino hasta 36 horas después, a raíz de lo cual se les expuso, a ella, su marido y otras cinco personas, en un montaje mediático al más puro estilo de Genaro García Luna.
«Yo me sentía mal porque estaba toda la prensa, todos estaban tomándonos fotos, en ese momento yo quería decir que nos habían torturado, pero pensé que iban a ir por mis hijos, entonces me quedé callada», señala en su denuncia, recopilada y difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C.(Centro Prodh), organización que ha tomado su defensa.
Claudia se ha unido a la campaña Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual, que arrancó este 5 de mayo, con el objetivo de seguir luchando por su libertad, difundir su caso y establecer redes de solidaridad con mujeres que han pasado, o están pasando, por una situación similar. A continuación su testimonio.
Luego de la tortura, tuvo que enfrentar un engorroso proceso legal por ocho acusaciones:
  • Contra la salud, en la modalidad de posesión, con fines de venta, de marihuana y cocaína.
  • Contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, variante posesión atenuada de marihuana.
  • Delincuencia organizada con el propósito de cometer el delito de acopio de armas.
  • Delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • Operación con recursos de procedencia ilícita.
  • Portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
  • Posesión de cartuchos para armas.
  • Posesión de granada.
Siete de ellas han sido desacreditadas legalmente y se le brindó el auto de libertad. Sin embargo, sigue enfrentando la acusación de Portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por la que se le dio un auto de formal prisión y por la cual sigue viviendo bajo la amenaza constante de ser detenida nuevamente.
Finalmente, cabe recalcar la importancia que tiene la campaña #RompiendoElSilencio para la documentación, denuncia y organización contra la tortura sexual en México. Como señala Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh: «[la tortura] es una estrategia del Estado, es sistemática y tenemos que intentar usar las herramientas que tiene a disposición para desentrañarlo poco a poco. Sin embargo, es una tarea difícil porque el sistema penal, cuando se trata de la libertad de las personas, es aplastante».
fuente: Subversiones

VINCULAN ASESINATO DE PERIODISTA CON ALCALDE

La procuraduría de Veracruz resolvió el caso del periodista Moisés Sánchez Cerezo; culpan al alcalde de Medellín de Bravo.
XALAPA, VERACRUZ.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz confirmó el asesinato del reportero Moisés Sánchez Cerezo a manos de un grupo criminal encargado de la venta de droga en la comunidad de El Tejar, en Medellín de Bravo.
En rueda de prensa, el Fiscal Estatal, Luis Ángel Bravo Contreras explicó que el periodista y activista social fue asesinado el 2 de enero, día en que un grupo armado los secuestró en su casa, en la colonia Gutiérrez Rosas.
Según la versión oficial, durante las investigaciones realizadas para dar con el paradero del comunicador, los familiares señalaron que uno de sus vecinos había interactuado de manera breve con uno de los delincuentes, el mismo día del secuestro.
A llamarlo a declarar, como testigo protegido, esa persona aseguró que uno de los plagiarios era un ex policía de la extinta Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río de nombre Noé.
Al realizar las investigaciones, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y tras ser identificado por fotografías por el testigo, concluyeron que uno de los secuestradores era el ex oficial Clemente Noé Rodríguez Martínez.
El 21 de enero la PGJ giró oficios en todo el país para dar con el paradero del ex policía logrando su detención dos días después, en la carretera federal 180, a la altura de la comunidad de La Piedra, en la congregación de Antón Lizardo, en Alvarado.
La Fuerza Civil del Estado lo detectó en uno de sus retenes debido a que conducía una camioneta negra, placas XGC4802 del estado de Veracruz con reporte de robo donde cargaba dos armas de fuego; una postula 9 mm y un rifle AK 47 y 100 cartuchos útiles.
Tras su detención confesó haber participado junto con cinco personas más en el secuestro de Moisés Sánchez Cerezo, dándole muerte ese mismo día, casi de inmediato.
El Procurador de Justicia dijo que el presunto asesino identificó a sus cómplices como el Jarry, el chelo, piolín, el moy y el Olmos, éste último ya identificado también como José Luis Olmos, también ex miembro de la Policía Intermunicipal.

Culpan al alcalde de Medellín de Bravo
Para corroborar sus dichos, el Fiscal del Estado presentó un video en donde el Clemente Noé narra los hechos delictivos de ese día y acusa de manera directa al alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, como el responsable intelectual del asesinato.
“Se había acercado el chófer y escolta personal del alcalde de Medellín de Bravo, de apellido Meneses, que si le podía hacer un favor muy especial, que decía el alcalde de Medellín de Bravo, a lo que yo comenté que qué favor especial quería y que era lo que desea diciéndome que tenía que desaparecer a una persona de nombre Moisés Sánchez, que era taxista de la localidad y porque le andaba estorbando en su comunidad y en sus labores de Presidente Municipal.
“Le volví a referir ¿Y eso quién te lo dijo? Y me volvió a manifestar que se lo comentó Meneses por petición, y que iban a tener apoyo por parte de la Policía Municipal para que pudieran seguir con su trabajo y ya de ahí se ponían y diferentes puntos de la ciudad de El Tejar y ofrecían droga a la gente, a los jóvenes que se les acercaban. Y ya en diciembre de 2014 ya no se pudo hacer más porque el señor Moisés Sánchez empezó a mover el panal”, dijo.
Noé Clemente narró que el mismo día del secuestro el periodista fue asesinado con un cuchillo por uno de los sicarios del grupo delictivo apodado ‘El Jarry’.
“’El Moy’ y ‘El Jarry’ bajaron al señor Moisés Sánchez y ya ‘El Moy’ se le subió al señor y ‘El Jarry’ sacó un cuchillo que ya traía yo creo ahí en la camioneta y ‘El Jarry’ empezó a cortarle el cuello y se lo cortó por completo y me dijo textualmente: ‘ya cumplimos con la orden que nos dio el señor alcalde de Medellín de Bravo’ y le contesté que hiciera contacto con Meneses para que cumpliera lo prometido y les dije que ahí dejaran el cuerpo”.
El inculpado recordó que unas horas después de irse del lugar de los hechos, el moy le llamó para decirle que “habían hecho cachos al señor Moisés acción que reprobó”.
“Al otro día me enteré, por los medios de comunicación, que el señor Sánchez no era nada más un taxista sino que además era periodista a lo que pues nos espantamos y les hablé y les dije ‘ya vieron el pedote que se hizo por el señor Moisés Sánchez’, diciéndome el Jarry que él iba a hablar con Meneses para ver si el alcalde paraba la bronca”, agregó.
La bolsa negra a la que se refiere fue encontrada la madrugada del sábado en inmediaciones de Manlio Fabio Altamirano y el municipio de Medellín de Bravo, a media hora del Puerto de Veracruz.
Periciales arrojaron que era un cuerpo humano de entre 20 a 24 días de muerto, el método pericial para identificarlo fue comparar las huellas digitales con su acta de matrimonio.
El Procurador de Justicia del Estado detalló que al que llamaron chofer del alcalde es Martin López Meneses subdirector de la policía municipal de Medellín de Bravo que está arraigado ya.
Además, pidieron órdenes de detención en contra de los dos motopatrulleros, también arraigados, José Francisco García y Luigi Heriberto Zavaleta.
Por último, Bravo Contreras solicitará al congreso del estado el juicio de procedencia contra Omar Cruz Reyes en virtud del fuero que tiene.


APARECE DEGOLLADO CUERPO DE MOISÉS SÁNCHEZ; ALCALDE PANISTA SERÍA EL RESPONSABLE


Periodistas y familiares exigen la aparición con vida de Moisés Sánchez. Foto: Yahir Ceballos
Periodistas y familiares exigen la aparición con vida de Moisés Sánchez. Foto: Yahir Ceballos
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- El cuerpo sin vida del reportero de La Unión, José Moisés Sánchez Cerezo fue hallado la madrugada del sábado en el municipio de Jamapa, limítrofe con Medellín, donde el pasado 2 de enero fue levantado por un grupo armado.
Luis Ángel Bravo, titular de la Fiscalía General del Estado confirmó el deceso de Sánchez Cerezo. Detalló que el reportero fue asesinado el mismo día que lo secuestraron y posteriormente cercenado. “El cuerpo estaba muy lastimado, fue encontrado en una bolsa negra, una vez que uno de sus presuntos asesinos confesó ante un ministerio público el delito”.
En rueda de prensa, Bravo Contreras informó de la detención del expolicía intermunicipal, Clemente Noé Rodríguez Martínez, quien junto con otras 5 personas “privaron de la vida” al reportero.
En la investigación ministerial 01/E/2015, Rodríguez Martínez confesó que el asesinato de Moisés Sánchez fue un “encargo” del chofer del alcalde y subdirector de la Policía Municipal, Martín López Meneses, quien a su vez habría actuado por instrucción del alcalde panista, Omar Cruz Reyes.
Luis Ángel Bravo señaló que ya solicitó al Poder Legislativo la solicitud de desafuero del edil panista, para que así la Fiscalía General del Estado pueda proceder a liberar una orden de aprehensión.
“Clemente Noé Rodríguez confesó haber participado, junto con otras cinco personas en estos hechos. Rodríguez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes”, agregó el fiscal.
En la investigación ministerial 01E/2015, el expolicía intermunicipal confesó que en el homicidio doloso del periodista participaron otros expolicías, a quienes sólo conoce por los apodos de “El Harry”, “El Chelo”, “El Moy”, “El Piolín” y “El Olmos”, a quienes la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Secretaria de Marina y la Fuerza Civil ya busca por varios municipios de Veracruz.
Bravo Contreras señaló que dados los elementos probatorios, la PGJ solicitará a la LXIII Legislatura del Estado el juicio de procedencia en contra de Omar Cruz Reyes, alcalde de Medellín, en virtud de que goza de fuero constitucional.
“La investigación continúa su curso hasta la detención de todos los implicados en este caso. En su momento, la PGJ informará de los avances y resultados de la misma”, expresó.
Moisés Sánchez, es el onceavo periodista asesinado en lo que va del sexenio de Javier Duarte de Ochoa en 4 años y dos meses de gobierno.
Apenas la semana pasada, Regina Martínez Pérez corresponsal de Proceso en Veracruz cumplió mil días de haber sido asesinada, y hasta el día de hoy el crimen continúa impune pues la extinta Procuraduría General del Estado (PGJE), hoy convertida en Fiscalía ha sido incapaz de hallar al segundo indiciado, Jorge Adrían Domínguez “El Jarocho”, mientras el otro culpable, José Hernández “El Silva” fue condenado a 32 años y 8 meses de prisión.
En la rueda de prensa nocturna, transmitida en vivo por Televisa Veracruz, el fiscal, Luis Ángel Bravo aseguró que ya hay policías municipales arraigados, a quienes se les fincara responsabilidad penal por haber actuado en “contubernio” con el comando que “secuestro” y posteriormente dio muerte a Moisés Sánchez.
En la Fiscalía General del Estado (FGE) se proyectó un video en donde Clemente Noé Rodríguez declara ante el Ministerio Público que el escolta del alcalde les instruyó asesinar a Moisés Sánchez por que le “estorbaba” al alcalde con su activismo vecinal, contra la ola de robos y violencia en el municipio.
“Alborotaba el panal, nos dijeron, pero al principio no sabíamos que era periodista, pensábamos que solo era un taxista, fue a los dos días cuando nos enteramos en la prensa, y que además publicaba cosas que perjudicaban al Ayuntamiento”, se le oye decir.

La detención de Clemente Rodríguez se dio en el municipio de Alvarado, en la congregación de Antón Lizardo, luego de que fuerzas federales y estatales detectaran una camioneta negra Traverse con reporte de robo, en donde se desplazaba el expolicía intermunicipal.

EL PERIODISTA MOISÉS SÁNCHEZ ESTÁ MUERTO; LA PGJ-VERACRUZ VA POR EL ALCALDE DE MEDELLÍN

promo-veracruz
Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz informó esta noche de domingo que el periodista Moisés Sánchez, desaparecido desde hace 23 días, fue asesinado el mismo día que un grupo de hombres armados lo secuestró.
La dependencia informó que pedirá al Congreso del estado el desafuero del Edil panista de Medellín del Bravo Omar Cruz Reyes para iniciar un proceso en su contra por su probable responsabilidad por el asesinato de Moisés.
Sánchez se convierte en el onceavo periodista muerto en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El Procurador informó que Moisés Sánchez fue asesinado por tres ex elementos de la extinta Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río y otras dos personas, por orden del chofer del Alcalde de Medellín.
En una conferencia de prensa, luego de sostener una reunión con Jorge Sánchez, hijo del también activista veracruzano, el funcionario aseguró que más de 60 personas declararon en el caso de la desaparición del periodista. Uno de los detenidos, Clemente Noé Rodríguez Martínez, confesó que él y otras personas asesinaron a Moisés Sánchez el pasado 2 de enero.
Rodríguez Martínez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del Presidente municipal, Omar Cruz Reyes, quien permanece arraigado por disposición judicial para determinar la responsabilidad que le resulte en el homicidio doloso calificado de Moisés Sánchez Cerezo.




El Procurador de Veracruz informó que ayer encontraron el cuerpo en bolsas negras en el municipio de Manlio Fabio Altamirano.
Ante las acusaciones, la PGJE pedirá al Congreso estatal que inicie el desafuero del Edil, para iniciar el proceso contra el Alcalde por su probable responsabilidad en el asesinato de Moisés.
El Edil se presentó el pasado 12 de enero ante la PGJE para rendir declaración y aportar datos para la localización del periodista. Horas antes de presentarse ante las autoridades, en una breve entrevista con reporteros locales, Cruz comentó que se sentía tranquilo y aseguró que nada tiene que ver con la desaparición del activista.
La Procuraduría de Veracruz informó que los otros imputados identificados por Noé Rodríguez Martínez fueron identificados como “El Harry”, “El Chelo”, “El Piolín”, “El Moi” y “El Olmos”, a quienes declaró que conoce solamente por sus apodos, con excepción del último a quien refiere como José Luis Olmos, quien fuera también miembro de la desparecida Policía Intermunicipal.
La tarde del pasado 2 de enero, un grupo de hombres armados ingresaron al domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, editor del diario La Unión de Medellín. Lo sacaron de su cama y se lo llevaron.
Desde ese día no se supo nada de él, hasta hoy que se confirmó su muerte.
Luego de su secuestro, familiares y organizaciones en defensa de la libertad de expresión, señalaron a Omar Cruz como el presunto responsable. El periodista había recibido amenazas de él antes de su desaparición. Cruz pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) pero es aliado político del Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa. Aún cuando organizaciones internacionales exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso, esto no sucedió.
Jorge Sánchez dijo esta tarde a SinEmbargo, que hoy por la mañana envió un escrito para solicitar a la PGJE que le detallaran la investigación por la desaparición de su padre, debido a que, argumentó, “todo me lo han dado escuetamente”.
El hijo del periodista dijo que se enteró a través de los medios de comunicación del hallazgo del cuerpo, antes de que la Procuraduría lo citara.
El hijo informó que el día de hoy le indicaron que el Procurador Bravo solicitó hablar con él. Detalló que se dirigió a Jalapa con “la expectativa de no saber qué es lo que [le iban] a decir”.
“A ver si ya me dan respuesta por escrito y bien detallada”, señaló el hijo del activista antes de la reunión con la PGJE.
“Me da hasta la impresión de que están esperando a que lo encuentren muerto para darle carpetazo al caso”, había denunciado Jorge, quien reiteró que sólo confiará en las investigaciones de la PGR.
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LA NEGLIGENCIA DE LA PGR
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos denunciaron que el gobierno que encabeza el priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz no es confiable ni tiene voluntad política para solucionar el caso, por lo que exigieron semanas atrás que la PGR lo atrajera.
El gobierno del estado, desde los primeros días de la desaparición del periodista, aseguró que habían desplegado un amplio operativo para dar con su paradero. Sin embargo, de acuerdo con sus familiares, esto sólo fue una “simulación”.
El pasado 17 de enero, SinEmbargo publicó una entrevista que realizó a Jorge Sánchez, hijo del comunicador. En esa ocasión señaló que aunque su familia tiene protección de la Policía Estatal, no se sentían seguros. “Una de las cosas que estamos valorando es salir del municipio [Medellín de Bravo], por lo menos, y si es posible incluso salir del país”, agregó.
Dijo que las investigaciones que lleva a cabo la PGJE eran muy lentas. “[El caso] es para que ya lo tuviera la PGR por todo lo que se ha recabado: presuntamente un funcionario público implicado y el trabajo periodístico de mi padre, que es una de las líneas fuertes [de investigación]”, recriminó en su momento.
El joven explicó que aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) –que depende de la Procuraduría General de la República (PGR)– estaba coadyuvando con la investigación, no la absorbió completamente.
La organización Artículo 19 denunció desde el pasado 10 de enero, que la PGR se había mantenido “omisa” ante el caso, pese a que ellos, junto con la familia de Moisés, solicitaron formalmente que tomara la investigación a través de la FEADLE.
La familia de Moisés Sánchez había venido denunciando que aunque sí tuvieron diversas reuniones con el Procurador del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, el funcionario les dio explicaciones “muy generales.