23 de noviembre de 2017

IRRUMPE LAYDA SANSORES EN ‘MAPACHERA’ DEL PRI EN CAMPECHE

La senadora Layda Sansores San Román, candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura, irrumpió esta tarde en un centro clandestino de operaciones de la coalición PRI-PVEM, que funcionaba justo frente a la Fiscalía General del Estado (FGE). Alertada sobre el sitio, localizado en la segunda planta de una pequeña plaza comercial que se encuentra a la entrada del fraccionamiento Arboledas –en una casa dentro de la cual está por cierto el Consejo Distrital VI–, sobre la avenida José López Portillo, Sansores acudió al mediodía a la FGE a denunciarlo.
(Con información de Proceso)

22 de noviembre de 2017

EL OBISPO JAVIER ECHEVARRÍA: “LOS DISCAPACITADOS Y SUBNORMALES SON SERES INFERIORES COMO CASTIGO DE DIOS A SUS PADRES PECADORES.”

Las palabras que se atribuyen a Javier Echavarria fueron publicadas en el diario italiano “Giornale di Sicilia” el 9 de abril de 1997, sacadas de contexto y mal traducidas. Dada la expectación que causaron en su momento, el “Corriere della sera” también se hizo eco y publicó el 11 de abril del mismo año, en la página 15, una nota sobre el mismo tema.
Y según una persona que se hace llamar “CGdP Vlazeck”:

“No me lo podía creer y he buscado información. «Un sondeo dice que el 90 por 100 de los disminuidos físicos y psíquicos [en italiano handicappati] son hijos de padres que no han llegado puros al matrimonio.» sería la traducción literal del italiano.

Aún así, sería inaceptable achacar una minusvalía a los padres.
Cuando utilizamos la violencia, bien sea física, bien psicológica, en la que se incluye la violencia de las ideas, con imposiciones y anatemas, y sobre todo desde el “poder” ya toda la razón que podamos tener si es que la tenemos, acabamos por perderla.
El lider del Opus Dei contra el abuso del sexo.

Echevarría: “Llegad puros al matrimonio”
Javier Echevarría, 64 años, el obispo que desde el 94 guía el Opus Dei – una de las organizaciones de sacerdotes y laicos más famosas, considerada una auténtica potencia en la Iglesia Católica – en la tarde de ayer ha encontrado a “su” pueblo catanés y de la Sicilia oriental. Sala atestada en el Golden, más de mil quinientos participantes al encuentro de una hora que Monseñor Echevarría ha dedicado en parte a responder a las preguntas de algunos componentes del Opus.
Sugestiva la coreografía. Tras flores y plantas, sobre el escenario del cine de la ciudad donde estaban sentados también una decena de sacerdotes, jóvenes y adultos numerarios de la Obra, había sido acomodado para Echevarría el salón de visitasde la organización catanesa: un sillón en el centro y, al lado, una mesilla con la foto de familia, la de Josemaria Escrivá, ahora beato de la Iglesia, fundador del Opus Dei.
Una hora, entre las 17,45 y las 18,45. Esto ha bastado al prelado para reafirmar la lineas maestras de la organización que en Catania dirige la residencia Falconara y el centro cultural Kathane.
El lider del Opus Dei se ha lanzado, antes que nada, contra el abuso del sexo: “Mantened una santa pureza, llegad al matrimonio con un cuerpo limpio y manteneros así”. Después, el prelado ha recordado que muchas relaciones promíscuas provocan y, con una frase que ha llegado como un puñetazo en el estómago, voluntariamente provocadora, ha exclamado: “Una estadística dice que el 90% de los discapacitados son hijos de padres que no han mantenido esa pureza”
Monseñor Javier Echevarria ha también “bendecido” las familias numerosas: “No seais egoistas, haced hijos, no limiteis la facultad de procrear que os ha dado Dios. Hay familias que tienen pocos hijos pero tienen 5 televisores, 2 frigoríficos, etc, pero con los electrodomésticos no se puede hablar. Y entonces, si sois egoistas, también vuestros hijos lo cogerán de vosotros”. Inevitable la condena de los métodos contraceptivos, pero sobre todo del aborto que el obispo ha definido, pronunciando sílaba a sílaba: “Un crimen”
Echevarría, que ha traído la bendición de Juan Pablo II, ha pedido a los asistentes de ser etnei (habitantes de la zona del volcán Etna): “sed un volcán para dar fuego a tantas almas que están esperando nuestro mensaje. Operad en la sociedad, donde os ha puesto el Señor, con vuestras profesiones. Llevad alegría, sed apóstoles de júbilo”. Ge.M. 


TUIRA KAYAPO ES UNA MADRE Y GUERRERA INDÍGENA QUE MOSTRÓ AL MUNDO LO QUE SUCEDE CUANDO LAS MUJERES TOMAN LAS RIENDAS DE SU DESTINO

Era la hermana Tuira Kayapo es una madre y guerrera indígena que mostró al mundo lo que sucede cuando las mujeres toman las riendas de su destino. El mundo la conoció en 1989 en el encuentro Altamira de Brasil contra la construcción de represas en el río Xingu (amazonas brasilero). Apareció en la sala con sus pinturas de guerra, desnuda y con un gran machete. Se acercó al presidente de la compañía eléctrica de Brasil, Petrobras, y puso el filo del machete en su mejilla, y proclamó que su pueblo y toda la Amazonía lo considerarían como un acto terrorista y de guerra.

A continuación indicó: - "Usted es un mentiroso. Nosotros no necesitamos la electricidad. La electricidad no nos va a proporcionar nuestra comida. Necesitamos que nuestros ríos fluyan libremente, pues nuestro futuro y el de toda la humanidad depende de ello. Necesitamos nuestras selvas intactas para poder recolectar nuestro alimento. No necesitamos su represa!".

Se despidió diciendo:
Mi apellido: ofendida
Mi nombre: humillada
Mi estado: rebelde
Mi edad: la edad de piedra.

Tuira Kayapó: The woman who fought back a dam

In 1989, Brazilian TV broadcast a startling sight: a topless women in warpaint running a machete blade across the face of a terrified engineer.
Photo credit: Paulo Jares/Interfoto (1989)
This was Tuira, a warrior woman of the indigenous Kayapó people. The setting was a conference discussing the building of a dam that would flood her ancestral lands. She ran her blade across his cheeks three times, close enough to shave his facial hair, and told him, in her native tongue: “You are a liar – We do not need electricity. Electricity is not going to give us our food. We need our rivers to flow freely: our future depends on it. We need our jungles for hunting and gathering. We do not need your dam.”

“We need our jungles for hunting and gathering. We do not need your dam.”
Shortly thereafter, the World Bank cancelled a $500 million loan to Brazil, and the plan to dam the Xingu river was shelved.

However, the government came back around. As of 2008, José Antônio Muniz Lopes, the engineer who was threatened in 1989, had become president of the state electric holding company (ElectroBras), and was once again moving forward with the plans for a dam. Tuira showed up once more to scold the industrialists, but in the end, she and her people lost the appeal.

Despite massive protests from the indigenous people living there, the government went ahead with building the Belo Monte dam. As of December 2014, it was scheduled to stop up the river this month, and in so doing, flood much of the area in which the Kayapó and others live.
Antonio Melo, of the Xingu Vivo anti-dam campaign, said this of the indigenous tribes: “Belo Monte is gradually weakening them. It’s very sad to see. We’ve been fighting together for 30 years, but now they are succumbing to drugs, drinking and prostitution… the dams produce cheap electricity, but the cost is paid here in the destruction of the environment and the destruction of people’s lives.” 
(thanks to Kāleo Ten for sharing this!)

21 de noviembre de 2017

PATRICIA GUADALUPE PEÑA RECIO SE PASA AL BANDO DEL PAN

En marzo de 2015 la diputada federal del PRI por el distrito de Coatzacoalcos, Patricia Guadalupe Peña Recio acuso a los migrantes de que son un peligro porque asaltan, se prostituyen matan, de manera despectiva y discriminatoria la entonces diputada y consentida del líder sindical de la SNTE en Veracruz.

"(En Coatzacoalcos) cerramos una casa en donde se les daba atención a los migrantes, porque nosotros podemos tenerlo de paso, pero con los problemas que le ocasionan a los habitantes que viven cerca de estos sitios, se convierte un foco de asaltos, y de prostitución”, dijo, según el portal alcalorpolitico.


Patricia Guadalupe Peña Recio, es una mujer que desprecia a sus compañeros priistas, acumulo rencor a su persona, hoy la ex diputada de manera oportunista decide apoyar a Miguel Ángel Yunes Márquez, decide pasarse a las filas panistas con la intención de lograr otra posición. Sin embargo, está marcada por su pasado nefasto en la vida pública y sin duda alguna le sacaran sus trapitos al sol sus ex correligionarios.

ASÍ FUE EL ALLANAMIENTO A ARISTEGUI NOTICIAS (Video)

Los hechos ocurrieron el domingo 13 de noviembre de 2013, cuando cinco personas amagaron al conserje de las instalaciones, a quien le dijeron que iban por "datos e información" de este sitio de noticias.

noviembre 23, 2016 1:33 pm
Los hechos ocurrieron el domingo 13 de noviembre. Las imágenes hablan por sí solas: sujetos desconocidos allanaron la Redacción de este sitio de noticias. AN lo da a conocer luego de que la carpeta de investigación -bajo resguardo de la Fiscalía Desconcentrada de Álvaro Obregón de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México-, fuera filtrada a otros medios. (VIDEO SIN AUDIO) Ir a la nota

REVELAN RED DE PANISTAS EN PROGRAMA VERACRUZ COMIENZA CONTIGO PAGADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DE TODOS LOS VERACRUZANOS

Nota e imagen de gobernantes.com  
Dos veces dirigente estatal del PRI – cuando coordinó la campaña de Patricio Chirinos a la gubernatura del estado en 1992 y cuando buscó por primera vez un boleto para encartarse como candidato a gobernador en las elecciones municipales de 1997, en las que sufrió una estrepitosa derrota -, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene el mismo ADN político del partido tricolor, por eso no es sorpresa su manera de operar lucrando políticamente con la pobreza y haciendo clientelismo electoral a través de su programa social Veracruz Comienza Contigo. Esa es, al igual que el PRI, la única forma de operar que conoce: “repartir frijol con gorgojo” para comprar el voto de la gente más necesitada a cambio de una despensa. 

En ese sentido, el reportaje publicado este martes en el diario El Universal, del periodista Édgar Ávila, realizado conjuntamente a través de una investigación de la Organización Nacional Anticorrupción, ONEA, deja al descubierto la red de militantes del Partido Acción Nacional, PAN, vinculados con las tareas de coordinación de la entrega de apoyos del principal programa de combate a la pobreza en Veracruz; al que líderes del PRI y Morena acusan un presunto uso electoral. 

De acuerdo con esa información, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares contrató a docenas de panistas para supervisar su principal programa social de ayuda a los pobres, denominado Veracruz Comienza Contigo, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal. Es decir, les paga con recursos del presupuesto público de los veracruzanos para que supervisen el reparto clientelar de las despensas. “Desde el 1 de diciembre de 2016, cuando Yunes Linares tomó protesta como gobernador, hasta octubre pasado, fueron contratados como supervisores (delegados) del programa social destacados militantes del Partido Acción Nacional (PAN). 

Una investigación de EL UNIVERSAL y la asociación civil ONEA-México detectó la contratación de ex dirigentes municipales, ex candidatos, familiares de connotados militantes, amigos y ex colaboradores de la familia Yunes, e incluso hasta el primo del dirigente estatal panista, José de Jesús Mancha Alarcón”. Según el reportaje, a través de un documento oficial de la Sedesol estatal, obtenido vía transparencia, el gobierno de Yunes Linares ha contratado 2 mil 419 trabajadores para dicho programa social, coordinados por al menos 26 connotados panistas. 

En la lista aparecen personajes como Julio César Mancha Alarcón, primo del actual presidente del PAN estatal, José de Jesús Mancha Alarcón; Karla Angélica Delgadillo Ceballos, integrante de Acción Juvenil en Boca del Río y ex candidata suplente a la diputación por el Distrito IX de Perote. También, Ulises Alarcón Osorio, ex coordinador de Información y Estadística de Boca del Río, quien recibe un ingreso mensual de 53 mil 106.72 pesos como supervisor; Jorge Manuel Díaz Mirón, ex delegado en los municipios de Cosamaloapan, Acula y Tres Valles, y Jorge Alberto Baruch Custodio, ex alcalde panista de Soconusco, quien perciben 29 mil 880 pesos al mes. El reportaje revela que en promedio, un supervisor ostenta un salario mensual neto de 19 mil 920 pesos, pagados con recursos públicos de todos los veracruzanos. 

Otros panistas involucrados son la ex dirigente del PAN en Minatitlán, Felícitas Alcantar Montoya; el ex delegado en los municipios de Cosamaloapan, Acula y Tres Valles, Jorge Manuel Díaz Mirón Rabasa; Ivette Hermida Salto, aspirante a una diputación local y hermana del ahora alcalde electo de Cosamaloapan, el panista Raúl Hermida Salto. Rosalinda Tolentino Escaloya, quien fue abanderada a regidora del PAN por Coatzacoalcos, y Miguel Ángel Revuelta Guillén, ex representante ante el Consejo Distrital de Acayucan. Al respecto, de acuerdo con el maestro Leopoldo Alafita Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana “Cuando el empleado es de un partido político antepone a su función el beneficio a su partido, sobre todo en tiempos de campaña. Me parece que eso no sólo es incorrecto, sino que es abiertamente un delito de carácter electoral”. 

El ex consejero de la Comisión Estatal Electoral refiere que debe sancionarse esa práctica, pues cuando se pone en operación un programa social en beneficio del partido, inhibe la libertad de elegir. ¿Pues no que Yunes se da golpes de pecho de que su gobierno es honesto y de que en Veracruz sí hubo un cambio verdadero?


20 de noviembre de 2017

EL TEMA DE LA INSEGURIDAD EN VERACRUZ ES PRIMERA PLANA EN EL NEW YORK TIMES, PERIÓDICO QUE TIENE MILLONES DE LECTORES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN EL MUNDO.

De esta manera se da a conocer lo que esta ocurriendo en la entidad veracruzana, al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha cumplido con sus gobernantes en el rubro de la inseguridad, empleo y justicia a los miles de desaparecidos y se la ha pasado en campaña política electoral para apuntalar a su partido político (PAN) y a su hijo conocido como el chiquiyunes  como candidato a gobernador.

He aquí la nota que se publica en New York Times:
_____     _____     _____     _____     _____     _____     _____     _____


‘Es muy fácil matar periodistas’: La crisis de la libertad de expresión en México
Por AZAM AHMED 29 de abril de 2017
La madre de Pedro Tamayo Rosas, reportero de nota roja asesinado afuera de su casa en Tierra Blanca, llora junto al féretro del periodista poco antes del velorio, en julio de 2016. CreditDaniel Berehulak para The New York Times
TIERRA BLANCA, México — Las llamadas son cada vez más frecuentes: hallaron otro cuerpo, desmembrado, con la ropa hecha jirones, con heridas de bala. El teléfono suena de día, a la medianoche y a la madrugada.
Los colegas se reúnen de inmediato para rendirle honores; sus fotografías y mensajes son un testimonio sombrío de otro periodista que murió aquí en el estado de Veracruz, al este de México: el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental.
“Ya tiene rato que hemos estado viviendo en este infierno”, cuenta el periodista Octavio Bravo, mientras mira fijamente el ataúd de un colega muerto a balazos el año pasado. “No te imaginas la impotencia, la frustración que sentimos”.
México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos y, se cree, muertos. En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.

Hay pocas esperanzas de que la situación cambie en 2017.
Marzo ya fue el peor mes desde que hay registros, según los datos del capítulo local de Artículo 19, grupo que monitorea la violencia contra la prensa en todo el mundo. Siete periodistas fueron baleados en todo el país en marzo y tres de ellos murieron. Fueron asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro.
Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de carteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían.
De acuerdo con los datos del gobierno, servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que los carteles; eso pone en peligro las investigaciones y despierta dudas sobre el compromiso del gobierno para hallar a los responsables.
Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matar a los periodistas por sus coberturas.
No obstante, de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra periodistas en los últimos seis años, solo han sido emitidas dos sentencias por la fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.
“No es que no puedan resolver esos casos, sino que no quieren o no los dejan”, comentó un funcionario de alto nivel que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias por parte del gobierno. “Es una cuestión política. Los periodistas muertos hacen quedar mal al gobierno, pero es peor si su muerte se debe a que estaban haciendo su trabajo”.
Una patrulla ronda por Xalapa, la capital de Veracruz, el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el continente americano. 
Credit
Daniel Berehulak para The New York Times


El gobierno responde a las críticas con el argumento de que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que les ha entregado botones de pánico, equipo de vigilancia e incluso les ha contratado guardias armados en casos en los que la amenaza es considerada lo suficientemente seria.
“Es un hecho indefectible que en México existe el ejercicio de la libertad de expresión”, indicó en un comunicado la Procuraduría General de la República, y señaló que “este constante ejercicio ha implicado riesgos y obstáculos”.
Añadió que todos los ataques contra los medios son investigados a fondo y que se toman medidas exhaustivas para la protección de los periodistas, “un ejemplo del esfuerzo que hace el Estado Mexicano para hacer valer” la libertad de expresión “y oponer ante cualquier amenaza que atente en contra de su libre ejercicio”.
Cientos de periodistas han sido puestos bajo protección gubernamental en años recientes. Ninguno de ellos había sido asesinado, hasta julio de 2016, cuando un reportero de nota roja que había recibido varias amenazas de muerte fue baleado afuera de su domicilio y murió camino al hospital.
Los mismos funcionarios que dirigen el programa de protección reconocen que gastar millones para prevenir el asesinato de los periodistas no es suficiente para atender la situación.
“Es un problema que no se resuelve con la protección, uno por uno, de los periodistas”, dijo Roberto Campa Cifrián, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. “Sin duda tenemos un enorme reto, que es el de la impunidad.”
Las consecuencias para México son mucho más graves que unas cuantas muertes más en un país donde el 98 por ciento de los homicidios quedan impunes. En la opinión de muchos periodistas, la delincuencia, la corrupción y la indiferencia están acabando con la premisa básica de una prensa libre, así como con un pilar central de la democracia del país.
“La libertad de expresión en México se convierte en un mito”, dijo Daniel Moreno, director general de Animal Político, una agencia de noticias independiente. Dado “que el gobierno federal es incapaz de resolver casos de violencia, y que aparte ejerce esta misma, entonces el estado del periodismo nacional legítimamente se puede considerar en estado de emergencia.”
Tras casi una década de violencia en aumento contra los medios, ya sea por parte del crimen organizado o de funcionarios, la prensa se ha adaptado… al censurar buena parte de lo que informa. La autocensura no solo es común, se podría decir que es casi la norma.
En marzo una respetada periodista recibió ocho tiros cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. En respuesta, uno de los periódicos para los que escribía anunció su cierre de manera repentina y lanzó una advertencia sobre el paisaje mortífero en el que los periodistas se ven obligados a vivir.
“Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción”, escribió el editor en jefe de El Norte en una carta abierta. “Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si esta es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona”.
“El gobierno federal es incapaz de resolver casos de violencia, y aparte ejerce esta misma, entonces el estado del periodismo nacional legítimamente se puede considerar en estado de emergencia.”
DANIEL MORENO, DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO ANIMAL POLÍTICO
El presidente Enrique Peña Nieto ha prometido atender la violencia contra los medios nacionales.
No obstante, el gobierno federal ha sugerido de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan la participación del gobierno federal. Los investigadores federales han revisado 117 casos de asesinatos de periodistas desde el 2000, pero solo decidieron investigar ocho. De esos ha sido resuelto uno.
En ocasiones, algunas autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor poco después de que se dé a conocer la muerte y mucho antes de que siquiera arranque la investigación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales. Sin embargo, la decisión de la corte todavía no es vinculante y solo aplica para delitos nuevos, lo cual quiere decir que una gran cantidad de casos se quedarán en los tribunales locales donde actualmente están. Estos cuentan con pocos recursos y son muy vulnerables a la corrupción.
Fotos en la pared del periodista asesinado Moisés Sánchez Cerezo. Su hijo, Jorge Sánchez Ordoñez, ha instalado un sistema de vigilancia alrededor de la casa. Sánchez Cerezo fue el primero de siete reporteros mexicanos asesinados en 2015.  Daniel Berehulak para The New York Times

Tres bolsas de basura
“En Veracruz es muy fácil matar periodistas”, dijo Jorge Sánchez Ordoñez, cuyo padre, Moisés, fue secuestrado y asesinado hace dos años.
Moisés Sánchez Cerezo fue editor del periódico La Unión por más de una década, aunque, a decir de su familia, el peligro llegó hasta que comenzó a escribir notas sobre el desvío de fondos por parte de un alcalde local en una zona que se había tornado cada vez más violenta.
En enero de 2015, hombres armados irrumpieron en la casa de Sánchez y lo sacaron a rastras, ante la mirada impotente de su familia. Días más tarde su cuerpo fue encontrado destazado y los restos metidos en tres bolsas de basura negras.
Durante meses, sus familiares y periodistas de Veracruz exigieron que el gobierno federal investigara el caso como un ataque a la libertad de prensa. La fiscalía especializada que se creó para proteger la libertad de prensa se resistió a hacerlo.
“No pudimos encontrar ni una sola prueba que sustentara esa afirmación”, dijo Ricardo Celso Nájera Herrera, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
La negativa dejó atónita a la familia de Sánchez, ya que los funcionarios en Veracruz habían obtenido pruebas de que el asesinato se había dado por fines políticos. Un guardaespaldas del alcalde de la localidad veracruzana, Medellín de Bravo, admitió que su jefe le había ordenado secuestrar y asesinar a Sánchez.
“Por supuesto que este caso está relacionado con su periodismo”, aseveró Luis Ángel Bravo Contreras, exprocurador estatal de Veracruz, a finales del año pasado.
El gobierno federal aceptó tomar el caso después de que la familia ejerció presión de manera constante y presentó una demanda legal. Durante los casi dos años que transcurrieron de por medio fue capturado uno de los seis principales sospechosos y el exalcalde se dio a la fuga.
Al igual que decenas de periodistas entrevistados en Veracruz, la familia de Sánchez tiene pocas esperanzas de que se vaya a hacer justicia. Para ellos, las muertes de periodistas caen en el cementerio de la impunidad que acompaña a la mayoría de los homicidios en México.
“Lo único que podemos hacer”, dijo Jorge Sánchez, quien ha seguido publicando el periódico de su padre, “es escándalo”.
Sin relación a su labor
Este 28 de abril, por quinta ocasión, los reporteros en la capital veracruzana, Xalapa, rindieron honor a su colega asesinada Regina Martínez.
Usualmente ponen una placa en una plaza en el centro de la ciudad, la cual renombran “Plaza Regina Martínez”. Los últimos cuatro años que lo han hecho, la placa ha sido quitada por el gobierno.
Un altar improvisado a Regina Martínez, periodista de la revista Proceso, fue levantado afuera de oficinas de gobierno en Xalapa tras el asesinato de la reportera an abril de 2012.  Credit Felix Marquez/Associated Press


Tal vez no haya otro caso más simbólico de la lucha de los periodistas mexicanos en Veracruz que la de Martínez, corresponsal de Proceso, un baluarte del periodismo independiente y una revista que históricamente ha tenido una postura crítica hacia el gobierno a nivel local y nacional.
Sus reporteros lo han pagado caro; se encuentran entre los más amenazados, no solo en Veracruz sino en todo el país.
Martínez, una reportera aguerrida con más de 20 años de experiencia, era vista como el ejemplo de una periodista seria que no tenía miedo de cubrir los problemas más críticos de su tiempo, en especial los del nexo entre la delincuencia y la política.
Martínez fue hallada en el piso de su baño, tras ser golpeada y estrangulada, la noche del 28 de abril de 2012, un día después de que se publicaran artículos suyos –uno sobre la misteriosa muerte de un político y otro sobre el arresto de nueve policías que trabajaban para narcotraficantes–.
La muerte conmocionó al país. Los periodistas aquí son al mismo tiempo investigadores, cronistas y víctimas de la violencia y la corrupción desatada por la guerra contra el narcotráfico. Algunos reporteros incluso han llegado a ser partícipes; varios de los que viven en estados donde no impera la ley admiten que han aceptado dinero de los carteles a cambio de cambiar sus coberturas.
“No me siento bien ni orgulloso de aceptar su dinero”, confesó un reportero de Veracruz que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias de los carteles. “Pero una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás”.
Los colegas dicen que Martínez era intachable, una periodista aguerrida y respetada. Si pudieron matarla a ella, entonces nadie está a salvo.
La revista para la que trabajaba, Proceso, exigió una investigación minuciosa y que se le diera acceso a los archivos del caso para asegurarse de que las autoridades lo estaban tomando en serio. El gobierno aceptó y, según periodistas y exfuncionarios, de inmediato fueron evidentes las deficiencias de la investigación.
Del lugar de los hechos había desaparecido evidencia como botellas de cerveza vacías, junto con rastros de ADN, ya sea a propósito o por una labor policial pobre. Los investigadores federales que llegaron para brindar asistencia no tenían casi nada con qué trabajar debido a ese manejo inadecuado de la escena del crimen.

La policía afuera de la casa de Regina Martínez, en Xalapa, donde la periodista que cubría temas de crimen organizado fue hallada muerta en el piso de su baño. Credit Reuters

Jorge Carrasco, el reportero de Proceso que cubría la investigación, comenzó a recibir amenazas de muerte, por lo que tuvo que ser puesto bajo protección las veinticuatro horas del día; ello limitó su capacidad de darle seguimiento al caso.
La versión oficial de lo sucedido decepcionó al gremio. Las autoridades dijeron que el asesinato no estaba relacionado con la profesión de Martínez, sino que uno de los hombres que la mató presuntamente tenía una relación sentimental con ella y que se trató de un robo frustrado.
El sospechoso se dio a la fuga y fue detenido su cuñado, un hombre analfabeta, acusado de ser cómplice. El hombre confesó, pero meses más tarde, durante una audiencia pública, declaró ante el tribunal que había confesado bajo tortura, lo que provocó que el juez anulara su sentencia. La condena fue impuesta de nuevo por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.
Pero los periodistas veracruzanos estaban devastados al sentir que nunca se sabría la verdad detrás de la muerte de Martínez. Las autoridades anunciaron que el caso estaba cerrado.
Había una última opción: denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene autoridad para iniciar investigaciones cuando se han agotado todas las instancias del sistema judicial de un país.
Proceso prefirió no acudir ante la CIDH.
“Para ser honestos, no lo hicimos debido al miedo, sino la inseguridad, dadas las pruebas reales de que matan a periodistas”, dijo Carrasco en entrevista. “Cuando comienzas a recibir amenazas, ¿qué haces? Sería poner en riesgo a aquellos que están en las calles, reporteando”.
Carrasco dijo que Proceso esperaba en vez que el furor público resultante de la muerte de Martínez evitara que se repitiera otro caso como el de ella.
Esas esperanzas se desvanecieron poco después.
En Veracruz se sigue matando a los periodistas y no pasó mucho tiempo para que la muerte volviera a llevarse a un colaborador de Proceso.
En julio de 2015, dos meses después de huir de Veracruz tras denunciar ser víctima de acoso gubernamental —las autoridades lo seguían e intimidaban—, el fotógrafo Rubén Espinosa fue asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento de Ciudad de México.
La mañana siguiente, los editores de Proceso y los defensores de los medios marcharon y exigieron una reunión con el procurador de la capital.
Una de las primeras cosas que les dijo fue que el asesinato no había tenido nada que ver con el periodismo.

A la derecha, el reportero Jesús Olivares, quien hace de voluntario con el equipo de bomberos en su tiempo libre. Dice que la estación de bomberos le funciona como santuario cuando se siente bajo amenaza. Credit Daniel Berehulak para The New York Times
Vivir con precaución
Jesús Olivares escuchó la sirena de una ambulancia mientras estaba sentado en un restaurante de mariscos tomando un refresco. Giró en la silla para echar un vistazo por la ventana y alcanzó a ver el reflejo de las luces rojas y blancas mientras el vehículo pasaba a toda velocidad.
“Podría ser algo”, dijo, y se levantó.
Pero, en esa ocasión, no había nota. Después de un rápido recorrido por la autopista a bordo de su motocicleta descubrió que la columna de humo en un campo no era un cuerpo, ni despojos, ni ningún final macabro como los que conocía debido a su profesión como periodista de nota roja.
En esta ocasión, se trataba de agricultores haciendo quema de suelo.
“Nada que ver aquí”, dijo, dejando ver una sonrisa.
Durante casi tres años, Olivares ha sido reportero de El Dictamen, uno de los diarios de mayor tiraje en Veracruz. Su trabajo es una muestra del costo de la guerra contra el narco: cuerpos desmembrados, balaceras, secuestros.
El trabajo ha tenido su precio. En febrero, un comandante de policía lo amenazó de muerte si no dejaba de tomar fotos de una escena del crimen. Él reportó el incidente y ahora lleva consigo un botón de pánico que le entregó el gobierno, que dijo le sirve de poco consuelo. El botón llama al mismo cuerpo policial por el que se siente amenazado.
“El gobierno es el peor”, dijo. “Por lo menos las amenazas de los narcos son directas, claras”.
Es así como Olivares ha decidido encargarse de su propia seguridad; al igual que la mayoría de los reporteros aquí, ha adoptado un sistema de vigilancia y seguridad en grupo.
Habla con cautela frente a funcionarios públicos y escribe con eufemismos para evitar términos populares que no son del agrado de los carteles, como “balacera”, “secuestro” y “ejecución”. También se hizo amigo de los bomberos, cuya estación se ha vuelto casi como su segundo hogar.
Olivares entabló amistad con ellos tras la muerte de su madre hace dos años, ya que los bomberos se llevaron su cadáver. Los hombres asistieron a su funeral, lo cual dejó una impresión profunda en el reportero, que se sintió agradecido por la calidez del gesto.
Al principio, Olivares comenzó a pasar algunas noches con los bomberos para escapar de la tristeza de su casa. Cuando siguió apareciendo por allí, le dieron un uniforme y un lugar para dormir en la estación.
Sin embargo, una vez que las amenazas comenzaron, sus visitas fueron más útiles de lo que hubiera imaginado: el lugar se convirtió en un santuario, ya que estaba rodeado de defensores bien entrenados en todo momento.
Estos días, se pone el uniforme y acompaña a los bomberos, ayudando cuando puede mientras toma nota para sus reportajes. Le gusta la idea de vestirse con el uniforme cuando el deber llama.
Una noche reciente, Olivares se encontraba en el estacionamiento de la estación, ajustando su chaleco reflejante, mientras sus amigos intercambiaban historias. Uno de ellos relató cómo, hasta hace poco, la delincuencia organizada era quien estaba a cargo de la estación de bomberos, como una forma de extorsionar a aquellos que necesitaban sus servicios.
La situación cambió con la llegada de un nuevo comandante. La estación se abrió al público y los que pasaban hacían sonar la bocina de sus vehículos como un saludo a los hombres, reunidos en la banqueta bajo el resplandor amarillento de una farola.
Olivares parecía relajado tras haber terminado el ajetreo del día laboral. Se retiró a la trastienda de la estación de bomberos.
Obstáculos para la justicia
A finales de julio, el periodista de nota roja Pedro Tamayo Rosas estaba en la entrada de su casa, ayudando a su esposa con el puesto de hamburguesas que tiene en su modesta casa de Tierra Blanca, una ciudad de Veracruz.
Rondando las 23:00 horas, un hombre armado salió de una camioneta negra. Pidió una hamburguesa antes de vaciar el cargador de su arma contra Tamayo, y desapareció.

A la derecha, Alicia Blanco Beisa, la esposa de Pedro Tamayo Rosas, con su nieto Mateo, entonces de cinco meses de edad, durante el funeral del reportero en julio de 2016.  Credit Daniel Berehulak para The New York Times

Tamayo, quien estuvo desangrándose casi media hora en la acera y murió camino al hospital, fue el primer periodista mexicano en ser asesinado cuando estaba bajo protección del Estado, lo cual puso fin al saldo blanco de los casi 500 periodistas y defensores de los derechos humanos sujetos a un programa de resguardo gubernamental establecido hace unos cinco años.
Después de varias amenazas de muerte, funcionarios gubernamentales habían ayudado a Tamayo y a su familia a huir de Veracruz. Seis meses después, sin trabajo y nostálgico, regresó y le dijo a sus amigos que prefería morir en Veracruz que vivir en Tijuana.
Como sucede con muchos casos, no se sabe quién ordenó el asesinato de Tamayo. Su esposa cree que la policía estuvo involucrada. Los oficiales estacionados en su calle no fueron tras los que dispararon, y la esposa de Tamayo afirma que uno de ellos le apuntó con el arma cuando trató de ayudar a su marido. Ahora está convencida de que el Estado tuvo que ver dada una serie de amenazas y el arresto de su hijo.
Los amigos del reportero piensan que los carteles estuvieron involucrados. De acuerdo con personas cercanas, Tamayo estaba revelando información sobre el robo de gasolina en su tierra natal y sus alrededores.

Los peritos en el sitio donde fue asesinado Pedro Tamayo en julio de 2016. Tamayo fue baleado cuando ayudaba a su esposa a tomar órdenes en un puesto de hamburguesas frente a su casa.
Credit Daniel Berehulak para The New York Times

El hecho de que puedan ser responsables del homicidio el gobierno y la delincuencia organizada —o ambos— refleja la crisis existencial a la que se enfrentan los reporteros en México.
La situación no acabó con la muerte de Tamayo. Al menos no para su familia.
Su esposa, Alicia Blanco Beisa, informó a sus abogados y a las autoridades estatales encargadas de proteger a los periodistas que había sido amenazada en varias ocasiones por funcionarios de Tierra Blanca, incluso en el día del funeral de su esposo.
Su casa fue incendiada y su hijo arrestado por el robo de un vehículo, un delito en el que ella asegura no estuvo involucrado. Blanco Beisa declaró haber recibido amenazas de un funcionario de seguridad de alto rango que, apuntándole con un arma, le ordenó guardar silencio sobre su marido.
El caso por homicidio está en un punto muerto, de acuerdo con los abogados de la familia. En una reunión reciente en la procuraduría estatal, estos le solicitaron al fiscal que incluyera el ataque, el incendio y el arresto de su hijo en el mismo caso.
El fiscal se negó, considerando que todos eran episodios inconexos y que no estaban relacionados con el homicidio de Tamayo, según dijo la gente que estuvo presente en dichas reuniones.
Entonces reviró la pregunta a Blanco Beisa, preguntándole por qué no había denunciado los hechos formalmente ante las autoridades.
“Lo hice”, contestó Blanco Beisa, quien aseguró que fue a las oficinas gubernamentales correspondientes a presentar las denuncias. “Se negaron a registrarlas”.
Sus abogados, que trabajan para el grupo de defensa de derechos de los periodistas Artículo 19, ahora están preocupados por la seguridad de la viuda. Dicen que las denuncias de acoso contra funcionarios públicos son una maniobra mortal en Tierra Blanca, un lugar especialmente mortífero en un estado especialmente mortífero.
“Este es uno de los casos más emblemáticos”, dijo Erick Monterrosas, abogado de Artículo 19.
Y como en muchos de estos casos, añadió, los homicidas de Tamayo siguen libres.

El cementerio donde fue enterrado Tamayo, el primer periodista mexicano asesinado pese a estar bajo protección del Estado. CreditDaniel Berehulak para The New York Times
Paulina Villegas colaboró con este reportaje.
Volver al artículo principalComparte esta página



CREDITO: NEW YORK TIMES