Por José Miguel Cobián
Delicado el asunto de los parquímetros en cualquier ciudad del estado, pues los comerciantes y la población en general no están de acuerdo en que se privatice la vía pública, mientras que las autoridades ven en estos aparatitos una nueva fuente de ingresos, o una manera de quedar bien y cumplir compromisos políticos y económicos, al concesionarlos a la iniciativa privada.
En la ciudad de Veracruz y en otra ciudad del estado estalló un escándalo por la concesión de los parquímetros a una empresa privada entre cuyos socios se encuentran algunos propietarios de medios de comunicación, porque la participación para el ayuntamiento es del 38% y del 52% para la empresa. Andaba volando un 10% de los ingresos a lo largo de 15 años. Sin embargo, posteriormente se corrigió el asunto y ese 10% restante se asignó al DIF de de esos dos municipios.
Independientemente de la forma de repartir los ingresos que pudieran dejar los parquímetros, el punto medular es que en realidad resuelven un problema de vialidad, pues mientras los comerciantes afirman que no quieren que se privatice la vía pública, o cuando menos el estacionamiento en ella. En los hechos, los lugares para estacionarse en el centro de las ciudades más importantes, siempre están ocupados por las mismas personas, ya sea propietarios de negocios o empleados de los mismos, eso sin contar los empleados públicos que ocupan espacios todo el día en los alrededores de las grandes oficinas gubernamentales.
En lo personal a mí también me disgusta la idea de que existan parquímetros en el centro de las ciudades, preferiría que se aplicara aquello de una hora máximo de estacionamiento, y que se apliquen multas que en otras épocas ya se aplicaron a aquéllos que no cumplan con los tiempos máximos establecidos. Siempre huelen mal esas concesiones, independientemente de que sea todo legal y transparente o no, las dudas quedan.
Me parece que los parquímetros son una mala decisión, para poder suplir la incapacidad de los gobiernos municipales en dos sentidos, el primero, para lograr que los particulares inviertan en estacionamientos públicos, que permitan desocupar las calles y mejorar las vialidades. Lo ideal en los centros de las urbes veracruzanas, es que esté prohibido estacionarse, lo cual mejoraría increíblemente el flujo vehicular, pero esa decisión que sería la óptima, ningún ayuntamiento se atreve a aplicarla. El segundo punto es que lamentablemente mientras año con año crece el parque vehicular, las vialidades, es decir las calles, siguen siendo las mismas. Salvo contadas excepciones y generalmente en las afueras de las ciudades, no se han generado nuevas vialidades que permitan desahogar el flujo vehicular de los centros urbanos.
Resulta urgente el reordenamiento vial, y la inversión pública en periféricos, en calles y avenidas que crucen la ciudad con un mínimo de semáforos, o preferentemente sin ellos, y que ahorren horas-hombre, pues cada día se pierde más tiempo en el transporte, ya sea público o privado. También debería de haber inversiones en transporte público más eficiente que el uso de camiones urbanos. En las grandes zonas urbanas y las conurbaciones, utilizar los mismos métodos que han dado resultados en otras latitudes es lo adecuado, desde tranvías y vehículos eléctricos, hasta trenes de media velocidad, que podrían unir a Veracruz con Boca del Río, que podrían cruzar desde Coatepec hasta las Trancas, atravesando la capital del estado. Unir a Minatitlán con Coatzacoalcos, y unir la zona centro del estado, desde Yanga, Cuhitláhuac, Peñuela, Córdoba, Fortín, Orizaba, Río Blanco, Nogales y ciudad Mendoza.
Esas decisiones de inversión las debe de tomar el gobierno del estado, y promover que los grandes capitanes del transporte público tengan la opción de invertir en más modernos sistemas de transporte, aunque la inversión se recupere a mediano y largo plazo. Se debe crear el marco legal y normativo que otorgue seguridad a los inversionistas y atraerlos, ya sea entre los actuales transportistas, y si ellos no se atreven a arriesgarse en nuevas opciones, entonces atraer inversión nacional o extranjera que modernice de una vez por todas el transporte de bienes y personas en el estado.
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