Los resultados están a la vista de todos. Y aún así, hay personas que defienden la ¨lucha contra el crimen¨ emprendida por el Presidente Calderón, en un afán de legitimarse en el 2006. ¨Las buenas conciencias y las no tan buenas¨, no pueden aceptar que si bien es cierto que el combate al crimen es una parte consustancial del ser de un Estado, también es cierto que hay muchas maneras de combatirlo, y la mejor evaluación la otorga la realidad cotidiana. Podrán ir y venir discursos triunfalistas, con el fin de mantener tranquila o engañada a la población civil, pero la terca realidad aparece día con día para demostrar con hechos si algo está bien o mal hecho.
En el caso particular del combate al crimen organizado, la realidad demuestra que el Estado Mexicano día con día pierde terreno en cuanto a garantizar la seguridad de sus gobernados. Comienza el ridículo en las zonas más álgidas de la guerra civil que vive nuestro país de manera inocultable a partir de los inicios de 2010, aunque se vino gestando desde principios del sexenio calderonista. Vemos áreas localizadas y focales como el caso de ciudad Juárez, en las cuales a la fecha y a pesar de la entrada honrosa y salida deshonrosa del ejército mexicano, todavía no puede el gobierno federal instaurar un estado de derecho. Los pretextos sobran, pero la realidad se empeña en demostrar que una guerra contra el crimen organizado que sólo causa bajas de ciudadanos mexicanos, y que además obliga a parte de la población a sufrir abusos y vejaciones no sólo de parte de los criminales sino también de las fuerzas del orden, es una guerra fallida.
El ejército mexicano como institución cada día pierde un poco del mucho respeto y aprecio que la población le tiene. Mientras más noticias se tengan de abusos, violaciones de los derechos humanos, allanamientos, cateos ilegales, detenciones sin mediar orden de aprehensión, torturas, etc., más lejana está la imagen de aquél heroico cuerpo que protege a la población y la salvaguarda en los momentos de crisis o de desgracias naturales. No es justo que para legitimar a un presidente se deslegitime a una institución como nuestras fuerzas armadas, y menos que los cables y comunicaciones de la embajada americana lo muestren públicamente como ¨no dignos de confianza e ineficientes en su actuar¨.
Hasta dónde se ha llegado que escuchamos a ciudadanos tamaulipecos discutir quien es mejor que se quede con la plaza de Tamaulipas, y definen cualidades y defectos entre los grupos contendientes. Allá en Tamaulipas, los ciudadanos de a pie, ya no esperan que el gobierno restablezca el orden, a lo mucho que aspiran es a uno de los contendientes gane y que sea el menos peligroso para la población civil. Mientras tanto en Sinaloa se discute la eterna permanencia del Cártel de ese estado y sus acciones en otros estados para ampliar su área de influencia. Esas ya son conversaciones normales entre quienes viven inmersos en esa guerra civil que con el pretexto del narcotráfico y el crimen organizado, hoy ya se vive en el norte del país.
Como siempre, los estados del sur son mucho menos afectados por esta situación, pero mientras tanto, el número de muertos mexicanos se incrementa día con día. Para comenzar este año, este fin de semana tuvimos más de cincuenta muertos relacionados con este tipo de actividades. En lo personal no me importa si eran delincuentes o no, en todo caso eran antes que nada seres humanos, y en segundo lugar mexicanos, con derechos fundamentales y a quienes el estado mexicano debía de garantizarles seguridad y respeto a sus derechos fundamentales, además de un juicio justo en caso de ser acusados de alguna violación a las leyes mexicanas.
Este inicio de año muestra lo que podemos esperar de 2011, que se hará muy largo para muchos mexicanos, no sólo en Cd. Juárez, en Tamaulipas o en Sinaloa, sino también en Durango, el resto de Chihuahua, Nuevo León y en particular Monterrey y su zona conurbada. Curiosamente zonas donde el ejército ha intervenido y en lugar de pacificarlas, ha incrementado brutalmente el índice de criminalidad y muertes violentas.
Ante un escenario como el ya observado en otras partes del país, cada vez que se anuncia un operativo o la intervención del ejército en determinada ciudad o estado, el miedo cunde entre los habitantes, pues la experiencia indica que todo va a empeorar, sin visos de mejora a futuro. Esto implica por lo tanto, que la estrategia es incorrecta o se realiza a medias, lo cual a su vez, obliga al ejecutivo federal a analizar el diseño de su combate al crimen, y adecuarlo a las circunstancias, aplicando el conocimiento que en otros países existe al respecto, pero sobre todo, a reconocer sus errores y a escuchar incluso a sus contrarios en la política cuando señalan que la ruta es equivocada. Lamentablemente hay un pecado llamado soberbia que impide reconocer los errores propios y corregirlos.
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