31 de marzo de 2011

Reclaman desaparición de Gabriel Gómez Caña

Gabriel Gómez Caña, a la derecha, acompañado del diputado Fernández Noroña
El Frente Popular Revolucionario hace público a través de un comunicado de prensa la desaparición de Gabriel Antonio Gómez Caña el 25 de marzo de 2011, cuando fue visto por última vez a las 23:30 (aprox.) de la noche en la esquina de Avenida Oriente y calle Madero en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Dijo que iría caminando a casa o que tomaría un taxi, pero no fue visto más.

Gabriel Gómez Caña participaba en un plantón en Orizaba junto con un grupo de vendedores ambulantes que protestaban porque querían desalojarlos de sus puestos. Los integrantes del plantón se mostraron inquietos el domingo al ver que Caña no llegaba, como era habitual, y al llamar a su casa descrubrieron que su familia pensaba que estaba en el plantón. Se ha indagado por él en todas las instituciones de salud, seguridad pública y de investigación para la impartición de justicia y persecución del delito, hasta el momento sin suerte.

Se sospecha que su desaparición tenga motivos políticos.

Con información de Radio AMLO



Soy un preso político y sufro de persecución: El Potro

Francisco Fernández Morales, El Potro, es un claro ejemplo de la diferencia entre un político preso y un preso político. Desde la prisión de Pacho Viejo afirmó que apoyará al candidato presidencial, incluido López Obrador, que se comprometa a liberarlo, a que se arreglen las rutas de evacuación y se garanticen los seguros de protección a la población que habita en los 60 kilómetros a la redonda de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Después de cumplir los requisitos de trámite para poder ingresar a un día de visita familiar, un camino lleva a una mesita en donde dos reos ponen los sellos de “visitante” en la mano, a la vez preguntan ¿a quién visitan? Rápidamente mi acompañante responde “a El Potro”. Desde entonces se empieza a notar su popularidad, en el trayecto las miradas perdidas, las retadoras, las serviciales, asientan con la cabeza y algunos interrogan “¿el señor ya sabe?”.

Cerca del área administrativa, a un costado, hay un portón negro, se abre, es el área “preferencial”, allí estaba El Potro, bajo una lona que atajaba los rayos del sol, ordena un refresco para los tres. Dice que con el bloqueo del libramiento de Cardel, el Movimiento de La Leyenda de Chucho el Roto Vive, que exige tarifas justas de energía eléctrica, recobra más fuerza y “permanecerá vivo hasta que no se cumpla un acuerdo de seguridad para los pobladores de 28 municipios que están dentro del radio de 60 kilómetros a la redonda de Laguna Verde y hasta que no se bajen las tarifas de luz domiciliaria, será cuando nosotros nos hagamos a un lado.

”El seguro de desastre es primordial, allí está el desastre nuclear de las centrales de Fukushima 1 y 2 en Japón, y hay que recordar el accidente de la Central Nuclear de Chernóbil, entonces “aquí a Laguna Verde ni Dios haría que no reviente. Porque desde que se construyó no existió ningún estudio geológico y la central está sembrada en tierra volcánica, hay más de 60 volcanes a su alrededor y esto no lo digo yo, lo dice la Universidad Veracruzana, por eso nos puede venir un madrazo muy fuerte”.

El ex diputado local panista parece tranquilo, esperando ver qué sucede con su proceso legal, por el que le pesa una condena de 15 años de prisión por el delito de “extorsión”, acusado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a su lucha por buscar que no paguen recibo de luz más de 120 mil familias radicadas en torno a la nucleoeléctrica de Laguna Verde –ya obtuvo amparo de la justicia federal desde 2004 para que más de mil familias no paguen su recibo de luz–, agrega, “los gobiernos no están capacitados para responder ante un desastre, nunca cumplirán con la población, esto lo digo muy independiente de mi libertad, porque yo soy un preso político”.

–¿Por qué se considera un preso político?

–Yo soy un preso político y sufro de persecución. Te explico. En 2009 diputados del PRI me visitan en el penal Ignacio Allende y en acuerdo con patronatos ciudadanos decidimos apoyar al PRI, que el día de la elección tuvimos un resultado de dos a uno sobre el PAN, pero el día 6 de julio me hablan anónimamente y me piden trabajar para el PAN, si lo hacía me ofrecían mi libertad. Como no lo hice el 9 de julio se gira la orden de aprehensión del expediente 59/2008. En principio el delito fue la privación de la libertad de 12 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, después cambió a ataques a las vías de comunicación, por lo que me dan 15 años con tres meses de prisión. Ya que fui diputado por el PAN y después apoyé al PRI, eso representó una traición hacia su partido

–¿Entonces es un problema político?

–Sí es un problema político, cuando Felipe Calderón Hinojosa era precandidato del PAN a la Presidencia de la República, me dijo “adelante, yo te apoyo”, fui el único diputado que lo apoyé con todo, me mordí con los dirigentes, con Víctor Alejandro Vázquez, El Pipo, y Enrique Cambranis Torres, querían que hiciera proselitismo por Creel, incluso, Cambranis me sacó una chequera y me dijo “¿cuánto por Creel?”. Mientras esto pasaba en una visita que hizo Calderón al puerto de Veracruz lo abordé y le dije, “queremos tarifas y rutas de evacuación”, me respondió que sí. Regresó el 14 de agosto de 2008 al evento del libramiento de Xalapa, en Maguellitos nos vimos y me dijo “mi Potro, aquí está César Nava para darte respuesta al pendiente que tenemos”, y en respuesta, César Nava prometió que vendría el 29 de agosto, pero nunca llegó. Creo que el Presidente hoy no sabe que estoy preso, porque los panistas se alejaron y el único que me visita es Julio Saldaña, quien en una ocasión me llevó al Allende camarones, mariscos y me dejó teléfonos de algunos restaurantes.

Fija su mirada hacia arriba y escudriña en su mente, se acomoda en la silla blanca, firme sobre las piedras, mientras narra.

–Me acusaron de algo ilógico. Cómo iba a ser que un individuo secuestrara a 12 trabajadores en Coyolillo, además que jamás estuve allí, porque estaba con Jaen Castillo Zamudio y Sergio Ferreira, con quienes conviví todo el día, ese día comimos bisteces encebollados, frijolitos hervidos con epazote y tortillas de mano. En esta zona de Actopan así se acostumbra, que entre puros hombres nos reunimos y se hace de comer

Encarcelado desde el 17 de diciembre de 2008, dice que su madre de 78 años de edad, le ha expresado: “prefiero sacarte con las patas por delante del penal y no tu libertad traicionando a la gente que cree en ti, estoy orgullosa de ti”, eso le da ánimos.

De la lucha social, dijo, “hay una judicialización, un viejo hábito, hoy todos los luchadores sociales son encarcelados y si no tratan de comprarlos, de sobornarlos, ahí está el propio López Obrador y su desafuero”.

–Vienen elecciones federales, ¿a quién apoyará?

–A quien se comprometa ante notario que sacará de la cárcel a El Potro, a quien arregle las rutas de evacuación, el seguro de cobertura amplia y las tarifas preferenciales a las poblaciones de los 60 kilómetros a la redonda de Laguna Verde, porque a los veracruzanos sólo se nos está dejando el peligro, pero nada de beneficios.

–Las reducción de tarifas de energía eléctrica son parte de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador ¿estaría incluido en este acuerdo, ya que no es priísta ni panista?

–Para López Obrador, mis respetos, ha luchado y se ha fajado los pantalones pero como a El Potro, cuando tenemos la razón y perjudicamos los intereses de los otros, se nos acusa de que estamos locos o que somos perros rabiosos, para que no podamos seguir adelante. Entonces, quien se comprometa será apoyado.

–En prisión ¿ha recibido amenazas?

–Amenazas no, he recibido propuestas del PAN, he recibido llamadas, me dicen “vente de vuelta a donde estabas y mañana te vas libre”.

Ofertas que ha rechazado, sostuvo, “pero el movimiento sigue y empezarán a pintar bardas, el PAN comerá sopa de su propio chocolate, se pintarán bardas con la leyenda 'México lindo y querido, si muero en un penal es por el PAN, por haber defendido a 300 mil personas'”.

Asimismo, denunció que Laguna Verde tiene oficinas en el Distrito Federal con más de mil empleados, a los que no se saben para qué les pagan, cuando la central nucleoeléctrica está asentada en los municipios de Actopan y Alto Lucero, eso sí, con vías de evacuación deterioradas y en donde existe una casa de guarda en caso de emergencia ubicada en un potrero y un puente partido a la mitad, “hay 800 personas de contrato y 600 personas de base”.

Por lo que no dudó en considerar que en “Laguna Verde pueden estar miembros de la iniciativa privada, invirtiendo, como en los otros países, en la energía nuclear, ya que diariamente la nucleoeléctrica genera un millón 200 mil dólares” mientras los veracruzanos, como el “burro zacatero”, que hacía todo el trabajo de transportar zacate, pero que nunca lo comía.

El Baldón: Las tres vergüenzas de la semana

Por José Miguel Cobián
Como ejercicio intelectual disfruto cada semana analizando quien y con qué, hizo el ridículo en la semana. Normalmente las nominaciones tienen que realizarse en viernes y el sábado tengo ya los resultados finales, sin embargo, ahora ya tengo definidos los triunfadores a nivel internacional, nacional y estatal, aunque el nacional ya fue nominado desde la semana pasada.

A nivel internacional el país hizo el ridículo al enviar 17.3 toneladas de ayuda a Japón. Es lo mismo que se obtuvo de una colecta el año pasado coordinada por quien esto escribe, para apoyo de los damnificados por los huracanes, y alcanzó para apoyar a medias y por un día a una colonia que estuvo bajo dos metros de agua en Veracruz. Un país como México que cada vez que ha sufrido una catástrofe ha recibido el apoyo solidario de Japón, corresponde con una cantidad ridícula de apoyo. Para que se dé una idea, esa ayuda equivale a 17 mil botellas de agua de un litro, lo cual para la población de cualquier ciudad de Japón no alcanza para nada. Un buen apoyo de un país bárbaro y tercermundista como el nuestro debía ser de alrededor de 500 toneladas de ayuda cuando menos, y así apenas corresponderíamos en una mínima parte a lo que Japón nos ha apoyado. Los que participamos en clubes rotarios conocemos del altruismo y desprendimiento de los japoneses y nos avergonzamos de este anuncio mediático. ¿Acaso no se dará cuenta el gobierno de que nos hace caer en el peor ridículo a todos los mexicanos?

A nivel nacional a pesar de la mención honorífica que se lleva el gobernador de Chihuahua, y de la mención especial que se llevan los organizadores de la fallida consulta en el estado de México, pues sólo votó el 2.34% del padrón, lo cual implica que a los mexiquenses les importó un triste rábano la consulta del PAN-PRD, creo que el premio se lo llevó Manlio Fabio Beltrones, pues una vez analizada su propuesta fiscal, se llegó a la conclusión de que incluso otorgando al PAN lo que siempre han buscado que es el IVA en alimentos y medicinas, ni siquiera los propios panistas la apoyaron y tampoco los priístas, y es que no está bien estudiado el asunto y la baja en la tasa de ISR para empresas resulta absurda, bajar del 30 al 25% la tasa máxima no resuelve los problemas de recaudación, y menos cuando no se busca en esta propuesta reducir la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas de México que pagan únicamente el 1.74% de sus ingresos como impuesto sobre la renta. Está claro que antes de hacer pagar a la población IVA en alimentos y medicinas, la primera etapa debe buscar que las grandes empresas de México, esas las de los privilegiados del sistema, las que ganan miles de millones de pesos cada año, paguen un impuesto sobre la renta justo y equitativo. Noticias como el aviso de Felipe Calderón sobre cuanto pagan estas empresas, lo único que hace es estimular al resto de los mexicanos a no pagar impuestos, pues si el SAT y Hacienda no hacen su tarea, no se vale que los asalariados paguen más impuesto sobre sus utilidades, que las grandes empresas del país. La reforma fiscal de Manlio, quien busca a toda costa verse presidenciable y hacer sombra a Peña Nieto, está muerta y con costo político para su promotor. En lugar de beneficiarlo lo perjudicó. Tanto como lo perjudica el no tomar partido sobre lo propuesto por César Duarte, pues en lugar de criticar su propuesta de la ¨leva¨ forzada a los ninis, utiliza la retórica para no decir ni si, ni no, sino todo lo contrario, y escurrir el bulto. México no requiere un presidente que no tenga valor o no se enfrente a los hechos directamente.

El tercer ridículo, ahora a nivel estatal, surge al esparcirse la noticia de que en el centro estatal de cancerología compró y administró a sus pacientes Trastuzumab fabricado por laboratorios Roche y cuyo nombre comercial es Herceptin PIRATA. Es decir administró una droga que se utiliza en como segunda trinchera contra el cáncer, pero que no llevaba el ingrediente activo correcto, ni había sido fabricado por los laboratorios que supuestamente lo proveyeron. Esto significa que a los pacientes que lo requerían se les administró un placebo (en el mejor de los casos) o una sustancia tóxica (en el peor), pero no el medicamento adecuado para frenar el avance de su cáncer ya de por sí avanzado (pues para ello se usa el Herceptin), y por lo tanto se jugó con la vida de estos pacientes y en muchos casos, seguramente por haber administrado el medicamento pirata y no el adecuado, sin ningún otro tratamiento, los pacientes empeoraron y aceleraron su proceso hacia la muerte o ya murieron. Un asunto de suma importancia y muy delicado al que seguramente el gobernador Javier Duarte y su equipo habrán de prestarle mucha atención y llegar hasta las últimas consecuencias, pues prácticamente se condenó a muerte a muchos pacientes (todavía no se sabe a cuántos), y todo por un negocito de algún funcionario del sexenio pasado.

SALVEMOS AL I.P.E.

Por: Jorge Cruz Ibáñez
Como resultado de la movilización de la Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado ( COPIPE ) para lograr la devolución del Impuesto Sobre la Renta ( ISR ) gravado en nuestro aguinaldo del mes de diciembre del 2010, a través de un juicio de amparo ,cientos de compañeros jubilados acudieron a la firma de otorgamiento del poder legal a los representantes comunes elegidos en previas asambleas regionales ( Poza Rica, Xalapa, Orizaba, Veracruz y Minatitlán ) y en notarías públicas .

Aquí en Orizaba , sede de la región centro del Estado de Veracruz se designó a la notaría núm. 1 del Lic. Carlos Salmerón Villagómez y a los profrs. Jesús Arenzano Mendoza y un servidor Jorge Cruz Ibáñez como representantes comunes , para que posteriormente , en base a los que firmaron dicho poder el IPE enviará el próximo día 31 del presente a funcionarios de esta Institución de seguridad social para hacer entrega de las constancias de retención de salarios y de esa manera los compañeros firmen de recibido una copia de este documento y la original sirva de soporte para fundamentar propiamente el amparo, pero firmado únicamente por los representantes comunes de cada región el día 13 de abril, de acuerdo con los tiempos y formas legales para dicho trámite, siendo específicamente entregado al Poder Judicial del Estado y en donde se demandará a las siguientes instancias : Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Pensiones por motivo de que una instancia fue la ordenadora y la otra ejecutora de dicho gravamen .

Durante este proceso, nos hemos enterado de la grave situación que guarda el IPE y de las presiones que ha tenido a través del Gobierno Federal para privatizar dicho Instituto en cuentas individuales, es decir, acabar con el modelo solidario tal como ocurrió en el IMSS y el ISSSTE.

Por un lado, funcionarios del propio IPE nos han informado que del fondo económico que tiene el Gobierno Federal para apuntalar a instituciones de seguridad social en el país , a Veracruz le corresponden aproximadamente 1,500 millones de pesos, pero que se los darían hasta que se transforme el régimen de pensión solidario del IPE en cuentas individuales, es decir en Afores; por otro lado, líderes sindicales que simpatizan con nuestro movimiento nos han confiado que funcionarios bancarios se han acercado a ellos para mostrarles “ atractivos planes financieros “ para el dado caso que se lleve a cabo la transformación del modelo de pensiones del IPE .

En las diversas reuniones en el Estado en que hemos tenido la oportunidad de presidir para convencer a los compañeros de luchar por nuestra Institución de seguridad social, les he recordado a los compañeros jubilados que en 1989 Carlos Salinas de Gortari impuso en el Sindicato de Trabajadores de la Educación ( SNTE ) a Elba Esther Gordillo Morales como Secretaria General, dando por terminado el cacicazgo de Carlos Jongitud Barrios ; en 1992, Elba Esther Gordillo M. permitió que las pensiones de los trabajadores de la educación se redujeran a 10 salarios mínimos. Por esta situación, muchos maestros que son directores, supervisores, jefes de sector o que están en carrera magisterial a niveles altos, no se jubilan porque se verían afectado su percepción salarial.

En el 2007, con la reforma a la Ley del ISSSTE nos dieron dos opciones para jubilarnos, una correpondía a aceptar el Décimo transitorio que se refiere a recibir mensualmente los diez salarios mínimos como pensión y otra, la de aceptar el Bono de Pensionissste que según la plaza, categoría o nivel nos correspondían dos o hasta tres millones de pesos, pudiendo retirar cierta cantidad de dinero y solamente quedaría lo suficiente para alcanzar una pensión de 4 mil pesos mensuales como máximo, pero lo pagaría no el ISSSTE , sino una institución bancaria de acuerdo a la administradora de la Afore.

Pero , independientemente de las dos opciones para pensionarnos, el ISSSTE ha calculado como esperanza de vida 20 años, después de estos años, si es que vivimos, nuestra pensión se verá reducida a tres salarios mínimos, es decir, nuestra pensión se va a homologar a la de los trabajadores dependientes del IMSS, o sea, igual a la que reciben los jubilados de diversas fábricas, empresas privadas, cuyas pensiones son mínimas.

Otra grave preocupación de las Afores o cuentas individualizadas es que los ahorros de los trabajadores pueden estar sujetos a los vaivenes del mercado. Esto significa que si la administradora de mi pensión invierte el dinero a la bolsa de valores y se da un caso de crack financiero, podemos perder nuestra pensión.

Los medios de comunicación han estado informando que en la actualidad existe una pérdida de más de 20 mil millones de pesos de las Afores; lo grave de esta situación es que las casas administradoras de Afores siempre cargan las pérdidas a los trabajadores , ellas siempre se llevan las ganancias.

En Chile, país en donde se iniciaron las Afores , se protegió al trabajador en 1987 con la incorporación de la renta temporal vitalicia diferida, al visualizarse la necesidad de contar con una opción intermedia que permitiera al afiliado permanecer con sus fondos administrados en la Afore , pero a la vez traspasar a terceros el riesgo de vivir más allá de la esperanza de vida. Es decir, el afiliado traspasa a la compañía de seguros el riesgo de vivir más de lo esperado y se queda sólo con el riesgo de la tasa de interés por un periodo predeterminado, en cuyo caso las variaciones de la rentabilidad generada por el fondo de pensiones no afectan tan fuertemente el monto de la pensión, como ocurre en el retiro programado, que es el que México aplica, aún sabiendo de sus desventajas.

Por si faltara algo más a este negro escenario agreguémosle los costos administrativos y de comercialización , así como de gastos médicos de las casas aseguradoras , la falta de transparencia en los manejos de los ahorros de los trabajadores , etc.

Finalmente , la postura del COPIPE no es de confrontarse con las organizaciones sindicales adherentes al IPE, sino al contrario, hacemos un llamamiento para sumar esfuerzos y defender nuestra Institución que por años ha sido víctima de manejos obscuros y de opacidad en sus finanzas; urgen su transparencia, autonomía y evitar a toca costa su privatización.

EL SECTOR RURAL SINALOENSE REQUIERE HECHOS, NO PROMESAS: CODUC-Sinaloa

Agustín Espinoza Lagunas demandó trato justo y equitativo para todos los sectores; pidió que los funcionarios de Sagarpa no vengan sólo a tomarse la foto
El sector rural de Sinaloa requiere la intervención del Gobierno Federal vía la Sagarpa con hechos, porque las promesas realizadas en días pasados son sólo ofrecimientos y las palabras se las lleva el viento, destacó el presidente de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (CODUC-Sinaloa), Agustín Espinoza Lagunas, en referencia a los resultados de la gestión del pasado jueves en las oficinas centrales de la dependencia, donde estuvo presente el Gobernador Mario López Valdez.

Sobre todo porque “esperaríamos que la apertura de las ventanillas realizada ayer (lunes) sea de manera general y que los recursos del Gobierno Federal se apliquen en forma directa y pareja para todos los sectores que participamos en el campo de nuestro estado; es decir, demandamos un trato justo y equitativo”, argumentó el dirigente, porque hasta ahora existen rubros poco atendidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Para Espinoza Lagunas la visita de los funcionarios de la Sagarpa el próximo miércoles “no debe ser sólo para tomarse la foto, sino para traer soluciones reales para quienes de alguna forma fuimos afectados por las heladas de febrero”.

La Sagarpa había anunciado que entregaría en el mes de agosto 2 mil 500 pesos por hectárea; sin embargo, los productores integrados en diferentes organizaciones exigen una cantidad cercana a los 5 mil 500 pesos por hectárea.

El dirigente de la CODUC explicó que la marginación, el desempleo y la falta de apoyos gubernamentales sumergen a una parte del campo sinaloense en la desesperanza y la pobreza y hasta ahora no todos los productores son atendidos, porque si bien se está tomando en cuenta al sector agrario, hay otros que simple y sencillamente son ignorados como ocurre, entre otros, con los pescadores que también fueron afectados por las heladas.

La problemática de los pescadores no es de ahora, dijo Espinoza Lagunas, sino forma parte de los problemas ancestrales en los litorales mexicanos y “este problema, hoy ante la crisis de inseguridad, se convierte poco a poco en una bomba de tiempo que si no es atendida podría explotar de un momento a otro”.

Lo mismo que ocurre con los jornaleros, tanto para quienes viajan cada año de Oaxaca y Guerrero, entre otros estados, pero también para los trabajadores del campo sinaloenses.

30 de marzo de 2011

El Baldón: ¿Quién paga los daños?

Por José Miguel Cobián
A raíz de la última balacera en Veracruz, muy cerca del auditorio Benito Juárez, y la estampida humana que generó ante el lleno por la presentación de la ¨Arrolladora Banda Limón¨, incluida la muerte de la sra. que fue con su esposo e hijo al concierto, surgen dudas adicionales sobre la presencia del ejército en las calles y su combate al crimen organizado.


Primero hay que recalcar que según el parte oficial de la Marina Armada de México, los ocupantes del Bora blanco sospechoso, fueron los que comenzaron el ataque a nuestras fuerzas armadas, por lo tanto, a los marinos les quedaba la opción de emprender graciosa huida o repeler el ataque. Optaron por la segunda opción, y se desataron 30 minutos de balazos.


Como hubo heridos y daño en propiedad ajena porque alcanzaron al bora con los vehículos militares y para detenerlo lo estrellaron contra otros autos, incluidos dos taxis, surge la pregunta de siempre.

¿Quién paga los daños? La pregunta viene a colación porque estamos acostumbrados –en el caso del ejército- a la prepotencia, y a que ellos (los soldados) amenacen, y no paguen nada, gozando de una increíble impunidad. La experiencia la vivimos en Córdoba cuando fuerzas federales de la PFP allanaron casas, amenazaron y amagaron a sus ocupantes, catearon las casas y luego sin siquiera un ¨usted disculpe¨ se retiraron, pudiendo recuperar uno de los propietarios su cartera porque exigió su devolución delante de la prensa escrita de la región. Y obtuvo una mínima compensación por los daños a la puerta de su casa, misma que no alcanzó ni para un 10% del costo de la reparación del daño. Lo peor fue cuando el Senado de la República pidió explicaciones y la respuesta de la PFP fue que esa noche no hubo operativo en Córdoba, y por lo tanto no sabían de qué responsabilidad se les imputaba. Lo cual implica que todos los testigos, la policía municipal, los medios presentes, los vecinos, las tres casas (de gente inocente) que sufrieron vejaciones, los uniformes, la presencia de casi cien elementos, los camiones, las camionetas artilladas, los niños con las miras laser en su cuerpo, todo eso fue una alucinación colectiva, incluidos los daños físicos.

Así, viendo la impunidad con la que se mueven las altas esferas del poder federal, resulta muy difícil pensar que los daños colaterales por el combate al crimen organizado sean cubiertos por el propio gobierno. Es más, la experiencia indica que la ciudadanía no es sólo víctima de la delincuencia, sino también víctima de las autoridades que la combaten, pues no sólo ha habido una serie de errores que terminan con la muerte de civiles inocentes, sino que también hay incontables daños que nadie paga.

Imaginemos nada más al par de taxis dañados hace unos días en el puerto. Seguramente tienen dueño, y éste vive de o de manejar su taxi, o de rentarlo en dos turnos. El propietario tendrá que pagar la reparación del choque provocado por la marina, pues como en México no hay autoridades responsables, nadie lo va a apoyar. Cuando hay heridos en estos operativos, normalmente son llevados a instituciones de asistencia pública, sin la menor atención y mucho menos búsqueda de los responsables.

En países civilizados las autoridades responden por sus actos. Antes de tomar una decisión, en particular la de perseguir o entrar en combate, toman en cuenta los posibles daños a la población civil, es que juraron proteger. También toman en cuenta las leyes de México, esas que juraron respetar y hacer respetar. Si alguien mata a un civil, responde por sus actos. Aquí en México el gobierno de Felipe Calderón encubre asesinos, con el pretexto de no enemistarse con el ejército, cuando alguno de sus miembros comete un error y asesina a población civil inocente. Ejemplos hay muchos, como el caso de las familias asesinadas supuestamente por no haber hecho alto total en retenes aparentemente inexistentes, o el asesinato de dos estudiantes dentro del Tec de Monterrey, allá en la capital regia. Nada le ha pasado a los culpables.

Resulta divertido escuchar al presidente de la república, insistir en que nos unamos a su cruzada contra el crimen organizado, cuando desde el propio ejecutivo federal no se respetan las leyes y se estimula la impunidad de los consentidos del sistema. No sólo las fuerzas armadas para quienes intervenir en esta lucha legitimadora de un gobierno ha sido una desgracia, sino también una serie de amigos del presidente, o de intereses de poderes fácticos, que están por encima de la ley.

En México el gobierno nos pone de ejemplo siempre a los gringos, cuando de tasas impositivas se refiere, pero se le olvida que allá hasta a sus presidentes juzgan, mientras que aquí, la justicia es para los de abajo, mientras la impunidad reina en las alturas. Esa es la patria ordenada y generosa que nos ha ofrecido el gobierno del primer panista presidente. (Fox no era panista no lo olvidemos).

En un país dónde no reine la barbarie, en un país civilizado (que acorde a esto México no lo es), las autoridades deberían de reparar los daños a la propiedad de los civiles afectados por su actuación, e indemnizar a las familias de los heridos y muertos ¨por error¨, aunque para ello deberían primero reconocer su error, y eso en este sexenio es imposible.

Por cierto, quien paga los daños es el dañado.

SE MANIFIESTAN COMERCIANTES DEL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO DE ORIZABA Y DENUNCIAN DESAPARICIÓN DE ACTIVISTA

El FPR en Plantón permanente en el Parque Castillo de Orizaba, Veracruz
Frente del Ministerio Público Sector Norte, Exijiendo Justicia
Ante la AVI exijiendo se agilize la investigación
Militantes del FPR marchando por las calles de Orizaba, Veracruz
Orizaba, Veracruz.- Un nutrido grupo de comerciantes del Frente Popular Revolucionario salieron del parque castillo hacia la agencia del ministerio público investigador, en donde se plantaron para exigir que se haga justicia y la pronta aparición del militante y activista de esta organización, Gabriel Gómez Cañas, el viernes pasado dejó el campamento del plantón del Parque Castillo aproximadamente a las 11:30 de la noche, para dirigirse a su casa. Pero no llego.

El vocero de esta organización, Gaudencio Brito Flores exigió ante el Ministerio Publico se agilicen las pesquisas, que hagan su trabajo y se dé con los responsables de este secuestro, familiares del desaparecido y militantes del FPR que estaban en la manifestación, entre vítores y consignas dialogaron con la secretaria de la mesa que lleva la investigación y posteriormente el comandante de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI). Los familiares del hoy desaparecido fueron invitados por estos funcionarios para ampliar y aportar más datos para la indagatoria. Por lo cual se llevo a cabo en ese momento las diligencias pertinentes.

Posteriormente los manifestantes se dirigieron hacia la oficina de la delegación de Gobierno del Estado en donde fueron atendidos por el delegado y contactaron vía telefónica al subsecretario de política Regional, José Luis Callejas, con la finalidad de agilizar la investigación de la denuncia interpuesta en el ministerio publico investigador y con los asuntos pendientes de respetar a los vendedores ambulantes por parte de la autoridad municipal.

Los comerciantes del Frente Popular Revolucionario han estado en plantón permanente en el parque Castillo para que sean escuchadas sus demandas y por la falta de capacidad política y sensibilidad de Hugo Chahìn Maluli, quien el 11 de febrero reprimió una manifestación y hoy hace oídos sordos de las peticiones de los manifestantes. Ahora se agrega la desaparición del activista y militante del frente Popular Revolucionario y miembro del Movimiento de Regeneración Nacional.

29 de marzo de 2011

Tráfico de migrantes mexicanos dejan a mafias 6 mil mdd: ONU

México.- Las ganancias de los polleros con el tráfico de mexicanos hacia Estados Unidos alcanzan los 6 mil 600 millones de dólares, reveló el representante de la Oficina Regional de Naciones Unida Contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli.

“No se trata del cruce de migrantes centroamericanos o de otras nacionalidades, se trata sólo de mexicanos, eso significa que el mercado del tráfico de personas vale más que el tráfico de armas y drogas”, dijo.
En el foro Internacional Migración y trata de personas, un problema complejo la investigadora Judith Bokser Liwerant sostuvo que en el mundo circulan más de 213 millones de migrantes y “una de cada 35 personas es migrante internacional”.

Por su parte, Ernesto Rodríguez, del Instituto Nacional de Migración, dijo que aunque en los pasados cinco años se ha presentado una reducción de entre 60 y 70% de la migración irregular mexicana, se ha incrementado la trata de personas.

Ante ello, urgió a aprobar en el Congreso el nuevo marco normativo que sea eficaz y equitativo respecto a esas dimensiones de la migración. “Hay que integrar la protección de los derechos humanos y los temas de seguridad”, dijo.

Para Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “no basta con reformar leyes o expedir nuevas legislaciones si no se capacita a los funcionarios públicos que la van a aplicar, y se refirió al caso de una migrante que el 20 de marzo fue perseguida por un elemento de migración armado con un machete. Son prácticas anquilosadas que no se van a erradicar por decreto”.






El Baldón: ¿Soberbio o necio?

Por José Miguel Cobián

Normalmente no le dedicamos dos colaboraciones seguidas al mismo tema, sin embargo el gobernador César Duarte de Chihuaha, de extracción priísta se lo ha ganado a pulso. Primero sugirió a nivel nacional que los jóvenes que no estudian ni trabajan tuvieran tres años obligatorios en el ejército. Hoy se publica que afirma también que habría que llevar a la cárcel con penas de dos años de prisión, a los jóvenes que no aceptaran incorporarse al ejército, y además decide las edades, que van de 18 a 30 años…

Estulticia, pendejéz o quizá soberbia o necedad… Una mala idea, que fue recibida por el público con críticas al por mayor. Que hizo recordar los tiempos de la ¨leva¨ en que los revolucionarios o el ejército se llevaban a todos los hombres del pueblo para incorporarlos a sus filas, y así vivían, peleaban y morían sin saber ni siquiera cuál era la razón de hacerlo, simplemente porque en caso de no obedecer, entonces pasaban al paredón de fusilamiento.

¿Dónde está la diferencia con un estado totalitario? Si el gobernador César Duarte fuera panista uno podría entender mejor su postura, pues la derecha siempre busca privar de libertades a la población a cambio de conservar el status quo, pero en este caso, o está desesperado, o no sabe qué hacer y le queda muy grande el puesto, o ya chaqueteó, o es soberbio y bruto y necio.

En un país como México, con tantas carencias, con tantos problemas, no se vale enrarecer aún más la situación política y social con declaraciones así. En lugar de ayudar perjudica, y el primero que lo debería saber es el propio gobernador de Chihuahua. César Duarte sabe que no alcanzarían las cárceles de su estado si los jóvenes iniciaran una resistencia civil pacífica y todos se entregaran para cumplir sus penas de dos años de prisión por no querer estar en el ejército.

Pocas veces he visto una situación tan tonta, tan obvia, en la cual el gobernante comete un suicidio político, como esta. Seguro en las próximas elecciones ganará otro partido político, muy probablemente el PAN, pues Chihuahua tiene gente pensante, y a pesar de los problemas en ciudad Juárez, los Chihuahuenses analizan su situación y saben que no se puede tasar a toda la población con el mismo rasero.

No se duda en la posibilidad de que César Duarte haya visto las estadísticas de los nuevos miembros del crimen organizado, y notara que las edades están en el rango que él establece como obligatorio para estudiar, trabajar o entrar al ejército. Pero de allí a que ante la falta de capacidad del gobierno estatal y federal de darle oportunidades de estudio y trabajo a los jóvenes, se les trate a todos como criminales en ciernes hay un abismo.

Seguro algunos jóvenes se integran al crimen organizado, pero no son la mayoría, que si lo fueran, México sería un territorio convulso de violencia y ausencia de estado de derecho –y eso todavía no pasa-. Ante la incapacidad de controlar a unos cuantos, se busca aplicar la famosa ley del embudo, en donde todos se friegan para resolverle un problema al gobierno en turno.

Si la clase política mexicana está terriblemente desprestigiada, y si muchos mexicanos pensamos que seis años son muchos para poder remover a un incapaz de la silla del águila, ahora también nos damos cuenta de que en algunos casos, -Chihuahua en primer lugar-, seis años de gobierno del estado es mucho para personas como César Duarte.

Lamentable el ridículo y escarnio público al que se somete el gobernador de Chihuahua y al que somete a su estado y a su partido el PRI, pues parece que se asume de manera voluntaria, cegado por la soberbia natural del poder político, y ante el nulo apoyo y crítica constructiva de sus asesores. Esta decisión de comentar en público esta tontería de la ¨leva¨ obligatoria, llevará al gobernador de Chihuahua a la muerte política, aunque en México todo puede suceder.

Esperemos que la cordura reine, y que nadie más se una a esta tonta idea. Y no es que quien esto escribe esté en contra del ejército o de que los jóvenes se enrolen, eso está bien cuando se hace de manera voluntaria, y el ejército es una institución con virtudes y defectos pero necesaria y respetada, sobre todo en tiempos de desastres naturales. Lo grave es buscar obligar a alguien a entrar a la institución armada por tres años, y luego dejarlo en la más absoluta indefensión económica. Ni es legal en México el obligar a un joven a hacer lo que no quiere, ni es defendible nuestro modelo económico que no permite que los mexicanos tengan un trabajo decentemente remunerado, y con posibilidades de mejorar su nivel de vida. Allí está la peor indecencia de este país, y allí también el origen de que muchos jóvenes prefieran el lado oscuro ante la nula posibilidad de desenvolverse en el ámbito de la luz, que por cierto anda muy escasa. Ni la luz de la inteligencia, ni la luz entendida como recursos económicos se notan en nuestro país. La luz de la inteligencia debiera llegar a las altas esferas del poder, porque allí como lo demuestra César Duarte, están más a oscuras que un ciego en noche sin luna.

GABRIEL GOMEZ CAÑAS ACTIVISTA DEL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO DE ORIZABA, VERACRUZ, DESAPARECE

¡Vivo se lo llevaron, vivo lo necesitamos!
Foto de archivo de Gabriel Gomez Cañas acompañado de Gerardo Fernandez Noroña
Como en los peores años del priísmo, de la guerra sucia y de las desapariciones forzadas, nuestro amigo GABRIEL GOMEZ CAÑA de 47 años de edad; quien mantenía un planton en Orizaba, Veracruz en apoyo a un grupo de vendedores ambulantes a los que querian desalojar, fue visto por última vez el viernes 25 de marzo de 2011 cuando llegaba del planton y no aparece. Esperando que se encuentre bien, exigimos al gobierno su inmediata presentación. Gabriel, regresa a casa!

Cualquier información, por favor enviar un email a:
 
Apoya a esta causa enviando por email, por Facebook o Twitter esta nota, denunciemos los abusos y las desapariciones forzadas.

28 de marzo de 2011

Respalda Ebrard decisión de Encinas de no ir en alianza por el Edomex

El jefe de Gobierno aseguró que Encinas es el mejor candidato del PRD a la entidad mexiquense, pues es congruente.
Bertha Teresa Ramírez

México, DF. Marcelo Ebrard Casaubón respaldó la posición del aspirante a la candidatura del PRD por el estado de México, Alejadro Encinas Rodríguez, en el sentido de no ir en alianza con el PAN a la cointienda electoral de la entidad mexiquense y le externó todo su apoyo.

Al hacer esta declarción el mandatario capitalino dijo que al dar su resplado a Encinas lo hace en un acto de congruencia, pues es el mejor candidato que el PRD puede tener al gobierno del estado de México “por trayectoria, por congruencia, y por que ha sido un servidor público, entre otras cosas jefe de gobierno; que jamás ha tenido tacha alguna en toda su trayectoria; que más contraste con lo que va a ser el adversario el PRI en el estado de México”, apuntó.

“En un acto de congruencia, aquí estoy, yo te dije te apoyo como a un militante del partido y aquí estamos contigo”.

Durante un acto en el que estuvieron presentes ambos políticos, Ebrard señaló que los objetivos que ha planteado Alejandro Encinas son muy claros para la militancia peredista de mantener la unidad de las izquierdas y ganar la elección, cambiar el rumbo del estado de México, respaldar la acciones que tome el partido” añadió Ebrard Casaubón, quien indicó que por supuesto que acudirá el proximo domingo al evento al que lo ha convocado Alejandro Encinas para el arranque de su campaña en el municipio de Ecatepec.

Asimismo en conferencia desde el Club de Periodistas de México, Encinas Rodríguez dijo que pedirá licencia el próximo 30 de marzo e iniciará su precampaña con los partidos PT y Convergencia, así como el Movimiento de Regeneración Nacional.

La república de Televisa

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 28 de marzo.- Aunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haber consumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República. Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quiere diseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios de comunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita la información sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimen organizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a los participantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisa se reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, el tipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generar confianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendrá existencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.

Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto de propaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparato se convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de las verdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esos proyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados para denotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni espera auxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.

Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón el jueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento de San Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. El contenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero. Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio. Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a la comunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuencia organizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesis de la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practica también el Estado.

La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon una suerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal, pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Esto es, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuya la violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento se desprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay más que dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hace falta para regular su vida.

Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos del Acuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir “para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de la violencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de la violencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efecto entre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay gran violencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esa información no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. El del fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupación hotelera.

El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito de la independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios son adecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunos de ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en ese caso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbo debemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de las cosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo es francamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario, puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?

En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado que altere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a los narcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian a personajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo de hacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puede darle sentido.

Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos proceden de manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente la información”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidar a las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de un ejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a recién detenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de las autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales los condenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces los exoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueron probadas.

El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda “proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que se pusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarles durante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafos de televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción no acudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que no consideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, en vez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, las televisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones que no se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, el reportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todos ellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el de desnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.

Independientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es el aviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine el apego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago de exclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buena prensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminado todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de los ciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedado los medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se les coloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobierno con este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de la revista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacción de condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro, cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relata en su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentido continúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar el valor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen en jaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadores de una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas de ese calibre en las cuales cebarse.

Ese es el tipo de periodismo de personas que no tendrán lugar en la república de Televisa.

Temen por la vida de tlapanecas violadas por militares

Ante la próxima audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que se realizará en abril donde dará su veredicto final que se presume, será contra el Estado mexicano, por la violación sexual cometida por militares en 2002, contra la indígena tlapaneca Inés Fernández, las amenazas en su contra se han intensificado, por lo que hoy, defensores de derechos humanos pidieron “que llegue viva a la audiencia de la Corte”. Así lo exigió hoy durante su participación en el panel “8 años de impunidad: Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas me’phaa violadas por militares”, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Patrón Sánchez, abogado y consultor independiente. El abogado, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, llevaron el caso de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, ambas violadas por militares en 2002, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Patrón Sánchez, informó que existen más de 10 denuncias de averiguaciones previas ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero, por ambos casos, por lo que exigió “lo que pedimos es que lleguen vivas (Inés y Valentina) a la audiencia de la Corte”, que se realizará las primeras semanas de abril en Lima, Perú.

Al llamado se sumó Abel Barrera, director de Tlachinollan, quien dijo que pese a las medidas provisionales solicitadas al Estado mexicano por la CoIDH, continúan “en la nada, en la indefensión” toda vez que denunció, no hay coordinación entre el gobierno federal y estatal, ni interés para implementarlas.

A la fecha, la Corte Interamericana ha solicitado 108 medidas provisionales para defensoras y defensores de derechos humanos de Guerrero, entre éstas para Inés, sus abogados y los integrantes de la OPIM incluyendo a Obtilia Eugenio Manuel.

Patrón Sánchez explicó que la Corte emitirá primero su sentencia por el caso de Inés toda vez que en el de Valentina no se dio la acumulación procesal.

Ello significa que pese a que ambas violaciones fueron en 2002, el 16 de febrero en el caso de Valentina y el 22 de marzo, en el de Inés, los casos incluyen hechos y fechas diferentes, por lo que las investigaciones se han realizado de forma paralela y fueron presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diferente momento.

8 años de impunidad

Han pasado 8 años de los hechos y pese a que ambas mujeres han señalado expresamente a los elementos del Ejército responsables de la violación, la impunidad prevalece en ambos casos.

En opinión de Patrón Sánchez, el Estado mexicano ha utilizado una estrategia de desgaste y revictimización con ambas, que se ve reflejada con la ausencia de respuestas eficaces, “el encubrimiento desgasta” insistió.

En el panel estuvo Inés Fernández, quien en su idioma, el tlapaneco-me’ phaa, narró lo que ha vivido desde hace 8 años cuando fue violada por los militares frente a sus hijos, que en ese tiempo tenían 3, 5 y 7 años.

“Desde 2002 yo me estaba organizando con un grupo de mujeres de mi comunidad para que hubiera educación, médicos para que cuiden a las mujeres y los niños.

El gobierno no me dejó participar, vieron que me estaba organizando y en lugar de apoyo llegaron los militares a hacernos daño. No sé que es lo que quiere el gobierno conmigo.

Yo he denunciado, y los militares siguen subiendo a las comunidades, no los quiero ver, me duele hablar de lo que me pasó.

A mi me destruyeron mi vida, mi casa, a mi esposo y a mis hijos, cuando andan los militares ahí tengo mucho miedo, cuando mis hijos se van a la escuela también me da miedo, tuve que ir a otro país para denunciar mi asunto.

Yo no puedo salir al campo a trabajar, me costó mucho trabajo salir de mi casa porque yo quería estar encerrada todo el tiempo. Les pido a las autoridades que ya no manden a los militares para allá.

A mi hermano lo mataron, él me apoyaba, era el único y recibió amenazas hasta que lo mataron. Ahora mi hijo que fue testigo de lo que me pasó también ya fue amenazado”.

Inés, dijo que como ahora su caso está por concluir en la CoIDH, se han intensificado las amenazas no solamente contra su familia sino con los miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

Por ello responsabilizó al gobierno de lo que le pudiera pasar a ella y a sus hijos al tiempo que pidió el apoyo de todas las mujeres para que su caso, el de Valentina y el de otras mujeres que han sido violadas por militares, obtengan justicia.

Pide CoIDH medidas provisionales para Valentina

Vidulfo Rosales, integrante de Tlachinollan, indicó en entrevista con Cimacnoticias, que el pasado 16 de febrero, justo a 8 años de que fuera violada, la CoIDH notificó a este Centro de Derechos humanos que solicitó al Estado mexicano medidas provisionales para Valentina Rosendo.

Lo anterior, ya que en diciembre del año pasado, su hija, de 8 años de edad sufrió un intento de secuestro al salir de la escuela y Valentina continúa siendo vigilada y perseguida por desconocidos.

En un video testimonial donde aparece Valentina Rosendo, quien no asistió al evento de hoy, se documentó que a la fecha sale a la calle acompañada por integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz (Peace), si no es así, no lo hace.

Para Vidulfo Rosales, la sentencia emitida por la CoIDH por el caso de Rosendo Radilla, sentó un precedente jurídico, que tiene que seguir siendo sustentado en el caso de Inés y Valentina, por lo que consideró “hay que trabajar fuerte” el tema del uso de la violación sexual como tortura, la dilación de la justicia, la discriminación y el fuero militar.

El panel fue convocado también por Amnistía Internacional, sección México, por Tlachinollan y la OPIM.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

EN VERACRUZ UN ENFRENTAMIENTO MAS ENTRE MILITARES Y PRESUNTOS DELINCUENTES...NO LES IMPORTO QUE HUBIERAN PERSONAS...

Docenas de inocentes experimentaron terror al verse enmedio de la balacera
Cuatro horas después del primer tiroteo, el show no era en el Benito Juárez sino en el crucero de La Fragua y Católica, a donde medio centenar de taxistas arribaron para saber del estado de salud de dos compañeros, que presuntamente habían chocado sus unidades con delincuentes que se desplazaban en una camioneta de lujo ¦ Fotover
Veracruz, Ver.- La balacera ocurrida esta madrugada en el puerto de Veracruz cimbró a la ciudad. Docenas de testimonios dan cuenta del terror vivido por gente inocente desde dentro de sus casas o otros fuera. Aquí algunos.

Marco, motociclista, relató: “Venía en la moto, bajando por Xalapa, y el Bora blanco venía bajando toda la calle, se metió, por poco me lleva, y dobló para Miguel Alemán y se descolgó a Bolívar y a La Fragua. Hasta llegar a Isabel la Católica se encontró de frente con otros militares. Uno de ellos, al parecer eran cuatro, bajó del Bora y disparó con una escuadra contra los soldados. Una camioneta, de las grandes (armada con artillería calibre 50) le salió por detrás y la otra por delante, y ese, y ese soldado que está allá arriba, hijue’pu, les dio con todo. Se las descargó a los del Bora y por lo menos mató a dos. Otros dos salieron corriendo para los callejones. De cada disparo, la camioneta en la que estaba montada la metralleta, se iba para atrás, de las patadas”.

Marco aún no puede recuperarse de la impresión de haber vivido la balacera de La Fragua. Su cara está descolorida, y al hablar saliva constantemente. Como si quisiera quitársela de la espalda, narra su historia a cuanta persona encuentra.

Marisela, pasajera de taxi, refirió: “Allá estaba una señora, la de las tortas. Ella ya se iba, estaba esperando el taxi casi en el semáforo de La Fragua y Católica, de pronto, unos sujetos chocaron. Y los militares comenzaron a disparar, desde arriba de la camioneta, les abrieron fuego en todos lados y la señora se quedó atrapada. Yo le decía a un soldado que me dejara rescatar a la señora, ir por ella, pero él respondió que no, que 'chingara a su madre por pendeja'”.

Marisela dice que iba a su casa pero al ver el escándalo en La Fragua decidió quedarse un rato a “chismosear”, como un grupo de taxistas que hacen lo mismo mientras esperan noticias de sus compañeros lesionados, por accidente, en la refriega.

El espectáculo que anoche disfrutarían los veracruzanos era la actuación estelar de la Arrolladora Banda Limón, pero tras el tiroteo, los bailadores, presas del pánico ante una bala perdida, arremetieron contra el enrejado del auditorio Benito Juárez con el único fin de salir. No importaron los pisotones. Los empujones y hasta el haber pasado por encima de alguna persona. Cualquier sitio era mejor, lejos del estruendo de las balas.

Cuatro horas después del primer tiroteo, el show no lo era en el Benito Juárez sino en el crucero de La Fragua y Católica, a donde medio centenar de taxistas arribaron para saber del estado de salud de dos compañeros, que presuntamente había chocado sus unidades con delincuentes que se desplazaban en una camioneta de lujo, y fue cuando los militares se aproximaron para saber del accidente y revisar la unidad sospechosa.

Fue aquí donde comenzaron los disparos, coinciden los testimonios recabados por La Jornada Veracruz.

Otra vez el motociclista: “Esa camioneta era de lujo, una Hummer, por más que le tiraron se escaparon. Los dos que llegaron en el Bora blanco, de hecho hicieron todo lo posible para garantizarles el escape. Esos de la Hummer sacaron un metralletón. Quien sabe qué era, pero espantaron a los soldados de la camioneta grande. Los de la Hummer treparon al camellón, hicieron maniobras y se escaparon”.

Mientras cuenta, se registran los primeros rayos del sol. Comienzan a parecer coches balaceados y chocados, cristales sobre el pavimento, casas con agujeros de calibre 50, árboles del camellón echados abajo por las ráfagas de las potentes armas, marcas de llantas quemadas sobre la calle.

Los taxistas en el punto de reunión cada vez son más. Conductores que no sabían nada sobre la refriega de la madrugada tratan de pasar por La Fragua. Mientras les apuntan con sus rifles de asalto y los insultan entre gruñidos y ademanes, se encuentran a los malhumorados marinos que los regresan por rutas alternas. Los taxistas también gritan y alardean. Más que de un hecho, son testigos de un espectáculo, el de la violencia.

Los militares, da la impresión, disfrutan apuntar sus armas. Lo hacen contra todo lo que se mueve e intente flanquear el espacio que vigilan. Un señor de aproximadamente 75 años que caminaba a buscar las tortillas para el desayuno terminó regresando sobre sus pasos al toparse varios rifles de asalto apuntándole.

A criterio de los milicianos, todos parecen sospechosos. Se les debe apuntar para alejarlos de la escena de la balacera más cruenta que tenga registro el puerto. Una camioneta con agentes ministeriales, de la Procuraduría General de Justicia, irrumpe. Se identifican. Traen logotipos oficiales en la unidad que los dejan más que acreditados como personal del gobierno. Ni con eso pasan. Insisten y se encuentran con las armas de los soldados. Les apuntan. Faltó poco para que los encañonaran. Es todo. Se acabó el diálogo y ellos ahora también son sospechosos. No les queda de otra. En medio de la rechifla y comentarios de burla de los trabajadores del volante, agachando la cabeza, los agentes se retiran.

El personal del Ministerio Público de la Federación terminó sus labores. Los marinos despejan la zona. Las calles lucen igual, en medio de una tensa normalidad, las personas comienzan a bajar por Simón Bolívar, rumbo al bulevar, para la caminata dominical.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=110328_123527_695&id_seccion=0