Las reformas que se pretenden hacer en el Congreso de Veracruz para “blindar” de los embargos laborales a los ayuntamientos y a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es un acto inconstitucional y que atenta contra la clase trabajadora, equiparable a la extinción de Luz y Fuerza del Centro o la reforma a la ley del Issste, advirtió Víctor Molina Dorantes, ex diputado local y abogado laborista defensor de burócratas.
Aseguró que es una reforma que va en contra de la Constitución Política de México y que fácilmente puede ser rebatida ante la justicia federal por la vía del amparo indirecto, y denunció que el trasfondo de estas modificaciones es que se intenta despedir a un gran número de burócratas con años de antigüedad, a través de la indefensión de no poder cobrar alguna indemnización.
Indicó que el actual programa de retiro voluntario es apenas el principio de la limpia que harán de la administración estatal y de los ayuntamientos, sin embargo aclaró que cualquier trabajador que se haya inscrito a la salida de su puesto de trabajo también está en condiciones de demandar por la vía laboral, pues es un derecho constitucional.
“Lo que están proponiendo tanto el Ejecutivo como el Legislativo es una aberración legal, porque obstaculiza el libre derecho del trabajador para poder cobrar un derecho que ya está condenado, que ya tiene resolución y sentencia, y esa ley no puede estar por encima de una acción federal que autoriza el embargo y la ejecución forzosa”, añadió.
De igual modo, señaló que otro de los objetivos de esta reforma es mantener bajo un manto de impunidad a todos los ex alcaldes que saquearon a los ayuntamientos, y ahora se acusa a los trabajadores despedidos que de cobrar lo que les corresponde, pondría en quiebra a los gobiernos municipales.
“Es un atentado inaceptable, esa reforma será combatida mediante las vías del amparo indirecto, los legisladores pueden hacer lo que se les pegue la gana, pero al ser inconstitucionales serán impugnadas, porque lo que buscan es entorpecer el derecho del trabajador, lo que es un derecho patrimonial de ellos y fortalecer el saqueo de los ayuntamientos que es donde están los robos”, manifestó.
Víctor Molina Dorantes precisó que el derecho del trabajador no está sujeto a una legislación local y por tanto este asunto ante un Juzgado Federal o un Tribunal Colegiado de Circuito puede ser fácilmente ganado a favor del trabajador y desechada la reforma por ser un vicio inconstitucional.
“Es mentira que se lleve a la quiebra a los ayuntamientos con cobros laborales, porque no se compara con lo que se roban los alcaldes y esta reforma es para darles impunidad”, agregó.
Además, precisó que de aprobarse los cambios en la sesión de este viernes en el Congreso, no puede aplicarse de manera retroactiva, por lo que todos los laudos y ejecuciones dictadas tanto por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje como por la justicia federal deben realizarse y proceder con los embargos.
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