LA GUERRA DE LOS MONOPOLIOS: IUSACELLL VS. TELCEL

Por Juan Luis Hernández*

Los monopolios están en guerra consigo mismos. Los monopolios en México son tan insostenibles que han sido los propios monopolios los que han mostrado hastío de no poder competir en los feudos de enfrente. El capitalismo de compadres que sembró sus reales en este país aprovechando las debilidades y corruptelas del Estado, está viviendo sus propias contradicciones. Tiene algo de positivo la guerra pública que protagonizan el duopolio televisivo (Televisa-TV Azteca) y Telmex. Nos está permitiendo ver el tamaño de sus ambiciones e intereses al mismo tiempo que identificamos la incapacidad del gobierno para intervenir a favor de los intereses de los consumidores.

La fase de la guerra de los monopolios sitúa a cada cual quejándose de las arbitrariedades del otro, pidiendo competencia en el patio vecino, pero jamás en cancha propia. No hay que sorprendernos. Los monopolios que se configuraron en México están acostumbrados a no competir, a tener mercados cautivos, a pensar que sus clientes jamás se quejarán, a diseñar productos y servicios con la máxima rentabilidad posible; acostumbrados a tener las bendiciones políticas necesarias para obtener los máximos beneficios, apapachados por un fisco que les perdona impuestos o les permite la evasión. Con esas condiciones ¿quién va a querer abrirse?, ¿quién en su sano juicio arriesgará sus jugosas ganancias al permitir más jugadores que se disputen el pastel?

Sin embargo, la guerra de los monopolios es una gran oportunidad para el gobierno. Por fin se abre una coyuntura para que el Presidente y su partido dejen este sexenio con una política de Estado: promover con firmeza reglas del juego para el sector de telecomunicaciones con un solo principio, la competencia en todos los sectores y niveles.

Desgraciadamente la historia de nuestro país nos dice que son tantos los intereses que unen a políticos con empresarios, son tantas las telarañas que se han tejido entre unos y otros que pareciera imposible que alguna vez existan verdaderas políticas de regulación y competencia tanto en la televisión como en la telefonía cuyos ganadores sean básicamente los consumidores con más calidad en contenidos audiovisuales y mejores tarifas en los servicios.

Aun así, los monopolios han mostrado con su guerra que el país ya no aguanta más una economía monopólica. El gobierno ha sido sumamente cauteloso al ver las guerras comerciales como si no tuviera nada que decir o nada que hacer. Ha sido el Legislativo quien ha tomado la iniciativa para generar foros de discusión que lleven a escenarios deseables que rompan las estructuras monopólicas. No cabe duda que la coyuntura es propicia para hacer un trabajo interpartidista que produzca una legislación que en principio permita a Telmex entrar en la televisión de paga y al duopolio en el mercado de la telefonía.

Pero la presión debería ir no sólo por generar condiciones para la erección de una tercera cadena de televisión abierta comercial, sino hacer también nacionales y abiertas las señales del canal 22 de Conaculta y del canal 11 del IPN, fortaleciendo su perfil de televisoras culturales y públicas.

Los monopolios fueron el resultado de esa ola de privatizaciones que siguiendo dogmáticamente el credo neoliberal, los gobiernos priistas hicieron no sin garantizar sus propias ganancias y participación personalísima en los negocios que derivaron. La matriz de los monopolios es esa tendencia de los políticos a hacer todos los negocios posibles aprovechando el momento de poder que tienen. Así, los que alguna vez fueron presidentes o secretarios de Estado han terminado en los consejos de administración de esos monopolios o de alguna trasnacional coincidentemente beneficiada por el ex político de turno.

La guerra de los monopolios ofrece una oportunidad meridiana para que esta anomia que tiene sometido al país a pagar tarifas por servicios de telecomunicaciones mayores que en otros países y a observar cómo se pueden producir los peores contenidos televisivos, se arregle de una vez por todas a cargo del representante del interés público, el Estado.

Es tiempo que el Estado, en esta ocasión personificado en el gobierno federal, haga saber si estará sometido hasta el final del sexenio a los monopolios y sus intereses, o por fin será capaz de mostrar gobierno, fuerza institucional y convicción democrática para generar competencia a cada monopolio. México no puede seguir avanzando en el siglo XXI con políticos y empresarios recreando feudos medievales.