6 de septiembre de 2011

Presos políticos exigen al Estado “reparación del daño”

Ocho labriegos atenquenses que estuvieron presos en penales de máxima y mediana seguridad por más de cuatro años –y que resultaron inocentes de los cargos que se les imputaron– exigen la reparación del daño al gobierno del Estado de México y a las instancias responsables del operativo policiaco llevado a cabo el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. A poco más de un año de haber obtenido su libertad, estos mexiquenses enfrentan situaciones de divorcio, pobreza, desempleo, estrés, y la cancelación de sus derechos políticos

Texcoco, Estado de México. Los pedales y el manubrio de la bicicleta se incrustaban en su cuerpo si intentaba mirar de reojo o pronunciar alguna palabra. El peso de los granaderos caía sobre él: había sido detenido mientras atravesaba la carretera México-Texcoco. Era todo el poder del Estado que recaía sobre alguien que ignoraba la razón de su detención: “Yo sólo iba a comprar unas refacciones para mi bicicleta; soy aficionado al ciclismo”, relata Alejandro Pilón Zacate, detenido el 3 de mayo de 2006 cuando se desataba un zafarrancho entre floristas, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y la policía estatal, en San Salvador Atenco.
 
Había terminado su jornada como bordador de telas en el taller de su cuñado. Eran las 5:30 de la tarde cuando empezaba con su afición de antaño, la que le costaría cuatro años y dos meses en prisión. Minutos antes había salido de los límites del municipio de Chiconcuac, donde ha vivido siempre.

Fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de junio de 2010, junto con siete más de sus “compañeros” presos, durante tres años en el Penal del Molino de las Flores, en Texcoco: Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Román Adán Ordoñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Oscar Hernández Pacheco, y Julio César Espinoza Ramos. Antes, el grupo estuvo por más de un año en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, cuyo nombre oficial es Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano.

Ahora, los campesinos exigen a las autoridades estatales y federales la “reparación del daño”. Habían sido acusados de “secuestro equiparado y delincuencia organizada”.
 
Los reclamos de la sociedad civil, la mirada de organismos internacionales sobre las acciones gubernamentales y la comprobada inocencia fue lo que los liberó. A poco más de un año de su excarcelación, Contralínea recaba tres historias en las que da cuenta que después de prisión sus vidas fueron destruidas por completo; divorcios, pobreza, desempleo, y la privación de sus derechos ciudadanos y políticos son algunas de las consecuencias que dejó en su historia la ficha carcelaria.

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