Cuando se decretó la extinción de la policía de Veracruz-Boca del Río, 79 agentes convalecían por heridas producidas en funciones; luego de esa decisión perdieron atención médica, pensión, primas y otros apoyos.
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Foto: Héctor Téllez |
Veracruz de Ignacio de la Llave • Apenas pueden caminar. Otros han tenido que improvisar para seguir adelante. Son setenta y nueve historias de ex agentes a quienes la desaparición de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río (PIVB) dejó en la indefensión.
El 20 de diciembre de 2011 la Marina Armada de México asumió las funciones de vigilancia y policía preventiva en los municipios de Veracruz y Boca del Río. Por decreto estatal y con apoyo de la Federación todos los elementos municipales fueron cesados de sus funciones inmediatamente, pero se aseguró en la Gaceta oficial del Estado que todos sus derechos serían respetados, así como el pago de sus liquidaciones conforme a la ley.
Sin embargo, este grupo de ex oficiales considerados inválidos, con heridas y lesiones generadas en el cumplimiento de su deber, fueron catalogados como elementos en activo, lo que legalmente les impide recibir atención médica, pensión vitalicia y acceso a primas de apoyo para accesorios como muletas, sillas de ruedas, lentes y seguros de vida.
Bajo este nuevo escenario, los ex policías, la mayoría con más de 30 años de servicio, acusan a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de desconocer su antigüedad.
Casi a diario se reúnen para idear acciones legales, para hablar o apoyarse unos en otros. Son viejos y mujeres adoloridas que caminan con bastón. Con balas en el cuerpo o miembros amputados.
Otros, como Mónica Herrera, policía de 41 años, quien el 24 de octubre de 2011, mientras cumplía su turno en una caseta de vigilancia recibió el ataque de un grupo armado y una granada estalló frente a ella que la dejó prácticamente como un vegetal.
Madre soltera, vive con sus tres hijas y dos hermanas en condiciones agobiantes. Su pensión de 4 mil 800 pesos mensuales, correspondiente al salario mensual, dejó de fluir desde el primero de enero pasado.
Rosa, su hermana mayor es quien habla por ella. Con el estallido de la granada, varias esquirlas se alojaron en su cráneo. No las pudieron sacar por el riesgo de matarla si una de ellas se incrustaba más.
Una de sus últimas asignaciones fue como radio operadora. Así se desempeñaba esa mañana de octubre.
“Cambió radicalmente su vida. Ya no es la misma, era muy activa”. Así la define Rosa, “es doloroso porque ella quisiera expresar sus dolores. Tenemos que estarle adivinando esto (…) Tiene dañada el habla, los oídos, le da pánico y le da por llorar. No puede estar con mucha gente. Se desespera si está en la oscuridad porque le recuerda la caseta donde estaba cuando le aventaron la granada.”
Cuando Mónica se quiere mover debe hacerlo con ayuda de dos personas. No para de llorar mientras escucha la descripción que su hermana mayor hace de ella. “Salió a trabajar una mañana y a mediodía nos enteramos de lo que había pasado y a partir de ahí cambió su vida.”
De acuerdo con oficios en poder de MILENIO, la Secretaría de Seguridad Pública del estado explica que para que les sean respetados sus años de antigüedad primero deben cubrir las cuotas de los años que ha prestado sus servicios al gobierno local. Sin embargo, han demostrado que desde su contratación la misma dependencia les ha cobrado la cuota del Seguro Social. Nadie sabe dónde se encuentra ese dinero.
Más historias
Fidel Flores viaja en motoneta. Hace cuatro años un tren le partió la pierna momentos después de terminar su jornada. Era policía tercero. Los 5 mil pesos de salario que recibía no le permiten tratamientos de recuperación, menos una prótesis adecuada. De hecho, la primera que tuvo fue de PVC.
“Es una prótesis hechiza, me la mandé a hacer con un ortopedista que se llama Gustavo Almaraz; me dijo que me ayudaba, que me hacía una por 10 mil pesos, porque la que necesitaba costaba 40 mil. La usé tres años, aunque era seis centímetros más corta que mi otra pierna, me lastimaba.”
Fidel sufre pensando cómo va a pagar la escuela de sus hijas, sus tratamientos y la comida diaria. Hoy el pequeño negocio de artesanías que lleva su esposa, les da los recursos para sobrevivir. Pero Fidel lamenta aún más la forma en que terminaron a la Intermunicipal. “Ahorita que la policía interestatal quedó extinta quedamos desamparados y nadie se quiere hacer cargo de nosotros”.
Las liquidaciones que recibieron, corresponden en muchos casos a una quinta parte de lo estipulado por ley. Salvador Castro, otro policía tercero, tiene una bala alojada en la columna vertical que recibió al frustrar un intento de robo, no encuentra trabajo y vive con ayuda de sus padres. Su exesposa consiguió que le entregaran el cheque de liquidación y desapareció. “Hay muchos que sirvieron muchos años a la policía y que te corran y te vean como una basura y dar la vida por la policía, pues es injusto”, dice.
Salvador prosigue: “Que nos den Seguro Social. Necesitamos medicamentos. Yo tengo glaucoma y tengo que operarme. Antes no tenía tiempo y ahora no tengo seguro ni dinero.”
Para oficiales como Vicente Carrillo, con una pierna destrozada a tubazos por delincuentes, el miedo es constante frente a la situación. “Tengo miedo de que nos quedemos sin atención médica, sin trabajo por la condición en la que estamos. La edad y coraje es mucho, porque no es justo lo que están haciendo con todos nosotros.”
Ellos son los más vulnerables con la desaparición de la intermunicipal Veracruz-Boca del Río, las lagunas jurídicas y malos manejos administrativos para su liquidación, los han puesto en una situación extrema.
Vicente Carrillo lo resume así: “Tratamos de servir y estamos inútiles y nos están echando a la calle.
“El gobierno no se puede deslindar nada más así, dándoles una patada, después de tantos años le dice: “vete a la calle”, sin respaldo ni atención médica”, dice Rosa Herrera, mientras Mónica, su hermana, le pide con la mirada que la lleve de regreso a su cuarto, un cuarto oscuro y humilde donde espera el próximo 28 de mes para ir al Seguro Social donde le firman su constancia de incapacidad.
Quieren regresar
Ha pasado casi un mes desde que la Marina tomó el lugar de la policía intermunicipal en los municipios de Veracruz-Boca del Río.
Los mil 200 elementos de la corporación fueron relevados por considerar que sus vínculos con la delincuencia organizada eran demasiados y la confianza en ellos no existía. Así lo dijo el gobierno estatal.
A la fecha ninguna autoridad ha probado estos vínculos. Todos los exoficiales se encuentran en libertad y tampoco se les investiga. Buscan que sus liquidaciones mejoren conforme a la ley. Pero ahora añaden a su petición una demanda más: ser recontratados y que su reputación se limpie luego de aquellos argumentos no probados.
Juan Galindo, ronda los 50 años de edad, 31 de ellos sirviendo a la corporación policiaca. El rango de segundo oficial le ha permitido comandar a un grupo de al menos 200 exagentes que entablarán una demanda laboral contra el gobierno encabezado por Javier Duarte.
La madrugada del 20 de diciembre, elementos de la Marina, apoyados con helicópteros, concentraron en el patio de las oficinas centrales de la policía intermunicipal a los ahora exagentes. El oficial segundo Galindo recuerda como fueron tratados y despojados.
“Estaban los marinos camuflageados, con capuchas, armas largas, parecíamos campo de concentración. No nos dejaban hablar ni salir a ningún lado. Nunca fueron groseros pero nos quitaron las armas, las credenciales y hasta el uniforme. Nos dieron una playerita y un pans gris. Estuvimos desde las cuatro de la mañana hasta las seis de la tarde. Luego nos sacaron y nos dejaron ir como si nada”.
La mayor parte de estos expolicías recibió una compensación económica por sus servicios, misma que afirman, no corresponde a lo estipulado por ley. Quieren ver al gobernador. “Estamos hablando, queremos audiencia; nos bloquean. El licenciado va a pedir audiencia con el gobernador para ver que fue lo que pasó con nosotros. Vemos que por ahí hubo cierto dinero de unas partidas que nunca llegó, jamás.”
Una partida que dicen, asciende a 95 millones de pesos para la liquidación de todos los elementos, misma que no se ha ejercido.
Para agentes como Gabriel Cadena que después de 18 años de servicio recibió un pago de menos de 40 mil pesos, la presencia de la Marina y la Policía Federal en las calles de Veracruz-Boca del Río no ha funcionado.
“En lo político están cumpliendo, en la seguridad no están cumpliendo. (…) Conviene al gobierno meter a los marinos para reflejar que está apoyando al gobierno federal.”
Para Juan Galindo la situación tampoco ha mejorado: “La Armada de México, que me disculpen pero no está funcionando. Hay muchas cosas: robos, asaltos, violaciones. Sigue igual o un poquito peor”.
La liquidación no es la única preocupación
María de la Luz Esquivel ha dejado 26 años en las calles de Boca del Río, patrullando y persiguiendo criminales. “Pierdes tu trabajo y no sabes que vas a hacer después ni como te vas a desenvolver, y como nos recomendaron muy feo por Internet, por el periódico, de que trabajábamos con la delincuencia organizada. Pero si eso fuera cierto no estaríamos aquí peleando nuestros derechos”.
Y añade a su favor: “Si había malos o buenos no le puedo decir. De los buenos conozco pocos pero yo no meto las manos al fuego por nadie. Yo meto las manos al fuego por mí, por mi trabajo, por lo que yo soy.”
Hace unos días, el gobernador Duarte afirmaba que Veracruz es hoy más seguro. Sin embargo, la percepción de la realidad difiere entre estos agentes y Gabriel Cadena lo enfatiza: “Nada más el día de hoy fueron cuatro, cinco muertitos en una colonia X. Juzguen si es más segura.”
Prefieren reuniones públicas. En parques o cafés. Juan Galindo afirma que elementos de la Marina los vigilan y en ocasiones se acercan para averiguar el motivo de sus reuniones.
A las afueras del despacho de abogados que contrataron para que los represente, María de la Luz, agente que no se distingue ni por su juventud ni por contar con una gran condición física; platica debajo de un árbol con sus compañeras. Es de noche y la oficina se ubica en el segundo piso de un callejón de la zona central del puerto. Tratando de llamar lo menos posible la atención.
Están dispuestas a probarse nuevamente para reingresar a la intermunicipal. Aunque puede ser difícil y lo saben. Por lo pronto ya piensan también en otras opciones. “Ahora sí hay que buscarle, vender paletas, porque ¿dónde nos van a recibir con ese boletinaje que nos echaron? En ningún lado. Dicen no. No es apto.”
Norma Vázquez, otra de agente, se limita a comentar que “siempre va a ser lo mismo, con o sin nosotros.”
Culpables o no, los exagentes forman ahora parte de los desempleados que cuentan con entrenamiento especializado en uso de armas y eso, saben, representa un riesgo, aunque afirman que su lealtad no está a prueba, “yo sigo siendo policía al cien por ciento, aunque ya no ejerzo mi profesión como policía porque para mí es una profesión, no es cualquier cosa”, asegura el policía segundo Juan Galindo.
Versión del gobierno veracruzano
Entrevistada el respecto, la vocera del gobierno de Veracruz, Georgina Domínguez, afirmó que hasta el momento se han respetado los derechos laborales de quienes trabajaban en la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río y aseguró que el lunes pasado se publicó la convocatoria para todas aquellas personas que deseen regresar a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, incluyendo a quienes sufren alguna discapacidad.
“Obviamente también está abierta para estas personas que trabajaban para la policía intermunicipal y que si lo desean puedan reincorporarse obviamente cumpliendo la normatividad que rige en materia de seguridad”, señaló.
Finalmente, la vocera del gobierno de Javier Duarte dijo que los involucrados en casos como los presentados por MILENIO se pueden acercar a ella para apoyar en sus requerimientos.
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