“Tenemos que hacer planes para la libertad, y no sólo para la seguridad, por la única razón de que sólo la libertad puede hacer segura la seguridad”: Karl Popper.
Ahora sí que ya se les hicieron engrudo las cifras sobre el número de secuestros que maneja la Procuraduría de Justicia de Veracruz y el Sistema Nacional de Seguridad pues la SEDENA reporta más liberaciones, que los delitos por este orden que reporta el estado.
Y es que mientras la Procuraduría de Justicia de Veracruz informa sobre el registro de solo cuatro casos de secuestro en agosto de este año, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), hizo públicos los rescates de 7 personas que habían sido secuestrados en varias regiones de la entidad.
Mientras la dependencia que representa Amadeo Flores Espinoza reporta solo 55secuestros de enero a la fecha, la misma dependencia federal, ha revelado el doble de liberaciones por parte de personal del ejército y secretaría de marina.
¿Quién miente?. Las autoridades del estado o las del gobierno federal.
A los ciudadanos de Veracruz no extraña que las dependencias correspondientes, oculten la información sobre el número de hechos delictivos que se registran en todos los rincones del estado desde Pánuco en el norte, hasta las Choapas en el sur.
La muerte de 11 comunicadores en año y medio de gestión próspera, no estuvo relacionada para nada con que revelaran datos, cifras, o nombres de personajes de la delincuencia. Esa violencia pudo probablemente estar fundada, con el envío de un claro mensaje para todos los comunicadores que tenían como costumbre, relatar los abusos y la corrupción de la abusiva clase política de Veracruz.
La mayoría de ellos, los que no fueron alcanzados aún por el odio y rencor de esos mercenarios, tuvieron que emigrar. Hoy, sabemos que algunos están en Francia, en Estados Unidos y hasta España. Otros, tuvieron que dejar de ejercer la labor periodística para dedicarse a otras actividades ante el temor de una agresión.
Culpar a los delincuentes como los responsables del asesinato de comunicadores les fue fácil. Pero les ha sido bastante difícil presentar a uno solo como el autor intelectual y material de los asesinatos cometidos contra periodistas, otros líderes sociales e integrantes de la sociedad civil afectada con la desaparición y levantones de hijos e hijas jóvenes.
Y así como no se ofrece justicia en los casos de asesinatos, menos en los delitos por secuestro. Prefieren entonces decir que “son muy pocos” en los reportes que ofrecen al gobierno federal, que aceptar que el problema no está resuelto porque aunque oficialmente solo se han registrado 55 casos según ellos, las liberaciones que reportan los marinos y soldados, revelan lo contrario.
A decir verdad, no se ha visto en las autoridades de Veracruz la voluntad política para cumplir con todos los compromisos pactados dentro de la firma del operativo “Veracruz seguro”. A mas de un año de signado, continúan sin depurar el sistema judicial que incluye no solo la depuración de los cuerpos policíacos, sino también, la de fiscales, agentes investigadores, jueces y por supuesto al sistema penitenciario.
Y todavía no se ve la acción de esos super policías especies de “Rambos”. Ya pasó el año de preparación sin saber a dónde están y cómo es posible que continúen deteniéndose elementos de la Secretaría de Seguridad Pública como cómplices de redes de delincuencia organizada. ¿Pues no que ya los habían depurado?. Tiene mucho que explicar a la opinión pública el escurridizo secretario del ramo Arturo Bermudez.
Mas bien, se percibe el desorden sin controles judiciales, sociales, patrimoniales y administrativos por lo cual, les ha resultado casi imposible, contrarrestar las acciones de la delincuencia en el estado.
Hecho que por supuesto, no es privativo de la entidad jarocha. Expertos mundiales en el tema de la seguridad como Edgardo Buscalia, calculan que el 71.5% de los municipios de todo el país se encuentran todavía bajo control de la delincuencia. Y de cada 100 delincuentes, solo dos, reciben una sentencia condenatoria por parte de un juez.
Lo que revela la enorme corrupción que se maneja en las agencias y juzgados donde el que no paga, o entrega la tradicional “mordida”, no tiene la oportunidad de recibir “justicia”.
Entonces mientras no exista una práctica eficaz de controles judiciales y patrimoniales en Veracruz y en el país, no se permitirá el desmantelamiento de las mafias que están operando con absoluta impunidad en todos los rincones del país.
De ahí que los delitos como trata de personas, especialmente mujeres menores de 20 años, tráfico de órganos humanos, drogas, migrantes, armas, así como secuestros, extorsiones y fraudes se han convertido en incidentes comunes en un estado donde antes era escaso un hecho de estas magnitudes.
Y claro por supuesto, esos controles, deberían aplicarse también en contra de las redes de políticos que desde sus cargos están vinculados con grupos criminales. Ha sido criminal haberlos dejado entrar a operar con absoluta libertad a Veracruz. Pasan los días y no se ve esa voluntad política por decirles ¡ya basta!.
Y es que mientras no exista voluntad para combatir al cáncer de la corrupción política en el seno del mismo Estado. Se ve muy difícil, muy difícil, pero no imposible, el restablecimiento de la paz a la entidad y a todos los rincones del país.
Dice Buscalia, el silogismo es sencillo: “si la delincuencia organizada es un fenómeno social, los instrumentos para atacarla también deben ser sociales y no solo judiciales o tibias políticas de carácter mediático”. Se informa o desinforma, “se tienden cortinas de humo” y hasta se entregan “Honoris Causa” para que la gente crea que se está haciendo algo, pero ya se vio con muy malos resultados, aunque nuestros flamantes funcionarios digan lo contrario.
¿Qué le queda a la ciudadanía?.
Mantenerse vigilante de las salidas y amistades de sus hijos menores. Reforzar sus medidas de seguridad personal y la de su familia. Denunciar cualquier hecho o incidente extraño que observe en su colonia o unidad habitacional. Exhibir a las autoridades que pretendan abusar de su cargo como un elemento de tránsito, policía o demás.
Mientras el Estado no esté cumpliendo a cabalidad con sus deberes y no pueda responder a su objetivo primordial que es la garantía de la Seguridad y el Bien Común, corresponde a cada individuo protegerse y mantenerse alerta, se viven tiempos diferentes y difíciles.
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