7 de diciembre de 2012

#TODOSOMOSPRESOS/ PIEDRA EN EL ZAPATO



Lilia Baizabal
por Lilia Baizabal
“No hay que encarar la represión desde la lógica de los de arriba, sino desde la lógica del proyecto de los de abajo”: Jorge Alonso.
La controversia por los consignados el pasado 1 de diciembre en la capital del país, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente, continúa. Este día padres, escritores, artistas, otros intelectuales del país, difunden una carta dirigida al Gobierno Federal, para que ordene la inmediata liberación de los mas de 115 detenidos y ofrezca información sobre el paradero de otros reportados como desaparecidos.
Bajo el lema #TodosSomosPresos, en las redes sociales miles de cibernautas continúan condenando la arbitraria detención con que policías y fuerzas federales, actuaron contra algunos manifestantes que protestaban pacíficamente, a manera de rechazo por lo que denominaron “imposición” en la Presidencia de la República.
Aún y cuando en las filas de protestantes hubo jóvenes que indignados arremetieron en contra de establecimientos comerciales, restaurantes o bancos, los que si deben rendir cuentas. También que los policías levantaron a muchas otras personas, entre las que se encontraban boleadores de calzado, señoras de hasta 60 años de edad, niños con retraso mental que fueron levantados, tan solo por estar cerca del lugar de los hechos.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió hoy la liberación del fotógrafo rumano Mircea Topoleanu y del periodista mexicano Brandon Daniel Bazán, detenidos en los disturbios que tuvieron lugar el pasado 1 de diciembre. Fueron detenidos por tomar fotografías y otros siete comunicadores fueron agredidos por realizar su trabajo,  sobre la arremetida de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
Familiares, amigos, ciudadanos y ahora importantes artistas, escritores y otros intelectuales del país, demandan al nuevo gobierno,  la inmediata liberación de los detenidos tras asegurar que a  muchos se les han violentado sus derechos humanos pues son inocentes de los cargos que se les acusan.
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal anunció que algunos de los detenidos, podrían alcanzar una sanción de hasta 6 años de cárcel. Eso, pese a que la misma ley vigente en la capital, establece que el delito de ataque a las vías públicas se sanciona con 2 años de prisión.
Este próximo domingo, se definirá la situación legal para la mayoría de los detenidos. Lo preocupante es que pueden dejar en la cárcel a gente que no tuvo nada que ver en los hechos de violencia y cuyo único pecado podría ser, haber estado en un momento y lugar equivocados.
En solidaridad con esos jóvenes, señoritas y ancianas que serán procesadas, más de 15 abogados han ofrecido sus servicios de manera voluntaria y gratuita. Los diputados Ricardo Monreal y María Luisa Alcalde, de Movimiento Ciudadano, continúan pendientes exigiendo a las autoridades la correcta aplicación de la justicia.
Como en todos los demás hechos registrados en el país, cuando se involucran mayorías en contra de situaciones de índole político, llegan a pagar justos por pecadores. Muy lamentablemente, varios funcionarios del gabinetazo federal, ya en funciones, traen malos antecedentes sobre represión,  en sus “brillantes” carreras políticas.
Uno de los casos recordados es la represión ordenada contra los campesinos de San Salvador Atenco en el estado de México. Cientos de hombres y mujeres del campo, se opusieron al despojo de sus tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto. Pretendió el gobierno comprarle sus propiedades a precio de regalo. Como respuesta, miles de policíascumplieron con arrestarlos, abusando como siempre de sus investiduras, violando a mujeres y torturando a los hombres.
Casi cinco años tardaron las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, en lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la liberación de 12 presos políticos, entre estos, la del líder del movimiento que fue sentenciado por un juez a las ordenes del gobierno del Estado de México,  a 112 años de prisión. Una sentencia burda y descarada que ningún juez se atreve a aplicarle al mas temido de los narcotraficantes.
Esos hombres y mujeres no cometieron ningún delito. Simple y sencillamente, defendieron su tierra como cualquiera lo haría por un bien propio frente a los intereses del poder político. En cambio, el Estado nada hace en contra de políticos criminales como Ulises Ruíz, Mario Marín o a los responsables de la muerte de los niños de la guardería ABC o los asesinos de indígenas en Acteal en Chiapas.
Y no concluimos hoy, relatando los cientos de casos de abuso de autoridad y represión del Estado en contra de ciudadanos en todo el país, ahí está el Moviemiento del 68,  por el simple y sencillo caso de protestar en defensa de los intereses de las mayorías y el abuso de la autoridad.
La represión en México aumentó en todos los rincones del país, sobre todo por la criminalización de la protesta social, y por la escalada de la violencia y la inseguridad registrada con mayor fuerza desde el inicio de la administración de Felipe Calderón a su paso por la presidencia de México.
La represión  desatada por el estado mexicano en contra de los movimientos sociales, ha sido creciente. El único objetivo, instalar el miedo y la resignación para inhibir la protesta y escarmentar a quienes se atreven a realizarlas.
Evidentemente, con esas primeras detenciones masivas, buscan infundir miedo, duda, culpa, cansancio y desesperación en el movimiento social para detener su avance. Se trata de un terrorismo gubernamental generalizado para obstruir la disidencia. Y dejarles claro el mensaje para los próximos 6 años de gobierno. El que se atreva a protestar, recibirá un palo y cárcel como recompensa.
Ojalá que más sean los que se sumen al llamado de apoyo para la liberación de todos estos hombres y mujeres que recibirán sentencia el próximo domingo. Nos gustaría ver a otros líderes sociales, políticos y a muchísimos más ciudadanos involucrados en la solicitud de liberación de los detenidos.
Cómo nos gustaría que las  organizaciones de derechos humanos no tengan que mantenerse en estado permanente de alerta en el país, cómo nos gustaría ver que la protesta social ya no se criminaliza y que se deja de fabricar delincuentes para proteger a los verdaderos criminales o justificar la ineficiencia de nuestras instituciones. Ahí están libres y carcajeándose de las nuevas autoridades las bandas de la delincuencia organizada. Ellos sí, son intocables.
En síntesis, todos anhelamos ver,  en el corazón mismo de esta nación que vive una vergonzosa descomposición, que los hombres y mujeres que están encargados de impartir la justicia en México y que están ya gobernando, la pongan en práctica con verdad y honestidad.
¡No mas impunidad!.. Este México tiene que cambiar, pero sólo lo hará con la participación, la unidad y la protesta de las mayorías. Ningún político o partido, tiene fórmulas mágicas para concluir con esta época de terror, abuso y corrupción auspiciadas por los mismos servidores públicos. Sólo  los ciudadanos podrán impulsar este urgente cambio que la nación demanda. No hay mas.

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