Vicente Bello
México, México. 14 de febrero de 2013.- En los territorios del Senado de la República, ayer, un grupo de investigadores sociales aupó sobre las ancas del debate parlamentario a la discriminación, ese fenómeno brutal y doloroso que ha estado mordiendo, durante siglos, el alma de los más vulnerables de la sociedad mexicana: las mujeres, los indígenas, las niñas, los ancianos…
“Hemos construido una definición de desigualdad que sigue rondando alrededor del tema material de los ingresos”, afirmó Ricardo Raphael, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), “pero siempre se nos olvida que junto a la desigualdad económica, pegada, como hermana siamesa, está la desigualdad de trato. Es decir, lo que los griegos llamaban: ‘la desigualdad ante la ley, el Estado y entre nosotros”.
Y apostillaba: “Y desigualdad es sinónimo de discriminación”.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a través de su presidente, Ricardo Bucio, presentaba a la Comisión de Asuntos Vulnerables del Senado, un documento histórico: Reporte Sobre la Discriminación en México 2012”. Y le acompañaban investigadores como Ricardo Raphael, el hacedor de este estudio de más de 1000 cuartillas que era entregado a los senadores con la sugerencia expresa de que el Congreso de la Unión revise todo el derecho positivo mexicano con el propósito de actualizar las leyes para mejor combatir la discriminación en México.
--¿Qué provoca la desigualdad económica? –se autopreguntó Raphael. Y se respondía: “Muy probablemente buena parte de la desigualdad económica en nuestro país proviene de desigualdad de trato, que se convierte en desigualdad en el ingreso y que luego cierra el círculo, pronunciando de nuevo la desigualdad de trato. Pero son hermanas siamesas.
Es el segundo reporte que la Conapred elabora. El primero lo hizo en 2001. Y entonces como ahora, se afirma en el Reporte de marras, el Estado mexicano está dislocado, fragmentado e inhabilitado a sí mismo. No ha podido, con toda la cauda de sus instituciones, salir al paso, y desactivar el mecanismo discriminatorio a través del cual ha viajado durante centurias la sociedad mexicana.
Y tan no ha podido que es el Estado mismo un Estado por definición discriminatorio. Ricardo Raphael ejemplificó: Una mujer que asesina a su esposo recibe un tercio más de penalidad que un hombre que ha matado a su esposa. El policía, por cierto el más discriminado en México, suele ser uno de los que más discriminan. El sistema carcelario mexicano tiene entre su población interna a más jóvenes de entre 18 y 35 años. ¿Y los de otras edades, no delinquen?
Agregó: “Cuando uno constata que esos jóvenes están ahí, en su gran mayoría, por haber cometido un primer delito, son primo delincuentes y están ahí por delitos inferiores a 6 mil pesos, constatamos que algo está ocurriendo en el sistema penal mexicano, que prefiere a los jóvenes que a otras poblaciones”.
El Legislador mexicano –decía Ricardo Raphael- tiene como trabajo prioritario estudiar la discriminación en el mundo del trabajo, en la salud, la alimentación, los derechos políticos, el acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de conciencia de religión, el acceso al crédito, educación, movilidad y transporte.
El Estado mexicano es discriminatorio cuando permite, y no resuelve, que siete millones de mexicanos no tienen actualmente acta de nacimiento, hecho del cual se deriva una cadena de discriminaciones graves. Es discriminatorio el Estado cuando hace que un niño no tenga voz ni voto en actos tutelares.
El empleo informal es otro modo de discriminación en México, según Conapred en su reporte, porque: “¿cuántos mexicanos están en la informalidad? La cifra es más o menos el 50 por ciento. Pregúntense cuántos jóvenes tienen trabajo informal: ocho de cada 10; ocho de cada 10 indígenas; siete de cada 10 mujeres”.
El Estado mexicano es discriminatorio desde el momento en que sus instituciones permiten que, por ejemplo en materia de salud, el IMSS y el ISSSTE cubran 12 mil enfermedades contra las 1,300 que atiende solamente el Seguro Popular. Y son una minoría los que están empleados y tienen IMSS o ISSSTE.
El derecho a la salud se ejerce de manera discriminatoria, se afirma en el Reporte de marras.
El Estado mexicano ha permitido también que el sistema financiero sea un discriminador nato: “ocho de cada 10 mexicanos no tienen acceso al crédito en las instituciones vecinas de ustedes aquí en Insurgentes”, decía el investigador del CIDE. “Ninguno de esos bancotes le da crédito a ocho de cada 10 mexicanos. O bien, están en las finanzas populares, cuyas tasas de interés son altísimas, o bien en el mercado de la usura”.
Los senadores necesitarán muchas horas para leer el reporte que la Conapred le entregó. En una de las conclusiones del estudio, se afirma que la democracia en México pasaría rigurosamente por el combate a la discriminación. “Pero lamentablemente, frente a lo sistemático, injusto y asimétrico en seguridad social, el Estado está disperso, fragmentado, dislocado”.
Los senadores, al final, prometieron leerlo y atenderlo… Pero no dijeron cuando.
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