MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La organización Artículo 19 lamentó la manera en que las autoridades de Veracruz han conducido la averiguación penal del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en esa entidad, ocurrido el 28 de abril de 2012.
En un comunicado difundido esta noche, Artículo 19, organización que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo, destaca que en el caso del homicidio de Regina Martínez “estamos muy lejos de conocer la verdad jurídica”.
El director ejecutivo de Artículo 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez, detalla en ese escrito las dudas que tienen sobre dicha investigación, entre ellas, el por qué no se investigó el trabajo periodístico de Regina Martínez, el por qué la fiscal del caso no esperó los resultados de la investigación que abrió la PGR sobre la posible tortura a que fue sometido Jorge Hernández Silva, El Silva, quien fue sentenciado a 38 años de prisión y por qué, sin existir una sola prueba científica que coloque a El Silva en el lugar y momento del asesinato se le acabó inculpando.
A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado de Artículo 19.
Las sospechas sobre la efectividad de las investigaciones a cargo de las autoridades veracruzanas finalmente fueron confirmadas. En el marco del primer aniversario del asesinato de la periodista Regina Martínez, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz emitió una sentencia que desecha el posible vínculo de los hechos con el ejercicio periodístico de la víctima. De esa forma y como en otros casos de periodistas asesinados en Veracruz, las autoridades estatales se empeñan en vincular los hechos con delincuencia común y asuntos de índole personal.
Durante la administración del gobernador Javier Duarte, han sido asesinados en Veracruz 9 periodistas, teniendo su profesión como el posible móvil de los hechos. Sin embargo la evidencia apunta a lo contrario, Veracruz es hoy una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo en el mundo.
“Lamentamos la decisión y la manera en la que fue conducido todo el proceso penal en el caso de Regina Martínez”, asegura el director ejecutivo de ARTICLE 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez.
“Nuestras sospechas se fundan en la opacidad con la que se manejo el proceso, así como el desaseo con la que fueron omitidas o evaluadas pruebas potencialmente determinantes aportadas por los coadyuvantes de la investigación. Estamos muy lejos de conocer la verdad jurídica del asesinato de Regina Martínez a pesar de la sentencia emitida recientemente”, puntualiza Darío Ramírez.
Es importante destacar que la jueza Beatriz Rivera Hernández, adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, es quien en 2011 sujetó a proceso y determinó prisión preventiva contra dos tuiteros que difundieron información sobre supuestos hechos delictivos, considerándolos probables responsables del delito de terrorismo equiparado y sabotaje. La jueza Rivera Hernández ha demostrado desde entonces su cercanía con el gobierno de Javier Duarte y su desdén por la protección del derecho a la libertad de expresión.
De manera puntual y tomando en cuenta los estándares establecidos en la Declaración Conjunta de los Relatores de 2012 sobre los delitos en contra de la libre expresión, ARTICLE 19 plantea las siguientes 4 dudas:
•La revista Proceso, como coadyuvante de la investigación, ofreció todos los trabajos periodísticos de Regina Martínez publicados en ese medio y su agencia de noticias entre 2011 y 2012, los cuales fueron incluidos en el expediente de la averiguación previa. ¿Por qué esta información no fue debidamente investigada por la Procuraduría veracruzana?
•Jorge Antonio Hernández Silva, el ahora sentenciado por el asesinato de Martínez, argumentó que la confesión hizo fue producto de presiones, amenazas y tortura. La Fiscalía Especial para Delitos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, en tanto coadyuvante de la investigación, aplicó el Protocolo de Estambul a Silva como dicta la legislación nacional e internacional en estos casos. ¿Por qué la Jueza decidió no esperar los resultados antes de dictar la sentencia?
•No existe una sola prueba científica que coloque a Hernández Silva en el lugar y momento del asesinato. De las 8 huellas dactilares extraídas de la escena del crimen, ninguna corresponde a Hernández Silva.
•Durante el curso de las investigaciones fue patente la pretensión de las autoridades veracruzanas de “litigar” el caso de Regina Martínez en los medios de comunicación, con filtraciones interesadas de información difamatoria, así como con campañas en las redes sociales a través de usuarios falsos.
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