6 de julio de 2013

VERACRUZ: DE LA NARCOVIOLENCIA A LA VIOLENCIA ELECTORAL

  6 DE JULIO DE 2013  REPORTAJE ESPECIAL
El 2 de julio, Yunes denunció la desaparición de uno sus miembros de campaña. Foto: Yahir Ceballos

El 2 de julio, Yunes denunció la desaparición de uno sus miembros de campaña. Foto: Yahir Ceballos

Golpeado por la narcoviolencia y la corrupción, el estado de Veracruz vive ahora una encarnizada violencia electoral de cara a los comicios de este domingo 7. Los candidatos de la oposición han sido los más castigados en esa encarnizada disputa por los votos: amenazas, intimidaciones, ‘levantones’, agresiones y… asesinatos.
Xalapa, Ver. (apro).- A pesar de tener la lupa puesta después del desmantelamiento de una red de “mapaches” electorales operada desde la Secretaría de Desarrollo Social, en connivencia con el gobierno de Javier Duarte, el proceso electoral para renovar las 212 alcaldía y el Congreso local –50 escaños– ha estado marcado por las intrigas, las amenazas y la violencia.
En las semanas previas a la elección del domingo 7, más de una docena de candidatos y militantes partidistas fueron víctimas de amenazas de muerte, ‘levantones’, agresiones a mano armada, atentados, intimidaciones y hasta asesinatos.
El operativo “Veracruz Seguro” y a la instalación del Mando Único Unificado en municipios de la zona centro y sur del estado han sido incapaces hasta ahora de inhibir la violencia electoral al punto que dirigentes del PAN y del PRD no han dudado en advertir que esta entidad, Veracruz, que cuenta con el tercer padrón electoral más abultado del país, con una lista nominal de más de 5 millones 700 mil votantes, es un “estado sin ley”.
Sin embargo, el partido en el poder se defiende y acusa al PAN de “incitar a la violencia” y de pretender “judicializar” la jornada electoral.
Tras el desmantelamiento de la red de mapaches electorales, el gobierno de Duarte intentó apaciguar los ánimos y junto a los líderes de las nueve fuerzas políticas registradas formalmente para firmar el Pacto por Veracruz, cuya efectividad ha sido puesta en duda por el PAN y el PRD.
En la semana previa a los comicios del domingo, la violencia electoral finalmente se desbordó:
El pasado lunes 17 en el municipio de Coxquihui, tres militantes del PAN fueron atropellados y heridos con arma de fuego, en un enfrentamiento con simpatizantes del PRI y del candidato a la alcaldía, Reveriano Pérez Vega, presunto líder de la banda de la delincuencia organizada, Los Pelones.
José Benito Gaona perdió la vida en la reyerta, luego de ser golpeado salvajemente y arrollado por una camioneta que casi le desprende una de sus piernas. A pesar del fatal incidente, panistas y priistas se trenzaron en una disputa verbal por la militancia de dicho individuo.
El PAN difundió fotos del funeral de Gaona, en el que aparece su líder Enrique Cambranis. El PRI hizo lo propio al distribuir a la prensa la credencial de afiliación del occiso a ese partido.
En Coxquihui los hechos de violencia datan de la elección local del 2010, en donde los comicios fueron anulados por diversas irregularidades en las casillas. En aquella ocasión, el propio Reveriano Pérez entregaba la administración municipal.
Gaona no fue la única víctima de la violencia electoral. Antes, el PAN denunció la muerte de su militante Miguel Jiménez Hernández, en la región del Totonacapan. Sin embargo, el pasado 24 de junio la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) concluyó que el crimen del simpatizante panista no tenía relación con cuestiones políticas.
Posterior a ese hecho, en Tierra Blanca, municipio limítrofe con Oaxaca, tres vehículos del candidato a la alcaldía, el panista Saúl Lara González, fueron incendiados por sujetos que les arrojaron bombas de fabricación casera.
“Lamentamos nuevamente dos hechos que ocurrieron esta madrugada en contra de militantes y simpatizantes de Acción Nacional. En Tierra Blanca fueron incendiados tres vehículos, uno de ellos pertenece a la candidata a regidora tercera por ese municipio, Maribel Domínguez Hernández, y los otros dos son de militantes panistas que están trabajando para la campaña del candidato a alcalde, Saúl Lara González”, reportó el PAN.
El gobernador Javier Duarte trató de desviar la atención al bromear con ese incidente. Las únicas bombas que se lanzan aquí, dijo, son yucatecas. Segundos después rectificó y admitió que los “ánimos están muy caldeados” entre las fuerzas políticas.
En la semana previa a los comicios, la violencia electoral arreció: sujetos armados balearon la casa del candidato del PAN a la alcaldía de Tlalixcoyan, Carlos Triana García, y la madrugada del sábado 29 de junio el candidato del PAN a una diputación local por Xalapa, Eduardo de la Torre Jaramillo, fue golpeado salvajemente por personas sin identificar, mientras cenaba en un puesto ambulante. Este último hecho quedó asentado en la denuncia penal UIPJ/DX1/3/057/2013.
El pasado martes 2, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, dio a conocer el secuestro del candidato a regidor del Ayuntamiento de Boca del Río, Carlos Valenzuela, durante una conferencia de prensa.
De manera simultánea, la PGJE y el dirigente estatal del PRI, Erick Lagos, desmintieron a Madero. La PGJE difundió un boletín de prensa en el que aseguró que el candidato panista se encontraba en su casa, descansando.
Lagos fue más lejos todavía al asegurar que se trató de un “autoatentado” para incitar a la violencia y judicializar el proceso electoral porque el PAN no levanta en las encuestas.
“Lo que pasó en Tierra Blanca nosotros lo advertimos: es muy extraño. Ahí gobierna Acción Nacional, toda la policía municipal es de Acción Nacional, sí en algo ha invertido el alcalde es en su seguridad pero de él, debe tener información de que fue lo que pasó donde se autoquemaron o quemaron las camionetas, días antes habían agredido a nuestros militantes (en alusión a Coxquihui), es decir, el PRI sabe lo que está pasando”, dijo Erick Lagos, quien al inició de esta administración fungió como subsecretario de Gobierno de Javier Duarte.
Para Lagos el ambiente turbulento que se respira en el estado ha sido propiciado por el PAN. “Se han presentado 60 quejas que muchas han derivado en investigaciones o averiguaciones previas ante la autoridad correspondiente y que las estamos documentando”, dijo.
La violencia electoral también ha alcanzado a militantes perredistas. El dirigente estatal de ese partido, Sergio Rodríguez Cortés, quien fue director del Servicio Nacional del Empleo en el gobierno de Duarte, denunció el secuestro del candidato a la alcaldía de Atlahuilco, Eduardo Cocotle Campos.
Según él, un comando lo “levantó” para inhibirlo de que continuara con sus actividades proselitistas. Luego de tres días, sus captores lo liberaron cerca de las cumbres de Maltrata.
Rodríguez Cortés dice en entrevista que otros siete candidatos del PRD han sido amenazados como presión para que abandonen sus intenciones de contender por un puesto de elección popular.
Sin embargo, se niega a revelar sus nombres por respeto a la familia de los candidatos.
Lo único que si menciona es que hay “focos rojos” de seguridad en Las Choapas, en el sur de la entidad, y en los distritos electorales del norte, específicamente en Panuco.
Políticos, entre la muerte, las amenazas y el narco
El actual Congreso local se ha visto obligado a sustituir a tres presidentes municipales por diferentes razones.
El primer caso fue por el asesinato de la alcaldesa de Tlacojalpan, Marisol Mora Cuevas, quien secuestrada y asesinada por presuntos zetas el 24 de junio de 2012. Su cuerpo fue encontrado varios días después en el kilómetro 3 de la carretera Loma Bonita-Linda Vista.
Posteriormente, el alcalde del municipio Las Minas, el panista Mauricio Herrera Fernández, tuvo que solicitar licencia después de ser detenido por la Policía Federal en posesión de armas de alto calibre y drogas.
Mediante la figura de revocación de mandato, el Poder Legislativo promovió la renuncia del alcalde del PAN en Chinameca, Martín Padua Zúñiga, quien fue aprehendido el pasado 17 de abril en el sur de Veracruz, en posesión de armas largas, estupefacientes y dinero en efectivo.
En febrero del año en curso, el exalcalde de Soledad de Doblado, Enrique Marín Lara, fue ejecutado en la comunidad de Las Pintas, cuando se dirigía a una bodega de agroquímicos de su propiedad en la zona centro de Veracruz. El PAN ya lo promovía como candidato a la diputación por Paso del Macho.
El pasado 6 de junio, un comando disparó contra la vivienda del expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, el priista Nelson Votte Ramos.
El 15 de junio, el Partido Cardenista sufrió una baja: el candidato suplente a la alcaldía de Martínez de la Torre, Isaac López Rojas, fue encontrado muerto, luego de que un comando irrumpió en su rancho “El Porvenir” y se lo llevó.
En esta coyuntura de violencia, el presidente estatal del PAN, Enrique Cambranis, visualiza serios problemas durante la jornada electoral de este domingo.
Por lo pronto, dice que hay signos de alerta en los municipios de Martínez de la Torre, La Antigua, Panuco y Coxquihui, en donde son visibles grupos delincuenciales inmersos en el proceso electoral.
“Se da de todo, llamadas amenazantes, secuestros, intimidaciones… en fin es lamentable lo que está sucediendo”.
Guerra sucia y el factor “Colorado”
La red de mapachería electoral que tenían bien “aceitada” en Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno de Javier Duarte y el Ayuntamiento de Boca del Río y que fueron puestos al descubierto mediante audios y videos, lo que costó el puesto a siete funcionarios federales y al Secretario de Finanzas duartista, Salvador Manzur, desencadenó una “guerra sucia” entre panistas y priistas.
En las redes sociales, circulan audios y videos de conversaciones comprometedoras, fotografías de bodegas o camiones repletos de despensas, entre otra serie de materiales incriminatorios contra candidatos o políticos del PAN y del PRI, algunos de los cuales forman parte de averiguaciones previas radicadas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
A pesar de los casi 17 mil aspirantes a un puestos de elección popular formalmente registrados –entre propietarios y suplentes–, sólo hay cuatro destinarios en la “guerra sucia”.
Del lado del PRI, sobresalen el exgobernador Fidel Herrera y el actual mandatario Javier Duarte.
Del PAN, el neopanista Miguel Ángel Yunes Linares.
Y Francisco Pancho Colorado Cessa, dueño de la empresa ADT Petroservicios, con sede en Poza Rica, otrora propietario de finos caballos – subastados en Estados Unidos- y prestanombres y lavador de los hermanos Óscar y Miguel Treviño Morales, líderes de Los Zetas.

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