Escrito por Jesus Lazo
Miguel Ángel Yunes Linares solicitó al Gobierno del Estado, a través de un documento entregado en la Coordinación de Comunicación Social, proporcione información detallada sobre los gastos ejercidos por esta dependencia, en específico sobre la partida 5133636100005 respecto a la “difusión de mensajes sobre programas gubernamentales” del año 2010 a la fecha.
Yunes Linares pidió un informe sobre las erogaciones por concepto de pagos a medios de comunicación en prensa escrita, radio, televisión y páginas de internet y los gastos por concepto de carteleras espectaculares en el estado, y en el país.
Asimismo, solicitó las fechas de dichas erogaciones; las copias de las facturas emitidas por los medios de comunicación citados; las copias de los cheques o comprobantes de pago emitidos por parte del gobierno de Veracruz para estos efectos; y los convenios de dichos medios de comunicación que al efecto se han hecho.
Manifestó que el Gobierno del Estado, a través de la modificación al acuerdo número CAIR-047-2012, pretende clasificar la información de la Coordinación de Comunicación Social como de acceso restringido en la modalidad de reservada y confidencial y por lo tanto los ciudadanos no pueden tener acceso a la misma.
“Este acuerdo es totalmente contrario a las normas constitucionales; y porque es obvio que el Gobierno del Estado a utilizado miles de millones de pesos para difundir obras y acciones que no ha llevado a cabo, privilegiando el gasto en Comunicación por sobre otros rubros que debiera atender, y que sí debieran considerarse prioritarios como lo son seguridad pública, educación salud, obras públicas, combate a la pobreza, y en general en desarrollo social”, dijo.
Yunes Linares señaló que es más que un abuso que se desvíen cada año cientos de millones de pesos para “comunicar” lo que no se hace cuando la crisis que vive Veracruz no tiene paralelo en su historia.
Señaló que el Gobierno Estatal está obligado a proporcionar dicha información, de manera detallada, y apelando al principio de “máxima publicidad”, mismo que se encuentra establecido en la Carta Magna y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Detalló que en el numeral 2 del artículo 7, esta Ley señala que: “los sujetos obligados atenderán al principio de máxima publicidad en la gestión pública, comprendiendo el derecho de acceso a la información como una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa que permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar a sus representantes y servidores públicos, y estimula la transparencia en los actos de gobierno”.
Miguel Ángel Yunes Linares espera que su solicitud tenga una respuesta positiva en los plazos que la Constitución y las leyes establecen.
FUENTE: POLÍTICA EN RED
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