22 de abril de 2014

LA LEY TELECOM AMENAZA LA SEGURIDAD DE LOS MEXICANOS, HASTA LOS NARCOS “SABRÁN QUÉ HACES, A DÓNDE VAS”: ACTIVISTAS


Por: Shaila Rosagel
Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– Las leyes secundarias de la iniciativa de Reforma de Telecomunicaciones del Presidente Enrique Peña Nieto son una amenaza para la población mexicana, pues los datos de geolocalización podrán estar al alcance de cualquier Ministerio Público, secuestrador o narcotraficante. 

“Las compañías tienen que almacenar los datos de los usuarios hasta por dos años. Entonces si tú analizas los datos de tu GPS como dónde has estado, a dónde vas, qué frecuentas a lo largo de dos años, es mucho más fácil conocerte de esa manera, a que se pudiera ver el contenido de tus comunicaciones. Eso debe eliminarse”, dijo Óscar Mondragón, miembro del Colectivo Libre Internet para Todos. 

El activista indicó que secuestradores o el crimen organizado podrán tener acceso a los datos de los mexicanos gracias a la corrupción, por lo que la iniciativa es “brutalmente peligrosa”. “Digamos está una previsión para que pueda ser rastreado el GPS de tu teléfono, sin ninguna intervención, más que la de un Ministerio Público estatal, quien puede ordenar que se siga tu teléfono. Imagínate lo que quiere decir para los periodistas en estados como Veracruz, donde todos los meses cae uno muerto, en Tamaulipas, Coahuila. 

Los Ministerios Público  son una parte importante de la cadena de corrupción y podrá rastrearte en tiempo real, podrá saber dónde estás, es un gran peligro para periodistas, activistas y para cualquier persona”, expuso. La reforma no sólo establece bloqueos de la señal cuando el Estado así lo determine o nulas garantías para la libertad de expresión y el libre acceso a Internet, sino que coloca los datos de los usuarios totalmente en manos de las autoridades. 

Para Mondragón el atentado en contra de la privacidad que lleva consigo la iniciativa de leyes secundarias, es la más grave de todas, pues el gobierno podrá “servirse” sin ninguna restricción de los datos personales de los ciudadanos. Mondragón no es el único activista que ha puesto sobre la mesa el peligro que implica la iniciativa del Ejecutivo, organizaciones como Artículo 19 y #YoSoy132 se han manifestado en los últimos días contra lo que consideran una violación a los derechos humanos y una ley enfocada en la censura.

“Prácticamente toda la Ley tiene un aspecto que es inconstitucional, sea en aspectos de diversidad y pluralidad de medios, de regulación, de Internet en particular, el uso de las telecomunicaciones por ejemplo. Toda la Ley tiene aspectos que afectan nuestros derechos”, dijo Carlos Brito, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales y miembro del movimiento #YoSoy132. Brito, un joven activo en las movilizaciones sociales desde que nació el movimiento #YoSoy132, se dijo preocupado por el contenido de las nuevas reglas del juego. “Lo único que hace esta Ley es arreglarle el pleito a dos grupos de ricos, Televisa y a Telmex [Teléfonos de México],  para nosotros los aspectos fundamentales como el derechos de la audiencia, de expresión, de privacidad, incluso presunción de inocencia, se están violando. En particular en aspectos de Intenet tenemos cosas preocupantes en dos capítulos: la redes que establece censura, no sólo del gobierno, sino de empresas privadas”, explicó. Brito detalló que estos artículos obligan a las empresas de telecomunicaciones a retener durante dos años o más los datos personales de geolocalización de los usuarios. 

“El gobierno obliga a las empresas a tener bases de datos, con nuestra información de a dónde vamos, qué hacemos en todo momento, todo el tiempo durante el lapso de dos años, la obligación es para empresas de servicios de telefonía móvil, con esto la Marina, El Ejército, la PGR [Procuraduría General de la República], todos pueden hacer uso de nuestros datos y nadie se va a enterar”, explicó. Mondragón detalló que la Iniciativa Ciudadana, alterna a la reforma de Peña Nieto que promueve desde el año pasado el Contingente MX, propone que el Congreso de la Unión debe establecer un conjunto de garantías para los ciudadanos y el acceso a Internet. “La Constitución Mexicana dice que tenemos derecho a acceso a Internet pero, pero no hay previsión alguna ni por el lado del mercado ni del Estado para que este derecho sea efectivo. Terminando esta reforma los monopolios acabarán donde están, los precios y los servicios elevados y malos y nuestros derechos sea verán coartados”, comentó. Mondragón indicó que las leyes secundarias tienen elementos muy graves de censura y ataque a la privacidad, mientras omite temas tan importantes como el alcanzar una cobertura de 80 por ciento en la red.

“La iniciativa ciudadana establece el derecho de acceso libre y los mecanismos y lineamientos. La iniciativa del gobierno ni siquiera lo menciona”, dijo. Jesús Robles Maloof, activista y miembro del Contingente MX, llamó al Congreso de la Unión a dictaminar el día de hoy la Iniciativa Ciudadana que está en manos del poder legislativo desde el 5 de marzo del año pasado y que cuenta con 127 mil firmas que la respaldan. Además de la iniciativa, el Contingente MX realizó una propuesta técnica detallada que simplifica los artículos que deben ser modificados y su contenido. 

La propuesta técnica contrasta a la reforma de Peña Nieto artículo por artículo y propone lo que los activistas consideran, coloca en el centro a los ciudadanos y no a los monopolios y a los gobiernos. “Se debe establecer un título sobre las garantías y derechos para la libertad de expresión, derecho de acceso, garantías contra injerencias arbitrarias, derechos de los usuarios y audiencias”, dijo Maloof. 

El activista explicó que la iniciativa presidencial coloca a las personas hasta el título noveno, pues primero habla de las autoridades, después de los concesionarios y después de los usuarios. “Algo que hay que sostener es que las personas no sólo son usuarios, son personas con derechos fundamentales y son cuidadnos, no todas las personas en este país son usuarios”, dijo. El activista detalló que una de las propuestas de la iniciativa ciudadana es que las direcciones IP, los datos de rastreo y de geolocalización, se consideren privados y sujetos a una protección especial.


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