FUERA DE FOCO
Por: SILVIA NÚÑEZ HERNÁNDEZ
Por: SILVIA NÚÑEZ HERNÁNDEZ
En Veracruz, la distribución de la
justicia se realiza según convenga al estado. Mientras el gobernador, Javier
Duarte de Ochoa, en diversos escenarios declara que la justicia en la entidad
se aplica sin distinción alguna, los veracruzanos pueden advertir que dicha
hipótesis del ejecutivo estatal está muy alejada de la cruda realidad con
relación a la impartición de justicia.
Los veracruzanos están absolutamente conscientes, que el gobierno del estado, hace que se cumpla la ley –es pronta y expedita- si se trata de una persona inocente, al cual se le fabrica y construye un delito. Si se trata de un pudiente o con tráfico de influencias, pues la ley se le aplicará de acuerdo a como invierta en su “inocencia”. Y es absolutamente nula, cuando el inculpado, se trata de un servidor público o colaborador del gobierno estatal.
Hace ocho meses, amable lector, interpuse una denuncia con relación al hostigamiento al que fui víctima por parte de la hoy extinta, Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) –el 12 de noviembre del 2013 y la denuncia fue interpuesta el 17-. El día de ayer, a las 11:00 horas, se tuvo una audiencia “conciliatoria” con dos policías ministeriales quienes fueron llamados a declarar para que respondieran sobre los hechos antes señalados. En términos generales amable lector, los dos sujetos describieron haber estado en la zona, pero narraron una historia ajena y en tiempos absolutamente diferentes a la que mi persona fue objeto de parte de los servidores públicos.
Para terminar pronto inteligente lector, no se pudo “conciliar” absolutamente nada, debido al parecer la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Atención de Denuncias contra Periodistas no pudo realmente dar con el paradero de los tres policías ministeriales que participaron en dicho hostigamiento. A la cita arribaron únicamente dos agentes, quienes no se pudieron determinar su culpabilidad o inocencia sobre los hechos de intimidación.
Para el fiscal responsable, René Álvarez Márquez, le resultó sorpresivo no haber logrado avanzar en la indagatoria; pero para la percepción personal, resultó en vano el traslado a la ciudad de Xalapa, para que no prosperar ni un milígramo en dicha investigación. ¿Tendrán que pasar otros ocho meses más para que se pueda conocer quien fue el que ordenó dicho acoso?
También aprovechando mi estancia a la dependencia, pregunté sobre el avance del caso del estudiante Enrique Guzmán Tomes, quien fuera también interpuesta una denuncia en su contra, por daño moral, acoso y solicitar que el gobierno duartista ejecutara una aprehensión para enviarme a la cárcel. Tres meses han pasado y hasta ahora, la lentitud ha hecho presa a la Fiscalía, pues argumentan que no se ha avanzado luego de que no han logrado dar con el domicilio del porro estudiante para dejarle el citatorio.
¿No sería una opción por parte de la dependencia el acercarse a las autoridades de la facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana para que ésta proporcione la ubicación de su residencia?
En resumen, la situación de los casos, avanzan con una lentitud desesperante. La intención a todas luces es proteger no tan sólo a los agentes de la policía ministerial y porro estudiantil.
En contraste
La noticia de la captura de Jesús Amado Martínez Carvajal, quien se luego de haber asesinado a su esposa en el 2011–dándole un balazo en la nuca- le fue girada una orden de aprehensión girada por parte del Juez de Primera Instancia por el delito de homicidio doloso –causa penal número 95/2011/V, y la Investigación Ministerial 333/2010/V/VER.04- y que lo mantuvo a salto de mata. El sujeto fue capturado en Tijuana y logró su libertad al pagar 50 mil pesos de fianza.
Dicha resolución del juez fue considerada como una literal burla para los veracruzanos que siguen el proceso legal de la periodista, María Josefina Gamboa Torales, a la que el gobierno del estado, aprovechó la oportunidad de castigarla por su ejercicio periodístico, implementando la fabricación de pruebas y una campaña negra a través de sus medios de comunicación de “pre-pago”, luego de que esta tuvo el infortunio ser una de las principales protagonistas del problema vial, en donde resultó atropellado el joven José Luis Burela López.
En este último caso, la periodista contó con un ejercicio de la ley absolutamente “efectivo” por parte de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, cuando esta dependencia se ha caracterizado de padecer un “sangrante” tortuguismo en los miles de procesos legales que sus ministerios públicos mantienen abiertos y más cuando las investigaciones se refieren a casos como los cadáveres encontrados en la localidad de Nopaltepec –donde es oriundo Fidel Herrera Beltrán, donde hasta el día de hoy, sólo han identificado a ocho osamentas de 30 que fueron extraídos de la fosa clandestina.
Podríamos preguntarle al procurador, Bravo Contreras, que me describa la situación también en el caso de Luciano Enrique Ayil Gamboa, quien fuera literalmente asesinado en Hospital General de Veracruz a cargo de Rafael de Jesús Picazo Figueroa, cuando el médico –carnicero- cirujano, Juan Carlos Bravo Soriano -luego de practicarle una intervención programada- le quitó la vida al cortarle significativas arterias y permitir que este se desangrara, comprometiendo importantes órganos, provocando que estuviera luchando por 16 días en terapia intensiva, el cual pereció el pasado 20 de noviembre del 2013.
Ha ocho meses de este artero asesinato por el protegido de Picazo Figueroa, no ha sido detenido y hasta donde se sabe, continúa trabajando sin problema alguno en dicho hospital, dándole la oportunidad de matar a más pacientes.
Nos encantaría que con relación a este homicidio culposo por parte de Juan Carlos Bravo Soriano, se procediera con la misma agilidad que le ha dedicado el procurador General de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras al caso de la colega periodista, María Josefina Gamboa Torales, en donde se tomó la molestia de convocar a rueda de prensa para adelantar la culpabilidad –indebidamente- a la periodista, cuando su función es “procurar” la justicia en la entidad veracruzana.
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Los veracruzanos están absolutamente conscientes, que el gobierno del estado, hace que se cumpla la ley –es pronta y expedita- si se trata de una persona inocente, al cual se le fabrica y construye un delito. Si se trata de un pudiente o con tráfico de influencias, pues la ley se le aplicará de acuerdo a como invierta en su “inocencia”. Y es absolutamente nula, cuando el inculpado, se trata de un servidor público o colaborador del gobierno estatal.
Hace ocho meses, amable lector, interpuse una denuncia con relación al hostigamiento al que fui víctima por parte de la hoy extinta, Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) –el 12 de noviembre del 2013 y la denuncia fue interpuesta el 17-. El día de ayer, a las 11:00 horas, se tuvo una audiencia “conciliatoria” con dos policías ministeriales quienes fueron llamados a declarar para que respondieran sobre los hechos antes señalados. En términos generales amable lector, los dos sujetos describieron haber estado en la zona, pero narraron una historia ajena y en tiempos absolutamente diferentes a la que mi persona fue objeto de parte de los servidores públicos.
Para terminar pronto inteligente lector, no se pudo “conciliar” absolutamente nada, debido al parecer la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Atención de Denuncias contra Periodistas no pudo realmente dar con el paradero de los tres policías ministeriales que participaron en dicho hostigamiento. A la cita arribaron únicamente dos agentes, quienes no se pudieron determinar su culpabilidad o inocencia sobre los hechos de intimidación.
Para el fiscal responsable, René Álvarez Márquez, le resultó sorpresivo no haber logrado avanzar en la indagatoria; pero para la percepción personal, resultó en vano el traslado a la ciudad de Xalapa, para que no prosperar ni un milígramo en dicha investigación. ¿Tendrán que pasar otros ocho meses más para que se pueda conocer quien fue el que ordenó dicho acoso?
También aprovechando mi estancia a la dependencia, pregunté sobre el avance del caso del estudiante Enrique Guzmán Tomes, quien fuera también interpuesta una denuncia en su contra, por daño moral, acoso y solicitar que el gobierno duartista ejecutara una aprehensión para enviarme a la cárcel. Tres meses han pasado y hasta ahora, la lentitud ha hecho presa a la Fiscalía, pues argumentan que no se ha avanzado luego de que no han logrado dar con el domicilio del porro estudiante para dejarle el citatorio.
¿No sería una opción por parte de la dependencia el acercarse a las autoridades de la facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana para que ésta proporcione la ubicación de su residencia?
En resumen, la situación de los casos, avanzan con una lentitud desesperante. La intención a todas luces es proteger no tan sólo a los agentes de la policía ministerial y porro estudiantil.
En contraste
La noticia de la captura de Jesús Amado Martínez Carvajal, quien se luego de haber asesinado a su esposa en el 2011–dándole un balazo en la nuca- le fue girada una orden de aprehensión girada por parte del Juez de Primera Instancia por el delito de homicidio doloso –causa penal número 95/2011/V, y la Investigación Ministerial 333/2010/V/VER.04- y que lo mantuvo a salto de mata. El sujeto fue capturado en Tijuana y logró su libertad al pagar 50 mil pesos de fianza.
Dicha resolución del juez fue considerada como una literal burla para los veracruzanos que siguen el proceso legal de la periodista, María Josefina Gamboa Torales, a la que el gobierno del estado, aprovechó la oportunidad de castigarla por su ejercicio periodístico, implementando la fabricación de pruebas y una campaña negra a través de sus medios de comunicación de “pre-pago”, luego de que esta tuvo el infortunio ser una de las principales protagonistas del problema vial, en donde resultó atropellado el joven José Luis Burela López.
En este último caso, la periodista contó con un ejercicio de la ley absolutamente “efectivo” por parte de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, cuando esta dependencia se ha caracterizado de padecer un “sangrante” tortuguismo en los miles de procesos legales que sus ministerios públicos mantienen abiertos y más cuando las investigaciones se refieren a casos como los cadáveres encontrados en la localidad de Nopaltepec –donde es oriundo Fidel Herrera Beltrán, donde hasta el día de hoy, sólo han identificado a ocho osamentas de 30 que fueron extraídos de la fosa clandestina.
Podríamos preguntarle al procurador, Bravo Contreras, que me describa la situación también en el caso de Luciano Enrique Ayil Gamboa, quien fuera literalmente asesinado en Hospital General de Veracruz a cargo de Rafael de Jesús Picazo Figueroa, cuando el médico –carnicero- cirujano, Juan Carlos Bravo Soriano -luego de practicarle una intervención programada- le quitó la vida al cortarle significativas arterias y permitir que este se desangrara, comprometiendo importantes órganos, provocando que estuviera luchando por 16 días en terapia intensiva, el cual pereció el pasado 20 de noviembre del 2013.
Ha ocho meses de este artero asesinato por el protegido de Picazo Figueroa, no ha sido detenido y hasta donde se sabe, continúa trabajando sin problema alguno en dicho hospital, dándole la oportunidad de matar a más pacientes.
Nos encantaría que con relación a este homicidio culposo por parte de Juan Carlos Bravo Soriano, se procediera con la misma agilidad que le ha dedicado el procurador General de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras al caso de la colega periodista, María Josefina Gamboa Torales, en donde se tomó la molestia de convocar a rueda de prensa para adelantar la culpabilidad –indebidamente- a la periodista, cuando su función es “procurar” la justicia en la entidad veracruzana.
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