EDUARDO ESQUIVEL
@EsquivelAncona
La lucha contra la corrupción no puede hablar de borrón y cuenta nueva.
El pasado 27 de agosto el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, advirtió que el periodo reformador en México no ha terminado, debido a que falta cumplir con la principal demanda de la ciudadanía, que es el combate a la corrupción, por lo que se debe dar trámite a la ley que vigile y combata estas prácticas a través de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue aprobada por el Senado en diciembre pasado.
La Ley Anticorrupción vigilará la correcta implementación de las reformas estructurales y que estas modificaciones en la legislación en verdad contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, “con la debida transparencia”, abundó el dirigente del PAN.
La lucha contra la corrupción no puede hablar de borrón y cuenta nueva, como pretenden los panistas, dejando en el olvido los malos manejos y falta de transparencia que hubo en varios sectores de la administración pública durante los 12 años que estuvieron en el poder los blanquiazules. Para un efectivo freno a la corrupción se tienen que investigar los casos de fraude y malos manejos que involucraron a funcionarios de la presente y de las pasadas administraciones, que se coludieron con empresarios y personas del crimen organizado para defraudar, causando daño a sectores de la población y al patrimonio del Estado.
Los casos de corrupción en la administración pública que más han impactado a la opinión pública del país en los últimos años y en donde no se ha realizado una adecuada investigación y tampoco se ha hecho justicia, dejando impune los delitos de varios de los participantes en los ilícitos, son muchos, destacando el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que provocó la muerte de 49 niños hace más de 5 años, y aun cuando existen evidencias y sospechas de cómo y por qué se inicio el fuego, no se ha detenido a los verdaderos culpables, ni tampoco se ha transparentado debidamente la subrogación de guarderías a privados que hicieron los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni quién debía ser el encargado de vigilar la actividad adecuada de la guardería, que a todas luces funcionaba sin las medidas mínimas requeridas en lo que respecta al protección civil del lugar.
Existen otros casos de corrupción que no se han transparentado y que tampoco se han hecho las investigaciones que amerita la ocasión, el acto más significativo en mi opinión, y que retrata los malos manejos, los actos fraudulentos, el tráfico de influencias, además de la colusión de funcionarios públicos de alto nivel con empresarios, nos lo da el caso de Oceanografía, que causó pérdidas significativas al patrimonio de Pemex.
Oceanografía fue fundada hace 46 años en Campeche por Armando Yáñez Correa, con el fin de ofrecer servicios petroleros, pero fue a partir de que el hijo de su fundador, Armando Yáñez Osuna, toma las riendas del corporativo, es que esta empresa empezó a crecer, contando con la ayuda poco transparente e ilegal de Guillermo Sahagún y los hijastros de Vicente Fox, los hermanos Bribiesca Sahagún; Oceanografía consiguió jugosos contratos en Pemex, que en ese entonces era dirigido por Raúl Muñoz Leos.
La empresa de Armando Yáñez Osuna se volvió la contratista consentida de Pemex, tanto en transporte marítimo, como en limpieza y saneamiento de derrames, perforaciones en aguas someras y cuanta oportunidad hubiera durante los 12 años de los panistas en el poder, lo que provocó que Oceanografía experimentara una colosal expansión, además contaba también con el apoyo de sus socios, como el sobrino de Francisco Gil Díaz, Martín Díaz Álvarez, que volvió a la empresa el primer cliente de Banamex, y con los Rodríguez Borgio, dueños de Caja Libertad y de la tercera red en importancia de franquicias de gasolineras de Pemex.
Durante los gobiernos panistas, Pemex exploración y Producción (PEP) otorgó 106 contratos a la empresa Oceanografía por un valor total de 45 mil millones de pesos.
En el sexenio de Vicente Fox (2000 – 2006), Oceanografía obtuvo de Pemex contratos por 10 mil 530 millones de pesos, en tanto que en el gobierno de Felipe Calderón (2006 – 2012), la empresa logró tener 69 contratos con la paraestatal, que triplicaron el monto a 35 mil millones de pesos. Solamente en 2008 la empresa de Yáñez Osuna obtuvo contratos por 12 mil 439 millones de pesos.
La mayoría de los contratos de Oceanografía con Pemex presentaban serias deficiencias e irregularidades en la asignación de las obras, que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde el 2004, pero la dirigencia de la petrolera estatal ignoró estas advertencias.
La paraestatal, ese año a cargo de Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, también ignoró las alertas de la Cámara de Diputados sobre la presunta corrupción que envolvía a Oceanografía, corporativo presidido por Armando Yáñez Osuna, pero con vínculos que iban desde Juan Camilo Mouriño hasta César Nava y los hijos de Marta Sahagún: Manuel y Alberto Bribiesca.
La red de favoritismo se dio al amparo del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, cuyo hijo, Gonzalo Gil White, es propietario de la empresa Oro Negro, otra beneficiaria de contratos por servicios de hidrocarburos.
Los informes de las cuentas públicas de 2000 a 2012 dan cuenta de que la auditoría detectó que la empresa incumplía con la entrega de obras asignadas y corroboró que existían deficiencias en su comprobación de recursos desde la administración de Vicente Fox; sin embargo, Oceanografía siguió ganando contratos de Pemex durante el sexenio de Felipe Calderón, en el cual también hubo advertencias.
Tan sólo en la fiscalización de 2006, la cual revisó el último año de Vicente Fox al frente del gobierno federal, la ASF detectó al menos dos contratos que Pemex celebró con Oceanografía en los que hubo un sobrecosto del 93 por ciento.
De acuerdo con informaciones consultadas existen 22 contratos que fueron aprobados en los sexenios panistas y que siguieron vigentes. La mayoría vencerán a finales del presente año o en el 2015, pero siete de ellos – todos por montos superiores a 200 millones de pesos- concluirán hasta el 2022.
Felipe Calderón al final de su sexenio logró meter a Mario Ávila Lizárraga como Subdirector de Operación Marítima de Pemex y Carlos Morales Gil subdirector de PEP y del propio secretario del sindicato, Carlos Romero Deshamps, todos a favor de Oceanografía e incluso el primero de ellos todavía le firmó un contrato por 100 millones de dólares en el principio del sexenio de Peña Nieto, al final de cuentas la era “Yáñez Osuna” con la cúpula del panismo tenía que concluir. El botín era de tal magnitud que al gobierno priista no le podía pasar desapercibido.
La naviera de Yáñez Osuna no sólo cometió irregularidades con Pemex. En 2005 Oceanografía presentó facturas supuestamente apócrifas para la obtención de un crédito por 30 millones de pesos, otorgado por el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) de acuerdo a una investigación iniciada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública.
El pasado mes de marzo el IMSS también interpuso una demanda contra Oceanografía por supuesto fraude en perjuicio del instituto y de los trabajadores, relacionado con irregularidades en las cotizaciones.
La Procuraduría a su vez tomó conocimiento del reporte del INFONAVIT respecto a la evasión de pagos a los trabajadores por casi cuatro años, y por un monto que sumaría aproximadamente 50 millones de pesos.
El pasado mes de febrero, Oceanografía fue inhabilitada para trabajar con cualquier entidad gubernamental durante 21 meses, gracias al resultado de diversas investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual informó que la empresa realizó cobros que excedieron el precio pactado de los servicios prestados a la paraestatal.
Mediante una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, la SFP declaró la inhabilitación por un año con nueve meses y 12 días a Oceanografía S.A. de C.V., resultado de la investigación en nueve expedientes en que se prueba que la empresa realizó modificaciones a contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP) mediante convenios, con los cuales se incrementaron los cobros a la paraestatal hasta llegar a 3,250 millones de pesos adicionales, además de la omisión de casi 150 millones de pesos en fianzas de la empresa a la paraestatal.
Lo que desató el escándalo de Oceanografía este año, fue el fraude de Armando Yáñez Osuna a Banamex- Citigroup, cuando esta empresa petrolera consiguió un crédito por más de 400 millones de dólares del banco estadounidense, con facturas apócrifas de Pemex, lo que causó una pérdida millonaria a la institución financiera.
Oceanografía a pesar de haberse declarado en quiebra y haber sido suspendida, un juez le permitió a la empresa petrolera, seguir cumpliendo sus contratos con Pemex y con esto, dejar que nuevos inversionistas puedan rescatarla. Para varios analistas el grupo de Miguel Alemán Magnani, está muy interesado en invertir en la empresa fundada por Armando Yáñez.
Los órganos de vigilancia y regulación del sector energético, deben estar atentos a que no vuelvan a suceder hechos de corrupción como en Oceanografía, que han deteriorado el patrimonio del país y perjudicado en lo económico a un gran número de mexicanos.
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