Por: Paloma Montes García
Ayer, entre retratos de desaparecidos, el periodista Carlos Fazio sentenció: “Los ataques sucesivos de la policía municipal y un grupo de civiles armados contra los estudiantes de Ayotzinapa configuran un acto de barbarie que fue planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada”.
En el Museo-Casa de la Memoria Indómita, sitio que el Comité Eureka acondicionó para recordar las desapariciones forzadas, el Círculo de Estudios Central organizó la charla “Ayotzinapa, terror clasista” para discutir sobre lo ocurrido en Iguala.
Alrededor de 50 personas se dieron cita a las siete de la noche para, a través del análisis, exigir la aparición con vida de los 43 normalistas y hacer un llamado para que se castigue a los culpables materiales e intelectuales.
Al respecto, el autor de Terrorismo mediático, explicó que lo ocurrido en Guerrero no se trata de un hecho aislado, como ha insistido el gobierno federal, pues todo el territorio nacional está salpicado de fosas comunes.
En contraste con la idea que se ha difundido sobre el lento proceder del Estado, Fazio explicó: “El Estado sabía todo en tiempo real, no intervino porque estaba viendo cómo iba a procesar lo ocurrido el 26 de septiembre en función de sus propios intereses”.
Desde la perspectiva del analista de La Jornada, los hechos del 26 y 27 de septiembre forman parte de la sistemática estigmatización y asedio contra los estudiantes de la normal Isidro Burgos, quienes al igual que los normalistas de Tiripetío, Michoacán son los más activos del país.
Sobre la hipótesis planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) acerca de que el grupo criminal Guerreros Unidos está detrás del ataque, mencionó: “Esa coartada fue utilizada recurrentemente por el gobierno de Felipe Calderón como parte de una mecánica de desgaste que disuelve las evidencias y permite la impunidad. Se trata de una lógica perversa que busca difuminar responsabilidades y encubrir complicidades oficiales”.
Como ejemplo mencionó la fuga del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores. Además, relató que durante el hallazgo de las últimas fosas en el basurero de Cocula, la población estuvo presente en la escena y agarró ropa, lo cual manipuló los peritajes. “Si el gobierno permitió que las evidencias fueran tratadas de esa forma, es porque de manera intencional quiere todo se enrede lo mayor posible”.
La confusión favorecería que los verdaderos responsables no sean castigados, por lo que el profesor de la UNAM y la UACM, advirtió: “No es creíble que los hechos hayan respondido a una acción inconsulta de un grupo de policías. Resulta en extremo sospechoso que las investigaciones no contemplaran desde un inicio a la cadena de mando del operativo Guerrero Seguro, donde participan la Marina, el Ejército y la Policía Federal”.
En ese sentido, Carlos Fazio recordó las declaraciones de Omar García, representante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, quien relató cómo “efectivos castrenses” acudieron al hospital Cristina, a donde se llevó a uno de los estudiantes heridos.
Según el testigo, los soldados llegaron minutos después que ellos, les quitaron sus celulares y pidieron al médico de guardia que no atendiera a la víctima.
Hasta el momento, el testimonio de Omar García no ha sido desmentido por ninguna autoridad, por lo que el periodista apunta: “Resulta obvio que, por acción u omisión, los mandos castrenses de la zona militar tienen responsabilidad en los hechos de Ayotzinapa, pues una de las grandes incógnitas del caso es por qué el 27 Batallón, que está ubicado a cinco minutos de donde ocurrieron los hechos, tardó tres horas en acudir”.
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