PEDRO ZAMORA BRISEÑO
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| Una de las protestas para exigir el esclarecimiento del asesinato de Regina Martínez. Foto: Rubén Espinosa |
COLIMA, Col. (apro).- A más de dos años y medio del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, las investigaciones sobre el caso se han caracterizado por una enorme opacidad y desaseo, afirmó Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
La actuación de las autoridades, que primero liberaron y después recapturaron a uno de los presuntos implicados, muestra que “hay unas ganas de querer resolverlo (el crimen) de la manera que sea, inventando incluso declaraciones, inventando culpables que no hay. Lo grave es que realmente no se está investigando”, agregó.
Lagunes Huerta visitó esta ciudad para presentar el informe “Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas”, ante estudiantes y profesores de periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima.
Entrevistada al final del evento, la titular de CIMAC dijo que el homicidio de Regina Martínez –ocurrido el 28 de abril de 2012– es uno de los casos emblemáticos de la impunidad que persiste en los ataques contra periodistas en el país.
“Fue la primera marcha fuerte que hicimos, que nos sacó a las calles a los periodistas. ¿Cuándo nos habían visto marchar acompañados además de colegas de otras entidades federativas? Nos sigue doliendo por supuesto, pero también nos sigue indignando, no es solamente que estemos dolidas y pasivas, sino dolidas e indignadas y estamos moviéndonos”, comentó.
Veracruz en sí misma, añadió, es una entidad que “sigue teniendo una deuda enorme con el periodismo, porquen después de Regina Martínez vinieron otros asesinatos de colegas y antes ya estaban otros asesinatos de colegas. Creo que una de las cosas más tristes, indignantes y vergonzosas es que el gobernador (Javier Duarte) haya aceptado un premio a la libertad de expresión sabiendo esa deuda: Vergonzoso para quien lo dio, vergonzoso para quien lo recibió”.
A propósito del papel que ha jugado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR), la directora de CIMAC comentó:
“Ha sido un chasco, por desgracia es una instancia que no está funcionando para lo que fue creada, que está gastando recursos públicos de manera deficiente. No es posible que no pueda detener, que no pueda enjuiciar, que no pueda intervenir realmente para garantizar la libertad de expresión en el país”.
Para que una instancia de esta naturaleza funcione, aseguró, debe tener cierta autonomía y la persona que sea designada “tendría que saber realmente a qué le está entrando, pues no ha existido claridad en el papel de quien dirige la fiscalía y lo que tiene que hacer. Además de que no hay voluntad política para detenga a los agresores de los periodistas”.
Lucía Lagunes refirió que a nivel internacional hay un parámetro para medir la voluntad política de los estados, a partir de que haya instancias y recursos. Cuando existen esos dos elementos, explicó, parece que se está cumpliendo.
No obstante, aclaró que con la experiencia de México “tenemos que empezar a integrar un tercer elemento: Que la instancia y los recursos den resultados, porque sí hay una instancia y hay recursos pero no está dando resultados, lo que quiere decir que algo no está funcionando”.
El resultado de una fiscalía con recursos, expuso, “debe de ser que la violencia disminuya, que los agresores vayan a donde tienen que ir, que se proteja a las víctimas, que se repare el daño y que se garantice la no repetición”.
La periodista recordó que en la última década, México ha construido una legislación de avanzada en materia de protección de derechos humanos, pero no se cumple. “Y cuando es el propio Estado, el propio gobierno, el que no está haciendo cumplir la ley, el mensaje, el daño, es mucho mayor para la sociedad”, dijo.
Presentado por Lagunes Huerta y Yunuhen Rangel Medina, el informe de CIMAC advierte que del 2012 al 2013 se incrementó 25.5% la violencia contra mujeres periodistas en México y la mayoría de las agresiones han quedado impunes.
Durante los últimos once años, señala el estudio, 184 trabajadoras de la información han sufrido ataques que van desde amenazas hasta asesinatos. De ese total, 86 fueron agredidas en los años 2012 y 2013.
“Desde 2002 —apunta el informe— existe una recurrencia en la totalidad de las cifras que se confirma en los últimos cuatro años, periodo en el que las cifras aumentaron considerablemente, lo que confirma que en contextos de violencia contra periodistas como el que actualmente se enfrenta en México, las reporteras son el eslabón más débil en los medios de comunicación”.
En su intervención como comentarista del documento, la estudiante de periodismo Dilva Sofía Chávez Vázquez manifestó:
“La información presentada en este informe no son buenas noticias para las mujeres periodistas; son casos reales, estremecedores, que afectan y que probablemente pensemos que como estudiantes estamos muy lejos de ellos, pero lo cierto es que estamos dentro del mismo campo. Es decir, que en determinado momento también podemos ser víctimas, por lo tanto es necesario que estemos preparadas”.
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