La Procuraduría General de la República está en un aprieto: por un lado,
despidió a casi 100 pilotos por supuestos recortes presupuestales, pero por
otro lado renta aeronaves hasta por un millón de dólares.
Documentos en poder de REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO indican
que la dependencia encabezada por Marisela Morales celebró, al menos el pasado
mes de octubre, dos contratos para arrendar vehículos aéreos por 15 días, cuyo
monto asciende hasta más de 18 mil millones de pesos.
Ayer, al mediodía, alrededor de 60 ex trabajadores se reunieron para
discutir su situación en torno a los despidos injustificados por parte de la
Procuraduría General de la República. Dos son los motivos que los mantienen
unidos y preocupados: el primero, limpiar su buen nombre frente a las
declaraciones de la dependencia gubernamental, quién ha manejado desde el
principio la historia de que 81 de los trabajadores no pasaron los controles de
confianza y están ligados, posiblemente, a casos de narcotráfico y corrupción.
El segundo motivo es buscar, en conjunto, una solución jurídica al despido
injustificado del que fueron víctimas.
Según declaraciones, los trabajadores fueron forzados a firmar su
renuncia. Desde entonces, el acceso a las bases ha sido denegado para todos
ellos. Sólo frente a los abogados y la presencia de algunas cámaras, se
permitió el acceso a los hangares, tratando de negar la versión que dio el
personal despedido. Para desmentirlo, estos últimos presentaron copias del
oficio no. DGSA/DM/SRBC/284/2012 que incluye una lista con los nombres de
36 personas que no tendrán “Por ningún motivo el acceso a estas instalaciones
hasta nuevo aviso”.
Para demostrar que la opacidad no se limita al cese de actividades de
toda un área, los afectados presentaron facturas, en poder de REVOLUCIÓN
TRESPUNTOCERO, a nombre de la Procuraduría General de la República por
concepto de renta de aeronaves privadas, una de ellas por un monto de casi 1.4
millones de dólares, aunque una de las razones que la Procuraduría dio para
detener las actividades de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA)
era la falta de presupuesto para refacciones de aviones y helicópteros. Se
presume que las aeronaves servían para propósitos personales de la procuradora
Marisela Morales.
Además, la dependencia gastó 7 millones de dólares en una auditoría
realizada por la compañía estadounidense JDA Aviation Solutions, aunque
bien pudo haberla realizado la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para uno
de los pilotos entrevistados, la auditoría, realizada en esas condiciones,
vulnera la soberanía de las instituciones mexicanas.
Se acusa a pilotos y mecánicos de ordenar compras mayores de
herramientas para los aviones. La realidad, aseguran, es que dichas compras las
realiza la PGR por medio de licitaciones, y en el caso particular en el que la
dependencia basa sus declaraciones, los afectados han señalado al capitán
Arturo Duart Irabién y al General Víctor Manuel Noble Contreras como
responsables de dichos movimientos.
Hasta el 22 de noviembre, sumaban 42 elementos cesados sólo de la base
en Morelos. Algo similar ocurrió en las Bases Aéreas del Distrito Federal,
Tepic, Guadalajara y Hermosillo. A los pilotos, técnicos, mecánicos y
almacenistas, se suman delegados, subdelegados y personal administrativo;
se prevé que para el 30 de Noviembre el cierre de la DGSA sea total.
Tanto la DGSA como la titular de la PGR se deslindan de la toma de
decisiones. Los primeros dicen que fueron órdenes superiores. La carta de baja
la firma el director general de Recursos Humanos de la Procuradurìa, Rodolfo de
la O Hernández.
Para los trabajadores quedan tres caminos: juicios de amparo, exigir la
liquidación que marca la ley o buscar su reinstalación como trabajadores de la
PGR. También contemplan la posibilidad de juicio político a quien resulte
responsable tanto por los despidos masivos como por la desaparición abrupta de
toda un área de operación.
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