EPN debe nombrar una fiscalía especial, en manos de alguien irrefutable, propone.
La administración actual, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto no termina de entender que en los doce años que el PRI estuvo fuera del poder, el país cambió y ahora parece que lo que quieren es “barrer la crisis de la casa blancabajo el tapete”, señala Jorge Suárez Vélez.
Se reproduce el artículo, publicado hoy originalmente en el diario El Financiero:
Tomemos la “casa blanca” en serio
Periódico El Financiero
Todo parece indicar que la administración del presidente Peña Nieto está decidida a barrer la crisis de la “casa blanca” bajo el tapete. Desafortunadamente, ésta es de tal magnitud que hace que quien pase por ahí se tropiece.
Da la impresión de que esta administración priíita no acaba de comprender del todo cuánto cambiaron las cosas en los doce años que estuvieron fuera de Los Pinos. Para empezar, la prensa se liberó del yugo impuesto por prácticas de “comunicación social” que iban desde el soborno sistemático (el infame “chayo”) hasta la censura flagrante. También se desarrollaron las redes sociales que hacen imposible controlar qué se difunde y cómo. Si bien éstas no tienen el alcance a través de clases sociales que logran televisión y radio, sí tienen enorme influencia entre clases media y alta, entre líderes de opinión, y particularmente en los jóvenes de cualquier estrato social.
Claramente, hay esfuerzos tangibles para ejercer mayor control sobre contenidos en medios electrónicos y prensa. Sin duda, ese esfuerzo provoca autocensura. Me sorprende que columnistas inteligentes y enterados, incluso algunos a los que conozco personalmente y respeto, han tratado el tema de la “casa blanca” en forma marginal y con pinzas.
El daño de la “casa blanca” está hecho. Le quita credibilidad al presidente cuando ni siquiera había recorrido un tercio de su administración. Lo debilita para conducir una posible reforma al Estado de derecho. Más aún, pone un aire de sospecha sobre todos los procesos de licitación, tanto previos como en curso: telecomunicaciones, aeropuerto, etcétera.
El presidente no debe resignarse a ser abucheado cada vez que aparezca en público en los próximos cuatro años, o al tipo de confrontaciones que sufrió hasta sus últimos días un presidente como López Portillo, a quien le ladraban cada vez que se presentaba en público, después de dejar la presidencia.
No podemos tener un país en el que millones de mexicanos hoy tienen que pasar por engorrosos procesos de facturas electrónicas, y por otros trámites que los fiscalizan en forma más eficiente, resintiendo que las reglas no apliquen para el presidente o para sus amigos. No podemos impulsar a que crezca la formalidad en la economía cuando la propuesta para quien paga impuestos implica total falta de transparencia sobre cómo se gastarán los recursos que el contribuyente, con sacrificio, aportó.
A nivel internacional, si la administración peñista estuviera dispuesta a tomar el toro por los cuernos, esta acción rendiría frutos abundantes. Cambiaría de golpe la percepción sobre la administración y sobre el país, no exagero. México corre el riesgo de ser percibido no como una “cleptocracia” a la rusa, pero sí como perenne “dexiocracia” (el “gobierno de la mordida”, bautizado así por Jesús Silva Herzog Márquez: http://refor.ma/ihnb). Esa percepción se vuelve una especie de impuesto que todos pagamos porque quien quiera hacer negocio en México lo piensa dos veces, y tiene que aplicar un descuento para compensar por la complicación implícita en un sistema que requiere de ser “aceitado”, corriendo además el riesgo de ser víctima del compadrazgo y de la falta de transparencia.
El problema de la “casa blanca” no sólo mancha la imagen del presidente, confirma que hubo una licitación tramposa y amañada. Si bien ésta fue cancelada, es un escándalo que la Procuraduría no haya emprendido causa legal alguna contra funcionarios públicos y contratistas. La protección a Grupo Higa refleja un aparente miedo a que se investiguen procesos que ocurrieron antes en el Estado de México, o a que se involucre al propio presidente. Este es un riesgo que tiene que asumirse.
Es profundamente condescendiente pensar que fue creíble la explicación de la primera dama sobre la compra de la casa. Si es cuestionable el proceso que llevó a la compra, vender la casa nada resuelve. Si hubiera sido otro actor de Televisa quien se viese envuelto en un evento similar, rápidamente hubiera habido una auditoria fiscal. Hacienda usualmente aprovecha casos de personajes con alto perfil público para mostrar que nadie está por encima de sus obligaciones fiscales. La primera dama no puede ser la excepción.
EPN debe nombrar una fiscalía especial, en manos de alguien irrefutable. El tímido proceso que comienzan los diputados carece de credibilidad. Se debe investigar tanto [el tema de] la “casa blanca” como la licitación del tren rápido a Querétaro. La investigación debe incluir una auditoría de las finanzas de la primera dama. Muchos mexicanos recuperaríamos la fe en que México puede ser un país diferente, en que las exitosas e importantísimas reformas estructurales fueron sólo el cimiento para erigir un país más sólido y con mayor promesa de largo plazo.
La administración peñista tiene una oportunidad de oro para mostrarse dispuesta a encarar el problema de impunidad. Si lo hace, encontrará muchos aliados. Los tiempos han cambiado. Las actitudes tienen que reflejarlo.
ARISTEGUI NOTICIAS
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