El senador Alejando Encinas Rodríguez informó que envió a la Procuraduría General de la República (PGR) copia de documentación que acredita el presunto desvío de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), delegación Veracruz, en el que habrían participado funcionarios federales y estatales de la dependencia, por un monto de al menos 500 millones de pesos, mismos que son utilizados con fines electorales.
“La información que se nos entregó corresponde a una presumible filtración resultado de diferendos en la disputa política y el control de recursos federales en el estado de Veracruz, que protagonizan diferentes facciones del PRI…por el tipo de documentación presentada, la sistematización de la misma, así como los recursos técnicos empleados para la producción de los videos, es evidente que se trata de personas que conocen la problemática; que tuvieron acceso a los documentos oficiales, y que conocen los mecanismos de operación político electoral para el desvío de recursos públicos”, señaló el legislador en conferencia de prensa en el Senado de la República.
Encinas detalló que el pasado 16 de abril le hicieron llegar a su oficina un sobre con una carta suscrita por “Funcionarios Honestos de la Sedesol Veracruz”, y una memoria USB que contenía información relacionada al presunto fraude. Tras su análisis, consideró que existen elementos suficientes que acreditan cómo opera el desvío de recursos a favor de un partido político, así como las debilidades de los sistemas de control y fiscalización de los mismos.
De acuerdo a la información, de los 8 millones de pesos destinados al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, sólo se distribuyeron 2 millones a los beneficiarios; se documenta también el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias, cada una con un monto de mil 512 pesos, y que en total suman 302, 400 pesos.
En los oficios entregados al legislador se denuncia la operación sistemática y permanente de falsificación de expedientes y firmas, endoso de cheques y sustracción de cobros, falsificación de facturas, además de que se llama la atención sobre el registro de más de 100 obras públicas cobradas y reportadas que no se realizaron y que involucrarían a funcionarios federales, estatales y municipales, así como a empleados de telégrafos, empresas y trabajadores externos.
Además de la PGR, el senador entregó las denuncias a la Sedesol, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se implementen las acciones legales correspondientes.
Encinas Rodríguez señaló que “de comprobarse, dan cuenta de cómo se despoja a los sectores más pobres de este país, de recursos públicos que deberían atender la condición de vulnerabilidad que enfrentan y no favorecer a un partido político y comprar el voto, profundizando el clima de corrupción e impunidad que asfixia a México”.
Irregularidades de antaño
En febrero pasado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, informó que tras el análisis de la cuenta pública 2013, se pudo determinar que Veracruz fue la entidad de la República que registró el mayor número de irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante ese ejercicio fiscal.
En esa ocasión, la ASF llamó la atención sobre el uso de 396 millones de pesos para el abastecimiento de los promotores de la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde se identificaron compras por 57 millones de pesos por concepto de “vasos de plástico duro color”; 10 millones de pesos en “gorras para brigadistas”; 13 millones de pesos en “porta credenciales”; 96 millones de pesos en “tortilleros color impreso” y 79 millones en “paliacates”.
La dependencia señaló en esa ocasión que la compra de dichos artículos, “no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional”.
Balconeados por el PAN
En 2013, el Partido Acción Nacionall (PAN) exhibió conversaciones telefónicas de funcionarios de la Sedesol en Veracruz, en las que se les escuchaba ponerse de acuerdo sobre el uso de los recursos de la dependencia en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones locales que se realizaron ese año en la entidad, haciendo uso indebido de más de 360 millones de pesos destinados a programas como Oportunidades, Piso Firme y 65 y más.
Ante las críticas y exposiciones públicas, Peña Nieto instruyó a Rosario Robles, titular de la Sedesol, “aguantar”.
Sin embargo ese señalamiento solamente costó el empleo a varios funcionarios menores de la dependencia, entre ellos, el delegado Ranulfo Márquez Hernández, hoy secretario de desarrollo social en Veracruz, quien fue sustituido por Marcelo Montiel Montiel, personaje central en las denuncias presentadas.
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