Por Ignacio Carvajal, especial para SinEmbargo
Coatzacoalcos,Veracruz 12 de junio (SinEmbargo/Blog.Expediente).–
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que personal de
la Fiscalía de Veracruz, que encabeza Luis Ángel Bravo Contreras, y de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular es Arturo Bermúdez Zurita,
actuaron en complicidad en “la detención arbitraria y la desaparición forzada”
del cantante Gibrán Martiz, y dos de sus amigos.
El joven resultó asegurado por oficiales de la SSP que viajaban en
la patrulla 20-1778 (placas 00-7191), el siete de enero de 2014, en la capital
del estado, cuando se encontraba en una camioneta con vidrios polarizados y en
la cual encontraron un arma de fuego.
En todo momento los oficiales rechazaron haber detenido a Gibrán y
a sus amigos; pero conforme los cargos crecían, y al ser presentados ante el
Ministerio Público, reconocieron la detención y acotaron haberlos dejado en
libertad sin sanción de por medio.
Los gendarmes, siete en total, quedaron detenidos; pero el juez
Florencio Hernández Espinoza, adscrito a Pacho Viejo, determinó que era
suficiente que cada uno pagara 5 mil pesos de fianza, pues el delito no era
grave: incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y coacción.
Sin embargo, a poco más de un año de que Gibrán Martiz y su amigo
menor de edad fueron encontrados sin vida, en un paraje de Puente Nacional
-José Eduardo de la Cruz permanece desaparecido-, después de un presunto
enfrentamiento entre policías y maleantes, salen a la luz detalles investigados
por la CNDH que dejan como incompetentes y dolosos a los colaboradores de Bravo
Contreras, sobre todo en el área de Periciales.
Una de las revelaciones más fuertes la hizo el propio padre del
cantante, Efraín Martíz, al contactar al proveedor de telefonía celular del
móvil de su hijo y buscar la geolocalización de su última posición.
La investigación fue un tanto “doméstica” pues se valió del
ingenio y herramientas al alcance de cualquiera: la aplicación de mapas de
Google; aunque el hallazgo terminó siendo escalofriante: el teléfono había
estado activo desde el día 8 al 14 de enero y las coordenadas arrojadas por las
aplicaciones daban las de la academia policial de El Lencero, ubicada sobre la
autopista Veracruz-Xalapa.
Los siete oficiales implicados son: Felipe de Jesús López
Domínguez, Uriel Pérez, Manuel Ortiz Alarcón, José Luis Pérez Vela, Iván Cortés
Espíritu, Mauricio Rodríguez Santiago y Abel Bruno Martínez.
Los siete asentaron en su declaración ante el Ministerio Público
que sí habían detenido a los chicos; pero que tras un severo regaño por
haberles encontrado dos pistolas, en una unidad polarizada, los dejaron libres
en la calle Ferrocarril Interoceánico.
En la investigación de la CNDH se detalla que al revisar las
cámaras de video de la zona señalada por los oficiales, “no se contaron con
elementos técnicos objetivos” que confirmaran la versión. En las cámaras
aparecieron las unidades oficiales; pero se fueron de largo; en ningún momento
bajan a los detenidos, como declararon ante el MP.
La otra irregularidad es que si los habían detenido la policía
debía ponerlos a disposición del Ministerio Público y tampoco pasó, de allí que
“este Organismo Nacional cuenta con elementos que permiten evidenciar la
detención arbitraria y la desaparición forzada” de Gibrán Martiz y sus amigos
consumada por los elementos de la patrulla 20-1778″.
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