MEXICO, D.F. (apro).- La
organización Mexicanos Primero –corporación que representa los intereses de una
élite empresarial en el país– anunció esta mañana que presentó una denuncia
penal en contra del líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginez, fincada en Oaxaca.
Firmada por Claudio X. González y David Calderón, presidente y director general de Mexicanos Primero, el recurso legal contra el oaxaqueño fue interpuesto el lunes 6 de julio ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “ejercer funciones distintas a la docente” y por presentar más de tres faltas en un periodo de 30 días, en su caso excediendo en más de 20 veces lo contemplado en la ley.
Así lo argumentó el abogado José Luis Izunza, amparado en la Ley del Servicio Profesional Docente y en la Ley Federal del Trabajo.
“Consideramos que hay conductas delictivas para poner en conocimiento del Ministerio Público Federal”, dijo en conferencia de prensa el jurista que presentó como pruebas una recopilación de notas periodísticas donde se acredita la presencia de Núñez Ginez en sitios muy distantes al poblado de Putla, en Oaxaca, donde tiene asignadas dos plazas por las que cobraría más de 100 mil pesos mensuales.
“La asociación (Mexicanos Primero) se ha percatado de que el señor Rubén Núñez Ginez, que tiene plaza en Putla, Oaxaca, ha ejercido funciones públicas distintas a la docente, tanto en la ciudad de Oaxaca como en la ciudad de México, cuando la ley establece que una persona que falta a su trabajo por más de tres días no puede permanecer en él”, dijo el legista para después advertir que también se estaría investigando a otros miembros de la cúpula magisterial de la sección 22.
Y, más allá, pidió investigar a funcionarios locales y federales “que hayan concurrido en la realización de pagos de recursos públicos a estas personas (maestros faltistas) que se considere que no tenían derecho a percibir esos recursos”, concretó el abogado al señalar que Mexicanos Primero le habría confiado el asunto de manera “honorífica”.
Izunza es socio del despacho Izunza y Maluf SC, recordado como el abogado de Carlos Ahumada Kurtz en el proceso que resultó en su excarcelación, en mayo de 2007.
Claudio X. González, por su cuenta, resaltó que la denuncia “no es en contra de los maestros de Oaxaca; es en contra de la mafia enquistada en la cúpula sindical que los coacciona y es en contra de todo un sistema que sostiene a esa organización corrupta. Contra presuntos responsables en el gobierno local y en el gobierno federal: tanto el lado que recibe como el que paga”.
David Calderón calificó de “increíble” que Mexicanos Primero asumiera un papel correspondiente al gobierno federal ante el “incumplimiento sistémico” de la ley por parte de la CNTE. Y apuntó al secretario de Educación, Emilio Chuayffet:
“Si al secretario de Educación le consta, porque le consta, que no se está cumpliendo la ley, no basta que él siga colaborando a su incumplimiento. Tiene al menos la sospecha fundada de que lo están engañando. Lo ha reconocido en público.
“Por qué no está haciendo lo que estamos haciendo nosotros (interponer recursos legales). Le estamos mostrando que se puede hacer una denuncia. Tiene medios legales para dejar de pagar”, dijo el director general de Mexicanos Primero.
Y advirtió: “Si en la investigación el Ministerio Público determina que también hay responsabilidades de los funcionarios de la SEP, también ellos van a tener que responder. Y le pueden fincar responsabilidades al secretario de Educación (Emilio Chuayffet) y a todos aquellos que sean responsables del asunto”, advirtió.
Calderón también lamentó el papel que ha jugado la Secretaría de Gobernación ante la disidencia magisterial. “Se les pone alfombra roja en Segob”, fueron sus palabras.
A pregunta expresa sobre la posibilidad de promover un juicio político contra funcionarios, Claudio X. González respondió: “No descartamos nada”.
Sobre la falta de información de nóminas infladas por parte del gobierno de Oaxaca, el director general de Mexicanos fue más lejos, haciendo un llamado al uso de la fuerza pública:
“Hay medios de apremio. Se puede hacer el llamado a ejercer el uso de la fuerza física pública para que esto se cumpla. No basta hacer declaraciones públicas”, sentenció.
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