31 de octubre de 2016

EXGOBERNADORES PRIISTAS, ABUSADORES DE PODER. ¿A CUÁNTOS TENDRÍA QUE EXPULSAR EL PRI?

El martes 26 de octubre el PRI decidió expulsar de sus filas a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz y determinó que no tocará –por ahora– a los seis diputados federales priistas veracruzanos que formaron parte de su gobierno estatal, sin embargo, adelantó que va por Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán.
Enrique Ochoa Reza se placea por entidades repitiendo un discurso anticorrupción, incluso anunciando que en el PRI no se toleran esas actitudes, por lo que se creará una comisión que detecte corruptelas y megalomanías de futuros gobernadores. La ciudadanía ríe al escuchar sus discursos, al enterarse por la radio, televisión o prensa escrita, de los dichos priistas.
Y efectivamente, son dichos que no van más allá de bravuconerías, palabras huecas. Nadie cree al priista de Insurgentes que “van” por Duarte de Ochoa, menos aún cuando el diario La Jornada de Veracruz reveló que, antes de huir, Ochoa Reza se entrevistó por media hora en el hotel donde daría una conferencia de prensa, con el hoy prófugo exgobernador.
Apenas el viernes, durante su visita por Michoacán, el presidente nacional del PRI dijo que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de su organización política “analiza expulsar a Fausto Vallejo Figueroa”; el motivo, el mismo que le imputaron a Duarte luego de que los medios de comunicación se convirtieron en el instrumento de la justicia “revelando con grandes investigaciones periodísticas” las propiedades, operadores políticos, financieros y jurídicos, de los delitos de Duarte.
Fausto Vallejo está en la antesala de la expulsión de su partido bajo los cargos de “corrupción, enriquecimiento ilícito y falta de probidad”.
Nadie cree las palabras de Ochoa Reza, pues él mismo incurrió en abuso al aceptar la millonaria liquidación, que, aunque el procedimiento figure en el reglamento de la Comisión Federal de Electricidad, es ilegítima, inmoral y éticamente reprochable en un país donde una pequeña de 10 años muere por desnutrición o una madre se suicida y mata a dos de sus hijos porque no le alcanza el sueldo para darles de comer.
Tampoco se le cree a Ochoa Reza porque en el pasado reciente su partido ha creado monstruos políticos dedicados al abuso, enriquecidos durante su paso por las gubernaturas y, además, cínicos. Un ejemplo inmediato es Arturo Montiel, el tío de Peña Nieto, exgobernador del Edomex y a quien se le descubrieron tres terrenos en el lujoso complejo “Santuario”, de Valle de Bravo, casa en Careyes, ¡castillo! en Francia, cuentas millonarias de sus hijos hasta por 35 millones de pesos, propiedades de estos por más de 21 millones de pesos, entre otras cosas.
O se puede empezar por el propio Peña Nieto, con su casa en Ixtapan de la Sal o la mal lograda y millonaria Casa Blanca.
Siguiendo con Michoacán. Cuando Fausto Vallejo, aquejado por un mal físico, pero sobre todo por el surgimiento de las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles, se vio obligado a pedir permiso al cargo de gobernador en 2014, dejó a su secretario de Gobiernio en el cargo, Jesús Reya García; otro priista que al año fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado y otros delitos relacionados con el narcotráfico. Hoy está en prisión.
La lista de gobernadores priistas es larga. Ahí esta, por ejemplo, Rodrígo Medina, de Nuevo León, quien ha logrado librar la acusación de peculado, pero sigue enfrentando proceso judicial por “ejercicio indebido de funciones”. Se le acusó de manipular 3 mil 600 millones de pesos, pero la autoridad de “El Bronco”, el brabucón gobernador “independiente” actual, no ha podido comprobar.
Está también Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, a quien se le señala por haber desviado recursos públicos y dejar a la entidad con una deuda que alcanzará los 30 mil millones de pesos, según acusa la oposición .
Uno más, que también dejó recientemente la gubernatura, es el priista de Colima Mario Anguiano Moreno, a quien la auditoria estatal le detectó irregularidades en los años 2013, 2014 y 2015, por lo que ya le inició “juicio político”.
La situación de los funcionarios y exfuncionarios colimenses es otro caso, donde los priistas, cuando se invaden sus parcelas de poder, pareciera que se atacan entre ellos. Recordemos que años antes de llegar Anguiano Moreno a la gubernatura estuvo Silverio Cavazos Cevallos, quien fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña recibió cuatro balazos ya habiendo concluido el cargo. No murió. Su sobrino, Samuel Rodríguez Moreno fue señalado como autor intelectual del homicidio del exgobernador Silverio, pero también de lavarle dinero al grupo criminal La Familia Michoacana. Recientemente fue también ejecutado.
Y por si hicieran falta más problemas para los funcionarios colimenses priistas, el actual delegado del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), Rogelio Salazar Borjas, fue presentado ante el Procuraduría General de la República (PGR) tras encontrarlo en un sitio en el que la policía aseguró una maleta con alrededor de 20 kilogramos de droga, presuntamente cocaína, según reportó el reportero de Proceso, Pedro Zamora Briseño.
El delegado federal de INAES fue traído a la Ciudad de México, aunque no se sabe si como testigo o como acusado. Él también trabajó en el gobierno del asesinado exgobernador Cavazos Ceballos y del baleado exgobernador Mario Anguiano.
Si de gobernadores priistas, violadores de los derechos humanos se trata y destituidos, ahí está el temido Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, quien fue destituido del cargo luego del asesinato de campesinos en el Vado de Aguablancas. Cuando salió, en su lugar se impuso al entonces priista Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien a la postre sería arropado por el PRD, llevado a la gubernatura y también destituido luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los abusos de poder, la corrupción, el robo al erario estatal, el lavado de dinero, entre otras cosas, no sólo se retratan mejor en el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahí está también el ex gobernador priista de Coahuila –ex dirigente nacional del PRI e impulsor de Peña Nieto a la Presidencia de la República– Humberto Moreira, a quien además, España lo ha vinculado con el grupo criminal de Los Zetas.
Pero si de exgobernadores priistas investigados en otros países por sus presuntos lazos con el crimen organizado se trata, pues entre su catálogo el PRI tiene para escoger, ahí está el exgobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington, a quien Estados Unidos acusó en mayo de 2012 de lavar dinero de Los Zetas y del Cártel del Golfo, o su sucesor, también priista, Eugenio Hernández Flores, quien desde 2015 la Unión Americana lo acusó de lavar dinero del narcotráfico producto de Los Zetas. Aunque sorprendió que uno de los hombres buscados por las autoridades norteamericanas haya ido a votar tranquilamente durante las pasadas elecciones estatales del pasado 5 de junio en su tierra, Tamaulipas.
Y como olvidar al exgobernador del PRI en Tabasco, Andrés Granier, preso por corrupción, fraude al fisco y realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inolvidable un audio donde reveló no sólo su abuso, sino su desvergüenza, ahí presume de propiedades en Estados Unidos, en el país y de tener un guardarropa compuesto de ¡400 pares de zapatos y mil camisas!
De todos los mencionados, ninguno está en prisión, aunque no hay que olvidar a quien llegó a la gubernatura de Quintana Roo en 1993, amigo de Carlos Salinas de Gortari y enemigo de Ernesto Zedillo, Mario Villanueva es el único procesado en México y preso en Estados Unidos por lavar dinero del Cártel del Juárez, fue detenido en 2001 luego de dos años de andar a salto de mata y extraditado al vecino país. Es el único exgobernador priista encarcelado.
Existe otro gobernador del PRI, este sí en funciones, a quien se le ha vinculado en algunos medios de comunicación de estar muy cercano y atento a lo que pide el crimen organizado, pero no existe indagación abierta en su contra. Se trata de un priista cercano a Peña Nieto –como lo fue Javier Duarte– y que gobierna por la zona suroeste del país.
Ante todas estas historias, es difícil que alguien crea en las palabras del presidente nacional del PRI, Ochoa Reza.
Pero no sólo el PRI se pinta con gobernadores y exgobernadores corruptos. El PAN no se queda atrás, ahí está por ejemplo la desfachtez del exgobernador de Sonora, quien no sólo se construyó una presa para uso particular a costa de dejar sin el líquido a indígenas yaquis, sino que además es acusado, como Duarte, de desviar millones de pesos del erario estatal.
Tampoco se puede olvidar uno del exgobernador del PAN en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, acusado de compras simuladas, de peculado y de ejercicio indebido de funciones. Pasó un par de años en la cárcel y ya se pasea de nuevo por las calles del estado diciendo que volverá a la política; está también Pablo Salazar Mendiguchia, exgobernador de Chiapas, quien siempre dijo que se le crearon delitos. Llegó a la gubernatura por PRD-PAN. Uno más es Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de Morelos, se habló de desvió y de relación con el narcotráfico, en especial con la hija del operador financiero del Cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza, y aunque se le investigó, nada se pudo comprobar.
Otro gobernador que llegó por el PRD fue el de Baja California, Narciso Agúndes Montaño, se le acusó de peculado, estuvo un algunos meses en prisión y salió libre, pero se le inhabilitó para por seis años luego de que se detectaron irregularidades en las ventas de terrenos en un exclusivo fraccionamiento de Los Cabos.
La lista de los ex gobernadores de PRI, PAN y PRD pudiera ser más amplia, sin embargo las componendas políticas entre los políticos han impedido que esta siga. Si no se investiga al Presidente, ¿por qué se ha de juzgar a todos los gobernadores que abusan, roban e imponen su ley?, se podrán preguntar muchos. Lo cierto es que con la llegada a la PGR de Raúl Cervantes, lo que menos se puede esperar justicia, pero sí negociaciones oscuras y relaciones truculentas.

AMLO ‘UN AVE RARA DE LA CLASE POLÍTICA’

“Si la próxima campaña presidencial se plantea en términos de una revolución moral, López Obrador llevará ventaja sobre cualquiera de sus rivales”, señala Jorge Zepeda 
En uno de sus artículos en el diario español El País, Jorge Zepeda Patterson, destacó la honestidad en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como una ave rara entre la clase política en materia de austeridad, y va más allá, afirma que López Obrador es el personaje más creíble si encabeza una cruzada en contra de la corrupción en México.
El texto comienza recordando que durante la campaña presidencial del 2006, Hugo Chávez ofreció los recursos que fueran necesarios para asegurar el triunfo del tabasqueño, Andrés Manuel declinó el ofrecimiento.
Pero también tiene que ver con su actitud hacia el dinero. El señor puede tener muchos defectos, pero en materia de austeridad es una ave rara entre la clase política.
Y justamente, continúa Zepeda, allí reside su potencial de cara al 2018, pese a todo. Es el único personaje de la escena pública a quien el ciudadano de a pie podría creerle si encabeza una cruzada en contra de la corrupción. Y tal como están las cosas, ese será uno de los temas clave, si no es que el principal, en los próximos comicios.
La corrupción se ha convertido en la bestia negra del gobierno de Peña Nieto. Un cáncer que deslegitima las acciones de gobierno y cubre de un manto de sospecha toda declaración, intención o proyecto. En las encuestas sobre insatisfacción ciudadana disputa los primeros lugares a la inseguridad pública y a la situación económica. Y no olvidemos que fue la corrupción lo que movilizó a los guatemaltecos hace unas semanas y terminó deponiendo a su presidente.
En resumen, si la próxima campaña presidencial se plantea en términos de una revolución moral, López Obrador llevará ventaja sobre cualquiera de sus rivales. Si añadimos que, pese a todo, sigue siendo el candidato de los pobres en un país lleno de pobres, sus posibilidades son evidentes.
AMLO se asegura de cumplir la profecía de ser víctima de la confabulación de sus enemigos. O hace muy poco para impedirlo, y lo estamos viendo desde ya, como a menos de dos años del 2018, la reedición de la campaña del miedo y de odio se vuelve hacer presente, un ejemplo de ello es la comparación que han hecho de López Obrador con Donald Trump.
Genaro Lozano, en una de sus columnas señala la falsedad de esta comparación, escribe que “a los seres humanos nos gusta comparar, la contienda por la Casa Blanca ha arrojado ya dos comparaciones erróneas en México. La primera entre Hillary Clinton y Margarita Zavala, de la que ya escribí en este espacio. Ahora, hay quienes comparan a AMLO con Donald Trump y esta comparación también es errónea.”
Es cierto, tanto AMLO como Trump como candidatos presidenciales han cuestionado los sistemas electorales de sus respectivos países. AMLO lo hizo en 2006 por la intromisión del entonces presidente Fox en el proceso electoral. Fox traicionó el espíritu que lo llevó a Los Pinos en el 2000, al meter las manos en la contienda presidencial. Primero al interior de su partido para tratar de dejar a un candidato de su elección como su sucesor. Cuando esto le falló, se tuvo que aliar con Calderón y hacer campaña en su favor. Fox también usó las herramientas a su disposición para bloquear la candidatura del entonces perredista AMLO. El desafuero fue la nota con la que muchos mexicanos recordarán su sexenio.
Lozano en su artículo destruye las comparaciones e incluso diferencia a los personajes y los proyectos, “más allá de cuestionar los procesos electorales, Trump y AMLO tienen una visión diametralmente opuesta del papel del Estado en la economía. Trump favorece un Estado ausente, la reducción de éste a su mínima expresión. La mano invisible corrigiendo las deficiencias del mercado. Por su lado, AMLO defiende un papel central del Estado en la economía, en la redistribución del ingreso, en una recaudación de impuestos más alta entre quienes ganan más y en la participación activa del Estado para corregir las fallas del mercado. En este punto hay un abismo entre Trump y AMLO.”
En conclusión, AMLO no es como Trump, por más esfuerzos que haya entre quienes quieran ligar al puntero en las encuestas mexicanas con el republicano que está a punto de hacer que su partido se vaya al despeñadero el próximo 8 de noviembre en EU, finaliza Lozano.
López Obrador no es un hombre viejo, pero sí es un hombre antiguo. Entre 2006 y 2018 hay un mundo de diferencia, y no sólo en términos del ciberespacio. Muchas reivindicaciones han cambiado. El mayor número de votantes, los veinteañeros, tenían entonces ocho o 12 años de edad. Hoy votarán pensando en su futuro; López Obrador tendrá que demostrar que no es un político obsesionado por el pasado. No son citas de Benito Juárez lo que los nuevos ciudadanos están esperando.

DESAPARECE OTRO JOVEN EN VERACRUZ

En los últimos días, en Veracruz se ha reportado la desaparición de varios jóvenes

Otro joven de 23 años fue reportado como desaparecido en el Estado deVeracruz .

Se trata de David Guevara Vela, quien desapareció el 26 de octubre en la Ciudad de Veracruz , denunciaron sus familiares en redes sociales.

Su hermana indicó que ya fue presentada una denuncia sobre el hecho ante la Fiscalía deVeracruz .

El joven se dirigía a la casa de un amigo y ya no se supo de su ubicación.

En los últimos días, en Veracruz se ha reportado la desaparición de varios jóvenes.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la delegación zona centro Veracruz de la Policía Ministerial, abrió el 26 de octubre una Carpeta de Investigación por la desaparición de cuatro personas en Soledad de Doblado y el Puerto de Veracruz .

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no existen elementos para relacionar ambos hechos.

Entre el sábado y el lunes pasados, familiares de las personas desaparecidas alertaron sobre la ausencia de cuatro jóvenes.

"En todos los casos, se activaron de inmediato los protocolos especializados en búsqueda y localización de personas", recordó la Fiscalía.

No obstante, el miércoles en la noche se inició la carpeta de investigación.

Luis Ángel Bravo, titular de la Fiscalía de Veracruz , precisó que en el caso de Soledad de Doblado, se trata de Juan Ernesto Santos Morales, de 22 años de edad, y Daniel García Tapia, de 35 años; mientras que en el puerto de Veracruz , son Marcos Eduardo Cifuentes Pérez, de 21 años, y Bernardo Basurto Armas, de 19 años, las personas desaparecidas.

El funcionario señaló que se descarta hasta el momento cualquier nexo entre ambos hechos.

POR: AGENCIA REFORMA

ACUSAN VENDEDORES DE LA 28 DE OCTUBRE A MORENO VALLE DE MANTENER CAMPAÑA DE EXTERMINIO

En el 43 aniversario de su fundación, la agrupación popular de vendedores y ambulantes 28 de Octubre “demandó un alto a la campaña de exterminio que mantiene desde 2014 el gobierno de Rafael Moreno Valle en contra de esta organización.
La 28 de Octubre denunció que, como parte de esa persecución, el gobierno poblano ha llegado a cometer “aberraciones jurídicas”, como desaparecer la resolución de preliberación dictada por el entonces gobernador Melquiades Morales Flores, el 5 de abril de 2001, a favor del líder moral de esa organización, Rubén Sarabia, mejor conocido como Simitrio.
Con una marcha, que a la cabeza llevaba a un hombre que personificaba al gobernador Moreno Valle, con las manos repletas de “dólares” y arrestado por dos supuestos policías, los integrantes de la agrupación recordaron que hace 43 años surgió la 28 de Octubre, derivada de un violento desalojo de comerciantes ambulantes del centro histórico de Puebla.
Desde que la agrupación se solidarizó con otros grupos sociales que en 2014 denunciaron actos de represión por parte de la administración morenovallista, el gobierno estatal desató una serie de operativos contra los vendedores adheridos a La 28, así como una persecución jurídica y policíaca contra sus dirigentes.
Actualmente se encuentran en prisión Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio; sus hijos Atl Rubén Sarabia, Xihuel Sarabia y el exvocero Fernando Alonso Rodríguez.
También existen órdenes de aprehensión en contra de Rita Amador López, esposa deSimitrio, y su nuera María de la Luz Gálvez, esposa de Xihuel, aparte de Sergio León y Silverio Montes, igual integrantes de la organización.
A la fecha, la 28 de Octubre denuncia que ha perdido más de 100 espacios de venta, luego de que el gobierno estatal y municipal ha llevado operativos de desalojo y de intimidación en contra de sus agremiados, además de que ha utilizado grupos de choque para agredir, causar disturbios, robar y hasta disparar dentro de los mercados que pertenecen a esa agrupación.
En distintas ocasiones, las amenazas y la utilización de pandilleros e integrantes de otras agrupaciones han tenido como interés la ocupación del mercado Hidalgo, principal bastión de La 28.
“Artimañas legales”
El abogado Samuel Porras denunció que el gobierno estatal ha llegado a la aberración legal para mantener en prisión a Simitrio, quien debió obtener su libertad absoluta en enero de 2015.
Explicó que en septiembre pasado, para evitar que el líder popular fuera liberado, el gobierno de Puebla aseguró que no existe el resolutivo de preliberación, dictado el 5 de abril de 2001 a favor de Sarabia Sánchez.
Pero el asunto, señala, es que su encarcelamiento, efectuado el 19 de diciembre de 2014, se llevó a cabo precisamente luego de que un juez de esta entidad tomó como base el beneficio de preliberación que se obtuvo con ese resolutivo para revocarlo.
“Si la ‘revocación’ de esa resolución, de fecha 5 de abril de 2001, fue la base creada para dar apariencia ‘legal’ al encarcelamiento de Simitrio desde el 19 de diciembre de 2014 hasta la fecha; y ahora resulta que el gobernador y secretario de Gobierno vienen a decir que tal resolución ‘no existe’, entonces ¡alguien está mintiendo!”, señaló la organización en un comunicado.
“Ese absurdo de poner a una juez penal a revocar un acto de gobernador se demostró como tal, cuando la justicia federal concedió el amparo dándole la razón legal a Simitrio. Pero ahora son ustedes directamente quienes, con sus actos, contribuyen a degradar todo aquello que bajo su gobierno pudiese recibir el nombre de respeto a los derechos humanos o estado de derecho”, agregó.
La 28 de Octubre además acusa al gobierno de Moreno Valle de maniobrar para heredar el conflicto al próximo gobernante y no descarta de que se intente llevar a cabo una “nueva y más sangrienta ofensiva de represión policiaca y agresión pandilleril-delincuencial” en contra de los integrantes de esa agrupación antes de que concluya el actual sexenio.
http://pueblatrespuntocero.com/archivos/29779

CRISTIANOS: TODO POR TU DIEZMO... CUIDADO!

Publicado el 28 sep. 2016
Una verdadera locura los Cristianos tienen un aparato mercadológico que debieran aprender un poco las otras religiones. Llama la atención lo escueto que presenta la Iglesia Católica en comparación con lo que muestran sectas cuyo razón de existencia es una rebanada del pastel de los Mercaderes de la Fe...

30 de octubre de 2016

AUTORIDADES FINANCIERAS, CÓMPLICES DEL LAVADO DE GOBERNADORES Y POLÍTICOS


En días recientes se confirmó que la acusación en contra del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa es por el delito de lavado de dinero. Ello, por operaciones que supuestamente realizó con recursos procedentes de un quebranto millonario a las finanzas de Veracruz.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), el defenestrado priísta habría blanqueado 253 millones de pesos que supuestamente desfalcó a las secretarías estatales de Salud y Educación, y que de forma ilegal habría transferido a varias empresas fantasma para después destinarlo, en su mayoría, a la adquisición del rancho Las Mesas, en el Estado de México.
Sin embargo, el monto del daño al erario podría ser mucho mayor. Y es que los desfalcos a las arcas veracruzanas suman miles de millones de pesos, y no centavos como pretende hacernos creer la PGR.
Tan sólo en los ejercicios de 2011 a 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades en ese gobierno estatal por 27 mil 503.5 millones de pesos, correspondientes sólo al gasto federalizado: 13 mil 456.4 millones del periodo de 2011 a 2013 y 14 mil 47.1 millones de 2014.
A esas cifras multimillonarias de desvíos y demás corruptelas se deberán sumar las anomalías que detecte la ASF en las evaluaciones a los ejercicios 2015 y 2016, también responsabilidad del exgobernador Duarte, que inició funciones el 1 de diciembre de 2010.
Pero eso no importa, pues la averiguación en contra de Duarte de Ochoa se hizo porque ya era insostenible mantenerlo en la impunidad, y no porque realmente prevalezca el estado de derecho en México o porque las autoridades se ocupen de hacer justicia. Para nadie es un secreto que la estructura gubernamental protege a sus corruptos hasta que ya no puede.
Por ello, hasta hace unos días esas alertas que ha venido haciendo la Auditoría Superior sobre los fraudes en Veracruz le pasaron de noche a las autoridades financieras, entre las que sobresalen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) –dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– y la ???Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR. Ello incluso a pesar de que el máximo órgano de fiscalización del país interpuso varias denuncias penales contra la administración veracruzana.
Sobre esta ausencia de actuación no se puede exculpar a las autoridades financieras aduciendo incapacidad para detectar, primero, el fraude contra el erario y, luego, el lavado de dinero. Es claro que lo que hubo y hay es franca complicidad.
Una complicidad que ha permitido que muchos gobernantes defrauden sus estados, como sería el caso de Jorge Torres, exgobernador interino de Coahuila, acusado en 2013 de lavar 2.8 millones de dólares en Bermuda, pero no por la justicia mexicana, sino por una corte federal de Estados Unidos.
Lo mismo ocurrió con Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, señalado por una corte estadunidense en 2015 de blanqueo de capitales; y con Humberto Moreira, de Coahuila, cuyo proceso en España no prosperó. Un último caso es el del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien enfrenta cargos de lavado ante la justicia mexicana.
Sin duda, los casos de Duarte, Padrés, Torres, Hernández y Moreira evidencian la fragilidad de las instituciones encargadas de combatir el lavado, mismas que se doblan ante los intereses particulares de gobiernos y partidos. Fragilidad que, por desgracia, se traduce en complicidad para proteger actualmente a otros funcionarios, políticos, integrantes del poder judicial y gobernantes corruptos.
Éstos engrosan la lista de personas políticamente expuestas y ni así son escrupulosamente fiscalizados. Dicha lista –elaborada por la Secretaría de Hacienda y que debería servir para vigilar con lupa las finanzas de quienes ejercen cargos públicos– también incluye al presidente de la República, a los secretarios de Estado, a los titulares de organismos paraestatales, a los ministros, magistrados, jueces, consejeros de la Judicatura; a los titulares de órganos autónomos –como el Instituto Nacional Electoral–; a los senadores y diputados, entre otros.
Pero hasta ahora, esos controles han sido inútiles para evitar el lavado de dinero desde la esfera de los poderes político, gubernamental y judicial. Eso lo demuestra la escasez de investigaciones y, en consecuencia, la casi nula actuación contra quienes resulten responsables.
Por lo pronto, la CNBV, la UIF, el SAT y la ???Unidad Especial de la PGR podrían empezar por vigilar a esas personas políticamente expuestas; en especial a los 32 gobernadores, pues la ASF ha detectado irregularidades en todas las entidades federativas.
En el periodo de 2011 a 2014, las anomalías ascendieron a 175 mil 295.6 millones de pesos, monto que incluye sólo los recursos fiscalizados por la “Auditoría especial del gasto federalizado”, pero que no engloba las cifras observadas en auditorías al gobierno federal.
De acuerdo con la ASF, en términos de probables desfalcos a las finanzas estatales, después de Veracruz sigue Michoacán, que en el mismo periodo registró irregularidades por 21 mil 745.8 millones de pesos.
A ésta le sigue Jalisco, con anomalías por 16 mil 352.6 millones; el Estado de México, por 14 mil 898.3 millones; Chiapas, por 9 mil 625.9 millones; Guerrero, por 8 mil 757.7 millones; Oaxaca, por 7 mil 195.6 millones; Guanajuato, por 6 mil 973.8 millones, por mencionar sólo algunos casos.
Las autoridades financieras tienen herramientas legales para investigar y castigar estos delitos, sólo falta voluntad política para actuar contra quienes se corrompen y quebrantan las finanzas públicas de este lastimado país. 
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Nancy Flores

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/10/30/autoridades-financieras-complices-del-lavado-de-gobernadores-y-politicos/

MEDIOS, ENTRE LA MEDIOCRIDAD, LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA


Javier Valdez Cárdenas es un bato sinaloense que, para más señas, es reportero. Más aún, es de los que revisan constantemente la brújula que debería regir el trabajo de todo periodista: compromiso con la sociedad, la verdad y la independencia. Y al ir dando tumbos, en la brega, brújula en mano, se encontró a la intemperie, solo y vulnerable.
Reportear –de a de veras– es complicado en cualquier lugar del mundo, hasta en Suecia (que le pregunten a Mikael Blomkvist, el personaje creado por el periodista y escritor Stieg Larsson para su trilogía Millennium); pero en Sinaloa y en este México de nuestros días, donde la violencia ha dejado más muertos que países en guerra formalmente declarada como Irak y Afganistán, es más difícil. Por difícil se quiere decir: peligroso para la vida del reportero y sus seres queridos, su estabilidad económica y su trayectoria profesional.
Con todo, Valdez Cárdenas ha reporteado a sus propios colegas y, con lo que encontró, escribió un libro:Narcoperiodismo. La prensa en medio del crimen y la delincuencia. Quienes devoren las 270 páginas (la lectura avanza veloz) no encontrarán los nombres de los dueños de los medios que lavan dinero, los que trabajan con el narcotráfico ni los que sucumben ante las amenazas o lisonjas de los traficantes de droga y se convierten en una extensión más de su poder asesino y corruptor. Pero el libro no decepciona, por el contrario, abre varias líneas de investigación para un trabajo que sólo podría realizarse con más investigadores, tanto periodistas como académicos.
El libro recoge las elocuentes historias (y lastimosamente cotidianas) de los reporteros asesinados, o que son obligados al exilio, abandonar su trabajo o a perder toda dignidad. Hay quienes se vuelven cínicos y, por lo tanto, para el oficio están muertos (salud, Kapu?ci?ski).
A través de las historias contenidas en el libro se da cuenta de la indefensión y la vulnerabilidad de quienes buscan ejercer un periodismo con decoro y dignidad. Pero también quedan claras las miserias del periodismo mexicano y de los periodistas de manera general.
Hoy, que como desde hace varias décadas, dueños de medios y sus voceros se autoelogian y se autopremian, el libro es un rechinido para esas orejas que sólo saben de supuestas luchas por la libertad de expresión nunca dadas: el periodismo que se hace en México está enfermo de corrupción y mediocridad.
Ya en la plática, este bato de Javier no deja títere con cabeza. Dice, con acento culichi, que la mayoría de los periodistas mexicanos son, generalmente, proclives a la corrupción o al sometimiento al poder; además, mediocres. Y encima, sobre todo, arrogantes, soberbios. “Creemos que somos chingones en todo y en realidad no nos especializamos en nada. Tenemos una formación deficiente. Hay que empezar por reconocer esta realidad. Pero veo una arrogancia espantosa de los periodistas y en general de los medios”.
Coincidimos en que esta violencia del narcotráfico y los poderosos (formales o de facto) encontró a una prensa incapaz de reportar (ya no digamos investigar) lo que realmente está sucediendo. Y esto no va a cambiar “si no hacemos un diagnóstico serio, real, de lo que somos y de lo que no somos; hay que discutir nuestra cobertura del narco, nuestra relación con el narco, la cobertura electoral, la relación con los grupos de poder, con el gobierno”.
Considera que la arrogancia, la soberbia, de la mayoría de quienes dicen ejercer el periodismo es derivada de la cercanía que tienen con el poder.
Ahora bien, no todo es responsabilidad de los dueños de los medios y de los periodistas. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad? ¿Qué pasa con los académicos que se encuentran en el confort de sus institutos, que se refritean sus mismos trabajos para cumplir con los “puntos” que les darán un poco más de ingresos pero que no aportan nada porque teorizan (dizque) desde su cubículo y nunca se asoman a la calle, a las comunidades, a los pueblos, ni palpan lo que sucede en las ciudades? La mediocridad en que se encuentran también los académicos que, además, pretenden pontificar desde sus escritorios ha llevado a decir a la investigadora Rossana Reguillo (de la que dice el libro: “de las pocas académicas en el país que le entran a revisar los temas de narcotráfico, crimen organizado, violencia, cobertura periodística, poder político y papel de las mafias económicas en el mapa nacional”) que se trata de especialistas más que de cubículo, de cubi-culo, porque todo lo hacen sentados.
¿Y la sociedad? ¿Esas mayorías que se dejan embaucar por la basura televisiva y no son capaces de defender los medios que las respetan y tratan de ofrecer periodismo auténtico?
El libro de Javier Valdez abre brecha en el análisis del periodismo que se hace en México. Un análisis que debe ser honesto y descarnado.

Fragmentos

Se cumplieron 5 años del asesinato del activista y tesista de la Universidad Nacional Autónoma de México Carlos Sinhué Cuevas Mejía, activista libertario del auditorio “Che Guevara”. Fue atacado mortalmente la noche del 26 de octubre de 2011. Al lugar de los hechos se presentaron policías y militares para corroborar lo que había sucedido, pero los videos y los reportes “se perdieron”. Una madre, Lourdes Mejía, va de puerta en puerta exigiendo justicia… Cumplen 1 mes en huelga de hambre presos anarquistas, libertarios y políticos en cárceles de la Ciudad de México y Oaxaca. Indiferencia de autoridades y medios, solidaridad de colectivos, organizaciones y familias.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: OPINIÓN]
[SECCIÓN: ZONA CERO]

LOS ‘ZETAS’ Y EL PRI: EL MULTI-MILLONARIO NEGOCIO DE LOS NARCO-ESTADOS

¿Hasta dónde llegan los tentáculos del narcotráfico en el Partido Revolucionario Institucional? El cártel paramilitar más sanguinario está unido al PRI, lo que no sabemos es hasta dónde. ¿Es el narco el que somete al Estado o el Estado somete al narco para apoderarse del próspero negocio multinacional? ¿Los gobernadores sirven a Los Zetas o Los Zetas sirven a los gobernadores? ¿Quiénes son los jefes de Los Zetas en los narcoestados de la República? ¿Los Jefes Zetas o los gobernadores?, cuestionó San Juana Martínez en ‘Sin Embargo’. Tenemos que ir desmontando la idea que los cárteles de la droga existen al margen de la clase política mexicana. Al contrario, los cárteles de la droga existen, se fortalecen y crecen, gracias a los gobiernos de los diferentes narcoestados de la República. Decir que Humberto Moreira “trabajaba” para los Zetas es incierto, más bien, a la luz de los hechos son los Zetas supuestamente, los que trabajaban para Moreira. No podemos olvidar que durante su mandato, como el de su hermano, Rubén, Coahuila se ha convertido en un narcoestado.

JODER A MÉXICO

Carmen Aristegui F.

El balazo en el pie que se asestó el presidente Peña Nieto el martes pasado cuando -a cuento de nada- dijo ante periodistas y empresarios que no se levanta cada mañana pensando -como no cree que lo haya hecho ningún Presidente- cómo "joder a México" es un tema que requiere varias interpretaciones. A bote pronto, conviene imaginar la cantidad de dinero público que se ha gastado este gobierno para posicionar el slogan "Mover a México" -con el que pretende ser identificado en México y el extranjero- para imaginar el potencial de publicidad contraria que ha provocado para su gobierno y su persona con la frase del pasado martes. En una sola sentada, Peña Nieto activó -en sentido contrario- todo aquello que se han esmerado en divulgar sus publicistas con carretadas de dinero público.

La dimensión psicológica del asunto la dejamos a los expertos, pero conviene también imaginar qué trae Peña Nieto en la cabeza y si ya, desde hoy, se está queriendo disculpar por lo que ha dejado a su paso.

Decisiones de gran trascendencia son las que corresponde tomar a un Presidente en funciones y nadie, en su sano juicio, pensaría que Peña Nieto o cualquier otro las tome pensando, deliberadamente y de manera aviesa, en cómo dañar a México. El problema radica en las decisiones que se toman de manera equivocada o, peor aún, no buscando el beneficio de México sino el del entorno más cercano. Eso sí que jode a México.

El nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como procurador general de la República tiene que ser analizado desde esa perspectiva. Ratificado por un Senado de la República en el que imperaron más los abrazos y las felicitaciones que el ejercicio obligado de una revisión crítica a la propuesta del Presidente, se convierte en un asunto de particular importancia.

No es solo el nombramiento del nuevo procurador, que ya es mucho, sino del muy probable primer fiscal general de la nación. Sorprende la tibia manera en que la mayoría responsable de su ratificación pasó el trámite en fast track como si fuera un nombramiento menor o secundario y no el tamaño de asunto que estaban votando.

Al momento de aprobarse el marco legal para dar cumplimiento a la reforma constitucional que crea la Fiscalía General de la Nación, quien ocupe la Procuraduría General de la República pasará a ocupar el cargo de fiscal general, asunto para el que se perfila Cervantes Andrade, tal como lo mencionó él mismo el día de su ratificación. Durará en el cargo 9 años, tendrá la titularidad del ejercicio de la acción penal, estarán a su cargo los sistemas de inteligencia y policiacos para combatir la delincuencia y ejercerá un poder amplísimo -como ningún otro- a partir de la autonomía constitucional que le concedió la reforma.

El Senado anunció que pedirá un programa de trabajo al nuevo procurador al que le dan 90 días para su exposición. ¿Qué no tendría que ser al revés? ¿No tendría primero que exponerse lo que se piensa hacer con tan importante cargo, revisarse minuciosamente el perfil de la propuesta, la idoneidad del personaje y el grado de autonomía con el que desempeñaría una responsabilidad de ese tamaño? Nada de eso sucedió. La aprobación fue casi en automático, con voces en minoría que apenas fueron escuchadas y una mayoría de legisladores que, más que un debate, dieron paso a los abrazos y las felicitaciones.

¿Por qué no se debatió con suficiencia el perfil político y partidista del hoy procurador? ¿No importa su filiación priista ni su estrecha relación con el presidente Peña y con el consejero jurídico de Los Pinos? ¿Es irrelevante su falta de experiencia en el ámbito judicial? ¿Se trata de darle la vuelta a reformas cuyo propósito es dotar de autonomía, herramientas y conocimiento técnico a la procuración de justicia y liberarla en su actuación del mandato político a partir de un nombramiento a modo? ¿Se trata de proteger las espaldas de la clase política nombrando en el cargo a uno de los suyos y no a alguien que garantice independencia? ¿De qué se trata? ¿De burlar a la sociedad mexicana poniendo al compadre, al amigo o al incondicional en puestos que reclaman autonomía? ¿De qué se trata? ¿De joder a México?.

fuente: REFORMA


JAVIER DUARTE: NADA SALVA A SU ESPOSA KARIME

 -  en Foro libre
Mussio Cárdenas Arellano/ Informe Rojo
No sabe Alfonso Ortega que ya está muerto. O quizá sí. Quizá por eso canta, revela cómo son las entrañas de la red de prestanombres de Javier Duarte, el poder de su esposa Karime Macías, el modus operandi del saqueo y el destino del dinero.
Una mano, la de Karime Macías Tubilla, fue clave en el lavado de capitales, hacia dónde canalizar los millones, cómo triangular, cómo encubrir el producto de lo robado.
Precisa, contundente, la orden de Karime: endosar y transmitir a terceros las acciones de las sociedades de responsabilidad limitada, las LLC, tenedoras de las propiedades “a fin de borrar el rastro de las operaciones”.
Amenazado, intimidado, Alfonso Ortega percibió la muerte y por eso habló. Acudió el 12 de octubre a la Procuraduría General de la República y ahí detalló cómo opera la maquinaria de corrupción tejida por el ex gobernador de Veracruz, su familia y sus amigos.
Día crucial, ese 12 de octubre incriminaba a Javier Duarte en el desvío y lavado de capitales sustraídos de las arcas de Veracruz. Es el testimonio de uno de los cómplices. Es la voz de uno de los de adentro.
ese día, también, Javier Duarte solicitaba licencia al cargo ante el Congreso estatal. Se fue “por amor a Veracruz”, ironizó. O mejor aún, por amor al pellejo, a su libertad, a no pasar el resto de sus días en prisión, su destino manifiesto.
Alfonso Ortega López no es un personaje más. Abogado fiscalista —40 años, presunto arrepentido, “no soy criminal”— es o fue accionista en las “empresas papel” del ex gobernador y su esposa para la compra de inmuebles en proceso de remate por hipotecas vencidas en Estados Unidos.
Karime Macías le pidió, en diciembre de 2012, que endosara las acciones “en blanco”, que lo hiciera con todas las empresas abiertas en Estados Unidos y usadas para adquirir inmuebles, tiempos compartidos y todo tipo de bienes, incluso los de la compañía que compró el yate Aquariva Super, con valor de 790 mil dólares, unos 15 millones de pesos.
“Ante la PGR —refiere el periódico Reforma—, el prestanombres dijo que esta instrucción se la dio Karime Macías cuando acudieron a un viaje de vacaciones a Aspen, Colorado, donde acompañó a la familia y se hospedaron en el St. Regis Aspen Resort. Ahí Karime Macías le dijo a Alfonso Ortega que ellos ‘querían resguardar sus inversiones y mantenerlas a salvo’ ”.
“Sus inversiones” eran producto del saqueo a Veracruz, seis años robando, refinanciando deuda con jugosas comisiones para el salinismo que así otorgaba protección desde los altos círculos de poder.
Cinco meses antes de acudir a la PGR, en mayo de 2016, Alfonso Ortega se encontró con Javier Duarte. Le confesó sus temores y su decisión de no continuar. Su verdadero papel había sido prestar su nombre para las empresas y bienes del entonces gobernador priista.
Percibió entonces la ira de Javier Duarte. “Él me jaló del brazo y me dijo que yo estaba metido en esto, que yo estaba involucrado y dijo ‘tú sabes de dónde viene el dinero’ ”.
Ortega López sacó a su familia del país. Se escondió. Dormía en lugares distintos.
Vía terceros, comenzó a recibir amagos, amenazas. Temía lo peor. Y eso lo llevó a confesar su participación ante la PGR.
Lo que dice es crucial. Ortega aparece en el registro de varias sociedades mercantiles de responsabilidad limitada, como es Express Corporated Filing, junto a Moisés Mansur Cysneiros y Iñaki Negrete.
Lo que dice Ortega confirma el hallazgo de Miguel Ángel Yunes Linares, su denuncia del 3 de abril, su revelación un día después, en Coatzacoalcos, cuando al arranque de su campaña por el gobierno de Veracruz dio a conocer quiénes y cómo conformaban el entramado de corrupción.
Yunes azul enfatizó que en Javier Duarte encarnaba una capacidad infinita para saquear a Veracruz, y con él Moisés Mansur Cysneiros, José Antonio Mansur Beltrán, José Bandín, José Juan Janeiro Rodríguez, Vicente Benítez, Edgar Spinoso, Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Gabriel Deantes, Alberto Silva, Jorge Carvallo, sus hermanos y mamá, su esposa, su cuñada Mónica y su concuño José Armando Rodríguez, sus primos políticos, Brenda, Córsica y Jorge Fernando Ramírez Tubilla, sus suegros Tony Macías y Yazmín Tubilla, y decenas de amigos y subalternos.
Ortega toca en por lo menos dos ocasiones el nombre de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, y dimensiona el poder que tenía dentro de la organización, categorizada por la PGR como una “estructura criminal”.
Su revelación, grabada en un video por la PGR, es reseñada en el diario Reforma. Ahí señala cómo Karime Macías le ordenó trasladarle todas las acciones de las empresas en que figuraba.
Su testimonio es letal. Aporta cifras, hechos, destinos, montos de lo que el clan Duarte-Macías invirtió en Estados Unidos, México y España.
Lo reseña Reforma:
“El Gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte, adquirió a través de prestanombres unos 30 inmuebles rematados por hipotecas no pagadas en Miami, Florida.
“En un testimonio ante la PGR, cuyo video fue transmitido el domingo (20) en una audiencia judicial, el abogado fiscalista Alfonso Ortega López reveló que, como testaferro de esas compras, transfirió 700 mil dólares a Azerco LLC y Conexa LLC.
“REFORMA detectó que 19 de las propiedades mencionadas por Ortega siguen a nombre de esas sociedades de responsabilidad limitada y tienen un valor comercial de 3.2 millones de dólares.
“El litigante reveló que Duarte compró al menos 2 departamentos en el conjunto Finesterre de Ixtapa-Zihuatanejo, cada uno en 1.5 millones de dólares, además de que pagó 500 mil dólares por acondicionamiento.
“Los 3.5 millones se pagaron a la empresa desarrolladora Ventanas del Arrecife S.A. de C.V., representada por Gustavo Anaya y Miguel González.
“Asimismo, el priista regaló a su esposa, Karime Macías, un anillo de 185 mil dólares y unos aretes de 40 mil dólares, que fueron adquiridos en la joyería Berger de Polanco y pagados por Miguel (Moisés) Mansur Cysneiros, principal prestanombres de Duarte.
“En el caso de las compras en Florida, se trata de casas de clase media en diversas zonas de Miami, algunas cercanas al aeropuerto, cuyo valor comercial conjunto es de 3.2 millones de dólares, según el Registro Público del Condado de Miami-Dade.
“Los inmuebles fueron comprados en paquete a principios de 2013 por otra LLC denominada Rusnam Investments, creada en 2011, cuyos miembros eran el propio Alfonso Ortega, Moisés Mansur y el empresario Iñaki Negrete, quien con otros socios mexicanos administra el fondo de inversión Vulcan Investment Partners en Miami.
“En octubre de 2013, Rusnam vendió a Azerco y Conexa la mayoría de las propiedades, pero se trató de una operación entre partes relacionadas, pues los funcionarios de Azerco y Conexa son Negrete y José Zury Mansur.
“Según registros del Departamento de Estado de Florida, Rusnam fue disuelta en abril de 2014.
“Muchas de las casas habían sido abandonadas por sus dueños luego de la crisis inmobiliaria de 2008, por lo que algunas fueron rematadas por los bancos dueños de las hipotecas.
“Vulcan Investments, que en 2012 apareció en la escena pública para anunciar inversiones millonarias en la compra de este tipo de inmuebles, es dueño de muchas otras propiedades en Miami, pero Alfonso Ortega solo refirió en su declaración a las de Azerco y Conexa como las que se usaron para esconder dinero de Javier Duarte
Ixtapa
“El 31 de diciembre de 2011 Duarte invitó a Ortega López a pasar el año nuevo en Ixtapa, en un inmueble que el Gobernador decía que era suyo. Estaba en la Torre B, Nivel 1, subcondominio 7, del conjunto Finisterre.
“El abogado declaró el pasado 12 de octubre a la PGR que en aquel encuentro el veracruzano le pidió comprarle dos departamentos contiguos al suyo “para expandir su propiedad y atender mejor a sus invitados”.
“Fue la primera operación como prestanombres para Ortega, quien suscribió dos contratos por un total de 3 millones de dólares. Los departamentos se entregarían en obra ‘gris’ y costaría otros 500 mil dólares el acondicionamiento de piso, cortinas y demás.
“Cuando empezó el escándalo de los malos manejos de Duarte, las personas que completaron la venta de los departamentos señalaron a Ortega que querían regularizar las compraventas, ya que nunca se escrituraron, pues permanecieron en contratos privados.
“Según el dicho de Ortega, la gente de Duarte acordó con los representantes de Ventanas del Arrecife borrar todo rastro que relacionara al Gobernador con esas propiedades.
“ ‘Habían llegado a un acuerdo donde iban a romper los contratos privados, iban a arrendarlos como nuevos o como rentados, eso me dijo por teléfono Miguel González (representante de la desarrolladora)’, señaló Ortega”.
Alfonso Ortega teme por su vida. Vive amenazado. Se imaginó como testigo protegido y su nombre emergió de inmediato, convertido en la pieza clave de la trama de corrupción de Javier Duarte.
Su vida, quizá lo sepa, ya no vale. Lo sentenció Javier Duarte cuando percibió que pretendía abandonar el gang. Lo amedrentó. Por eso habló.
Su declaración es clave. Ahí queda la mano de Javier Duarte, la operación de Karime Macías, las instrucciones de cómo canalizar los recursos, hacia qué “empresas de papel” o LLC, las de responsabilidad limitada, cómo triangular, cómo borrar la huella del atraco.
Era un testigo protegido y al final su nombre salió a la luz.
Se fue Javier Duarte dizque por amor a Veracruz, para enfrentar las denuncias, para limpiar su nombre. Y desde entonces no volvió a dar la cara. Ni se sabe si vive o no.
Por amor a Veracruz también Karime Macías lavó millones. Por amor a Veracruz, invirtió lo robado en desarrollos inmobiliarios. Por amor a Veracruz, aprovechó la crisis de vivienda en Estados Unidos y compró a precio de ganga para revender, o revenderse a precio de oro. Al fin que lo suyo es lavar.
Nada, pues, salva a Karime.
Archivo muerto
Farsa pura la del PRI. Farsa pura la expulsión de Javier Duarte que intenta venderse como combate a la corrupción y su intolerancia a sus hijos pródigos de uña larga. Circo grande en el PRI nacional cuando este martes 25 es echado de sus filas el ex gobernador de Veracruz, en una pirueta más para engañar con el cuento de que los que transgreden y violan la ley no tienen cabida en sus filas. No acudió el gordobés a defenderse de los cargos. Lo esperaba la Comisión Nacional de Justicia Partidaria a la 1:00 PM. Por la tarde determinó que era procedente la expulsión de su hijo predilecto, el que según Enrique Peña Nieto, en 2012, siendo candidato presidencial, definió a Javier Duarte como miembro del Nuevo PRI, la generación que habría de apuntalar los cambios en México. Habla el priista Arturo Zamora y anuncia que Javier Duarte “ya no es miembro del PRI” y enfatiza que su conducta al frente del gobierno de Veracruz hubo “falta de probidad”. A lo largo de seis años, Javier Duarte fue solapado, encubierto, protegido en su múltiples raterías, y el PRI ni chistó. Le servía al PRI, y sobre todo a los priistas de alto rango, para saquear a Veracruz. Enrique Jackson fue su asesor cobrando 2 millones de pesos al mes, recordando que en el Senado, cuando el sonorense era líder de la bancada del PRI le autorizaba su cobro de viáticos. Generoso, lo recompensó con una millonada que salía del dinero de los veracruzanos. Fue omiso el PRI a las raterías, al saqueo, al despilfarro, al desvío de recursos para el área de salud, niños que nunca fueron vacunados, enfermos de cáncer que morían porque no había dinero para sostener un tratamiento. Y ahora lo expulsa el PRI simulando que les horroriza la corrupción. Ya se verá en 2017 que el lastre llamado Javier Duarte y esa calabaza podrida que es el PRI arrastran por igual el repudio social. Y de ahí al 2018 cuando vuelvan a ser echados de Los Pinos… Acuerda Miguel Ángel Yunes Linares con funcionarios del Banco Mundial suscribir un convenio de colaboración para canalizar recursos que permitan aliviar la pobreza y la desigualdad. “Comparto los tres objetivos centrales del Banco Mundial: eliminar la pobreza extrema, promover el desarrollo compartido y hacerlo de manera sustentable” dijo el gobernador electo. Y advirtió que inicia su gestión el 1 de diciembre en medio de una severa crisis económica generada por la corrupción y la falta de planeación… Y el que quiere tunda es Flavino Ríos Alvarado, el falso gobernador que se resiste a ser auditado, que regateó hasta el final el proceso de entrega-recepción, convertido hoy en tapadera de Javier Duarte, y al que le cocinan ya su proceso de expulsión del PRI por cómplice. Le dice Miguel Ángel Yunes Linares que “la negativa a proporcionar información a los auditores que formalmente designaré, será claramente violatoria de las diversas disposiciones legales aplicables para tal efecto y tendrá las consecuencias jurídicas del caso”. En el comunicado de prensa, Miyuli expresa: “El gobernador interino no puede negarse a ser auditado porque violaría las disposiciones legales”…