30 de diciembre de 2017

ACTIVISTA ASESINADO TRAS EVIDENCIAR ALMACÉN DE DESPENSAS

El día 24 de diciembre asesinaron a Salvador Magaña, hace unos días había publicado un video donde él evidenció como descargaban despensas del dif estatal a las oficinas municipales del pri en La Huerta, JALISCO.

El pasado 24 de diciembre, Salvador Magaña habría sido “levantado” y ejecutado en la comunidad El Totole. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, sin embargo, las autoridades no han dado información oficial.

El activista y coordinador del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de La Huerta, Jalisco, Salvador Magaña Martínez, fue asesinado este fin de semana.

El cuerpo de Magaña Martínez fue localizado la mañana del domingo sobre la carretera federal 80, en la comunidad El Totole, a unos metros de su vehículo. La víctima se encontraba boca arriba y con una herida de arma punzocortante, de acuerdo con reportes de medios locales.

El pasado 9 de noviembre, Salvador Magaña denunció a través de un video, difundido en redes sociales, el reparto de despensas por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en La Huerta.

Clemente Castañeda, coordinador de MC en la Cámara de Diputados, informó en sus redes sociales que “por desgracia, ‘levantaron’ y asesinaron a mi amigo ‘Chava’ Magaña […] No vamos a permitir que se convierta en una cifra más”. 

“Salvador fue un líder social y un defensor de derechos muy importante. Desde hace muchos años tuvimos oportunidad de dar muchas batallas juntos”, señaló Castañeda en un mensaje de vídeo en Twitter. 

Según explicó el legislador, se desconocen las causas del asesinato de Magaña, quien fue un importante líder social y defensor del medioambiente en la región de La Huerta y las playas de Costalegre. 

“Defendió (las playas de) Tenacatita y Chamela y denunció todos los abusos de autoridad que hay alrededor de la zona”, recordó el diputado.

“Vamos a levantar la voz y exigir justicia para Salvador y para sus familiares. No vamos a permitir como sucede a miles de víctimas en este país que sea simple y llanamente criminalizado porque la autoridad es incapaz de hacer justicia”, expuso Castañeda. 

Añadió que su partido, que forma parte de una coalición con el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) con miras en las elecciones de 2018, exigirá también “que se llegue hasta las últimas consecuencias para que el asesinato de Salvador sea esclarecido.

MENSAJE IMPORTANTE DE ANONYMOUS MÉXICO

Mensaje IMPORTANTE de Anonymous México 🇲🇽 contenido NO APTO para los mexicanos que se ofenden fácilmente... #FuerzaMéxico #ProhibidoRendirse

MARICHUY DEBE ESTAR EN LA BOLETA ELECTORAL DE 2018


El año termina y  el plazo se acorta para registrar a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, como candidata independiente en la boleta electoral de las elecciones presidenciales de 2018. Por el porcentaje de firmas que se lleva hasta ahora, el esfuerzo de captura de apoyo ciudadano debe ser incrementado exponencialmente si efectivamente se pretenden cumplir las draconianas leyes, reglamentos y exigencias burocráticas y de fiscalización que la partidocracia y el INE impusieron, y que afecta, en especial, a la única candidata para la Presidencia de la República realmente independiente. 

Muchos han sido los esfuerzos en esta dirección de la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, las redes territoriales y sectoriales de apoyo al CIG-Marichuy, los adherentes a la Sexta, diversos agrupamientos políticos y gremiales, así como de personalidades del ámbito del cine, el arte, la literatura y la intelectualidad comprometida con su país y sus pueblos originarios. Carolina Coppel, con la colaboración de Juan Villoro y Carlos López Beltrán, miembros de la Comisión de Comunicación de esta asociación civil, prepararon un significativo video y una plataforma para intensificar la recaudación de firmas, que es posible consultar en el sitio web, y que en un corto plazo alcanzó miles de visitas.

Como auxiliar activo, me consta la puesta en práctica de diversas iniciativas para lograr el apoyo ciudadano en extensas jornadas de conferencias, conversatorios, talleres, asambleas, firmatones, comidas, posadas, casas y puntos fijos en plazas y zócalos, perifoneo, reuniones familiares, de amigos y colegas, visitas a centros de trabajo, universidades (como el acto en la UNAM), tocadas, batucadas, conciertos, mimos políticamente conscientes y, en suma, cuanta oportunidad se presenta de preguntar en taxis, transportes colectivos y estaciones de Metro, e, incluso, ligas de futbol, mercados y antros, a quien sea oído receptivo: ¿Quiere usted dar su apoyo ciudadano para que por primera vez en la historia de este país aparezca en la boleta electoral de una elección presidencial el nombre de una mujer indígena, independientemente de por quién vaya usted a votar? En la mayoría de los casos, las reacciones de la ciudadanía son muy positivas y muestran interés en la propuesta del CIG y su vocera; preguntan, opinan, externan sus agravios contra los malos gobiernos, contra los políticos y sus partidos, se quejan de todo y de todos los de arriba, manifiestan su incredulidad o incertidumbre de que algo puede cambiar para bien del pueblo y aseguran que será más de lo mismo y, finalmente, quienes portan su credencial de elector (pues muchos temen se las roben en los frecuentes asaltos), acceden gustosos a la firma por Marichuy e, incluso, se proponen para darse de alta como auxiliares. La lectura del protocolo para conceder la firma, que contiene la aplicación del INE, se torna una especie de juramentación, no exenta de emoción y gravedad. Sin embargo, la campaña de firmas por Marichuy dista mucho, hasta ahora, de lograr su objetivo central y los tiempos son implacables. 

En este caso no se cuenta con los inagotables recursos económicos procedentes del erario por una u otra vía, o de peculios de dudosa fuente, estructuras burocráticas de diverso tipo, estatales o partidarias, auxiliares de tiempo completo con salarios y cuestionables firmas por medio del cohecho, el clientelismo o su compra directa. Las redes en apoyo del CIG la constituyen en muchos estados, jóvenes y no tan jóvenes con economías precarizadas, compromisos laborales de tiempo completo, absorbentes cargas de trabajo académico y obligaciones económicas y familiares ineludibles que impiden, por más esfuerzos que se hagan, cumplir con la cuota diaria de 10 mil o más firmas para cubrir el inaccecible 1 por ciento del electorado en el ámbito nacional y en 17 estados de la República. 

Varias propuestas se han hecho para vencer adversidades bien planeadas para hacer imposible candidaturas independientes verdaderas. Una es incrementar, tanto el número de auxiliares que puedan pasar de pasivos a activos, como convocar a la ciudadanía en general, a los integrantes de las organizaciones sociales y políticas de la sociedad civil, a sumarse a la campaña de firmas por Marichuy y registrarse masivamente como auxiliares. Los pasos a seguir están explicados de manera sencilla en videos en circulación.

En este cauce accidentado, destaca el llamado de Cuautémoc Cárdenas a través de redes sociales: Independientemente del voto de 2018 tarea de democrátas y progresistas hoy es dar visibilidad a justas demandas de pueblos originarios y dar firma para registro de la candidatura de Marichuy. Esta convocatoria contrasta con las reacciones de la izquierda institucionalizada que se siente amenazada por la irrupción del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera en los ámbitos políticos considerados de su exclusividad. Aquí hay que mencionar lo que podría llamarse el síndrome de Vargas Llosa, esto es, considerar a los indígenas como simples cobayas de otros actores o fuerzas políticas que los manipulan a su antojo. 

El corporativismo en política es considerado el polo equidistante de la hegemonía, y se caracteriza por la incapacidad de representar intereses generales más allá de los propios. Cuando partidos o fuerzas políticas sólo luchan por lograr sus objetivos, sin importar la ética y los principios, y no toman en cuenta las reivindicaciones del conjunto de la sociedad y la nación, se tornan corporativos y, en consecuencia, pierden la lucha por la hegemonía en los procesos de transformación social. Esta ha sido, lamentablemente, la historia de los partidos de la izquierda institucionalizada en su búsqueda por el poder a toda costa.

Marichuy, como vocera del CIG, debe estar en la boleta electoral porque representa una corriente política de abajo y a la izquierda que no claudica, no se vende y no se rinde, y porque es capaz de representar las luchas de las mujeres y los hombres explotados y oprimidos de México, sin pedir nada a cambio. Y, finalmente, porque representa la última gran barrera a los proyectos de destrucción y pérdida de soberanía que desde el poder se han venido implementando para convertir a nuestra patria-matria en un enclave más de las grandes trasnacionales.



Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

LA PRIORIDAD DE YUNES NO ES LA SEGURIDAD, SINO SU HIJO


POR NOÉ ZAVALETA , 29 DICIEMBRE, 2017REPORTAJE ESPECIAL

Inmerso en la violencia, Veracruz se desangra, pero el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene sus prioridades: preparar el terreno a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez para que lo suceda en 2018. Incluso ya puso en marcha un mecanismo político-electoral para posicionarlo. El diputado federal de Morena Cuitláhuac García Jiménez, aspirante a gobernar la entidad, sostiene que el mandatario estatal hizo un pacto con personajes presuntamente vinculados a la delincuencia organizada. Sólo así, afirma, se explica que no haga nada por atender la problemática que mantiene postrada a la entidad.

XALAPA, Ver. (Proceso). – La violencia, los secuestros, robos de autos, ejecuciones y otros delitos de alto impacto se exacerban en la entidad, pero eso parece no importarle al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. De hecho, está ocupado en diseñar la estrategia político-electoral para entronizar a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez –quien ocupa la alcaldía de Boca del Río– como su sucesor.
Para el diputado federal de Morena Cuitláhuac García Jiménez, esa postración en la entidad sólo es posible a partir de los “pactos” y “relaciones amicales” que el mandatario hizo con políticos corruptos y caciques regionales presuntamente vinculados con organizaciones delincuenciales.­
Él los trajo a Veracruz, dice. Y da nombres: Francisco Martínez Guevara, Rodrigo García Escalante, ambos exdiputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); los priistas Regina Vázquez Saut y Basilio Picazo, también exlegisladores, y Vicente Benítez González, del Partido Nueva Alianza (Panal), quien actualmente ocupa una curul en el Congreso local.
“Para detener a Morena –reitera– Miguel Ángel hizo pactos con el poder político local que tiene ligas con grupos delincuenciales; por eso es que los delitos de secuestros y homicidios se incrementan. En la pasada elección de alcaldes, muchos de nuestros candidatos fueron amenazados por la delincuencia organizada… Es grave lo que estoy diciendo, pero lo sostengo, porque esa es la realidad del estado.”
García Jiménez, uno de los aspirantes de Morena a la gubernatura en 2018, asegura que la inseguridad es el principal problema del panista Yunes Linares, en cuyo primer año de gobierno, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se cometieron 163 secuestros y 2 mil 220 homicidios.
Sin embargo, Yunes, en su afán de minimizar la situación, sostiene que 70% de los muertos eran sicarios o personas presuntamente ligadas a la delincuencia. El problema es que hoy “la violencia la pagan el comerciante, el profesionista, el médico, el taxista, el trailero, el ganadero. La seguridad ha fracasado”, insiste el legislador de Morena.
El mismo SESNSP sostiene que de diciembre de 2016 a octubre de 2017 se registraron 19 mil 343 robos, de los cuales 2 mil 492 fueron de vehículos y se realizaron con violencia, mientras que 234 robos fueron a casa-habitación.
Estos índices son mucho más altos que los registrados en los primeros años de gobierno de los priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, según García Jiménez.
Manipulación estadística 
El domingo 17 por la madrugada hubo un enfrentamiento entre uniformados estatales con presuntos delincuentes en la cabecera de Playa Vicente. Al término de la refriega, los reporteros contaron entre 15 y 18 cadáveres, así como una decena de armas de alto poder tendidas en el pavimento y el aseguramiento de 13 vehículos por elementos de la Policía Municipal.
Al día siguiente, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que mencionó que cuatro presuntos sicarios habían sido abatidos, pero no aludió a la decena de autos rafagueados y salpicados con manchas hemáticas que quedaron atravesados en el sitio donde se registró la balacera, que fue muy similar a la del 5 de diciembre del año pasado en el rancho Colombia Land, municipio de Jesús Carranza, al sur de Veracruz.
En esa ocasión 20 integrantes del Cártel de Sinaloa fueron abatidos por elementos del Ejército y la Fuerza Civil Estatal, mientras que otros 30 escaparon, aventándose al río Suchilapan.
Durante la gestión de Herrera Beltrán predominaron Los Zetas y el Cártel del Golfo, mientras que con Duarte se posicionaron en la entidad los sicarios de Gente Nueva y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, con Yunes, los ajustes de cuentas entre células de Los Zetas, CJNG, Ántrax, Cártel de Sinaloa, Grupo Sombra y grupos independientes de huachicoleros han dejado cientos de ejecutados.
Con respecto a los asesinatos de periodistas, durante los 70 meses de gestión de Duarte hubo 19 casos, incluidos el de la corresponsal de Proceso Regina Martínez Pérez y el del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, también colaborador de este seminario. La mayoría de los casos fueron atraídos por la PGR y terminaron archivados en la Fiscalía General del Estado (FGE).
En cuanto a Yunes Linares, en 12 meses fueron asesinados tres comunicadores: Ricardo Monlui, columnista de Crisol; Cándido Ríos Vázquez, de Diario Acayucan, y Gumaro Pérez Aguinaldo, de Voz del Sur. Los dos últimos, según una tarjeta informativa de la FGE –la Uipj/dXX/F2/1519/2017, filtrada a los reporteros por el titular de la dependencia, Jorge Winckler Ortiz–, eran “colaboradores de Los Zetas”.
El documento refiere que mediante “trabajo de campo” la Policía Ministerial detectó que el “finado” fungía como “enlace del grupo delictivo denominado Z” y era quien se encargaba de “amenazar e instruir” a los comunicadores de la zona sobre “qué publicar y qué no”.
Pérez Aguinaldo, añade, era compadre del exinspector de la Policía Municipal Víctor Acrelio Alegría, quien fue ejecutado en agosto pasado junto con el reportero Ríos Vázquez, del Diario Acayucan. En esa ocasión, la FGE vinculó a Ríos con el mismo grupo delictivo.
La tarjeta de la fiscalía destaca que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) buscará testimonios y aportaciones de integrantes de reporteros de la región para “corroborar” lo anterior. Sin embargo, poco después la propia comisión publicó un desplegado de prensa en el que pidió una investigación “apegada a derecho”, diligente y que garantice el derecho de las víctimas y su familia.
La criminalización, oprobiosa
Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, afiliado al Club Pen Internacional, lamenta que Yunes Linares recurra al mismo esquema que utilizó su antecesor Duarte de “criminalizar” a los comunicadores agredidos.
“Eso fue justamente lo que se aprovechó muy bien durante el gobierno de Duarte para crear desconfianza en el gremio periodístico, tanto hacia adentro, para debilitarlo, evitando la posible unión entre periodistas, como hacia afuera, creando la percepción en el público de que si algo ocurre a un periodista es porque ‘se lo merecía’, ‘andaba en malos pasos’ o era ‘una manzana podrida’”, sostiene Del Palacio, quien actualmente dirige el proyecto “Violencia y medios de comunicación en Veracruz”.
Comenta que, en el extranjero, a sus colegas, académicos, historiadores y escritores les cuesta trabajo creer que haya tanta violencia contra el gremio periodístico en Veracruz, pero les asombra más el grado de impunidad.
Prosigue: “La gente no puede creer lo que les digo: tanta impunidad, tantos tipos de agresiones diferentes hacia los periodistas, la magnitud del cohecho, el clima ominoso y las restricciones a la libertad de expresión. Se sorprenden cuando muestro las portadas de los diarios que circularon en el sexenio duartista con la misma nota, las mismas palabras (que en el de Yunes).
“No pueden creer tampoco que la sociedad civil no proteste con energía, que no se haya levantado en defensa de los periodistas. Eso es quizá lo más triste cuando me preguntan qué estamos haciendo los lectores de periódicos, los intelectuales, la sociedad, todos nosotros. La respuesta es devastadora: no lo suficiente.”
De acuerdo con la investigadora, en Veracruz hay una cultura periodística de colusión con el poder, con empresarios de medios muy cercanos al gobierno y muy pocos actores sociales realmente críticos.
“Estos factores no desaparecen por arte de magia cuando un gobierno llega a su fin. ¡Ojalá hubiera posibilidad de que, con solo cambiar a un gobierno, cambiara todo lo demás!”
La diputada panista Marioso Gamboa Torales asegura que “sí hay un cambio”, pues hoy se combate de manera frontal al crimen organizado. En el sexenio de Duarte, dice, se maquillaban cifras de violencia y a los muertos se les “echaba tierrita” (en alusión a las fosas); hoy los medios de comunicación son muy críticos porque, insiste, extrañan los 13 mil millones de pesos que recibieron en la administración anterior vía publicidad, para comprar las conciencias de reporteros y directivos.
Con Duarte, señala, hubo delitos de lesa humanidad, como los levantones masivos de jóvenes en Xalapa, Puerto de Veracruz, Úrsulo Galván y Coatzacoalcos
Y añade: a muchos se les olvida que el priista Javier Duarte, su jefe policiaco Arturo Bermúdez, su vocera Gina Domínguez, su tesorero Mauricio Audita y el de Obras Públicas, Francisco Valencia, están en la cárcel por las investigaciones del propio Yunes Linares, iniciadas desde antes de llegar al gobierno.
El senador priista Héctor Yunes Landa, primo hermano de Yunes Linares, suele afirmar que Miguel Ángel salió peor que Duarte: “Los números son fríos, no están sujetos a los debates que tanto gustan al gobernador; Miguel Ángel nos está saliendo peor que Duarte, que ya es un decir”.
Tejiendo futuro 
El diputado Cuitláhuac García, de Morena, habla de Miguel Ángel Yunes Márquez, el delfín del gobernador que está al frente del ayuntamiento de Boca del Río y ya se siente el próximo gobernador.
Hoy, dice, los secretarios de despacho del gobierno estatal tienen que “pedir permiso” al hijo del mandatario para hablar y moverse.
Afirma que en las secretarías de Desarrollo Social, de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en la de Seguridad Pública, en el DIF y demás dependencias ya se puso en movimiento la maquinaria política-electoral para encumbrar a Yunes Márquez como el sucesor de su padre.
Si bien Veracruz tiene a 2 millones de personas con “precariedad alimenticia, no hay un programa real de apoyo al campo. El dinero se prioriza para las elecciones o para contratar en la Sedesol a 2 mil 400 operadores panistas enfocados a repartir despensas para captar votos”, refiere el dipu­tado de Morena.
El reportero telefoneó al gobernador Yunes Linares para conocer su punto de vista sobre las opiniones aquí expresadas, pero no respondió. También buscó a su vocero, Elías Assad, quien tampoco contestó la llamada.

Este reportaje se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.

FIN DE AÑO OMINOSO

Los consejeros Adriana Margarita Favela, Alejandra Pamela San Martín, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova y Enrique Andrade. Foto: Octavio Gómez

POR  
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El joven periodista veracruzano Gumaro Pérez Aguilando, de 34 años, fue ejecutado a sangre fría el pasado martes 19 mientras observaba a su pequeño hijo de seis años participar en el festival navideño de su escuela primaria Rafael Aguirre Cinta, ubicada en Acayucan, Veracruz. Pérez era un periodista muy respetado en la zona que cubría la fuente policiaca.
Con este nuevo asesinato México empata con Siria, nación inmersa en una brutal guerra civil, con la mayor cantidad de periodistas asesinados, 12, durante 2017, de acuerdo con la organización internacional con sede en París Reporteros Sin Fronteras (véase: https://rsf.org/es).
El mismo martes 19, el polémico youtuber Juan Luis Lagunas Rosales, de unos 25 años, fue asesinado por un comando que irrumpió en un bar de Zapopan, Jalisco, donde Lagunas convivía con sus amigos. Unos días antes de su muerte, el joven había publicado un video crítico de los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El mensaje queda perfectamente claro. Quien manda en Veracruz, en Jalisco, y en todo el país, son los delincuentes. También es evidente que estos delincuentes no sólo se encuentran en la sociedad sino también dentro de las mismas oficinas gubernamentales responsables de garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia. Nuestras instituciones públicas están totalmente colapsadas e infiltradas.
Pero el verdadero origen del problema de la violencia y la impunidad se encuentra en las autoridades electorales. Quienes generan las condiciones para que los sicarios de a pie puedan cometer tantos imperdonables actos de barbarie son los malandros de saco y corbata.
Apenas un día antes de las ejecuciones de Pérez y Lagunas, el lunes 18, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) nombró a un exsubordinado de José Antonio Meade, Lizandro Núñez Picazo, como el nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Ello apenas unos días después de que Meade había nombrado a Aurelio Nuño como su coordinador de campaña.
Se sabe que cuando fungía como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, entre 2012 y 2015, Nuño fue pieza fundamental en las negociaciones partidistas para lograr la llegada de su amigo Lorenzo Córdova a la presidencia del INE. Todo parece indicar que el consejero presidente ahora le devuelve el favor al coordinador de campaña, colocando a un funcionario dócil listo para hacerse de la vista gorda frente a los enormes flujos de dinero ilegal que seguramente lubricarán las campañas priistas.
Recordemos que la Comisión Monex de la Cámara de Diputados reveló que Peña Nieto rebasó más de 14 veces el tope de gasto de campaña en 2012. Altos funcionarios de la empresa trasnacional Odebrecht también han revelado, en declaraciones juradas dadas a conocer por la prensa, que trabajaron con Emilio Lozoya para aceitar la campaña de Peña Nieto con 4 millones de dólares. Y Carmen Aristegui ha divulgado el llamativo vínculo entre el financiamiento a las tarjetas Monex e importantes operadores del Cártel de Juárez, también durante 2012 (véase: http://bit.ly/2BnfcCT).
Asimismo, la prensa nacional ha informado sobre la probable triangulación de millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda, cuando la encabezaba Luis Videgaray, a las campañas políticas del PRI en Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas durante 2016. De acuerdo con las declaraciones de Jaime Herrera, secretario de Hacienda en el gobierno de César Duarte, divulgadas por el periódico Reforma, el desfalco al erario alcanzó la cantidad de 250 millones de pesos solamente en ese estado. El mecanismo utilizado para ello habría consistido en compras simuladas de “cursos de capacitación educativa” inexistentes para canalizar los recursos públicos al PRI.
Hace unos días también hubo una denuncia importante de parte del comediante Facundo, quien divulgó que el Partido Verde le había ofrecido 2 millones de pesos en efectivo para enviar unos tweets a favor de ese partido, aliado con el PRI, el día de las elecciones federales de 2015 (véase: http://bit.ly/2BbfcWD). “Ese día, que me ofrecieron 2 millones de pesos, seguro se movieron más de 300 millones de pesos en efectivo. Seguro que Miguel Herrera cobró 10 o 5, y los otros en la lista son güeyes que cobran más que yo y tuitearon dos o tres veces… ¿De dónde chingados salió esa lana? Pues no sé si de Duarte, del narco o de dónde… ¿Cómo te informas cuando le están dando 2 millones de pesos a un güey para que se calle algo y a otro para que diga algo, no?”
¿Existe alguna vinculación entre el asesinato de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos y el flujo de dinero ilegal durante las campañas políticas?
Desde luego que sí. La impunidad, la corrupción y el descontrol gubernamental se compran a partir de las mismas campañas políticas. Cuando quienes “ganan” elecciones lo hacen mediante el uso de cuantiosos recursos ilegales para comprar votantes, operadores y comunicadores, una vez que ocupan sus cargos tienen que devolver estos favores a sus patrocinadores.
El nombramiento de Núñez Picazo y la ejecución de Pérez Aguilando constituyen entonces dos lados de la misma moneda.
Si Córdova y los otros consejeros electorales permiten que en 2018 se repitan los mismos esquemas de financiamiento ilegal de campañas, de compra y coacción del voto de 2012, ellos serán los responsables del baño de sangre y la represión que inevitablemente acompañarían al nuevo gobierno fraudulento y espurio.
“¿El océano entero podrá lavar la sangre de mis manos, o mis manos teñirán el verde mar en una mancha escarlata?”, preguntó desesperado Macbeth a su esposa después de su crimen de ambición. “Un poco de agua limpiará el delito”, le respondió primero su cómplice. Pero con el tiempo Lady Macbeth se dio cuenta de que por mucho que se frotara las manos jamás podría deshacerse de la evidencia de su crimen. “¡Oh! ¿No quedarán limpias nunca estas manos…?”, exclama la mujer de Macbeth, y finalmente acepta: “lo que ha sido hecho, no puede ser deshecho”.
Twitter: @JohnMAckerman
Este análisis se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.

PROFUNDAMENTE ANTIDEMOCRÁTICO, DEJAR EL PODER EN MANOS DE UNA SOLA FAMILIA EN VERACRUZ, AFIRMA INVESTIGADOR DE LA UV

Desde una perspectiva académica, resulta peligroso que en Veracruz se pretenda que el poder gubernamental quede en manos de las mismas familias, esto en relación a la familia Yunes, que ocupa distintos cargos públicos en la entidad y que busca la continuidad en ello. De acuerdo con el académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, IIHS-UV, Martín Aguilar Sánchez, "está sucediendo un fenómeno no solamente a nivel nacional sino latinoamericano, donde los funcionarios piensan que tienen la razón histórica y entonces empiezan a delegar en su familia, en sus esposas, en sus hijos, el poder. A mí me parece que eso es profundamente antidemocrático. 

Yo creo que tiene que haber una competencia electoral equitativa, y el poder no debe repartirse entre las familias. Se supone que vivimos en un país democrático, no en una monarquía". En ese sentido, el investigador recordó que diversas voces han expresado su preocupación debido a que el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, quiere prácticamente heredarle el cargo a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. “Además, el apellido Yunes, de la misma familia, ha ocupado distintos cargos públicos, desde diputaciones, senadurías, alcaldías, candidaturas a la gubernatura y la gubernatura, lo cual podría no ser sano para la democracia en Veracruz”. 

Aguilar Sánchez refirió que desde el proceso electoral pasado "se veía venir", porque, al ser una gubernatura de sólo dos años, la administración actual iba a estar más preocupada por los sucesores en los cargos públicos que por resolver los graves problemas que padece Veracruz, como los altos niveles de inseguridad. En este caso, reiteró, el actual gobernador tiene la clara intención de que su hijo sea su sucesor al frente del estado de Veracruz, por lo que pareciera que se están dejando de lado los problemas “por afrontar directamente las elecciones". Así las cosas.


ASÍ QUEDÓ EL REPARTO DE CANDIDATURAS EN LA ALIANZA 'JUNTOS HAREMOS HISTORIA', DE MORENA-PT-PES EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Con base en las negociaciones y acuerdos entre los partidos que conforman la coalición “Juntos Haremos Historia”, de Morena-PT-PES, el reparto de candidaturas en Veracruz confirmó las dos candidaturas al Senado, en la primera y segunda fórmula para el partido de MORENA, quedando definidos la diputada federal y coordinadora del Grupo Legislativo en San Lázaro, Rocío Nahle García, como candidata en la Primera Formula, y el ex alcalde de Xalapa, y ex diputado federal y local, Ricardo Ahued Bardahuil, en la Segunda. 

Con relación a los 20 distritos electorales federales, aunque aún no se han definido los nombres del aspirantes al Congreso, el reparto de candidaturas quedó como sigue: a Morena, le correspondieron 10 distritos; al PES, 6, y al PT, 4. La distribución por distrito quedó así: I.-Pánuco- PES; II-Tantoyuca-MORENA; III.-Tuxpan-PES; IV.-Veracruz- MORENA; V.- Poza Rica- MORENA; VI.-Papantla- Morena; VII.-Martínez de la Torre- PT; VIII.- Xalapa- PES; IX.- Coatepec- PES; X.- Xalapa- MORENA; XI.- Coatzacoalcos- MORENA; XII.-Veracruz.- PT; XIII.-Huatusco- MORENA; XIV.-Minatitlán- MORENA; XV.-Orizaba.- PT; XVI.- Córdoba.- MORENA; XVII.-Cosamaloapan- MORENA; XVIII.- Zongolica- PES; XIX.-San Andrés Tuxtla.-PES, y XX.-Cosoleacaque-PT.

MEADE LA MISMA GATA NADA MAS QUE REVOLCADA

MEADE EL CANDIDATO DEL PRIAN, SIN MILITAR EN NINGÚN PARTIDO POLÍTICOS QUIERE VENDERNOS QUE ES HONESTO, PERO HA SERVIDO Y SOLAPADO LA CORRUPCIÓN DEL PRI Y PAN, AUTOR INTELECTUAL DE LOS GASOLINAZOS, EL AUMENTO DEL IVA, APOYO EL FOBAPROA. AHORA RESULTA QUE ESTÁ MUY PREOCUPADO POR EL PUEBLO, CUANDO ÉL Y TODOS LOS PRIANISTAS SON RESPONSABLES QUE MÉXICO NO TENGA CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS.
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Redactado porJaime Bonilla
Fecha de Publicación - diciembre 19, 2017

Desde su destape, Antonio Meade ha sido presentado como el candidato ideal del PRIAN para querer seguir dirigiendo los destinos de este país. Y ya sabemos que si Peña nos llevó al despeñadero, a dónde nos llevará este tecnócrata.
Falto de contacto con los mexicanos, forjado y formado en colegios y oficinas de gobierno, a Meade Kuribreña se le pretende hacer artificialmente un perfil de contacto con los ciudadanos, cuando que en décadas nunca se preocupó por estar cerca de las mayorías a las que, desde su escritorio, impuso gravámenes, deudas como las del Fobaproa y otras medidas lesivas.
Para nuestra región, y en su calidad de secretario de Hacienda, José Antonio Meade defendió el gasolinazo de principios de 2017 argumentando que era necesario para el medio ambiente ya que según su siniestra lógica, mientras más accesibles son los combustible más contaminamos.
A principios de año, Meade Kuribreña “debatió” en twitter con usuarios y reconoció en la red social “que sí habrá efecto en precios, lo cual no se traducirá en incrementos desbordados en la inflación y aunque admitió que son medidas difíciles, reiteró que son necesarias por los beneficios al mediano y largo plazo en términos de inversión y de libre competencia para el país”.
En torno a la pregunta sobre por qué el impuesto a la gasolina es tan alto en México, aclaró que prácticamente todos los países cobran impuestos a las gasolinas porque su consumo tiene efectos negativos en la sociedad. Dicho de otra forma, mover las mercancías, llevar medicamentos a los rincones más alejados, es simple y sencillamente un equivalente a contaminar y a ensuciar el ambiente.
Como su antecesor, otro ser nefando, Luis Videgaray quien justificó la cacería de carros chocolate cuando en Tijuana dijo que se hacía por cuidar el medio ambiente, ahora resulta de Meade Kuribreña también es ecologista antes que secretario de Hacienda. Ambos debían de militar en el Partido Verde donde impera la corrupción.
Y ante los señalamientos de que en casi todos los países hay buena infraestructura, buenas carreteras y seguridad, Meade Kuribreña comentó que mantener los precios artificialmente bajos de gasolina impidió invertir en éstas y otras infraestructuras, de igual forma que los precios “bajos” impidieron invertir en refinerías.
Los mexicanos no debemos ni podemos olvidar tamañas ofensas del que hoy es el candidato del PRI y del PAN. Así de flaca e inepta está la pobre caballada de esos partidos.

CRIMINALIZAR A TUS HIJOS

Por Lydia Cacho

Si usted vio las fotografías de los diarios en que la policía mete perros que detectan “sustancias ilegales” en las mochilas de niñas y niños de las escuelas del país, entenderá la evidente e inaceptable violación a la ley por los derechos de niñas, niños y jóvenes y la inmensa farsa a la que ahora nos enfrenta el Secretario de educación Aurelio Nuño, a quien le dio por hacer de policía en lugar de dedicarse a lo suyo: mejorar la educación, asegurar mejores pagas para el profesorado, mejorar la infraestructura escolar, fortalecer las redes de bibliotecas escolares, crear escuelas públicas para niños y niñas invidentes, sordas, con autismo, y preparar a las redes de escuelas en todos los estados para recibir estudiantado mixto que sepa convivir y educarse con la diversidad de estudiantes, como aquellos con síndrome de Down y otras discapacidades. Chicos y chicas capaces de aprender ciencia, de convertirse en grandes profesionales si al Estado le importara en verdad mirar y educar a toda su población infantil con respeto y sin lástima o exclusión.

Se habrá dado cuenta usted, como la mayoría de nosotras, que el petulante secretario Nuño no ha hecho un solo esfuerzo notorio por implicarse, ya, en que todas las escuelas públicas tengan los servicios adecuados para la movilidad de estudiantes con sillas de ruedas. Inauguran una, se toman la foto y a lo que sigue.

¿Por qué deberíamos de rebelarnos masivamente en contra del operativo Mochila Segura? muy sencillo: porque criminaliza a nuestros hijos, hijas, sobrinas y nietos les expone a un estrés inmerecido, en el que (ellos y ellas me lo han dicho), se sienten culpables de algo que nunca han hecho; vigilados por el Estado como si fueran delincuentes. Porque si usted tiene prole de entre 9 y 16 años y les escucha, sabe muy bien que entienden lo que la injusticia significa. Tal vez no todas nuestras hijas e hijos puedan verbalizar la impotencia de sentirse vistos como delincuentes dentro de la escuela, mientras saben que allá afuera, en la esquina, hay un dealer protegido por la policía del barrio; o que el director de la escuela sabe que hay un chico hijo de padres vinculados con la delincuencia organizada que probablemente tenga acceso a un arma letal; pero las personas adultas tampoco dicen nada, porque tienen miedo y el miedo hace irresponsables a las y los adultos y pone en riesgo a sus estudiantes.

Que no se equivoquen las autoridades y que los periodistas no celebren la estulticia de la flagrante violación a las nuevas leyes y al sistema de protección y prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes; es decir que los colegas y editores se informen antes de celebrar un operativo que a todas luces es la teatralización de la prevención de la violencia en las escuelas. Es a la PGR, SEIDO y a la Policía Federal a quienes les corresponde asegurarse de que las redes de delincuencia organizada y policía corrupta que vende drogas y armas en las calles sean vigilados y procesados como debe ser. Los perros entrenados, la policía especializada en detectar armas, explosivos y drogas, debería estar en aquellas zonas donde grupos de adultos se encargan de fortalecer el abasto. Es afuera y no adentro de las escuelas donde le toca a la policía actuar.

El estrés postraumático al que ya están expuestos niños, niñas y jóvenes debido a la violencia social, criminal y política, a la persecución estudiantil, a la criminalización de la diversidad sexual e ideológica, es más que suficiente para causar estragos que van desde actitudes de rebeldía iracunda precoz, hasta desatar episodios de violencia que desenmascaran algún padecimiento psiquiátrico en niños y niñas sin acceso a servicios adecuados de salud mental, esos que deberían tratarles con dignidad y no con desprecio criminalizante y exclusión escolar ¿Queremos escuelas seguras? Que cada quién haga su trabajo, pero que saquen a la policía de las escuelas, que persigan a los culpables y no a las víctimas. Ya niñas y niños mexicanos soportan suficiente miedo y angustia diariamente, exponerles a esto es ilegal, inmoral e inaceptable; Mochila Segura es una farsa desatinada que vulnera su libertad, protección y ciudadanía a que tienen derecho constitucional. Lo que niñas y niños precisan es intervenciones colectivas para procesar sus miedos, explicaciones claras sobre la guerra y las balaceras, no tratarles como potenciales asesinos.



Lydia Cacho


Periodista, feminista y activista de derechos humanos de las mujeres.