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1 de marzo de 2017

VERACRUZ: DE FRUTSIS A CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Por Jacobo Dayán

En declaración de 2014 el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó que el estado había pasado, durante su administración, de balaceras y homicidios a robo de frutsis y pingüinos. La tradición política mexicana de Alternative Facts es muy antigua, la realidad veracruzana estaba lejos de acercarse a la declaración de Duarte.

La reconocida organización International Crisis Group (ICG) acaba de presentar su informe “Veracruz: reformar el estado mexicano de terror”. En él se describe la realidad de ese estado y el diagnóstico presentado es que “Veracruz se ha convertido en sede de crímenes de lesa humanidad”, es decir actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque por parte de actores estatales y/o no estatales.

Los datos presentados incluyen al menos 2,750 denuncias de personas desaparecidas mientras que organizaciones de la sociedad civil hablan de cifras cercanas a 20 mil, 17 periodistas asesinados desde 2010 lo que ha generado un serio problema de autocensura y “un torbellino de homicidios que tuvieron como objetivo, entre otros, a profesionales jurídicos, agentes policiales, potenciales testigos de delitos y cualquier civil que se atreviera a poner freno a las ambiciones de una multitud de organizaciones criminales y sus cómplices políticos”. El fiscal Jorge Winckler Ortiz describió a la región costera del Golfo como “la fosa común más grande de México”.

En informes anteriores ICG ya había descrito al aparato estatal veracruzano como uno que crea, protege y encubre intereses criminales. Como en el resto del país, la impunidad es la constante. El informe recoge estadísticas del INEGI en las que se coloca el total de crímenes no reportados en Veracruz como el 94.6% del total y la impunidad en el estado por arriba de la media nacional del 97.1%.

En este entorno habría que sumar que Javier Duarte es buscado por numerosos casos de malversación junto con otra decena de exgobernadores. La impunidad y la simulación como sistema.

Las cifras en el país demuestran que Veracruz no es el único estado con violencia desmedida y altísimos índices de impunidad como ya quedó documentado en múltiples informes como “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” de Open Society Justice Initiative (OSJI), el GIEI en el caso Ayotzinapa y “En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)” que realizamos entre El Colegio de México y la CEAV.

ICG concluye que “la historia reciente de Veracruz, los espantosos detalles que están comenzando a salir a la luz, subrayan la crisis no de una administración estatal, sino del sistema político mexicano en su conjunto, donde una transición democrática bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida por el crimen organizado. La facilidad con la cual quienes ostentan el poder político han sido capaces de perseguir sus ambiciones criminales apunta a debilidades estructurales en el sistema democrático”.

El informe destaca la violencia entre grupos del crimen organizado que cuentan con complicidad de agentes estatales, violencia contra migrantes, extorsión y ataque a testigos y periodistas, entre muchos otros.

ICG incluye recomendaciones que coinciden en algunos casos con las hechas por el GIEI, OSJI y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Investigar la participación estatal en crímenes de lesa humanidad, garantizar el derecho a la verdad, independencia de la fiscalía y servicios forenses, acabar con la corrupción y la impunidad, reforma policial, transparencia en el uso de recursos, garantizar la libertad de expresión, apoyo a las víctimas, replanteamiento del modelo de seguridad y búsqueda de personas desaparecidas, entre otros.

Igualmente, ICG hace un llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre las autoridades mexicanas para “que respeten los derechos humanos fundamentales, se comprometan con el Estado de derecho y eviten la obstrucción de la justicia”. La asistencia internacional resulta indispensable. La magnitud del problema indica que los crímenes de lesa humanidad y la impunidad sistémica no podrán ser contenidos sin un mecanismo internacional con amplias facultades. Es un largo camino que se debe iniciar a la brevedad en el país.

De haber voluntad en el nuevo gobierno estatal algo se puede hacer de manera inmediata. Crear una Comisión de la Verdad en Veracruz con completa autonomía y conformada por academia y sociedad civil para que revise los casos de violencia y corrupción. Cualquier otro formato sería simulación.

En la mesa están los múltiples diagnósticos que apuntan a recomendaciones muy similares. Es un asunto de responsabilidad y voluntad. A nivel federal no existirá en este sexenio, algunas pocas luces comienzan a aparecer a nivel estatal. ¿Serán serias?
Mención aparte merece la reacción de la inmensa mayoría de los medios y de la sociedad. La indignación en el caso veracruzano se presentó por los burdos casos de desvío de recursos y nunca por los muertos y desaparecidos. Algo anda muy mal.

¿Cuántos informes sobre crímenes de lesa humanidad en México se requieren para mover a gobierno(s), a la mayoría de los medios o a la sociedad?

El informe puede ser consultado aquí: www.crisisgroup.org

Jacobo Dayán


Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.

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