VERACRUZ: DEL ROBO DE GOLOSINAS A LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Enrique Jiménez

 16 marzo, 2017

Veracruz se convirtió en el estado donde solo robaban golosinas al territorio donde prevalecen los crímenes de lesa humanidad.

“Javier Duarte Ochoa, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, y actualmente prófugo, insistió en que el delito más grave en el estado era el robo de golosinas en las tiendas de conveniencia”, asegura International Crisis Group, un organismo encargado de resolver y prevenir los conflictos armados en el mundo.

Sin embargo, en los últimos tres años se publicaron desapariciones, secuestros y el hallazgo de decenas de fosas clandestinas a lo largo y ancho de la entidad con cientos de restos humanos.

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La más reciente es la fosa de Colinas de Santa Fe, ubicada al norte del puerto de Veracruz, donde ya se encontraron 249 cráneos y más de 10 mil restos óseos, según lo que informó este martes el fiscal de la entidad, Jorge Winckler Ortiz.

Sin embargo, Crisis Group estima que en el lugar encontrarán al menos otros 250 cráneos más, ya que todavía falta 90% del terreno por explorar y desenterrar. Las autoridades y el grupo de búsqueda Colectivo Solecitollevan trabajando desde octubre del año pasado en el lugar y aún no terminan de sacar los restos encontrados

Ante la realidad, era imposible que el gobierno estatal siguiera negando los crímenes de lesa humanidad que se han llevado a cabo en el territorio veracruzano, por lo que es determinante que la administración de Miguel Ángel Yunes ha aceptado que el estado se convirtió en la sede de crímenes de lesa humanidad.

Foto: Cuartoscuro

Del narco al infierno de las desapariciones

El estudio Veracruz: reformar el estado de terror mexicano, elaborado por la organización no gubernamental, explica que el crimen organizado en el estado mutó del narcotráfico a una serie de actividades diversas, entre las que se incluye la extorsión, el secuestro extorsivo, el tráfico de personas y el robo de petróleo.

“Bajo el gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien ostentó el poder desde 2004 hasta 2010, cuando la influencia del cartel de Los Zetas iba en aumento, y posteriormente bajo su sucesor Duarte, Veracruz fue sede de interconexiones políticas y criminales cada vez más fluidas, acelerando su descenso hacia la inseguridad extrema”, dice  el estudio, presentado a finales del mes pasado por la organización no gubernamental.

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Aunado a eso, el aparato estatal de Veracruz  está diseñado para crear, proteger y ocultar los intereses de los criminales, y para muestra están los datos oficiales reportados por los gobiernos, tanto local como el federal.

Las dependencias federales reconocen tan solo 68 casos de desapariciones no resueltas en el estado, mientras que 2 mil 750 casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

No obstante, las organizaciones de la sociedad civil estiman que la verdadera cifra se acercaría a los 20 mil  y sólo pocos de los casos han sido resueltos.

En la administración de Duarte se encontraron 18 narcocementarios en el estado, además de las decenas de cuerpos que aparecieron sepultados en distintos puntos.

Pese a la realidad, la administración anterior aseguró una y mil veces que no había inseguridad en el estado, que lo más que se robaban eran las golosinas en las tiendas.

“Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y dos Pingüinos en el Oxxo”, dijo Duarte en octubre de 2014, justo antes del arranque los Juegos Centroamericanos, que se celebraron en el estado.

Mientras tanto, jóvenes desaparecían mientras andaban en la calle; vacacionistas ya no regresaban a sus casas después de transitar por carreteras veracruzanas; y las quejas se acumulaban en la Fiscalía sin que hubiera respuestas reales, ya que pedir el regreso de estas personas era como pedir un milagro.

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El estado ocupa el primer lugar en desapariciones de personas, por encima de Tamaulipas y Guerrero, donde la violencia tampoco ha dado tregua a sus habitantes.

Con la creación de una Comisión de la Verdad, se da un importante primer paso para abordar la participación del estado en crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas, y para comenzar a reconstruir la confianza destrozada de los ciudadanos en las autoridades públicas, señalan los expertos de la ONG.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México estima que los delitos no denunciados en Veracruz constituyen 94.6% del total, y la tasa de impunidad del estado supera el promedio nacional de 97,1%.

FOTO: Cuartoscuro

Ayuda internacional

International Crisis Group recomendó al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares solicitar apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes deben ampliar sus actividades a Veracruz.

También les pidió acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) cuya Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) dio resultados positivos en circunstancias igualmente difíciles.

Y solicitar la participación de la ONU, que colaboró con el gobierno de Guatemala para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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“Se necesita urgentemente apoyo fiscal, además de forense, tanto para los actores estatales como los de la sociedad civil”, advierte el estudio.

Sobre todo, continúa, si el Ejecutivo federal o la Procuraduría General de la República (PGR) no brindan el apoyo necesario a Veracruz, la comunidad internacional debería responder con presión y cooperación directa con el gobierno y la sociedad civil de la entidad.

“La comunidad internacional debería subrayar, a través de relaciones diplomáticas y empresariales, la necesidad de fomentar el Estado de derecho en México por el bien de la estabilidad a largo plazo”.

Los organismos internacionales y los no gubernamentales deberían considerar canalizar ayuda técnica y financiera directamente a los actores de la sociedad civil para reducir los obstáculos y costos burocráticos, y el riesgo de que los fondos sean desviados y la ayuda politizada.

“En paralelo, deberían invertir en el desarrollo de capacidades de las instituciones clave de México, en particular la PGR, para apoyar la búsqueda, excavación e identificación de cuerpos enterrados en fosas clandestinas”, concluye de International Crisis Group.

Crédito: el insurgente

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