Orizaba, Ver.- Los desvíos e irregularidades
financieras en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) también alcanzan a
todos los representantes sindicales que integran el Consejo Directivo de ese
organismo y al diputado federal Adolfo Mota Hernández. Su responsabilidad va
desde la autorización de pensiones "estratosféricas" hasta la
aprobación para el uso de la reserva técnica, iniciada en el fidelismo e
intensificada en el duartismo; la Fiscalía General del Estado (FGE), revela
Jesús Arenzano ya citó a declarar a unos, pero al legislador aún no.
El problema
económico en el que se encuentra el IPE no es menor, reclama, son miles de
millones de pesos que deben ser reintegrados a sus cuentas, porque al final es
dinero de los mismos pensionados y de nadie más. "Lo que pasó es que de
forma deliberada los integrantes del Consejo Directivo, no midieron el alcance
del daño que se ocasionaría con todo ese saqueo tan enorme que se dio",
subraya.
De hecho,
los representantes de los pensionados del estado, en su momento interpusieron
una denuncia en contra de los integrantes del Consejo Directivo, "porque
en ellos recae toda la responsabilidad en el manejo de los recursos económicos
del Instituto". Por ejemplo en el caso de los préstamos que el IPE hizo a la
administración de Fidel Herrera, quienes integran el Consejo Directivo son los
únicos responsables de aprobarlos. Aquí lo que vale preguntar cuáles fueron los
argumentos legales con los que se aprobaron esos préstamos".
Los
dirigentes sindicales que integran el Consejo Directivo, "siempre
estuvieron haciendo lo que el gobernador en turno les decía. Nunca se
atrevieron a decir no y a denunciar, ahora son ellos los que piden que se
investigue. Están llenos de cinismo, sus actitudes son vergonzosas. Sabemos que
la Fiscalía ya los citó a declarar para que fijen su postura en torno a los
hechos con los que quebraron al IPE".
Pero ahora
tras la detención de Javier Duarte así como de sus ex funcionarios, lo que
piden es que se reintegre ese dinero que fue dispuesto de manera indebida.
Ahora que la Procuraduría General de la República (PGR) ya incautó los bienes,
debe iniciarse el reintegro del dinero a donde corresponde.
En este
sentido, dijo, "lo que los pensionados planteamos es que se debe restituir
los fondos de reserva del Instituto de Pensiones que ascienden a 7 mil millones
de pesos, los cuales fueron saqueados por la administración de Fidel Herrera y
Javier Duarte. Ese dinero debe ser reintegrado, ahí están las propiedades que
se incautaron y por eso decimos que es prioritario que se devuelva los fondos
de reserva del IPE.
"Ese
dinero –explica– pertenece a los trabajadores del estado, porque corresponde a
las aportaciones que se han hecho a lo largo de la vida laboral. Es dinero para
asegurar el retiro; lo que hicieron fue un robo y ahora que se reintegra parte
de ello lo que pedimos es que se pague a los mismos trabajadores del
estado".
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