1 de Septiembre de 1982.
Nacionalización de la banca. Tras la devaluación del peso (26 a 47 pesos por
dólar), ante la insuficiencia de las reservas internacionales del Banco de
México para hacer frente a la demanda de dólares y la cancelación de créditos a
México por parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida
del sistema financiero nacional, el gobierno de José López Portillo decretó la
expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo
de cambio. La Federación tuvo que desembolsar tres billones de pesos (viejos)
para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda
ascendía a 25,000 millones de dólares.
1983 Ficorca. Creación del Fideicomiso de Cobertura de Riesgo
Cambiario (Ficorca). En el marco de la recesión económica derivada de la crisis
de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid obtuvo un préstamo del exterior
para financiar el déficit fiscal, la deuda externa y la actividad productiva.
Dichos recursos sirvieron para crear el Ficorca, fondo que se empleó para
salvar de la quiebra a 20 grandes empresas al asumir pasivos por 12, 000
millones de dólares mediante garantías del Banco de México (Proceso 1131).
Comenzó la privatización de empresas paraestatales.
1987 Crack de la Bolsa Mexicana de Valores . Crack de la Bolsa
Mexicana de Valores. Luego de la nacionalización de los bancos, se desarrolló
en México una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras,
aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían posteriormente
los bancos durante la reprivatización. Para atraer capitales, el sistema
financiero nacional elevó las tasas de interés para los inversionistas en la
bolsa a costa de la deuda pública interna y de que la inversión se convirtiera
en especulativa. La crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó el
desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al
dólar.
1990 Fobaproa. Creación del Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (Fobaproa). Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre
otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, y tras el
anuncio de la desincorporación de las instituciones de crédito, el gobierno de
Carlos Salinas de Gortari instituye el Fobaproa, un fondo de contingencia para
enfrentar problemas financieros extraordinarios. Ante posibles crisis
económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento
de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa
serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones
financieras.
1991 Reprivatización de la banca. Reprivatización de la banca.
En el marco de la desincorporación de empresas del sector público para reducir
los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el
proceso productivo, fueron vendidos 18 bancos. De acuerdo con el texto La
política económica en México, 1950-1994, de los 61,600 millones de pesos
obtenidos por la venta de 409 empresas paraestatales durante el sexenio
salinista, 37,800 millones de pesos provinieron de la venta de bancos.
Diciembre 1994 Crisis económica de 1994-1995. Tras seis años de
sostener una lucha a ultranza contra la inflación, el tipo de cambio se
sobrevaluó y repercutió en déficit comercial, endeudamiento externo, reducción
de las reservas internacionales y especulación desmedida en el marcado de
valores. La combinación de estos factores con diversos acontecimientos
políticos provocaron una abrupta devaluación del peso y una inusitada alza en
las tasas interés. Varias empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones ante
los bancos y se registraron retiros masivos de capital por la desconfianza
hacia las instituciones de crédito. Los bancos dieron visos de insolvencia y se
temió el colapso financiero.
1995 Aplicación del Fobaproa. A finales de 1994 tuvo lugar la
crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana. Entre otras
reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias
ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual
quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los
ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que habría
colapsado la infraestructura productiva, por lo que el Gobierno Federal aplicó
el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema
financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa
ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que
canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PBI
de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el
doble de la deuda pública interna.
Enero 1995 Procapte Se creó el Programa de Capitalización
Temporal (Procapte) mientras culminaban las operaciones para que el Fobaproa
absorbiera la cartera vencida a los bancos, el gobierno federal recurrió a la
creación del Procapte, un instrumento alternativo para sanear el sistema
financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y
recuperar la solvencia de los bancos. Adicionalmente, la administración de
Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por
medio de unidades de inversión (Udis). Según la propia reglamentación del
Fobaproa, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a
condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran
recursos frescos.
1996 Ucabe Creación de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo
Bancario Empresarial (Ucabe). A consecuencia de la crisis de 1994-1995, muchas
empresas se vieron imposibilitadas de pagar sus deudas, por lo que
reestructuraron sus débitos a través de la Ucabe, que funcionó con recursos
fiscales a instancia de la Secretaría de Hacienda. Acorde con datos de la
propia dependencia, el Ucabe sirvió de aval para el rescate bancario y
benefició a 54 empresas por un monto de 9,700 millones de dólares.
Marzo 1998 Iniciativas presidenciales. El Ejecutivo Federal
envía al Congreso de la Unión un paquete de cuatro iniciativas para crear un
marco legal que reduzca las posibilidades de una nueva crisis bancaria, así
como para crear mecanismos más eficientes de supervisión a las actividad
crediticia y facilitar la capitalización de los bancos. Por tanto, con el
objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario,
el Ejecutivo propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (Fogade),
instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e
involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos.
Asimismo, propuso la instauración de la Comisión para la
Recuperación de Bienes, cuya función consistiría en recuperar, administrar y
enajenar bienes y derechos que el Fobaproa y el Fondo de Apoyo al Mercado de
Valores (Fameval) adquirieran como resultado de la crisis. La propuesta que
causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al
Fobaproa fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que
sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto asciendió a 552,000 millones de
dólares. Las iniciativas presidenciales no prosperarán hasta que los
legisladores obtengan el resultado de las auditorías y emitan un veredicto.
Las iniciativas son: a) Decreto que abroga la Ley Orgánica del
Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución
de Banca de Desarrollo; b) Decreto que reforma la Ley del Banco de México; c)
Decreto por el que se adiciona la Ley del Banco de México; se expide la Ley de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se reforman las leyes para
Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del Mercado de Valores, y
de Sociedades de Inversión; y d) Decreto por el que se expiden la Ley Federal
del Fondo de Garantía de Depósitos y la Ley de la Comisión de Recuperación de
Bienes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes
del Banco de México, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, para
Regular las Agrupaciones Financieras y General de Deuda Pública.
Julio 1998. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, accede
a que el Congreso analice las operaciones realizadas en el Fobaproa, mientras
los legisladores acuerdan citar a altos funcionarios y exfuncionarios públicos,
empresarios y banqueros para esclarecer supuestos fraudes antes y durante el
rescate bancario. Con el documento “Fobaproa: El gran atentado contra la economía.
Alternativas para impedirlo”, el Partido de la Revolución Democrática reafirma
su negativa a convertir en deuda pública las pasivos del Fobaproa, exige
castigo a funcionarios y empresarios que incurrieron en malos manejos, apoyar
sólo a pequeños y medianos ahorradores, restringir inversión extranjera y fijar
un mecanismo permanente de supervisión a los bancos.
4 de Agosto de 1998. La lista del PRD. El PRD divulga una lista
con los nombres de los principales beneficiarios del Fobaproa ante acusaciones
de violación al secreto bancario por parte de la SHCP, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Gobernación. El presidente
nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que es
“inconstitucional” que se pretenda transformar en deuda pública los débitos de
empresarios y banqueros.
20 de agosto de 1998 Propuesta del PAN. Con la certeza de que la
crisis bancaria de 1994, además de obedecer a factores externos a la economía
mexicana, se debió a la “ineficacia y corrupción” en la administración de los
bancos, el PAN lanzó su propuesta para solucionar el tema del Fobaproa. Con el
documento “Propuestas de solución integral a la crisis bancaria” el PAN propuso
la creación de un Instituto para el Seguro de Depósitos Bancarios, organismo
supervisado por el Congreso para respaldar el dinero de los ahorradores, para
recuperar los activos en poder del Fobaproa. De igual forma, avaló la práctica
de una auditoría del Fondo para detectar posibles irregularidades durante el
rescate bancario, privilegiar la protección de pequeños y medianos ahorradores,
maximizar la cobranza de cartera vencida en poder del Fondo y castigar a
aquellos funcionarios que hicieron mal uso de la administración de las
instituciones de crédito.
28 de Agosto de 1998. La propuesta del PRI. Que la deuda pública
del Fobaproa se reduzca 30%, que los bancos asuman el porcentaje de riesgo al
que se comprometieron en la compra de cartera; descuento de hasta 45% para
deudores hipotecarios y de hasta 60% a productores pesqueros y agropecuarios;
reducir hasta en 45% las dudas de pequeñas y medianas empresas y luz verde a la
auditoría al rescate financiero por parte de la Cámara de Diputados. Estas son
las alternativas sugeridas por el tricolor que incluyen una exigencia para que
los delincuentes de “cuello blanco” no tengan derecho a la libertad bajo fianza
y crear un instrumento más riguroso de supervisión bancaria para evitar
sucesivas crisis financieras.
14 de septiembre de 1998. Acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
para reformar el sistema financiero. Al cumplirse seis meses de que el
presidente Ernesto Zedillo enviara al Congreso el paquete de iniciativas de ley
para reestructurar el sistema bancario, lapso en el cual el debate
parlamentario estuvo suspendido por iniciativa de los partidos de oposición,
quienes consideraron pertinente esclarecer previamente las operaciones del
Fobaproa, los líderes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PRI, PT y
PVEM acordaron junto con los secretarios de Hacienda y Gobernación firmar un
“acuerdo marco” para sacar adelante las propuestas presidenciales. El documento
contempla: crear mecanismos de supervisión más eficientes sobre la actividad
crediticia, estudiar la legalidad de las operaciones del Fobaproa, establecer
un marco jurídico para evitar nuevas crisis financieras, castigar a quienes se
hayan beneficiado o hayan permitido alguna ilegalidad en las operaciones del
salvamento bancario, abatir costos del quebranto financiero, apoyar a pequeños
y medianos deudores y buscar la mayor equidad en la distribución de los costos
del rescate.
La noche del 12 de diciembre, curiosamente día de la Virgen de
Guadalupe, la bancada conducida por Medina –deudor del Fobaproa de su empresa
Medina Torres– claudicó, después que se lo ordenó su paisano gobernador de
Guanajuato, Vicente Fox, a su vez persuadido por sus magnates patrocinadores
Sólo doce de los diputados panistas –condenados desde entonces al ostracismo,
algunos de ellos expulsados de su partido– se atrevieron a ser libres y
desobedecer la instrucción de Calderón, quien ya de por sí venía apareciendo en
promocionales de televisión, en horario triple A, con una perorata semejante a
la de su actual campaña: “México es un gran país Tendremos el país que queremos
para nosotros y nuestros hijos”
El Fobaproa se transformó en el IPAB, y las grandes deudas –no las de los
ahorradores ni de las de los pequeños y medianos empresarios– están siendo
pagadas por todos los mexicanos, una tragedia absolutamente vigente por el
impacto que tiene en la vida cotidiana y que Calderón, como todos los
responsables del saqueo, quisieran en el olvido y nadie está en la cárcel.
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