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11 de marzo de 2018

EMITE CNDH RECOMENDACIÓN A WINCKLER POR IRREGULARIDADES EN INVESTIGACIÓN PARA ENCONTRAR A ACTIVISTA LEVANTADA




La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que 5 servidores públicos de la Fiscalía General de Veracruz violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, ya que no investigaron oportunamente la desaparición de una activista desaparecida en el Estado y omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de desaparecidos, razón por la cual emitió la Recomendación 4/2018 dirigida al Fiscal Jorge Winckler Ortiz por irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de la luchadora social Claudia Ivonne Vera García, quien fue levantada el 23 de marzo de 2016, en Poza Rica, cuando estaba en su oficina. 

Por ello emitió una recomendación al Fiscal Jorge Winckler Ortiz, en la que acreditó que 5 servidores públicos de la Fiscalía a su cargo violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia de la víctima que aún no aparece, y de sus familiares, y no investigaron oportunamente la desaparición, ya que omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de personas desaparecidas, con lo cual dejaron de observar las obligaciones previstas en la normatividad que rige su actuación. 

Y es que la Comisión solicitó en su momento a la Fiscalía General implementar medidas cautelares en favor de la activista desaparecida para dar con su paradero, se respetaran sus derechos y se brindara seguridad a sus familiares. Lo anterior, después de que el 25 de marzo de 2016, un portal noticioso publicó en internet una nota periodística sobre un grupo armado que privó de la libertad a dicha activista en el local en el que trabajaba. 

Durante la investigación del caso, la CNDH constató que personal adscrito a dicha Fiscalía omitió realizar diversas acciones para su perfeccionamiento, por lo que no garantizaron el acceso a la justicia a los familiares de la agraviada e incurrieron en irregularidades. 

La CNDH considera que los activistas que representan casos y dan acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición y, en general, de víctimas de violaciones de derechos humanos, realizan tareas que las ubican en una situación de especial vulnerabilidad por lo que el Estado tiene un deber reforzado en su protección y, sobre todo, en investigar los casos de agresiones cometidas en su contra. 

Por lo anterior, la Comisión Nacional recomendó al fiscal general del estado de Veracruz realizar la debida integración de la investigación iniciada con motivo de la desaparición de la víctima y continuar con la indagatoria de los hechos conforme a los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia y debido proceso, así como instruir a la Visitaduría General de esa Fiscalía revisar la indagatoria del caso y presentar un plan de fortalecimiento de la investigación que tenga como objetivo la localización de la víctima. 

También, colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General contra los servidores públicos responsables; capacitar al personal de dicha Fiscalía sobre los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para la investigación de los delitos que se relacionen con la desaparición de personas, así como activistas que acompañen y representen casos, tomando en cuenta el Protocolo de Investigación para la Atención de los Delitos Cometidos en Agravio a Personas Defensoras de Derechos Humanos con motivo del ejercicio de su labor, emitido por la misma Fiscalía, así como dotar a los agentes del Ministerio Público de recursos materiales necesarios para realizar las investigaciones en casos de desapariciones; asignar a un servidor público de alto nivel que sea enlace para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación, e inscribir a los familiares de la persona desaparecida en el Registro Estatal de Víctimas y enviar a la Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

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