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13 de abril de 2018

VERACRUZ, BOTÓN DE MUESTRA DEL TERRORISMO DE ESTADO


Revista El insurgente, Organo de análisis y difusión del PDPR-EPR 
Año 22 Nº 183 Marzo de 2018 Pág. 18, 19 Y 20

Veracruz expresa el botón de muestra de la política del terrorismo de Estado que se exacerba en todo el país; evidencia clara de la magnitud de la violencia de clase que emana de la actual junta administrativa; y, manifestación puntual de los ríos de sangre del pueblo trabajador producto de múltiples crímenes de lesa humanidad.

El testimonio confeso de policías y ex mandos de las corporaciones policíacas señala una verdad inocultable: el terrorismo de Estado tiene sello y carácter de clase; confirma por enésima ocasión que los cuerpos policíaco militares que conforman el aparato represivo son los encargados de objetivar esta política criminal contra las masas populares.

El brazo ejecutor de estos crímenes son unidades de fuerzas especiales, sobre estos cuerpos represivos recae la responsabilidad de mutilar familias proletarias, enlutar hogares, torturar a hombres y mujeres del pueblo por considerarles “sospechosos”; son ellos los ejecutores de múltiples crímenes de Estado, cuyo desenlace nefasto es la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, ecuación perversa donde va implícito el tormento humano, que lo degrada en su condición más vil, no sólo de la víctima sino también del victimario. Mediante testimonios de los policías implicados se confirma que la nómina de estos cuerpos de élite es cubierta por el erario público a través de las distintas secretarías de seguridad pública estatal y federal, donde se desprende que las órdenes directas de su cometido conducen a la cadena de mando, cuyo punto de partida es el Ejecutivo y el mando único.

Desde el argot mediático y la vocería oficial se dan distintas nominaciones para identificar la autoría material de estos crímenes con el objetivo de diluir la responsabilidad del Estado mexicano en la conformación, preparación y adiestramiento de estos grupos de élite de esencia contrainsurgente, una burda maniobra para difuminar el nítido nexo que existe entre el autor material e intelectual, mismo que conduce a los altos mandos militares y la junta administrativa local y federal. Los nombres de Arturo Bermudez Zurita y sus secuaces conducen a ubicar en esta ola de violencia a la vieja escuela priista contrainsurgente y represiva; viejos métodos de “investigación” y “procuración de justicia” saltan a la escena y la discrecionalidad con que operan las fuerzas policíacas, práctica que se legaliza con la profascista Ley de Seguridad Interior. El jefe de la Fuerza Civil y del cuerpo de élite “Los Fieles” dentro de esta corporación policíaca militar es “Arturo N”, es decir, Bermudez Zurita, quien ordenaba los operativos de limpieza social. Es el criminal de Estado por excelencia.

Víctimas de las detenciones arbitrarias y de tratos inhumanos han reconocido a sus victimarios como conductores de taxis, indica que los elementos represivos están en funciones con o sin uniforme y cada uno de ellos recibe como parte del botín y pago medios para su existencia parásita.

La desaparición forzada tiene esencia y carácter de clase, expresa el odio de los personeros del capital, condición que es espoleada por la profundización de la crisis económica y política, aspectos indicativos de la sistematicidad en la ejecución de las políticas represivas, por tanto, toda la evidencia que emerge en la entidad veracruzana manifiesta puntualmente que no hay casualidad en el terrorismo como política de gobierno.

La detención arbitraria es un eslabón de la cadena represiva, a ella se suma la tortura, la desaparición forzada y en muchos casos la ejecución extrajudicial; este es el modus operandi de los cuerpos represivos donde el protocolo para cebarse contra un hijo del pueblo se define por su condición “sospechosa”. Este accionar expresa la política de criminalización de los sectores populares, donde la prueba de validez gubernamental es que la mayoría de los detenidos bajo tortura “confiesan” trabajar para algún cártel de la droga.

Los voceros del régimen están empecinados en sostener la tesis de la delincuencia organizada como el autor principal de este “clima de violencia”, con tales argumentos pretenden eludir la responsabilidad institucional en este cúmulo de crímenes de Estado, tal terminología constituye una perogrullada para justificar lo injustificable.

Esta política criminal tiene patente de clase, rasgo distintivo de la actual junta administrativa en su condición represiva, su vocación profascista y naturaleza prooligarca. El testimonio de sobrevivientes de estas prácticas fascistas, las múltiples denuncias de familiares de víctimas, aunado a la declaración confesa de policías y exfuncionarios duartistas indiciados, constituyen pruebas irrefutables del carácter sistemático de la política terrorista, nadie puede poner en duda que los cuerpos policíacos de élite son creados ex profeso para cebarse contra el pueblo inerme.

La perversión y el sadismo del actuar de los ejecutores está definido por el grado de descomposición del régimen que corroe todas sus estructuras, del odio que destila hacia la especie humana. Este es el carácter de la actual política de gobierno, en consecuencia, la solución no estriba únicamente en el castigo de funcionarios y elementos policíacos de bajo rango en el cometido de estos crímenes. No existen policías buenos y malos, lo que hay es una cadena de mando y jerarquías en los cuerpos represivos, donde las piezas desechables son aquellos de perfil menor para salvaguardar al régimen y proteger a la cúpula policíaco militar.

La utilización de instalaciones militares y policíacas como centros de tortura, cárceles y panteones clandestinos es un secreto a voces, verdad que ya fue denunciada desde estas páginas así como familiares de víctimas del terrorismo. Todo el andamiaje represivo está envuelto en una maraña de crímenes cuya esencia es la pretensión de aniquilar la voluntad popular de combatir.

La confesión expresa de los policías y la valiente denuncia de las víctimas, enuncia una vez más la existencia de fosas clandestinas, pruebas irrefutables que ubican a la academia de policía en El Lencero del estado de Veracruz, como un centro de inhumación clandestina, hecho que comprueba que en estas instituciones se enseña a los futuros criminales de Estado a detener de manera arbitraria, a torturar, a detener desaparecer personas de manera forzada y ejecutar de forma extrajudicial a los detenidos. Situación que no es la excepción sino la regla que se repite en cada institución policíaca de todo el país.

Para incautos e ingenuos que pusieron en tela de juicio la existencia del terrorismo de Estado, hoy no existe vaguedad en esta sentencia, es el mando único el responsable de esta política criminal, donde la jerarquía institucional conduce a las cúpulas policíaco militares, subordinadas al Ejecutivo federal. Miguel Ángel Yunes Linares, sus antecesores Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa así como su séquito de compinches no escapan de esta lógica criminal, en la coyuntura actual unos y otros se protegen, pero en su historial represivo se encuentra una amplia gama de crímenes de Estado por los cuales deberán ser enjuiciados.

La geografía mexicana está convertida en una gran fosa clandestina, Veracruz sobresale por la magnitud de los últimos acontecimientos, más de 300 fosas clandestinas “descubiertas” y el carácter irrefutable de las evidencias que emergen paulatinamente y no dejan lugar a dudas que es el Estado, manifiesta el distintivo de todo lo que acontece a nivel nacional.

La exigencia y protesta de las víctimas de terrorismo de Estado debe superar su condición espontánea y victimizante, para transformarse en crítica política de masas contra el régimen; no dejarse llevar por los cantos de sirena que emiten los personeros del gobierno represivo. La agudización del terrorismo de Estado señala un curso en ascenso, política de Estado que devela la necesidad de incentivar la combatividad de las masas, encender la chispa de la voluntad popular de combatir ahí donde el Estado pretendió apagarla con terrorismo.

¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer!

El insurgente Año 22 Nº 183 Marzo de 2018 Pág. 18, 19 Y 20.

FUENTE: CEDEMA

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