Revista
El insurgente, Organo de análisis y difusión del PDPR-EPR
Año 22 Nº 183 Marzo de 2018
Pág. 18,
19 Y 20
Veracruz expresa el
botón de muestra de la política del terrorismo de Estado que se exacerba en
todo el país; evidencia clara de la magnitud de la violencia de clase que emana
de la actual junta administrativa; y, manifestación puntual de los ríos de
sangre del pueblo trabajador producto de múltiples crímenes de lesa humanidad.
El testimonio confeso
de policías y ex mandos de las corporaciones policíacas señala una verdad
inocultable: el terrorismo de Estado tiene sello y carácter de clase; confirma
por enésima ocasión que los cuerpos policíaco militares que conforman el
aparato represivo son los encargados de objetivar esta política criminal contra
las masas populares.
El brazo ejecutor de
estos crímenes son unidades de fuerzas especiales, sobre estos cuerpos
represivos recae la responsabilidad de mutilar familias proletarias, enlutar
hogares, torturar a hombres y mujeres del pueblo por considerarles
“sospechosos”; son ellos los ejecutores de múltiples crímenes de Estado, cuyo
desenlace nefasto es la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial,
ecuación perversa donde va implícito el tormento humano, que lo degrada en su
condición más vil, no sólo de la víctima sino también del victimario. Mediante
testimonios de los policías implicados se confirma que la nómina de estos
cuerpos de élite es cubierta por el erario público a través de las distintas
secretarías de seguridad pública estatal y federal, donde se desprende que las
órdenes directas de su cometido conducen a la cadena de mando, cuyo punto de
partida es el Ejecutivo y el mando único.
Desde el argot
mediático y la vocería oficial se dan distintas nominaciones para identificar
la autoría material de estos crímenes con el objetivo de diluir la
responsabilidad del Estado mexicano en la conformación, preparación y
adiestramiento de estos grupos de élite de esencia contrainsurgente, una burda
maniobra para difuminar el nítido nexo que existe entre el autor material e
intelectual, mismo que conduce a los altos mandos militares y la junta
administrativa local y federal. Los nombres de Arturo Bermudez Zurita y sus
secuaces conducen a ubicar en esta ola de violencia a la vieja escuela priista
contrainsurgente y represiva; viejos métodos de “investigación” y “procuración
de justicia” saltan a la escena y la discrecionalidad con que operan las
fuerzas policíacas, práctica que se legaliza con la profascista Ley de
Seguridad Interior. El jefe de la Fuerza Civil y del cuerpo de élite “Los
Fieles” dentro de esta corporación policíaca militar es “Arturo N”, es decir,
Bermudez Zurita, quien ordenaba los operativos de limpieza social. Es el
criminal de Estado por excelencia.
Víctimas de las
detenciones arbitrarias y de tratos inhumanos han reconocido a sus victimarios
como conductores de taxis, indica que los elementos represivos están en
funciones con o sin uniforme y cada uno de ellos recibe como parte del botín y
pago medios para su existencia parásita.
La desaparición
forzada tiene esencia y carácter de clase, expresa el odio de los personeros
del capital, condición que es espoleada por la profundización de la crisis
económica y política, aspectos indicativos de la sistematicidad en la ejecución
de las políticas represivas, por tanto, toda la evidencia que emerge en la
entidad veracruzana manifiesta puntualmente que no hay casualidad en el terrorismo
como política de gobierno.
La detención
arbitraria es un eslabón de la cadena represiva, a ella se suma la tortura, la
desaparición forzada y en muchos casos la ejecución extrajudicial; este es el
modus operandi de los cuerpos represivos donde el protocolo para cebarse contra
un hijo del pueblo se define por su condición “sospechosa”. Este accionar
expresa la política de criminalización de los sectores populares, donde la
prueba de validez gubernamental es que la mayoría de los detenidos bajo tortura
“confiesan” trabajar para algún cártel de la droga.
Los voceros del
régimen están empecinados en sostener la tesis de la delincuencia organizada
como el autor principal de este “clima de violencia”, con tales argumentos
pretenden eludir la responsabilidad institucional en este cúmulo de crímenes de
Estado, tal terminología constituye una perogrullada para justificar lo
injustificable.
Esta política
criminal tiene patente de clase, rasgo distintivo de la actual junta
administrativa en su condición represiva, su vocación profascista y naturaleza
prooligarca. El testimonio de sobrevivientes de estas prácticas fascistas, las
múltiples denuncias de familiares de víctimas, aunado a la declaración confesa
de policías y exfuncionarios duartistas indiciados, constituyen pruebas
irrefutables del carácter sistemático de la política terrorista, nadie puede
poner en duda que los cuerpos policíacos de élite son creados ex profeso para
cebarse contra el pueblo inerme.
La perversión y el
sadismo del actuar de los ejecutores está definido por el grado de
descomposición del régimen que corroe todas sus estructuras, del odio que
destila hacia la especie humana. Este es el carácter de la actual política de
gobierno, en consecuencia, la solución no estriba únicamente en el castigo de
funcionarios y elementos policíacos de bajo rango en el cometido de estos
crímenes. No existen policías buenos y malos, lo que hay es una cadena de mando
y jerarquías en los cuerpos represivos, donde las piezas desechables son
aquellos de perfil menor para salvaguardar al régimen y proteger a la cúpula
policíaco militar.
La utilización de
instalaciones militares y policíacas como centros de tortura, cárceles y
panteones clandestinos es un secreto a voces, verdad que ya fue denunciada
desde estas páginas así como familiares de víctimas del terrorismo. Todo el
andamiaje represivo está envuelto en una maraña de crímenes cuya esencia es la
pretensión de aniquilar la voluntad popular de combatir.
La confesión expresa
de los policías y la valiente denuncia de las víctimas, enuncia una vez más la
existencia de fosas clandestinas, pruebas irrefutables que ubican a la academia
de policía en El Lencero del estado de Veracruz, como un centro de inhumación
clandestina, hecho que comprueba que en estas instituciones se enseña a los
futuros criminales de Estado a detener de manera arbitraria, a torturar, a
detener desaparecer personas de manera forzada y ejecutar de forma
extrajudicial a los detenidos. Situación que no es la excepción sino la regla
que se repite en cada institución policíaca de todo el país.
Para incautos e
ingenuos que pusieron en tela de juicio la existencia del terrorismo de Estado,
hoy no existe vaguedad en esta sentencia, es el mando único el responsable de
esta política criminal, donde la jerarquía institucional conduce a las cúpulas
policíaco militares, subordinadas al Ejecutivo federal. Miguel Ángel Yunes
Linares, sus antecesores Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa así como su
séquito de compinches no escapan de esta lógica criminal, en la coyuntura
actual unos y otros se protegen, pero en su historial represivo se encuentra
una amplia gama de crímenes de Estado por los cuales deberán ser enjuiciados.
La geografía mexicana
está convertida en una gran fosa clandestina, Veracruz sobresale por la
magnitud de los últimos acontecimientos, más de 300 fosas clandestinas
“descubiertas” y el carácter irrefutable de las evidencias que emergen
paulatinamente y no dejan lugar a dudas que es el Estado, manifiesta el
distintivo de todo lo que acontece a nivel nacional.
La exigencia y
protesta de las víctimas de terrorismo de Estado debe superar su condición
espontánea y victimizante, para transformarse en crítica política de masas
contra el régimen; no dejarse llevar por los cantos de sirena que emiten los
personeros del gobierno represivo. La agudización del terrorismo de Estado
señala un curso en ascenso, política de Estado que devela la necesidad de
incentivar la combatividad de las masas, encender la chispa de la voluntad
popular de combatir ahí donde el Estado pretendió apagarla con terrorismo.
¡Por
nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer!
El
insurgente Año 22 Nº 183 Marzo de 2018 Pág. 18, 19 Y 20.
FUENTE: CEDEMA
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