POR GLORIA LETICIA DÍAZ , 5 JUNIO,
2018NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Erika Guevara
Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), lamentó que
el gobierno de Enrique Peña Nieto no haya comprendido el alcance de la
sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en
Tamaulipas sobre el caso Ayotzinapa.
En un comunicado, la organización
resaltó que el ordenamiento de crear una comisión de la verdad y la justicia
para el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala “es un
precedente importante que podría, sujeto a ciertas condiciones, iniciar un
cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos
humanos”.
Guevara Rosas puntualizó que con la
sentencia “parece quedar demostrada que la teoría del caso de la Procuraduría
(General de la República), referida al supuesto asesinato e incineración de los
estudiantes en un basurero en Cocula, es poco creíble y es mantenida solamente
a costa de ignorar las pruebas y alterar la evidencia”.
Sin embargo, lamentó que la primera
reacción de la PGR haya sido “manifestar públicamente su desacuerdo con la
sentencia, en vez de establecer una ruta clara para su cumplimiento”, lo que
puede significar “que el gobierno de México no ha entendido su responsabilidad
en la investigación y sanción en este caso de graves violaciones a los derechos
humanos”.
Aplaudió
que la decisión judicial “representa un avance importante en la búsqueda de
verdad, justicia y reparación para los 43 estudiantes que fueron desaparecidos
forzosamente la noche del 26 de septiembre”.
Para la defensora, entre las
cualidades de la sentencia es que “asume correctamente que las víctimas son un
actor central en los procesos de verdad, justica y reparación, y que su participación
constante enriquece y facilita la investigación de los casos y el acceso a la
justicia”, por lo que “es imperativo que el Estado cumpla de buena fe con las
órdenes del tribunal”.
Amnistía Internacional advirtió
que la importancia de la resolución va más allá del caso Ayotzinapa, ya que el
análisis de los magistrados confirmó que “en México no hay una Fiscalía
independiente, y que la investigación de la desaparición forzada de los 43
estudiantes ha sido profundamente defectuosa y no ha tomado en consideración
las líneas de investigación adecuadas”.
De igual manera, precisó que
entre las fallas más graves de la investigación realizada por la PGR y
detectadas por el Tribunal resaltan las “coincidentes y reiteradas alegaciones
de tortura, la sustentación de la acusación casi exclusivamente a través de
confesiones incriminatorias, y la omisión de investigar los hechos y a
autoridades relevantes para el caso, incluyendo a miembros de la Policía
Federal, el Ejército y la Marina”.
Falencias como las descritas
fueron elementos considerados por los magistrados para ordenar una “comisión
indagatoria especial”, que es “un mecanismo que se utiliza algunas veces para
garantizar investigaciones adecuadas de delitos de derecho internacional cuando
hay sospechas de que los mismos podrían haber sido cometidos por agentes del
Estado, o cuando los órganos tradicionales de investigación se han mostrado
incapaces para cumplir su función de manera adecuada”, apuntó.
Según Amnistía, el fallo
judicial estuvo sustentado en el Protocolo modelo para la investigación legal
de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (Protocolo de Minnesota),
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y el
derecho constitucional mexicano.
Asimismo, resaltó que el
Tribunal tomó en consideración los informes del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), y coincide con los informes de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre el caso.
Recordó que, de acuerdo al
ordenamiento judicial, la Comisión de Investigación para la Verdad y la
Justicia estará conformada por representantes de las víctimas, el Ministerio
Público y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de que podrán
incorporarse otras organizaciones internacionales de derechos humanos.
La sentencia también instruyó
que sean los representantes de las víctimas y la CNDH quienes determinen las
líneas de investigación a seguir y las pruebas a practicarse, además de que
serán quienes validen las investigaciones.
Otras medidas de relevancia
para Amnistía Internacional son las ordenadas para garantizar los derechos de
acusados y víctimas, entre ellas “la investigación pronta e imparcial de las
alegaciones de tortura, la correcta valoración de las confesiones, el estudio
de la legalidad de las detenciones y de la tardanza injustificada en poner a
los detenidos ante una autoridad competentes, y la evaluación del cumplimiento
del derecho a contar con representación letrada efectiva”.
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