27 abril 2019 | 10:37 hrs | Agencias | Nacional
“Bienvenida a la fiesta”, le dijo un oficial a Mónica, vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Fue ahí cuando inició el infierno.
Mónica viajaba en su camioneta junto a su esposo y hermano por la intersección de Boulevard Libertad y Revolución en la ciudad de Torreón, Coahuila, cuando elementos de la Policía Municipal los detuvo. Era febrero del 2013.
Los agentes, sin mediar palabra alguna y en carencia de una orden de aprehensión, detuvieron a los tres tripulantes quienes, en lugar de ser consignados ante el Ministerio Público (MP), fueron llevados a una bodega ubicado detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón.
Durante el arresto, les robaron veinte mil pesos –dinero con el cual comprarían material para hacer arreglos a su negocio de ropa– alhajas, ropa y el vehículo en el que se transportaban, el cual condujo personal del Ejército Mexicano, elementos que fueron llamados por los policías municipales para que los «apoyaran» con la detención.
Al llegar a dicho lugar, Mónica se quedó afuera dentro de una patrulla, mientras su esposo y hermano eran introducidos a la bodega.
Sin embargo, un oficial más llegó y, cuando vio a la mujer de entonces 26 años dentro del vehículo, enfureció contra una de las policías que habían llevado a las tres personas al lugar.
“¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”, le dijo el oficial a la uniformada, por lo que inmediatamente metió a Mónica a la bodega, mientras amenazaba con hacerla “pedacitos” si se oponía.
“Bienvenida a la fiesta”, le dijo un oficial a la mujer al entrar al galpón, donde vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Fue ahí cuando inició el infierno de Mónica.
Los uniformados la amarraron y vendaron, para después empezar a sumergir su cabeza en repetidas ocasiones al interior de una cubeta con agua.
Luego, la asfixiaron con bolsas de plástico, la golpearon en las nalgas con un tablón de madera y la arrastraron por el suelo jalándola del cabello. También le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y las piernas.
Mientras la tortura era realizada, los gendarmes no dejaban de hacerle preguntas a Mónica, mismas no podía contestar.
Durante los escasos instantes en que
los oficiales cesaban los castigos, Mónica veía cómo golpeaban a
su esposo con látigos con espuelas de metal y le desprendían la piel
de la pierna con un cuchillo.
Cuando parecía que el infierno había
terminado, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública
de Torreón comenzó a besarla bruscamente, a morderla en la cara y el
cuello, luego la violó delante de su esposo y su hermano.
Uno tras otro,
seis policías violaron a Mónica. Por si fuera poco, los
oficiales se masturbaron en su cara, la obligaron a practicarles sexo oral y
tragarse el semen.
Foto:
Web.
Todo esto mientras elementos
del Ejército miraban la escena.
Tras el viacrucis
de tortura encabezada por la Policía Municipal
de Torreón y la supervisión de efectivos militares, los
detenidos fueron llevados a las oficinas de la Procuraduría General de la
República (PGR) en la capital coahuilense.
Sin embargo, en el camino,
el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de
la tortura.
Al llegar a la
PGR, Mónica y su hermano estuvieron más de 12 horas bajo
custodia policíal, después los llevaron en avión a las oficinas de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad
de México.
Ya en la capital del país, los
obligaron a firmar una “confesión” en la que afirmaban formar parte de “Los
Zetas” y si se negaba a hacerlo, le iba a mandar fotografías de
sus hijos y de su madre “muertos y descuartizados”.
Ante el miedo de que las amenazas se
hicieran realidad y que las torturas volvieran, Mónica y
su hermano firmaron la confesión.
Al día siguiente, ambos fueron
presentados ante los medios como integrantes de una banda de secuestradores y
señalaron que el esposo de Mónica había muerto luego de un
enfrentamiento tras el operativo que buscaba su detención.
Además, se dio a conocer un decomiso
de armamento de alto poder y equipo táctico, así como redes de comunicación.
Desde entonces, Mónica y
su hermano están en prisión en espera del resultado de su juicio por
cargos de participación en delincuencia organizada.
En tanto dos de los
cuatro hijos de Mónica están al cuidado de un albergue, ya
que, ante su encarcelamiento y el asesinato del esposo, su familia no
puede asumir el costo de su manutención.
El caso de Mónica ha sido
ampliamente documentado por diversos organismos como Amnistía
Internacional, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez.
Incluso, formará parte del Informe
Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México 2012-2019,
realizado por más de 100 instancias de defensa de los Derechos Humanos,
que se presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante
esta semana para acusar al Estado Mexicano de tortura.
También abordaran la militarización
–no oficial– que ha vivido México en los últimos 12 años y que continuará,
según organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, con la Guardia
Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La Guardia Nacional representa una
respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que
enfrentamos […] genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no
garantiza terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y
democrática”, ha señalado Luis Raúl González Pérez, titular de
la CNDH.
Mientras que la ONU ha
sentenciado: “reiteramos nuestra grave preocupación ante un proyecto que dará
carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado, mismo que
hemos cuestionado de manera reiterada en el pasado”.
La preocupación de la militarización
de la seguridad pública en México es la constante violación de
los Derechos Humanos de parte de los miembros castrenses, por
ejemplo, de diciembre del 2006 a junio de 2017, la CNDH emitió 7 mil
869 quejas por actos de tortura, mismas que el 59% fueron destinadas a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Dicha inquietud continúa para las
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, luego que el presidente
colocara a un militar al frente de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez
Bucio, pese a que la legislación aprobada por el Congreso detallaba que el
mando de este nuevo cuerpo del orden debía ser civil.
“¡Desde la sociedad civil seguimos
rechazando enérgicamente el mando militar en la Guardia Nacional! Exigimos que
se respete el acuerdo colectivo de que el mando sea civil”, se
manifestó Amnistía Internacional.
“El presidente habla y piensa en la
Guardia Nacional como él la propuso y no como el Congreso la aprobó. […] Los 33
Congresos acordaron que fuera un mando civil y aprobaron una reforma con una
Guardia civil y no militar”, refirió en entrevista con Carmen Aristegui,
Alejandro Madrazo, profesor-investigador del Departamento de Estudios Jurídicos
del CIDE.
La institucionalización de
la tortura por parte del Estado mexicano ha sido señalada
constantemente por organizaciones internacionales.
Desde 2014, Juan Méndez, relator de
la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes, ha sostenido que en México la tortura es una práctica
generalizada.
Asfixia, violencia sexual, descargas
eléctricas, amenazas de muerte, palizas y torturapsicológica, son parte de
las ilegalidades que las fuerzas del orden de todos los niveles cometen de
forma irregular, según Méndez.
Por su parte, Amnistía
Internacional sostiene en México a los detenidos se les torturade
manera habitual en un intento de obligarlos a firmar «confesiones» falsas.
Mientras que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado de
insuficiente la respuesta del gobierno mexicano ante
las violaciones de los derechos humanos.
Y como no iba a ser así, si el
gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó en al menos cuatro
ocasiones informes internacionales donde señalaban la violencia, así como
la violacióna los Derechos Humanos.
En tanto, Andrés Manuel López Obrador
ha comenzado con el pie derecho en materia, al reunirse con Michelle Bachelet,
la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde
firmaron un acuerdo para que la ONU sea quien capacite a los efectivos
de la Guardia Nacional.
