Una nota en el diario derechista español El País reveló que México es el segundo lugar a nivel mundial con mayor impunidad en su sistema de “justicia”, sólo por detrás de Filipinas. ¡Otro compromiso cumplido del usurpador Peña Nieto, uno de los peores criminales que está impune por sus fraudes y genocidios!
La nota se basa en un estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que midió los índices de impunidad con base en los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos. Según esos termómetros, dicha universidad privada encontró que, de los 59 países que cuentan con estadística suficiente y actualizada al respecto, México registra los mayores índices de impunidad sólo superado por Filipinas.
Según el estudio, el sistema judicial mexicano es ineficiente porque “invierte en aumentar el número de policías” y no en mecanismos que garanticen la efectividad de los procesos judiciales. De hecho, en México el sistema de justicia es uno de los más desprestigiados.
“No se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones”, señala el informe.
Esto significa, evidentemente, que al aumentar la cantidad de policías, el régimen usurpador está invirtiendo en mayor represión para el pueblo, mientras los delincuentes siguen afuera desatados –empezando por los que hacen fraudes electorales para robarse el poder– en colusión con los propios elementos de “seguridad” quienes incluso, como se ha comprobado, han perpetrado directamente las peores masacres de los últimos meses (Tlatlaya, Apatzingán, Iguala, etc.).
Según el estudio citado por El País, México dispone de 355 policías por cada 100,000 habitantes, superando incluso el promedio del resto de países.
La apuesta por aumentar la represión ha redundado en un deterioro del sistema de justicia como nunca se había visto en la historia del país. Esta es otra de las consecuencias de permitir que asesinos se roben el poder. No les interesa el pueblo ni su seguridad. Al contrario.
El estudio señala que en el sistema judicial mexicano los jueces “no se dan abasto” porque se tiene la consigna de que “entre más detenidos, mejores resultados”. En efecto, según el reporte de la UDLAP, casi la mitad de la población encarcelada en México (46%) permanece a la espera de una sentencia que respalde jurídicamente la privación de su libertad. Asimismo, un alto porcentaje de presos mexicanos fue consignado por delitos de robo valuados en menos de 2 mil pesos. Es decir, las cárceles están llenas de raterillos de poca monta mientras los verdaderos delincuentes de cuello blanco, que perpetran los peores saqueos y desfalcos al erario nacional –narco-políticos y empresarios–, siguen libres y delinquiendo a placer.
No obstante, tampoco es aumentando el número de jueces como se resolverá el problema de la impunidad en México, como sugiere el estudio de la UDLAP. Con la corrupción que permea en este país y que igualmente lo ha colocado –para deshonra de los mexicanos– en los primeros lugares a nivel mundial, el aumento en el número de jueces sólo significará mayor gasto en las finanzas públicas por el doble costo de pagar los altos sueldos… y los cañonazos de dinero para corromperlos. Vean si no lo que nos cuesta mantener a los “magistrados” pri(an)istas de la Suprema Corte o del “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. Verdadera escoria al servicio de los peores criminales de este país. Estos “magistrados” corruptos son incluso peores que los delincuentes a los que deberían encarcelar, porque utilizan sus investiduras de impartidores de justicia para convalidarlos, cuando deberían hacer exactamente lo contrario.
En la foto de esta nota, por ejemplo, tenemos a dos de los peores delincuentes de
México: a la derecha, Enrique Peña Nieto, el asesino que se robó el poder (o lo compró, da exactamente lo mismo) y a la izquierda, Alejandro Luna Ramos, el asqueroso criminal que lo convalidó y cuya obligación como juez era lo contrario. Al hacer el trabajo inverso al que debería realizar desde el poder judicial, Luna Ramos es todavía peor que el asesino al que convalidó.
Así que tampoco es aumentando y engordando a la alta burocracia judicial como se resolverá el problema de la impunidad en nuestro país. En realidad la única manera de acabar con ese flagelo es que el pueblo deje de permitir la injusticia. Mientras sigamos dejando que los peores criminales del mundo nos hagan fraudes, pasen por encima de la voluntad popular y, una vez apoderados de las instituciones, hagan con ellas lo que les venga en gana, las situación va a seguir empeorando en todos los rubros de la vida nacional. Lo estamos viendo: las masacres van en aumento, son cada vez más recurrentes y brutales; el vandalismo a la Constitución ha sido el más grosero y entreguista de la historia. ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionemos?
“LA DESOBEDIENCIA CIVIL ES UN HONROSO DEBER CUANDO SE APLICA CONTRA LOS LADRONES DE LA ESPERANZA Y DE LA FELICIDAD DEL PUEBLO”. Es el único camino para abrir la vía de la justicia, acabar con la impunidad y recuperar nuestra dignidad.