De acuerdo con
personas que supieron de la plática entre AMLO y Omar García Harfuch, hubo una
petición específica: detener y bloquear todas las investigaciones que pudieran
incriminar a sus hijos en actos criminales.
junio 30, 2026
EL FINANCIERO
En agosto de
2024, Andrés Manuel López Obrador reveló lo que más le preocupaba para cuando
terminara su Presidencia, al invitar a Omar García Harfuch a una reunión del
gabinete de seguridad en Palacio Nacional. García Harfuch le comunicó a la
presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que le autorizó asistir. García Harfuch
fue como el próximo secretario de Seguridad, y López Obrador dijo al día
siguiente que le había platicado lo que había hecho su gobierno y reiterarle su
estrategia. La realidad era otra. Todo fue un teatro para ocultar sus
motivaciones.
Al terminar la
reunión lo separó del grupo para hablar en privado en el despacho presidencial.
De acuerdo con personas que supieron de esa plática, hubo una petición
específica: detener y bloquear todas las investigaciones que pudieran
incriminar a sus hijos en actos criminales. Para ese entonces, López Obrador ya
sabía que Andrés Manuel y Gonzalo estaban involucrados en múltiples negocios,
porque varios de sus colaboradores se lo habían informado, e incluso le había
pedido un año antes al fiscal Alejandro Gertz Manero que los blindara
judicialmente. Pero no estaba tranquilo. Quería garantías de quien ya era la
persona de mayor confianza de Sheinbaum.
Lo que no
tenía en la cabeza López Obrador es que las investigaciones no se limitarían a
México, sino que serían objeto, cuando menos en el caso de Andrés Manuel, de
las autoridades estadounidenses. García Harfuch, que siempre mantuvo informada
a la presidenta, no actuó en contra de los hijos del expresidente, pese a que
obtuvo información de inteligencia que los vinculaba con el contrabando fiscal
de combustible, que descubrió con el aseguramiento del buque “Challenge
Procyon”, donde se encontraron 10 millones de litros de diésel en marzo del año
pasado. Quien sí decidió abrir una carpeta de investigación contra Andy por el
huachicol fiscal ligado con el empresario co-dueño de Miss Universo, Raúl Rocha
Cantú, fue Gertz Manero, que fue obligado a renunciar por negarse a cerrarla.
La vida le
cambió a López Obrador con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, aunque
tardó tiempo en darse cuenta de que no era el mismo al que había tratado
durante su primer periodo. No le ha creído del todo, ni piensa que su política
contra la narcopolítica sea de largo aliento, pero de acuerdo con personas que
lo han escuchado, cada vez está más preocupado. La primera señal de que estaba
notando cambios en las actitudes de Washington fue cuando le pidió a la
presidenta un reporte de lo que había dicho Ron Johnson, cuando presentó sus
cartas credenciales como embajador de Estados Unidos en mayo del año pasado.
Nada de qué preocuparse, le dijo en términos generales, según comentaron
funcionarios mexicanos, por lo que López Obrador se quedó contento.
No le duró
mucho. En ese mismo mes el Departamento de Estado canceló las visas de la
gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su entonces esposo
Carlos Torres, investigados en Estados Unidos por presuntas relaciones con el
Cártel de Sinaloa. Ávila no recurrió a la presidenta en su primera reacción,
sino a López Obrador, a quien le dijo que iba a renunciar. El expresidente le
prohibió que lo hiciera. Tenía que aguantar y la presidenta, le dijo, la
apoyaría. Eso pasó. Se arregló que se divorciara de Torres para separarla de
él, pero las investigaciones que se iniciaron en su contra en México han
caminado en cámara lenta como estrategia para cuidar a la pareja.
Los
señalamientos a figuras de Morena continuaron. A través de la prensa en México
y Estados Unidos se fue configurando la lista de los principales objetivos de
Washington, que alcanzó el punto sin retorno cuando el Departamento de Justicia
acusó a 10 servidores públicos en Sinaloa de haberse coludido con Los Chapitos,
que ayudaron a que Rubén Rocha Moya ganara la elección para gobernador en 2021.
López Obrador se volvió a meter. Ni renunciaría, le dijo a él, y el gobierno
tenía que protegerlo, le pidió a la presidenta. Rocha Moya empezó a pudrirse y
tuvo que pedir licencia a finales de abril.
Un día después
la presidenta realizó una gira a Palenque, donde vive López Obrador.
Públicamente se negó que hubiera hablado con él. Sin embargo, de acuerdo con
funcionarios federales, se reunieron el sábado en su finca, a donde Sheinbaum
llegó acompañada del jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas, y
del coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, que habían trabajado en el
sexenio pasado con él. Sheinbaum los llevó para que la respaldaran en sus
argumentos sobre lo delicado de la situación en la que se encontraba Rocha
Moya, y aunque pareció empezar a entender la magnitud de la acusación de
Estados Unidos, acordaron que seguirían protegiéndolo.
Hasta ahora
eso ha sucedido. Pero entre mayo y junio la presidenta recibió información de
Estados Unidos de que le habían cancelado las visas a los gobernadores Alfonso
Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, y que la del gobernador
de Durango, Esteban Villegas, estaba bajo revisión. La acción contra los dos
primeros no causó mucha sorpresa porque sus nombres han estado en la mesa de
las conversaciones entre los dos países desde hace meses. No obstante, en
Palacio Nacional se prendieron las alarmas al abrirse la probabilidad de que
Washington anunciara un proceso en contra de Andy López Beltrán.
La presidenta
acordó con López Obrador que se reunirían en la Ciudad de México en la segunda
quincena de junio, pero no se ha podido confirmar que eso hubiera sucedido. Sin
embargo, Sheinbaum le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto
Velasco, que monitoreara sistemáticamente a Estados Unidos para poder saber con
antelación si se había decidido una acción contra el hijo del expresidente. El
Departamento de Justicia ha ido acumulando más información sobre Andy en los
últimos meses. Lo han inculpado Ovidio y Joaquín Guzmán, los dos hijos menores
de Joaquín El Chapo Guzmán, y recibieron autoridades de Washington el
expediente que integró Gertz Manero sobre sus vinculaciones con el contrabando
de combustible.
La prioridad
en Palacio Nacional hoy en día es cuidar que la familia López Obrador no quede
atrapada en las crecientes acusaciones de vinculaciones de figuras de la ‘4T’
con el crimen organizado, pero no tiene ninguna posibilidad de impedirlo.
Vienen por ellos y Andy es el primer objetivo, ya sea por la vía jurídica o,
más dañino, mediáticamente.
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