Historias del Poder Judicial
Pacto patriarcal impide el avance de la ley Sabina, dice su principal impulsora
El Registro Nacional de Deudores Alimentarios no funciona, denuncia la activista
Sanjuana Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 19 de julio de 2026, p. 9
“Yo ya cumplí”, le dijo Jesús Torres Sandoval a su ex esposa María Esther Rivera Benito cuando le solicitó pagar la operación de varicocele testicular de su pequeño hijo, por el que le daba 500 pesos semanales de pensión.
Años antes, se separó de él por intento de feminicidio, pero María Esther dice que nunca imaginó que se convertiría en un padre irresponsable que cambiaría de nombre sus propiedades y negocios para no pagar o retrasar esa raquítica pensión a sus dos hijos, ambos con enfermedades crónicas y necesidades médicas especiales.
Fue la jueza séptimo familiar de la Ciudad de México, María Margarita Gallegos López, quien emitió la sentencia de la manutención y un depósito en garantía de 48 mil pesos, cantidad que después de cinco años, Torres Sandoval se niega a entregar a los menores, a pesar de sus múltiples complicaciones de salud y de los constantes incumplimientos parciales o totales de la pensión.
María Esther es el ejemplo de miles de mujeres de México que luchan en los juzgados contra los deudores alimentarios y la falta de aplicación de las leyes por parte del Poder Judicial. A pesar de existir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que regula el pago de la pensión, las leyes en cada estado del país se aplican de manera distinta.
Tampoco el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, fruto de la ley Sabina, funciona como se esperaba, ya que sólo en tres estados del país es público, y en el resto es confidencial o no tiene consecuencias legales ni de trámites como marca la ley respecto a la obtención de pasaporte, licencias de conducir o postulaciones a cargos de elección popular, según señala la activista Diana Luz Vázquez Ruiz, quien propuso la ley Sabina para castigar a deudores alimentarios.
“Existe una gran omisión del Estado mexicano en torno a la agenda de cuidados, donde se omite hablar de las pensiones alimenticias porque hay mucho político que ocupa cargos y está en el poder que son deudores alimentarios. El Poder Judicial sigue protegiendo a estos señores. Y es gravísimo porque la llegada de mujeres al poder no se está traduciendo a favor de las maternidades y justicia para las infancias”, dice en entrevista con La Jornada.
Peor aún, Diana Luz advierte que la ley Sabina, cuyo nombre es en honor a su hija, no se ha concretado por falta de voluntad política, a pesar de que fue aprobada por el Senado y decretada en 2023.
“Sólo tres estados tienen el registro público de deudores alimentarios; el resto lo tienen escondido y así no sirve. Para las mamás sigue siendo un calvario poder subir a un deudor a estos registros. Nos cuesta a nosotras hacer la solicitud ante el juez para que lo suban al registro y a ver si el juzgador tiene la voluntad de subirlo, y luego todavía se le notifica al deudor que se le va a subir. Ha sido una gran decepción este registro nacional porque no funciona”, lamenta.
Lagunas judiciales
María Esther cuenta que su ex marido hizo alzamiento de bienes antes de la sentencia de la pensión de 500 pesos por niño y puso sus propiedades a nombre de su mamá, su tía y su prima. Además, durante siete años no ha actualizado la cantidad de la pensión.
“Él es dueño de la taquería El rey del pastor en la Ciudad de México. Y a veces paga puntal y otras veces se tarda más de dos meses. Él aprovecha las lagunas judiciales para evadir su responsabilidad, va retrasando el pago, es su violencia económica. No ha incrementado la pensión y la da cuando él quiere”.
Detalla que ha tenido que enfrentar el pago de abogados y de los gastos médicos por las enfermedades que padecen sus hijos: “Ya me cansé, me he desgastado mucho. Estar visitando el juzgado familiar a cada rato es difícil y tengo que elegir si pagar un abogado o pagas las medicinas, la comida, las colegiaturas, el transporte. Los gastos de sus medicamentos son muy costosos”.
Ante el incumplimiento reiterado de la pensión, María Esther solicitó el pago del depósito en garantía, pero la juez exigió que también fuera el padre: “Él me dijo: ‘yo no voy a ir y hazle como quieras’. Le he hablado llorando, diciendo que no me alcanza. Después hice otra solicitud, contraté un abogado y la juez dijo que se necesitaba la autorización de ambos. Ya me cansé. Desistí”.
Procesos fabricados
Cuando María Esther intentó ir por la vía penal, el Ministerio Público le solicitó los tickets y facturas de sus gastos, separados por meses, rubros y años, para demostrar que ella proporcionaba todo a los niños: “La verdad ya no pude, no tengo tiempo. Trabajo mucho, trabajo siempre. Les dije: ¿por qué no le piden a él algo para demostrar que no da, por qué siempre a la mamá que tiene el peso de la crianza le hacen la vida tan difícil?”
Después, fue demandada por su ex suegra por “violencia infantil”, un proceso judicial que afortunadamente fue desestimado. También la denunciaron por la vía mercantil para que la casa que habita actualmente tenga un gravamen y le exijan entregarla a la abuela paterna de sus hijos.
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▲ Diana Luz Vázquez considera que si los padres que evaden el pago de la pensión no son sancionados es por falta de voluntad política.Foto La Jornada
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▲ Ante la falta de respuesta de las autoridades, María Esther Rivera optó por “funar” al padre de sus hijos tras dejar de pagarle la pensión.Foto La Jornada
“Mi hermano cuidaba a mis hijos mientras yo trabajaba, pero cuando venían los policías de Investigación a ver si los maltrataba, existía el riesgo de que me los quitaran porque los dejaba al cuidado de otro. Yo decía: o trabajo o nos morimos todos de hambre. El sistema te desgasta. Las leyes en torno a mujeres y familia existen para desgastarte, apoyar al agresor y que termines rindiéndote”.
Recuerda que hace unos meses, el padre de sus hijos dejó de pagar completamente la pensión durante un año y con compañeras feministas le hicieron una funa (desacreditar públicamente) con la patrulla feminista de la ley Sabina afuera de su taquería: “Después de esa exhibida, pagó, pero nunca ha querido, ni el tribunal le ha ordenado, aumentar el monto de 500 pesos”.
Desaparecen documentos
Cecilia Palacios Hernández sabe lo que es vivir con la misma pensión durante los últimos 13 años. Su ex marido, Rafael Guízar Gutierrez, de quien se divorció por infidelidad, se niega a aumentar el monto y la llenó de procesos judiciales.
“Estuve en terapia durante dos años por codependencia, autoestima baja y depresión; mi sicóloga me recomendó que yo no le pidiera el divorcio debido a que era un narcisista y después me lo reclamaría todo el tiempo, que si él se había ido de la casa, que me esperara a que él me pidiera el divorcio. Así empezó la peor pesadilla de mi vida”.
Le notificaron el 17 de mayo de 2012 que su divorcio fue radicado en el tribunal número 8 familiar de la Ciudad de México bajo el número de expediente 962-2012, con el juez Luis Enrique Domínguez Alza y el secretario Marco Antonio Ramos Zepeda: “Rafael dio mordida en el tribunal para llevarse a la actuaria Ana María García Casas y personalmente escondiéndose para que no lo viera en mi domicilio; el día de mi cumpleaños, el 23 de agosto de 2012, sabiendo que estaría ahí con mis papás y mi hija celebrando, ese día me notificaron”.
Finalmente, se divorció el 6 de mayo de 2013 y su esposo se casó con Susana Rodríguez Ríos. Desde entonces, cuenta que la ha llenado de demandas y a su hija la ha agotado tanto que ya no quiere verlo: “me suplicó poner tierra de por medio para librarse ya de las visitas y vacaciones con su papá, por lo que decidimos mudarnos a Estados Unidos en el verano de 2024. En febrero de ese año se le dio aviso en persona y vía electrónica el cambio de residencia y direcciones, sin embargo, en agosto, ya estando aquí en Estados Unidos, volvió a demandarme”.
Cuando decidió proceder legalmente contra él para que aumentara la pensión y pagara lo que debía, el juzgado a cargo del juez Bruno Benito García Mendoza y su secretaria Elisa Acevedo Solís desapareció el convenio de divorcio: “Afortunadamente, mi abogada mostró copias certificadas del mismo. Él me debe más de 2 millones de pesos por el aumento de pensión que nunca pagó. Aquí en Estados Unidos, si eres deudor alimentario, te corren de cualquier trabajo, en cambio, en México no les interesa proteger el bienestar de los menores; hay miles de deudores y nadie les hace nada”.
Diana Luz lo tiene muy claro: dice que la falta de avance de la ley Sabina es por un pacto patriarcal. “El patriarcado es político. Y hay una gran resistencia en México para hacer reformas legislativas que protejan a las infancias. No veo una voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum de sancionar a estos señores deudores”.
“Hay un sesgo en las encuestas del Inegi”
Diana Luz dice que a pesar de la gravedad del problema que afecta a los menores de edad, el gobierno no tiene una cifra de deudores alimentarios: “Hay un sesgo en las encuestas del Inegi. Preguntan si hay una jefa de familia y no preguntan si hay un deudor alimentario. Deberían ya cambiar la pregunta”.
Recuerda que la última cifra que existe es del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien anunció apoyos a más de 30 millones de jefas de familia, “pero luego el Inegi dice que hay 11.5 millones de hogares encabezados por una mujer. Lamentablemente, no hay información real porque no existe interés del gobierno de atender este problema social. Y porque desde las instituciones siguen encubriendo a estos agresores”.
Autora del libro Salvavidas para madres autónomas, comenta que 90 por ciento de los agresores vicarios son deudores alimentarios: “Con tal de no pagar la pensión, les quieren quitar los hijos a las madres”.
Añade: “Las mamás terminamos desgastadas con un trabajo de cuidados gratuito. La justicia nos sigue costando a las mujeres. Hay una gran protección del Estado a los deudores alimentarios: no se pueden tocar sus cuentas, tienen facilidades para cambiar de nombre sus propiedades y no se les persi-gue judicialmente, como si no fuera un crimen dejar a un niño sin pensión alimenticia, con un impacto social terrible en su vida”.
