junio 30, 2026
EL FINANCIERO
En agosto de 2024, Andrés Manuel López Obrador reveló lo que más le preocupaba para cuando terminara su Presidencia, al invitar a Omar García Harfuch a una reunión del gabinete de seguridad en Palacio Nacional. García Harfuch le comunicó a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que le autorizó asistir. García Harfuch fue como el próximo secretario de Seguridad, y López Obrador dijo al día siguiente que le había platicado lo que había hecho su gobierno y reiterarle su estrategia. La realidad era otra. Todo fue un teatro para ocultar sus motivaciones.
Al terminar la reunión lo separó del grupo para hablar en privado en el despacho presidencial. De acuerdo con personas que supieron de esa plática, hubo una petición específica: detener y bloquear todas las investigaciones que pudieran incriminar a sus hijos en actos criminales. Para ese entonces, López Obrador ya sabía que Andrés Manuel y Gonzalo estaban involucrados en múltiples negocios, porque varios de sus colaboradores se lo habían informado, e incluso le había pedido un año antes al fiscal Alejandro Gertz Manero que los blindara judicialmente. Pero no estaba tranquilo. Quería garantías de quien ya era la persona de mayor confianza de Sheinbaum.
Lo que no tenía en la cabeza López Obrador es que las investigaciones no se limitarían a México, sino que serían objeto, cuando menos en el caso de Andrés Manuel, de las autoridades estadounidenses. García Harfuch, que siempre mantuvo informada a la presidenta, no actuó en contra de los hijos del expresidente, pese a que obtuvo información de inteligencia que los vinculaba con el contrabando fiscal de combustible, que descubrió con el aseguramiento del buque “Challenge Procyon”, donde se encontraron 10 millones de litros de diésel en marzo del año pasado. Quien sí decidió abrir una carpeta de investigación contra Andy por el huachicol fiscal ligado con el empresario co-dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue Gertz Manero, que fue obligado a renunciar por negarse a cerrarla.
La vida le cambió a López Obrador con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, aunque tardó tiempo en darse cuenta de que no era el mismo al que había tratado durante su primer periodo. No le ha creído del todo, ni piensa que su política contra la narcopolítica sea de largo aliento, pero de acuerdo con personas que lo han escuchado, cada vez está más preocupado. La primera señal de que estaba notando cambios en las actitudes de Washington fue cuando le pidió a la presidenta un reporte de lo que había dicho Ron Johnson, cuando presentó sus cartas credenciales como embajador de Estados Unidos en mayo del año pasado. Nada de qué preocuparse, le dijo en términos generales, según comentaron funcionarios mexicanos, por lo que López Obrador se quedó contento.
No le duró mucho. En ese mismo mes el Departamento de Estado canceló las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su entonces esposo Carlos Torres, investigados en Estados Unidos por presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa. Ávila no recurrió a la presidenta en su primera reacción, sino a López Obrador, a quien le dijo que iba a renunciar. El expresidente le prohibió que lo hiciera. Tenía que aguantar y la presidenta, le dijo, la apoyaría. Eso pasó. Se arregló que se divorciara de Torres para separarla de él, pero las investigaciones que se iniciaron en su contra en México han caminado en cámara lenta como estrategia para cuidar a la pareja.
Los señalamientos a figuras de Morena continuaron. A través de la prensa en México y Estados Unidos se fue configurando la lista de los principales objetivos de Washington, que alcanzó el punto sin retorno cuando el Departamento de Justicia acusó a 10 servidores públicos en Sinaloa de haberse coludido con Los Chapitos, que ayudaron a que Rubén Rocha Moya ganara la elección para gobernador en 2021. López Obrador se volvió a meter. Ni renunciaría, le dijo a él, y el gobierno tenía que protegerlo, le pidió a la presidenta. Rocha Moya empezó a pudrirse y tuvo que pedir licencia a finales de abril.
Un día después la presidenta realizó una gira a Palenque, donde vive López Obrador. Públicamente se negó que hubiera hablado con él. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios federales, se reunieron el sábado en su finca, a donde Sheinbaum llegó acompañada del jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas, y del coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, que habían trabajado en el sexenio pasado con él. Sheinbaum los llevó para que la respaldaran en sus argumentos sobre lo delicado de la situación en la que se encontraba Rocha Moya, y aunque pareció empezar a entender la magnitud de la acusación de Estados Unidos, acordaron que seguirían protegiéndolo.
Hasta ahora eso ha sucedido. Pero entre mayo y junio la presidenta recibió información de Estados Unidos de que le habían cancelado las visas a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, y que la del gobernador de Durango, Esteban Villegas, estaba bajo revisión. La acción contra los dos primeros no causó mucha sorpresa porque sus nombres han estado en la mesa de las conversaciones entre los dos países desde hace meses. No obstante, en Palacio Nacional se prendieron las alarmas al abrirse la probabilidad de que Washington anunciara un proceso en contra de Andy López Beltrán.
La presidenta acordó con López Obrador que se reunirían en la Ciudad de México en la segunda quincena de junio, pero no se ha podido confirmar que eso hubiera sucedido. Sin embargo, Sheinbaum le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que monitoreara sistemáticamente a Estados Unidos para poder saber con antelación si se había decidido una acción contra el hijo del expresidente. El Departamento de Justicia ha ido acumulando más información sobre Andy en los últimos meses. Lo han inculpado Ovidio y Joaquín Guzmán, los dos hijos menores de Joaquín El Chapo Guzmán, y recibieron autoridades de Washington el expediente que integró Gertz Manero sobre sus vinculaciones con el contrabando de combustible.
La prioridad
en Palacio Nacional hoy en día es cuidar que la familia López Obrador no quede
atrapada en las crecientes acusaciones de vinculaciones de figuras de la ‘4T’
con el crimen organizado, pero no tiene ninguna posibilidad de impedirlo.
Vienen por ellos y Andy es el primer objetivo, ya sea por la vía jurídica o,
más dañino, mediáticamente.
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