Por Ricardo
Ravelo
Veracruz, el
estado que lo tiene todo, también es sacudido por la muerte. Y hablamos de
muerte de periodistas, torturas, desapariciones, amenazas provenientes del
poder, del crimen organizado que opera suelto e impune; de policías ligados a
la delincuencia organizada y hasta de empresarios –-ligados a mafias – que
están implicados en el lavado de dinero con el respaldo del poder político que
encabeza la gobernadora Rocío Nahle.
La noche del
lunes 1 de junio, la reportera Roxana Berenice Guzmán, editora del portal
*Pulso Informativo del Sureste”, fue secuestrada por un grupo armado que
irrumpió en su casa, en el municipio de Nanchital, Veracruz, al sureste de esa
entidad federativa, y se la llevó con rumbo desconocido. Tiempo atrás, su
esposo había sido asesinado aparentemente por una célula del crimen organizado,
sin que hasta ahora se conozcan las causas.
La reportara
cubría temas generales, tanto políticos como de violencia, sobre todo, de
actividades de la delincuencia organizada, pues en el sur de Veracruz están
afincadas células de los cárteles de Noreste, Jalisco y La Sombra, éste último,
según informes oficiales, relacionados con los extintos Zetas, que tuvieron
dominio total en Veracruz durante el sexenio 2004-2010, que encabezó el
entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán.
La información
del secuestro de la comunicadora fue confirmado por el gobierno estatal, que
encabeza la gobernadora Rocío Nahle, a través de la Fiscalía General de
Justicia del Estado, que abrió una carpeta de investigación para indagar los
hechos. Llama la atención que a 48 horas del suceso criminal la mandataria del
partido MORENA no se haya pronunciado al respecto. Su respuesta es el silencio,
la indiferencia, pues.
En la búsqueda
y localización de la periodista se han sumado corporaciones del estado de
Veracruz, así como la Marina, Guardia Nacional y efectivos de la Sedena. Hasta
el 3 de junio a las 8:32 pm nada se sabía respecto de su paradero.
La
organización defensora de periodistas y de la libertad de expresión, artículo
19, condenó el hecho y exigió a las autoridades encontrar a la reportera con
vida. Hasta esta noche no hay señales de que pueda estar con vida. Todo es un
enigma, brutal la desesperación familiar.
El secuestro
fue filmado, quizá por un familiar o por alguno de los criminales, pero en las
imágenes se observa cómo el grupo armado irrumpe en la casa de la reportara:
derriban la puerta, rompen cristales y entran a la vivienda donde está acompaña
de sus hijos. Alguien que la acompaña pretende detener la violencia, pero sus
intentos resultan inútiles. Ella es sacada de su casa y llevada a un vehículo.
Todos los hombres iban encapuchados y con armas largas, características de que
se trataba de un comando armado, un grupo criminal, aunque las autoridades no
han identificado de qué cártel se trata.
El caso ha
alcanzado ya un revuelo internacional, en comisiones de derechos humanos,
organismos defensores de la libertad de expresión, sobre todo, por el video que
se ha vuelto viral y que exhibe cómo el crimen organizado opera con tanta
libertad que ´puede llegar a cualquier domicilio de un periodista y
secuestrarlo, como queda exhibido en el caso de la reportera Roxana Berenice
Guzmán.
Los casos de
comunicadores asesinados en el estado de Veracruz confirman toda una historia
que inició desde el gobierno de Javier Duarte –2010-2016 –; en ese lapso fueron
asesinados al menos una decena de reporteros, todos, presuntamente por estar
ligados al crimen organizado, aunque según los expedientes, en muchos de esos
casos los agentes estatales no fueron ajenos a los crímenes.
Desde los
gobiernos de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes (gobernador por dos años) y
Cuitláhuac García Jiménez, en el estado de Veracruz han sido asesinados al
menos 25 periodistas, muchos de ellos , por parte de grupos criminales como Los
Zetas; otros por policías al servicio del crimen y unos más han sido
desaparecidos. Las investigaciones, en más del 80 por ciento de los casos,
están archivadas tanto en la Fiscalía de Veracruz como en la Fiscalía General
de la República (FGR), que mantiene varios expedientes abiertos pero sin que
haya presuntos responsables detenidos.
Los
cuestionamientos le han llovido a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por
los descuidos en materia de seguridad. Enfrentó hace poco más de un mes una
tunda de críticas por el derrame petrolero que arruinó la vida de miles de
pescadores debido a la contaminación imparable. Ella minimizó el hecho diciendo
que en el mar sólo había *gotitas” de petróleo cuando, en realidad, la mancha
contaminante que provino de Pemex en Campeche llegó hasta Tamaulipas y la
frontera con Estados Unidos.
Ahora se le
cuestiona que no le importa la seguridad del estado, pues resulta que parece
estar más ocupada en la lista de negocios personales que en la atención
debida a la sociedad que gobierna.
A poco más de
diez años que empezó la crisis de muertes y desapariciones de reporteros en
Veracruz, los casos siguen impunes, archivados en las fiscalías y sin avances.
En mi libro
*Asesinato de periodistas: Los Expedientes” (Grijalbo 2015), cuento las
historias de 12 casos de comunicadores veracruzanos desaparecidos, cuyos
expedientes están archivados.
En ese tiempo
tuve acceso a los expedientes, y me llamó la atención que muchos sucesos sólo
tenían cinco hojas. Ese era todo el expediente, lo que revelaba la falta de
interés oficial en investigar y menos en aclarar cada uno de los casos.
Todo ello
ocurría a pesar de que la matanza de reporteros continuaba, lo que convertía al
estado de Veracruz en un cementerio de periodistas. Ahí están sin aclarar los
casos de Miguel Ángel López Velasco –Milovela –reportero del diario Notiver
asesinado a tiros cuando dormía en su casa junto a su esposa. Los gatilleros
entraron a su domicilio durante la madrugada, después de que el reportero había
salido de cubrir sus tareas reporteriles. Periódicos
En el libro
referido de mi autoría también cuento la historia de la reportera de ese mismo
medio de comunicación, Yolanda Ordaz, decapitada por Los Zetas, presuntamente
por no cubrir la cuota que el cártel otorgaba a cierto número de reporteros
para no publicar información en contra del grupo criminal.
Y, otra
historia conmovedora, es la de Regina Martínez, que también abordo en mi libro,
asesinada en 2012, cuando era corresponsal del semanario Proceso en el estado
de Veracruz.
En fin, por lo
menos más de una decena y media de casos siguen impunes en el estado que ahora
gobierna Rocío Nahle, a quien parece que nada le importa la seguridad de los
ciudadanos y menos la de los reporteros que son víctimas de amenazas,
secuestros y asesinatos.
La señora está
muy ocupada en sus negocios desde el poder, de la mano de su esposo, el
repartidor de contratos para amigos y cómplices.
Así las cosas.
Ricardo Ravelo
Galó es un periodista mexicano especializado en temas de narcotráfico, justicia
y seguridad. Ha trabajado en medios como Proceso y ha publicado diversos libros
de investigación sobre crimen organizado y política en México.
