Orizaba, Veracruz
24 de marzo de 2026.
Orizaba, Veracruz
24 de marzo de 2026.
Historia de PATRICIA MONREAL
Familiares e integrantes del Colectivo Buscando a Pelayo se manifestaron este jueves 19 de marzo en Morelia para exigir a la Fiscalía General del Estado resultados en las investigaciones sobre el paradero del defensor nahua José Gabriel Pelayo Salgado.
El profesor y defensor ambiental de la comunidad de Coahuayula, municipio de Chinicuila, fue desaparecido el 19 de marzo de 2024 y, “a pesar de la gravedad del caso, no se han registrado avances significativos en la investigación”, denunciaron los manifestantes esta tarde en la Plaza de Armas de la capital michoacana.
En su mensaje recordaron que “la Fiscalía Regional de Coalcomán, que al momento de la desaparición de Gabriel Pelayo tenía como fiscal a Sandra Perales, no logró localizar ni entrevistar a la última persona que vio a José Gabriel antes de su desaparición, quien podría aportar información clave para esclarecer los hechos o incluso estar involucrado en ellos”.
Yulissa Pelayo, hija del defensor, demandó resultados en las investigaciones, una búsqueda efectiva y garantías de protección a los defensores del territorio: “Nombrar a José Gabriel es resistir al olvido; es afirmar que su vida importa y que su ausencia no será normalizada”.
También denunciaron que las acciones de búsqueda se realizaron principalmente en los primeros momentos posteriores a su desaparición y que, después de eso, no han existido esfuerzos sostenidos por parte del Estado para continuar con su localización. “Decirlo con claridad no es confrontación, es una exigencia de verdad: el Estado le ha fallado a José Gabriel Pelayo Salgado”.
De manera paralela, la ONU-DH se pronunció este día a través de sus redes sociales, alentando a continuar con la búsqueda de Pelayo “y avanzar en la investigación de los hechos, considerando su labor en la defensa del territorio y el medio ambiente”.
Tras la desaparición del también fundador del Consejo Popular de Chinicuila, los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de la comunidad nahua de Coahuayula han sido permanentes, incluidos aquellos con drones y explosivos, así como con la colocación de minas terrestres.
Nota de
Proceso
Enlace:
¿De qué sirvió
la reforma judicial si siguen las mismas juezas corruptas como Raquel Ivette
Duarte Cedillo que lleva años amparando delincuentes? Está es la historia de un
estafador de alcurnia del próspero, municipio de San Pedro Garza García, Pedro
Miguel Babb Villarreal, quien estafa con falsos departamentos en Tulum y Playa
del Carmen. Compartan esta historia y alerten a sus contactos.
Historias
judiciales
EN TAMAULIPAS,
JUEZA AMPARA A EMPRESARIO ACUSADO DE FRAUDES COMETIDOS EN NUEVO LEÓN
Raquel Ivette
Duarte Cedillo ha favorecido también a involucrado en el caso Ayotzinapa y a
capos del narco // Pedro Miguel Babb está acusado por más de una decena de
inversionistas
▲ En la imagen superior
izquierda, Pedro Miguel Babb Villarreal; abajo, su socio José Manuel Mireles Verástegui,
acusados de defraudar con falsos departamentos. A la izquierda, la jueza Raquel
Ivette Duarte Cedillo, quien posee un largo historial de otorgar amparos a
conocidos presuntos delincuentes.Foto La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 22 de marzo de 2026, p. 12
Durante los
últimos 20 años, la carrera judicial de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo
ha estado marcada por proteger a presuntos delincuentes mediante amparos
contrarios a la procuración de justicia. Así lo demuestra, por enésima vez, el
caso de la reciente liberación del empresario Pedro Miguel Babb Villarreal,
originario del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, demandado por
fraude y delitos patrimoniales en el expediente FGJNL-082090/2025.
La misma jueza
que ha recorrido varios juzgados en distintos estados de la república y fue
suspendida de investigación por sus sospechosas resoluciones a favor de varios
delincuentes, volvió a su puesto, ahora en el juzgado de distrito en materias
de amparo y juicios federales en Matamoros, Tamaulipas.
El pasado 3 de
marzo amparó a Babb Villarreal y sus socios, José Manuel Mireles Verástegui y
Carlos Eduardo González Hernández, contra la orden de aprehensión bajo el
expediente 218/2026-VII y el 9 de marzo les concedió la suspensión definitiva.
De forma
mañosa, la jueza Duarte Cedillo protegió indebidamente a los denunciados, pese
a que los domicilios, los hechos del delito, el proceso penal instaurado en su
contra y la orden de aprehensión sucedieron en Nuevo León y no en Tamaulipas.
El sampetrino
Babb Villarreal, de 58 años, asiduo de las revistas de “alta sociedad” de este
acaudalado municipio regiomontano, en los pasados 20 años ha creado, junto con
su hermano Jaime Alberto, más de 50 empresas fantasmas para operaciones
fraudulentas de bienes raíces, lo que consta en el expediente judicial al que
ha tenido acceso La Jornada.
Ubicado en
Florencia 119, colonia San Patricio; en Vereda 206, colonia Veredalta, y en
avenida Manuel Gómez Morín 2005, colonia Residencial Chipinque, del mismo
municipio, el denunciado –hijo de Pedro Babb Torres– ha gozado de impunidad en
una veintena de contenciosos judiciales.
“Ha actuado en
contubernio para defraudar a mi clienta y despojarla de su patrimonio, que
asciende a 57 millones de pesos”, asegura en entrevista Gabriel Garza
Fernández, abogado de una de las víctimas, cuya identidad se omite por razones
de seguridad.
Modus operandi
En
representación de la empresa Aldea Oceana Holdings, SAPI de CV, Babb Villarreal
cometió los presuntos delitos junto con su socio José Manuel Mireles
Verástegui, quien en 2022 fue vinculado a proceso penal y liberado mediante un
amparo con medida cautelar de firma periódica.
“Hacen
empresas de papel en las que aglutinan a los clientes en diferentes compañías
con porcentajes; luego, no tienen valor más que en papel porque cuando demandas
a esa empresa mercantilmente no sirve. Así están muchas víctimas”, asegura el
abogado.
La historia se
remonta a 2018, cuando Babb Villarreal le propuso a la víctima ser accionista
de su empresa Desarrolladora e Inmobiliario Río Lerma, SA de CV.
“Babb, entre
lágrimas, me convenció de aceptar acciones, así como iniciar el proceso de
escrituración de mi departamento ubicado en el Fraccionamiento Centro, El Taj
Ocean Font, en el municipio Solidaridad, Quintana Roo, en favor de Juan Manuel
Guerra Elizondo, quien es referido por Babb Villarreal de que le debía dinero”,
dice la víctima.
El 29 de junio
de 2018, Babb Villarreal le vendió 17 mil 105 acciones de dicha empresa con la
promesa de que una vez registradas le entregaría copia certificada. A cambio,
ella le entregó 4 millones 375 mil pesos en efectivo a cambio de un recibo de
pago por 22 millones 750 mil pesos en especie por concepto de pago de su
departamento y recibido con una inversión de 13 por ciento de las acciones de
la empresa.
Pasaron tres
años y Babb Villarreal nunca cumplió. La víctima decidió buscarlo en sus
oficinas. Éste la citó el 1º de abril de 2021 para presentarle a su socio
Mireles Verástegui. “José Manuel, la deuda que tienes conmigo ya así déjala.
Ese dinero mejor se lo das a ella porque yo le debo una lana, así que mejor tú
págasela directo a ella”..
A
continuación, Mireles le dijo que le pagaría mediante “la transmisión” de unos
departamentos que se construirían con sus socios Babb Villarreal y González
Hernández y le mostró la maqueta del desarrollo inmobiliario Emma & Elissa,
ubicado en avenida Colosio 35, Zazilha, en Playa del Carmen, Quintana Roo, a
través de la empresa Aldea Oceana Holdings, SAPI de CV. “Me enseñaron un
departamento muestra que tenían adecuado en ese mismo lugar, simulando cómo
serían mis próximos departamentos y mientras yo lo veía me platicaban de manera
muy segura y confiable que, aunque estaban en preventa, era una compra muy
segura”, señala la mujer estafada.
Cuenta que
“todo sonaba muy creíble y atractivo, muy fidedigno” y lo que le debían fue
considerado “pago en especie”, equivalente a 3 millones 43 mil 991 dólares, que
correspondían a siete departamentos y 50 por ciento de uno más.
Choque contra
la realidad
A continuación
firmó siete contratos de depósito irrevocables de compraventa y un octavo a 50
por ciento en copropiedad con Daniella Garza Garza, entonces esposa de Babb
Villarreal, y como representante legal de la empresa Proactivo Desarrollos
Inmobiliarios, SA de CV.
Lo pactado
legalmente nunca se cumplió. En noviembre de 2024 la víctima acudió al lugar
donde supuestamente serían construidos los departamentos y se dio cuenta de que
la obra estaba abandonada. “No había trabajadores ni maquinaria alguna, así que
pregunté a los vecinos y me informaron que la construcción ya estaba así desde
hacía muchos meses, por lo que me preocupé aún más”..
Babb
Villarreal y sus socios no dieron la cara ni le permitieron la entrada a sus
oficinas. En febrero de 2025, la víctima recibió una llamada de un “número
privado”. Era una mujer que decía ser “asistente” de ellos y que podía
presentarse en la oficina para que le regresaran el dinero, advirtiendo que no
presentara una demanda porque “lo lamentaría”.
“Esto es el
despojo del patrimonio de mi cliente, luego la embauca en una sociedad en la
que tiene los derechos de un bien emproblemado del que no son ni dueños. Luego,
supuestamente, le paga con unos departamentos que no existen al día de hoy”,
dice el abogado Garza Fernández.
Añade: “Tengo
conocimiento de que hay más de 10 inversionistas defraudados por estos señores
en el supuesto proyecto de Tulum. Él ya ha estado en problemas judiciales, pero
siempre se ha salido con la suya, la ha librado. Esta es la primera vez que lo
aprehenden. Salió porque promovió un amparo con mentiras argumentando datos
falsos como que lo promovieron un juez de Matamoros, Tamaulipas, y otras
autoridades responsables. Ahí está el truco, inventaron un auto reclamado de un
juzgado que no tiene nada que ver con este asunto; mañosamente, tratan de decir
que todo es allá, pero no es cierto, todo el asunto es de Nuevo León”.
Protección a
otros criminales
El negro
historial de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo es amplio. El 23 de febrero
del año pasado otorgó un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero,
fundador del cártel de Guadalajara, para impedir su extradición a Estados
Unidos.
En el caso de
los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 9 de mayo de 2024 la juez
decidió liberar a ocho militares implicados en la desaparición de los jóvenes.
Asimismo, absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo
criminal Guerreros Unidos.
En diciembre
del año pasado, Duarte Cedillo, jueza segunda de distrito en materia penal en
el estado de México, “absolvió” y ordenó la inmediata libertad del secuestrador
Daniel Arizmendi López, El Mochaorejas, argumentando que fue “torturado” para
inculparse.
También amparó
a Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, contra una orden de detención con fines
de extradición, y en junio de 2024 absolvió a Édgar Coronel Aispuro, hermano de
Emma Coronel, por la fuga de su cuñado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo,
ex líder del cartel de Sinaloa.
El 13 de febrero de 2024, la misma jueza exoneró a Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, por lavado de dinero, quien es sobrino de los líderes del cártel de los Arellano Félix.
En noviembre
del año pasado, el magistrado Rufino H. León Tovar, del Tribunal de Disciplina
de la Ciudad de México, decretó la separación temporal contra esta jueza, por
amparar a Florian Tudor, El Tiburon, líder de la mafia rumana en la Riviera
Maya, acusado de dirigir una banda de clonación de tarjetas bancarias y de la
sustracción de más de mil 200 millones de pesos en cajeros automáticos en esa
zona turística.
Con el
expediente 119/2024, la juzgadora evitó su extradición a Rumania.
La suspensión
de la jueza se dio sólo por unos meses y luego fue enviada a Tamaulipas, donde
otorgó un amparo a favor de Babb Villarreal, por lo que el abogado Garza
Fernández ha presentado una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial de la
Federación, presidido por Celia Maya García.
“La jueza se
extralimitó en sus facultades y debe declarase incompetente. Es evidente que
existe corrupción porque tiene un largo historial otorgando amparos a presuntos
delincuentes. Ella fue un ejemplo para implementar la reciente reforma judicial
y a pesar de ello, sigue operando dejando sin certeza jurídica a las víctimas.
Por Andrés Timoteo
Lo
vituperaron hasta el cansancio ligándolo al crimen organizado pero hoy se
pliega ante sus difamadores.
Con
menos de tres meses en la alcaldía de Las Choapas, Jesús Uribe abandonó
Movimiento Ciudadano, el partido que le abrió el espacio para participar en los
comicios del 2025 y se adhirió a Morena al que en campaña acusó de entronar la
corrupción y la desolación en su municipio.
Y los guindas lo siguen humillando aún con su genuflexión pues ante los cuestionamientos por recibirlo pese a que la propia gobernante estatal, Rocío Nahle, lo señaló como delincuente, ahora el dirigente estatal de Morena, Esteban Bautista, quien negoció el salto chapulinesco, se desligó de la invitación -léase: coacción y compra- pasando el asunto al comité nacional.
Será, dijo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que avale o rechace su solicitud de adhesión.
Es decir, la aceptación como militante morenista la puso en ‘stand by’ hasta que lo revisen éticamente y con la opción de vetarlo.
Además le asestó otra banderilla.
“En
Morena nos guardamos el derecho de admisión”, afirmó.
O sea que a pesar de su obsequiosidad todavía le pueden dar el portazo en las narices.
¿Por qué no enviaron también a esa comisión los casos de los otros ediles a los que coaccionaron para brincar al guinda?
No porque ellos no pusieron en aprietos al partido ni a Nahle ni al motejado “Larra” Zepeta.
Desde el día en que anunció su retiro del partido naranja, Uribe Esquivel quedó expuesto como desleal, saltimbanqui y urgido.
Vaya, a este tipo de personajes en el pueblo les llaman “nalgas prontas” porque, según su propia narrativa, los morenistas no se las pidieron sino que él las ofreció a libre voluntad. Risas.
Este señor presume que su triunfo electoral por el ayuntamiento de Las Choapas fue a título personal, no partidista dando a entender que sí se hubiera lanzando por el PRI, el PAN o hasta de forma independiente igualmente hubiera arrasado en las elecciones.
“La
gente creyó en el proyecto de Chucho Uribe, ganamos por el partido que nos
pongan”, alardeó.
Se entiende, entonces, que será él le aporta un activo para Morena aunque los morenistas tienen “otros datos” pues con el intento para deslindarse de su controversial incorporación dan a entender que son ellos los que le harán el favor y con la posibilidad de negárselo.
UN PRETEXTO IDEAL
En fin, ya se verá en qué termina el brete, pero lo cierto es que esa baladronada de que Uribe es un imán de votos, encantador de masas y que cualquier partido se lo disputaría a golpes, hoy se convirtió en el pretexto ideal para los otros saltamontes “opositores” que buscan treparse a la “cuarta transformación” aldeana.
Esa arenga de asumirse como “la última Coca-Cola del desierto” embelesa, por ejemplo, a la munícipe boqueña Josefina Gamboa quien no ve el momento para oficializar su brinco al guinda.
La todavía panista argumentará que en estos últimos diez años en que ha ocupado cargos legislativos y ahora con el municipal, la gente ha votado por ella y no por el PAN, y que a Boca del Río le irá súper bien con ella militando en Morena al lado de la zacatecana Rocío Nahle.
¡Pretexto oportuno!
No obstante, el mismo subterfugio no le servirá a otro boqueño, Adrián Ávila quien ahora es diputado local por MC, pero que en los hechos ya es morenista y, más aún, un recalcitrante allegado a la familia en el poder estatal.
En términos llanos, Ávila es el primer peñista del estado, plenipotenciario, carnal de ‘cascaritas’ futboleras y afín en ambiciones y trácalas de José Luis Peña, el esposo de la gobernante.
Y su anuncio de que abandonará al naranja y formalizará su morenismo ‘de closet’ -al igual que la tal Gamboa- sólo es cuestión de tiempo y de trámite protocolario, según cuentan tanto en el blanquiazul como los emecistas.
Ambos están listos para la machincuepa.
QUE AUTOGESTIONE
En días pasados presentaron una fundación supuestamente altruista que lleva el nombre del innombrable.
La encabeza la hija, Rosa Borunda Herrera, quien no se había metido a política pero ahora lo hará con ese membrete.
No olviden que en la fidelidad y el duartismo abundaron las asociaciones civiles como plataformas para promocionar candidaturas.
Pero concediendo el beneficio de la duda y suponiendo que esa fundación sí verá por las personas vulnerables como promete su presidenta, sería loable que se autogestione y comience por ayudar Emilianito Herrera, el hijo de su hermano, el diputado federal Javier Herrera Borunda quien lo ha negado como padre y además se rehúsa costear el tratamiento médico por el autismo.
Que saque la cara por este adolescente y su madre quien, además, ha sido amenazada y acosada legalmente por el desobligado y violentador progenitor.
O que la asociación repare el daño a los damnificados por las inundaciones del 2010.
¿Recuerdan aquel préstamo por 10 mil millones de pesos pedido días antes de que el innombrable dejara el cargo y que era para ayudarlos pero que no les llegó ni un centavo a los afectados pues el tipo se lo robó?
Esa fundación podría subsanar el pecado social de quien le da el nombre, ¿no creen?
*Envoyé
depuis Paris, France.
Las seudolideres explotan a
comerciantes
21- Marzo – 2026.
Locatarios reportan que el pasado lunes 16 de marzo de 2026 fueron convocados a una reunión donde se les exigió un pago de $1,300 pesos cada 20 días bajo el concepto de "cobro de piso". Se les ordenó entregar el dinero en sobres cerrados marcados con el nombre del locatario el jueves 19 de marzo, con la instrucción estricta de guardar silencio.
La denuncia ciudadana apunta a
las señoras Dolores Márquez Ibáñez, Luminosa Ameca Vázquez (quien presuntamente
fungiría como enlace) y una persona de nombre Alejandra, en supuesta
complicidad con la actual administración del mercado y con Francisco Campos,
director de comercio.
Los comerciantes manifiestan su
desesperación debido a las bajas ventas y la imposibilidad de cubrir estas
cuotas impuestas ilegalmente, aunado a que el mercado la isla se encuentra en
el abandono por la indolencia de las administraciones municipales pasadas y la
actual continua por la misma línea.
El actual alcalde Manuel Alonso Cerezo continúa con las mismas prácticas nefastas de cobrar derecho de piso de manera irregular, esto con la complacencia y acuerdo de Francisco Campos, director de comercio y las nefastas autonombradas lideres.
Por obvias razones se omiten dar los nombres y señalan a las autonombradas lideres que llevan años quitando locales y revendiéndolos, cuando el edificio es propiedad del ayuntamiento y no de estas vividoras que se sienten protegidas por el alcalde en turno. Además, estas seudolideresas se apropian del tianguis juguetero que se efectúa a principios de cada año. Los locatarios ya están cansados de esta situación.
También solicitan la intervención
de la gobernadora Rocío Nahle para que investiguen a las autoridades municipales
y a las que se dicen llamar lideres.
Y es que, durante su periodo al frente de la SEV se autoasignó una plaza docente, la cual nunca trabajó, pero si cobró durante el 2017 la cantidad de 24 mil 912 pesos y durante el 2018 cobró 234 mil 841 pesos.
Luego de que los propios maestros, donde estaba asignada su plaza laboral, denunciaron públicamente en 2018 tal irregularidad y ante la presión, Pérez Rodríguez se vio obligado a renunciar a la plaza en el mes de octubre de ese año.
Y aunque quedó en evidencia que estuvo cobrando sin trabajar, el ex funcionario yunista nunca reintegró un solo peso de lo obtenido de manera ilegal.
Posteriormente, en el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, aunque igualmente fue evidenciada tal situación, no se realizó ninguna denuncia en contra de Pérez Rodríguez, como tampoco se le inició algún procedimiento administrativo sancionatorio o resarcitorio para que devolviera el dinero.
De acuerdo con una respuesta de la
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación de Veracruz del actual
sexenio, no encontraron archivos relacionados con alguna sanción en contra del
ex titular, y sólo que él mismo se había otorgado la plaza, cayendo en la
comisión de un delito.
Miguel Ángel Rojas González, originario de Chocamán, se desempeño como Coordinador Jurídico del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, ha colaborado tanto en la gestión de la exalcaldesa Leticia López Landero como en la del ex presidente municipal Juan Martínez Flores.