20 de octubre de 2026
LA GOBERNADORA DE BARRO
SAMANTHA VICENTTINI: ENTRE LA POLÉMICA, LOS ATAQUES EN REDES Y LA RESISTENCIA POLÍTICA
Córdoba, Veracruz.
En una época en la que la política parece reducirse a titulares estridentes, publicaciones replicadas y campañas de descalificación en redes sociales, el caso de Samantha Vicenttini Luna vuelve a colocar en el centro del debate el uso de las plataformas digitales como escenarios de confrontación política.
Ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Córdoba e integrante del Movimiento del Sombrero, Vicenttini Luna se encuentra nuevamente en medio de la controversia tras su detención en su domicilio y posterior liberación, hechos que provocaron cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y dieron pie a diversas reacciones en el ámbito político y social.
Sus simpatizantes sostienen que su caso representa una muestra de resistencia frente a las presiones y los señalamientos que, aseguran, buscan debilitar su liderazgo. Desde esa perspectiva, su salida del penal de La Toma fue interpretada como un momento de reivindicación para quienes respaldan su participación dentro del movimiento.
Sin embargo, la polémica no terminó con su liberación. En redes sociales continúan circulando publicaciones y comentarios que cuestionan su trayectoria política, su vida personal y su desempeño profesional. Algunos mensajes recurren a descalificaciones personales e incluso a referencias sobre su entorno familiar y su salud mental, terrenos que poco aportan a una discusión pública seria y responsable.
La crítica política es legítima; la descalificación personal es otra cosa.
Cuestionar la trayectoria de una figura pública, sus decisiones partidistas o su actuación como profesionista forma parte del debate democrático. Pero convertir las redes sociales en espacios de hostigamiento, donde se mezclan acusaciones, rumores y ataques a la vida privada, no contribuye a esclarecer los hechos ni a fortalecer la rendición de cuentas.
También resulta pertinente cuestionar el uso de grupos digitales para difundir contenidos ajenos a su propósito original, particularmente cuando se trata de espacios destinados a alertar sobre situaciones de riesgo. Si estos grupos terminan convertidos en plataformas de confrontación política o de ataques personales, su utilidad para la comunidad se desvirtúa.
En el caso de Samantha Vicenttini, sus seguidores defienden su permanencia en la vida pública y aseguran que continuará al frente de sus actividades políticas. Sus detractores, por su parte, mantienen sus cuestionamientos sobre su trayectoria y sus decisiones. En una democracia, ambas posturas pueden expresarse, siempre que las críticas se sustenten en hechos verificables y no en la difusión de señalamientos sin pruebas.
La discusión de fondo no debería limitarse a determinar quién publica más fotografías, quién replica más mensajes o quién consigue mayor repercusión en Facebook. La pregunta es si el debate político en Córdoba está dispuesto a abandonar la descalificación como método y regresar a la confrontación de ideas, trayectorias y resultados.
Samantha Vicenttini podrá ser cuestionada por su pasado partidista, sus decisiones y su actuación pública, como cualquier otra figura política. Pero también tiene derecho a que los señalamientos en su contra se examinen con seriedad, sin convertir su vida privada en munición para la confrontación digital.
Porque la fortaleza de un movimiento no se demuestra atacando a sus adversarios, sino defendiendo sus principios con argumentos. Y la credibilidad de la política no se construye a base de publicaciones virales, sino de hechos, responsabilidades y resultados.
EL RECICLAJE POLÍTICO EN CÓRDOBA: LA NUEVA IZQUIERDA CON VIEJOS INTERESES
Sin embargo, detrás de esta llamada nueva izquierda poco parece haber renovación ideológica. Lo que se observa es el reciclaje de personajes que, lejos de mantenerse fieles a una identidad partidista, transitan entre distintas fuerzas políticas de acuerdo con sus intereses y posibilidades de acceder al poder.
El fenómeno exhibe una de las prácticas más cuestionadas de la política mexicana: cambiar de siglas sin cambiar las formas, las lealtades ni las ambiciones. Hoy, integrantes del equipo de Leticia López Landero aparecen vinculados a distintas fuerzas políticas, entre ellas el PT, en una estrategia que despierta cuestionamientos sobre la congruencia de quienes ahora buscan presentarse como una alternativa renovadora.
En Córdoba, el pasado no se borra cambiando de partido. La administración municipal encabezada por Leticia López Landero durante el periodo 2017-2021 continúa siendo un referente obligado en el debate público sobre el manejo de los recursos municipales y las responsabilidades de quienes estuvieron al frente del Ayuntamiento.
Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en aquella gestión y el papel de los organismos fiscalizadores, incluido el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), forman parte de una discusión que exige claridad, rendición de cuentas y resultados verificables. Cualquier responsabilidad administrativa o penal, desde luego, debe acreditarse por las vías legales correspondientes.
Por eso, el regreso de sus antiguos colaboradores al escenario político no puede pasar inadvertido. Los ciudadanos tienen derecho a preguntar qué cambió, cuáles son sus nuevas propuestas y qué garantías ofrecen de que no repetirán las prácticas que tanto se han cuestionado de administraciones anteriores.
La paradoja es evidente: mientras los partidos hablan de transformación, renovación y compromiso con el pueblo, en Córdoba resurgen viejos grupos que buscan acomodarse bajo nuevas banderas. El PT enfrenta así el desafío de demostrar si realmente apuesta por cuadros distintos y un proyecto propio, o si termina convertido en refugio para políticos que buscan prolongar su influencia.
Porque cambiar
de partido no significa cambiar de historia. Y cuando los mismos personajes
reaparecen con un discurso distinto, la pregunta es inevitable: ¿se trata de
una verdadera renovación política o simplemente de una nueva oportunidad para
seguir viviendo del poder?
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POSICIONAMIENTO LEÍDO EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN: ODIO, RACISMO, DISCRIMINACIÓN, SEGREGACIÓN Y PRO FASCISMO
El verdadero rostro de Alfonso Martínez Alcázar que trata de ocultar tras el telón del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM)
Desde el 1 de octubre del presente, el presidente municipal de Morelia, con el falaz argumento de “proteger” a Morelia, desplegó un operativo policíaco que instauró un Estado de Excepción en el Centro Histórico de Morelia, al tiempo que desató una campaña de odio, racismo, discriminación y segregación contra el FNLS con el pretendido objetivo de impedir que instalemos un plantón en la plaza pública Melchor Ocampo, y llevemos a cabo una JORNADA NACIONAL DE LUCHA A 534 AÑOS DE RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR POR: JUSTICIA, LIBERTAD, PRESENTACIÓN CON VIDA Y EL DERECHO A LA PROTESTA.
Durante décadas hemos desarrollado esta jornada de lucha en el contexto del 12 de octubre, que para nosotros es Día de Resistencia Indígena y Popular, un mes para dar a conocer las injusticias sociales, la marginación que persiste en las comunidades indígenas y campesinas, colonias populares y sectores marginados del pueblo, al tiempo que promovemos el rescate de la cultura, el arte y tradiciones de los pueblos originarios desde una perspectiva independiente y socialista.
Esta decisión tomada por Alfonso Jesús Martínez Alcázar, constituyen medidas de corte fascista que han suprimido derechos constitucionales, libertades políticas y democráticas conquistadas en siglos de luchas emancipadoras del pueblo mexicano.
A través de cercos policiacos, la persecución, hostigamiento y represión, se han conculcado libertades fundamentales de indígenas, campesinos, artesanos, colonos y sectores sociales que integramos el FNLS, pero también de todo el pueblo que acude a la capital del estado de Michoacán, ya sea por motivos de trabajo, recreativos, o a resolver trámites de diversa índole, lo que constituye un atentado a las Garantías Constitucionales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se ha recurrido a la calumnia, la mentira, la distorsión de la realidad y la criminalización de la protesta para desestimar las legítimas y justas demandas del FNLS y justificar dichas medidas pro fascistas que socaban el espíritu del Garantismo Constitucional. Todo sustentado en una campaña de odio, racismo, discriminación, segregación y criminalización de la protesta.
En este mes de octubre y tras el telón del Festival Internacional de Cine de Morelia, (FICM) que se realiza en la capital michoacana, se han reprimido diversas manifestaciones de protesta, entre ellas, el 1 de octubre mediante un cerco policiaco y un estado de Sitio, se nos imposibilitó al FNLS instalar el histórico plantón en la plaza pública Melchor Ocampo, el 2 de octubre, la histórica marcha que conmemora la masacre del 2 de octubre de 1968 fue descarrilada y en un hecho inédito fue impedida de arribar a Palacio de gobierno, el 4 de octubre se nos impuso un cerco policiaco en el monumento a Lázaro Cárdenas para suprimir una marcha del FNLS que tenía como fin llegar a palacio de gobierno para solicitar audiencia con el Gobierno del estado, el 12 de octubre en un acto por demás racista, discriminatorio e intolerante, se cercó y encapsuló la marcha del FNLS en el contexto del 12 de octubre, Día de Resistencia Indígena y Popular, y pese que había un amparo de por medio, la Policía Morelia desacató el mandato judicial e impidió el libre tránsito frente al Poder Judicial de la Federación (PJF), el 15 de octubre los normalistas de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, (ENRVQ) también fueron “contenidos” para que su marcha arribara a Palacio de Gobierno, el 16 de octubre fue brutalmente reprimida la marcha de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), el 17 del mimo mes, por enésima ocasión fue cercada y reprimida a la altura del Monumento Ecuestre a Morelos, una marcha del FNLS que partió del PJF, con rumbo a la Palacio de Gobierno.
El odio, el racismo, la discriminación, la segregación, la intolerancia y la criminalización de la protesta, han sido el credo y proceder de Alfonso Jesús Martínez Alcázar del primero de octubre a la fecha. El hostigamiento, la intimidación, la amenaza, la represión y los insultos de odio y racismo, han sido la respuesta a nuestras demandas.
Hechos que confirman que las medidas policiales y políticas tomadas por Martínez Alcázar, son violatorias de los derechos humanos, contravienen el espíritu Garantista de la Constitución, son racistas, discriminatorias, segregacionistas, profundamente antidemocráticas y descaradamente pro fascistas, lo que constituye una amenaza a todo el pueblo, porque hoy somos nosotros el FNLS, mañana será cualquier ciudadano que no comulgue con las ideas y pensamiento de dicho gobernante.
DENUNCIAN NEPOTISMO, COMPADRAZGO, AMIGUISMO, INFLUYENTISMO Y PRIVILEGIOS EN AYUNTAMIENTO MORENISTA DE TRES VALLES
Aunque en Morena se llenan la boca diciendo que acabaron con las lacras de la política, como el nepotismo, el compadrazgo, el amiguismo, el influyentismo y los privilegios, lo cierto es que en los hechos esas prácticas están vivitas y coleando entre los morenistas que ocupan cargos públicos.
Prueba de ello es lo que ocurre en el ayuntamiento de Tres Valles, en donde el alcalde de Morena José Juan Gallegos Cárcamo se ha despachado con la cuchara grande en la asignación de cargos municipales y salarios para sus compadres y los familiares y amigos de sus compadres. De acuerdo con el testimonio de trabajadores municipales que pidieron el anonimato, en el Ayuntamiento se registra una serie de irregularidades. Citan el caso de Héctor Hernández, quien funge como director de Obras Públicas, cuya hermana despacha en la Dirección del DIF Municipal, mientras que su sobrina Abigail está adscrita a la misma Dirección de Obras Públicas. De igual forma, mencionan a Gilberto Hernández Ruiz, director de Servicios Públicos Municipales, de quien señalan formó parte de la corporación de la Policía Federal y hoy registra un súbito cambio en su situación económica, al señalar que actualmente se mueve en un costoso vehículo Jeep.
El caso es que la ciudadanía de Tres
Valles desconfía de los antecedentes partidistas de quienes gobiernan
actualmente el municipio, especialmente cuando se cuestiona la permanencia de
prácticas asociadas con otras fuerzas políticas. La pregunta que incomoda en
Tres Valles es inevitable: ¿De verdad llegó una nueva forma de gobernar o
solamente cambiaron los colores del ayuntamiento? Por lo anterior, el alcalde
Gallegos Cárcamo tiene la oportunidad de transparentar nombramientos, perfiles
profesionales, declaraciones de intereses, porque el ayuntamiento no es patrimonio
de ninguna familia, de ningún compadre ni de ningún grupo político. “Es una
institución que debe servir a todos los habitantes de Tres Valles”, afirman los
inconformes, quienes pidieron transparentar la trayectoria e ingresos de los
funcionarios públicos.
Gobernantes.com








