Por la redacción
NOGALES, VER.– Representantes legales de
la empresa Grupo Constructo presentaron una denuncia penal en contra del
diputado federal Zenyazen Escobar García y del exprocurador estatal del Medio
Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, a quienes señalan como presuntos
responsables de los delitos de fraude y despojo de terrenos que forman parte
del Relleno Sanitario Regional de "Las Altas Montañas".
De acuerdo con los denunciantes, la
empresa es la legítima propietaria de varias parcelas clave en la zona,
incluida la denominada Celda 9, la cual operan desde el año 2021. Los afectados
detallaron que el despojo se consumó mediante el uso de la fuerza pública,
específicamente con el apoyo de elementos del Instituto de Policía Auxiliar y
Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), quienes les
impidieron el acceso a sus propios predios.
RED DE COMPLICIDADES Y CONFLICTO DE
INTERÉS
Los agraviados vinculan directamente a
Sergio Rodríguez Cortés en la trama, debido a que, durante su gestión al frente
de la Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente (PMA), se encargó
de emitir multas y sanciones reiteradas en contra de Arrendadora Constructo
para presionar a la empresa.
Asimismo, señalaron la existencia de un
presunto conflicto de interés, ya que el representante que actualmente da la
cara por las empresas que operan el relleno sanitario mantiene una relación
cercana con la esposa del legislador federal, Zenyazen Escobar García.
Como parte de estas presuntas
irregularidades, los afectados denunciaron la aparición de la empresa
Desarrolladora de Proyectos Lotto S.A. de C.V., la cual administra actualmente
el predio. Esto ocurre luego de que, en febrero de 2022, el Ayuntamiento de
Nogales otorgara una concesión por 15 años a la firma Materiales Oconit S.A. de
C.V., una compañía dedicada originalmente a la obra civil y que, según los
denunciantes, carece de experiencia en el manejo y tratamiento de residuos
sólidos.
AFECTACIÓN A MUNICIPIOS Y OMISIÓN
GUBERNAMENTAL
Esta disputa legal y administrativa ha
impactado directamente la gestión de residuos en la región de las Altas
Montañas. Tras el cierre del relleno sanitario de Cuitláhuac por parte de la
PMA, un promedio de 50 municipios se han visto obligados a concentrar su basura
en un solo sitio, lo que genera un millonario negocio en el pago de derechos de
tiro, mientras los verdaderos dueños litigan en tribunales para recuperar su
patrimonio.
La denuncia formal quedó asentada bajo
la carpeta de investigación C.I. 663/2021. Para sustentar las acusaciones, los
propietarios legítimos aportaron actas notariales, escrituras públicas y
evidencia fotográfica que acredita la posesión legal de las tierras.
Finalmente, los representantes de Grupo
Constructo afirmaron que la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, ya
tiene pleno conocimiento de este presunto acto de corrupción y de las anomalías
que imperan en el sitio; sin embargo, acusaron que hasta la fecha las
autoridades estatales no han tomado medidas al respecto.
Desarmador Politico
