A CINCO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE CLAUDIA URUCHURTU, LA SCJN REVIERTE AMPARO Y CIERRA EL PASO A LA IMPUNIDAD
A cinco años de la desaparición forzada de la activista y defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un giro relevante al caso al revocar el amparo que había favorecido la libertad de Johan Ricardo M., exfuncionario municipal señalado como presunto autor intelectual del crimen ocurrido en marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. El Pleno determinó que el tribunal colegiado que concedió el amparo incurrió en omisiones graves al no analizar adecuadamente la naturaleza, complejidad y gravedad del delito de desaparición forzada, ordenando emitir una nueva resolución conforme a estándares constitucionales y convencionales.
La SCJN fue enfática al señalar que los órganos jurisdiccionales tienen una obligación reforzada cuando analizan delitos de desaparición forzada, particularmente si las víctimas son mujeres defensoras de derechos humanos. En estos casos, estableció que es obligatorio aplicar un enfoque diferencial con perspectiva de género e interseccional, considerando el contexto de violencia estructural, los riesgos agravados derivados de la labor de defensa y los posibles móviles vinculados al activismo de la víctima. Advirtió la Corte, que la omisión de este análisis debilita la función judicial y favorece escenarios de impunidad.
El Alto Tribunal también reprochó que el tribunal colegiado se haya limitado a cuestionar la credibilidad de un testigo colaborador, sin valorar el contexto del caso ni la prueba circunstancial, elementos esenciales ante la clandestinidad que caracteriza la desaparición forzada y las dificultades estructurales para obtener pruebas directas. La Corte recordó que este delito constituye una violación grave y continuada de derechos humanos, marcada por la ocultación de información, el abuso de poder y la persistencia de sus efectos en el tiempo, lo que exige una intervención judicial integral orientada a garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Claudia Uruchurtu Cruz desapareció el 26 de marzo de 2021, tras participar en una manifestación frente al Ayuntamiento de Nochixtlán para exigir la liberación de una persona detenida arbitrariamente y golpeada por la policía municipal. Testigos señalaron que, al término de la protesta, fue perseguida y privada de la libertad, siendo subida de forma violenta a una camioneta al servicio del municipio. Desde entonces, su paradero es desconocido. Claudia había documentado y denunciado presuntos desvíos de recursos públicos durante la administración municipal encabezada por Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese momento buscaba la reelección.
En diciembre de 2022, Lizbeth Victoria Huerta y otros tres implicados fueron procesados por desaparición forzada; sin embargo, en diciembre de 2024 el delito fue reclasificado, permitiendo la liberación de la exalcaldesa tras reducirse la condena a obstrucción de la justicia. Johan Ricardo M., asesor jurídico del ayuntamiento, fue condenado inicialmente a 40 años de prisión, pena que posteriormente se elevó a 50 años, pero obtuvo su libertad en agosto de 2025 mediante el amparo ahora revocado por la SCJN. La familia de Claudia impugnó esa resolución, logrando que el máximo tribunal interviniera.
Las hermanas de Claudia, Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu, han denunciado desde el Reino Unido vínculos políticos que habrían favorecido la impunidad en el caso, señalando que la no localización de la víctima y la liberación de personas clave reflejan fallas estructurales del sistema de justicia en Oaxaca. Tras la nueva decisión de la SCJN, los asesores jurídicos de la familia también solicitaron revisar la legalidad de la liberación de Lizbeth Victoria Huerta, asunto sobre el cual el Alto Tribunal aún no se ha pronunciado.
Desde BÚHO PENAL , advertimos que esta resolución no repara por sí sola el daño, pero marca un precedente fundamental: la desaparición forzada de personas defensoras no puede analizarse de forma superficial ni descontextualizada. A cinco años del crimen, la exigencia sigue siendo la misma: verdad, justicia y sanción a todos los responsables, sin excepciones ni privilegios políticos.
#VerdadYJusticia
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