11 de marzo de 2026
¡FERNANDO TRUEBA, EL TODÓLOGO INTOCABLE DEL AYUNTAMIENTO DE ORIZABA ATACA DE NUEVO!
MÁS ALLÁ DE EL MENCHO: EL SISTEMA IMPERIAL QUE MANUFACTURA CAPOS | La Otra Voz con Sasi Alejandre
Esto es Mundo Podcast, el espacio de TeleSUR donde la política, el análisis y la cultura se encuentran.
En los próximos minutos, recorreremos por La Otra Voz con Sasi Alejandre, el análisis estratégico de Ignacio Ramonet en El Mundo Según Ramonet, y descubriremos Los Misterios de la Historia con el profesor Eduardo Rothe.
Puedes ver el podcast completo de La otra voz con Sasi ALejandre:
7 de marzo de 2026
EL AYUNTAMIENTO DE ORIZABA MATA A LAS ESPECIES DEL HUMEDAL EL CHIRIMOYO DE ORIZABA, VERACRUZ…
3 de marzo de 2026
¡ECOCIDIO Y REPRESIÓN! EL «CHAHÍN-AZO» QUE DESANGRA AL CHIRIMOYO, EN ORIZABA
Reportaje Veracruzano Send an email
Gobierno
de Hugo Chahín impone maquinaria pesada en humedal protegido y detiene a
activistas tras operativo policial.
Orizaba, Ver. — Lo que se anunció como una supuesta jornada de «limpieza» terminó en una jornada de violencia institucional y desastre ambiental. Bajo las órdenes directas del alcalde Hugo Chahín Kuri, maquinaria pesada ingresó este lunes a la Laguna del Chirimoyo, rompiendo acuerdos con colectivos ciudadanos y vulnerando un ecosistema que sirve de refugio para especies protegidas por la NOM-059 de SEMARNAT.
El despliegue no solo atentó contra la biodiversidad; el uso desproporcionado de la fuerza pública marcó la intervención. Policías municipales cercaron la zona y detuvieron a una joven voluntaria que intentaba frenar el avance de las máquinas, mientras vecinos denunciaban que el ayuntamiento operaba sin transparencia ni dictámenes técnicos. En medio del caos, quedó claro que el alcalde ya sacó el cobre, pues prefirió el uso de la fuerza y el autoritarismo antes que el diálogo con los ciudadanos que solo buscan proteger la vida silvestre.
La indignación social ha escalado al señalar un posible ecocidio planificado, ya que los trabajos ignoran la presencia de fauna silvestre y el trabajo de saneamiento artesanal que los ciudadanos realizaban desde hace semanas.
Hasta el momento, la administración municipal no ha emitido una justificación técnica válida para este atropello ambiental. La comunidad orizabeña y grupos ecologistas exigen un alto inmediato a las obras y responsabilizan directamente a Chahín Kuri por el daño irreversible al patrimonio natural de la ciudad y por la criminalización de la defensa del medio ambiente.
REPORTE
ESPECIAL | ORIZABA 2026
2 de marzo de 2026
EL IMPERIO DEL «SEÑOR DE LOS GALLOS», AL AMPARO DE LA PROTECCIÓN POLÍTICA
Historia de MATHIEU TOURLIERE
Para expandir su dominio en el mundo criminal de México y convertir al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una de las organizaciones más poderosas del mundo, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien murió el domingo 22 de febrero último en un operativo militar, utilizó una combinación de violencia extrema, estructuras de lavado de dinero, conquistas estratégicas, alianzas con actores políticos y sobornos a agentes de las fuerzas de seguridad incluyendo el Ejército.
A lo largo de la última década la inteligencia militar, autoridades y la prensa han documentado los vínculos de corrupción entre el líder delincuencial nacido en Michoacán hace 59 años y políticos que permitieron a su organización tener el control de territorios en al menos 22 entidades federativas. Varias de esas alianzas fueron documentadas por la inteligencia militar y apuntan, entre otros, al exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y a su entonces jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez, actualmente diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC).
Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hackeados por el colectivo Guacamaya –algunos de los cuales ya fueron reportados por Proceso y otros medios en 2022–, registran que en diciembre de 2019 César Iván Briseño Aguirre, mensajero entre el Mencho y actores políticos de Jalisco, indicó al entonces jefe de plaza del CJNG en Jalisco, Amando Gómez Núñez, apodado Máximo o Delta 1, que estaba por reunirse con Luna, “quien fungiría como enlace con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez”.
El 9 de diciembre, este personaje, quien fue agente de la policía en Guadalajara y en la policía estatal de Jalisco, mencionó en una conversación telefónica intervenida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que intentaría reunirse con Alejandro Esquer Verdugo, entonces secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con Luis Cresencio Sandoval González, entonces titular de la Sedena, al que refirió conocer “ya que éste es de Jalisco”, indica la ficha elaborada por el CNI.
En ese documento, la agencia de inteligencia dio cuenta de reuniones entre Briseño Aguirre y funcionarios del gobierno estatal y con militares, con quienes habría pactado un trato de favor para el CJNG –como el retiro de unidades de la Fuerza Única de Jalisco o el envío de “alertas oportunas” ante operativos– a cambio de sobornos y de reducir los índices de violencia en la entidad. El documento menciona pagos de 400 mil pesos como “oferta inicial” a los “generales”, así como un penthouse en Puerto Vallarta.
Un informe del CNI elaborado en julio de 2019 señaló que el aparato de inteligencia del Estado tenía intervenidas las comunicaciones de ocho colaboradores cercanos del Mencho, también conocido como el Señor de los Gallos, e identificaba a varios altos funcionarios como parte de la red de protección institucional del líder criminal, incluyendo a Velasco y a Briseño, pero también a Juan Pablo Hernández González y Juan José Montes Ortiz, directores operativos de la policía de Zapopan y de Guadalajara, respectivamente, y a Efraín Domínguez Martínez, entonces supervisor en la Comisaría del Estado.
Otro documento de inteligencia del CNI dio cuenta de tres reuniones sostenidas por Armando Gómez Núñez con “elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, Fiscalía de Justicia de Jalisco, Policía Federal y Policía de Zapopan” en los restaurantes Toks, Chai y Omar Carlos, en Zapopan; entre los asistentes de un encuentro, que tuvo lugar el 7 de marzo de 2019, estaba presente el jefe de la policía de Zapopan. Según el gobierno de Estados Unidos, el Mencho también contó con el apoyo de Severo Flores Mendoza, jefe de la policía en Ameca, y coordinador de las policías en la zona de Valles.
A estas reuniones, documentadas por la inteligencia militar, se suma el sinnúmero de casos reportados por la prensa que muestran la colusión de presidentes municipales tapatíos con el CJNG, como el exalcalde de Teuchitlán...
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0033 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
26 de febrero de 2026
A DOS MESES DEL FALLO INTERNACIONAL, ESTADO MEXICANO SIN RUTA PARA CUMPLIR SENTENCIA POR CASO ERNESTINA ASCENCIO
Manuela V. Carmona
Orizaba, Ver.- A dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, el Estado mexicano no ha presentado una hoja de ruta para cumplir las medidas ordenadas, denunciaron familiares y organizaciones acompañantes.
El fallo, emitido el 16 de diciembre de 2025, responsabiliza internacionalmente al Estado por las violaciones cometidas contra Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años, originaria de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien fue abusada sexualmente y sometida a tortura por integrantes del Ejército mexicano en 2007. De acuerdo con lo acreditado en el proceso internacional, las agresiones, sumadas a la falta de atención médica adecuada y oportuna, derivaron en su muerte.
Desde el día siguiente a la notificación de la sentencia, las organizaciones litigantes solicitaron formalmente al Estado un plan con acciones concretas, cronograma y responsables definidos para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte. Sin embargo, hasta ahora no existe una propuesta oficial. Esta omisión, advirtieron, retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación integral para la familia, y coloca en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México.
La resolución fue considerada histórica al establecer no sólo la responsabilidad por la agresión sexual, tortura y muerte de la mujer indígena, sino también por la intervención indebida de altas autoridades que contribuyeron a la impunidad, así como por las barreras lingüísticas y la discriminación por razones de género, etnia y edad que impidieron un acceso real a la justicia. La Corte determinó que estas acciones vulneraron además el derecho a la verdad de sus familiares y de la sociedad.
Entre las medidas ordenadas se encuentran la realización de una investigación penal exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables; atención médica, psicológica y/o psiquiátrica a los familiares; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; programas de capacitación a funcionarios públicos; el fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
El pronunciamiento fue suscrito por Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C., Kalli Luz Marina A.C., Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Robert F. Kennedy Human Rights y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
A 19 años de los hechos, la familia de Ernestina Ascencio sostiene que la sentencia representa un avance en el reconocimiento de la verdad, pero subraya que la falta de una hoja de ruta concreta impide traducir el fallo en acciones reales. Mientras no exista un plan público con metas claras y plazos definidos, el cumplimiento integral permanece pendiente. La verdad ha sido reconocida en el ámbito internacional; ahora, insisten, corresponde al Estado mexicano convertir esa resolución en justicia efectiva.
elrotativo.com.mx








