La persecución contra vendedores ambulantes y la falta de una oposición efectiva en el Cabildo de Orizaba exhiben, según Jorge González Rojas, integrante del Círculo de Estudios Antonio Gramsci, el distanciamiento entre los representantes populares y los sectores más vulnerables de la población. El activista cuestionó que regidores del Partido del Trabajo (PT) y de Morena, quienes deberían representar una alternativa política, terminen alineándose con el presidente municipal en turno, en lugar de defender los derechos de la ciudadanía.
Con una crítica directa a las políticas municipales contra el comercio informal, González Rojas advirtió que ganarse la vida en las calles se ha convertido en motivo de estigmatización y persecución, especialmente para personas indígenas y familias de escasos recursos que dependen de la venta de sus productos para subsistir.
“Aquí en Orizaba traer una canasta bajo el brazo con fruta es como traer sustancias prohibidas”, expresó, al denunciar lo que considera una criminalización de quienes buscan obtener ingresos mediante la comercialización de frutas y otros productos.
Para el integrante del Círculo de Estudios Antonio Gramsci, el problema no se limita a los operativos y restricciones contra los vendedores ambulantes. También alcanza a los partidos políticos que, pese a presentarse como opciones distintas al gobierno municipal, no han logrado —a su juicio— ejercer una oposición capaz de frenar decisiones que afectan a los sectores populares.
“Ya estuvo, el PT ya tuvo un regidor, Morena ha tenido regidores y se convierten en empleados del presidente municipal en turno. Porque no han llegado los históricos, los fundadores, los de conciencia”, sostuvo.
González Rojas cuestionó el desempeño de quienes han ocupado espacios de representación popular y señaló que, durante la administración del exalcalde Juan Manuel Díez, no asumieron una postura crítica frente a las decisiones del gobierno municipal. Afirmó que, bajo la actual administración de Hugo Chahín Kuri, persiste una dinámica que, desde su perspectiva, deja sin respuesta las demandas de los grupos con mayores necesidades económicas.
UNA OPOSICIÓN QUE NO CUESTIONA AL PODER.
El señalamiento central de González Rojas apunta a la ausencia de una representación política independiente, capaz de fiscalizar al Ayuntamiento, cuestionar medidas arbitrarias y exigir que las políticas públicas consideren las condiciones de quienes sobreviven mediante el comercio en la vía pública.
En su planteamiento, la pluralidad partidista pierde sentido cuando los representantes dejan de confrontar las decisiones del gobierno y privilegian los acuerdos políticos por encima de las necesidades ciudadanas. Tener regidores de diferentes partidos, sostuvo en esencia, no garantiza que exista una oposición real ni que los sectores populares encuentren una defensa efectiva dentro del Cabildo.
La crítica también alcanza a las dirigencias nacionales de los partidos políticos, a las que llamó a impulsar candidaturas construidas “desde abajo y entre todos”, con perfiles vinculados a las causas sociales y con una trayectoria de compromiso comunitario, en lugar de privilegiar cuotas, acuerdos cupulares o intereses de grupo.
La inconformidad, de acuerdo con sus declaraciones, se alimenta de la percepción de que los vendedores ambulantes enfrentan restricciones y operativos municipales mientras quienes deberían representar sus intereses no asumen una defensa pública de sus necesidades.
¿REPRESENTANTES DEL PUEBLO O ALIADOS DEL GOBIERNO?
El pronunciamiento de González Rojas coloca nuevamente en el debate público el papel de los regidores y la responsabilidad que tienen frente a la ciudadanía. Su cuestionamiento es directo: ¿qué sentido tiene la presencia de distintas fuerzas políticas en el Cabildo si sus representantes terminan respaldando al alcalde en turno y no defienden a quienes los llevaron al cargo?
Más allá de las diferencias entre partidos, el reclamo exige poner sobre la mesa asuntos fundamentales para la vida pública de Orizaba: el trato que reciben los comerciantes informales, la protección de los sectores económicamente vulnerables y la capacidad de los representantes populares para ejercer contrapesos frente al poder municipal.
Las acusaciones de
González Rojas abren, así, una discusión sobre los límites de la actuación del
Ayuntamiento frente al comercio informal y sobre la responsabilidad de los
regidores de todas las fuerzas políticas de explicar sus decisiones y responder
a las demandas de la población.
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