Opinión de Elisur
Arteaga Nava
El escándalo
que, de manera artificial, intentan levantar las autoridades federales y Morena
con cargo a la gobernadora del estado de Chihuahua, es una bola de humo, un
distractor; pretenden que en lo interno la opinión pública deje de atender algo
muy grave: la sospecha fundada de que existió connivencia y complicidad con el
crimen organizado, de parte de un gobernador, un senador y otros servidores
públicos de Sinaloa, que son miembros connotados de Morena.
La acusación
contenida en la solicitud de extradición formulada por autoridades de Estados
Unidos es muy grave; lo es desde los puntos de vista penal y político. Lo es
por el hecho de que existen indicios de que quienes aparecen en la solicitud de
extradición fueron patrocinadores económicos, liberales y desprendidos de esa
organización política; ésta, en pago de su apoyo, a como dio lugar, les
permitió ocupar posiciones importantes en los niveles federal y local; lo hizo
sin cuidarse de incurrir en ilícitos e irregularidades. Éstos, en su momento,
fueron pasados por alto por las autoridades electorales.
Ante la
encuerada en pública que les dieron, los funcionarios federales y Morena
trataron de distraer la atención de la ciudadanía; a más no haber, intentaron
ventanear a la gobernadora de Chihuahua bajo el pretexto de que había
autorizado la presencia de agentes de la CIA en el operativo que se llevó a
cabo en territorio de ese estado para desmantelar un laboratorio dedicado a la
producción de droga.
Los senadores,
muy dignos e indignados, citaron a la gobernadora a comparecer ante ellos a
efectos de interrogarla. Pretendían exhibirla y acusarla, entre otros delitos,
de traición a la patria. Ella no se prestó al enjuague morenista y, con su
negativa, desinfló el distractor. No estaba obligada a comparecer ni era
políticamente oportuno que lo hiciera. Que busquen a su taruga en otra parte.
Doña Maru
Campos, como se le conoce, como gobernadora de Chihuahua, de conformidad con el
artículo 111 constitucional goza de inmunidad. Para que sea encausada por un
delito federal, como lo es el de traición a la patria, se requiere que la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emita previamente una declaración
de procedencia. No lo ha hecho y no lo hará.
Saldrían a la
luz muchos detalles que pudieran poner en evidencia que la responsabilidad en
el ilícito pudiera ser de las autoridades federales, que fueron las que
organizaron el operativo con la intervención del Ejército y son las competentes
para perseguir a ese tipo de delincuencia.
Como todos lo
sabemos, el Ejército mexicano está bajo las órdenes de la presidenta de la
República. Es ella la que, de manera privativa, lo manda (artículos 73,
fracción XIV y 89, fracción VII constitucionales). Por lo mismo es ella, de
manera exclusiva, la responsable del operativo realizado en la entidad que
gobierna la señora Campos. Claudia Sheinbaum no nos puede salir con que no
sabía del operativo y de la manera cómo se llevó a cabo.
El hecho de
que en la destrucción del narcolaboratorio hayan participado miembros de las
Fuerzas Armadas nacionales, indica que las autoridades federales estaban
enteradas de la composición del contingente que intervino. La gobernadora no
tiene facultades para movilizar a las Fuerzas Armadas.
En cuanto al
requerimiento del Senado a la gobernadora hay algo que decir: las Cámaras que
integran el Congreso de la Unión no pueden citar a comparecer y, mucho menos, a
declarar a la gobernadora del estado de Chihuahua, respecto de la intervención
de miembros de la CIA en la eliminación de un narcolaboratorio.
La facultad
que tienen las Cámaras para convocar a servidores públicos es restringida: está
referida exclusivamente a los servidores públicos mencionados expresa y
limitativamente en el artículo 93 constitucional.
Las Cámaras
del Congreso de la Unión, por ser parte de un poder público, gozan de
facultades y atribuciones enumeradas y, por lo mismo, restringidas; lo que no
tienen conferido, expresa o implícitamente, debe entenderse que lo tienen
prohibido. No les ha sido conferida la de citar a otros servidores públicos,
incluyendo a los gobernadores, debe entenderse que no pueden hacerlo.
Hizo bien la
gobernadora Campos en no comparecer o aceptar la invitación. No tenía por qué
hacerle el caldo gordo a Morena, ahora que necesita distraer la atención de una
ciudadanía alarmada por tanta corrupción que está saliendo a la luz pública e
indignada por la connivencia que pudieron haber tenido sus miembros con el
crimen organizado. Que los morenos salgan solos del embrollo en que, por
ambición de poder y sed de riqueza, se metieron.
Conociendo
como se las gastan los morenos, no es de dudarse que ya tengan elaborada una
reforma a la Constitución por virtud de la cual se faculte a las Cámaras del
Congreso de la Unión para citar a los gobernadores de las entidades y que,
siguiendo su costumbre, en los artículos transitorios, se le dé efectos
retroactivos para obligar a la gobernadora de Chihuahua a comparecer ante
cualquiera de ellas. Ellos, con urgencia, necesitan un distractor y, a como dé
lugar, lo van a encontrar.
Los morenos,
por lo pronto, van a tener que ir con su cortina de humo a otra parte. Échenle
cerebro; inventen otro distractor más creíble, idóneo o legítimo.
En caso de que
la Fiscalía General de la República cite a la gobernadora, ella, por virtud de
la inmunidad de que goza y por disponerlo así la ley, podrá comparecer y
declarar por oficio.
El que la
Fiscalía General haya citado a más de cincuenta de servidores públicos del
gobierno del estado de Chihuahua es con el fin de que alguno de ellos, por las
razones que sean, comprometa a la gobernadora en el operativo en el que
participaron los agentes de la CIA.
Si de traición
a la patria se trata, al parecer, no están exentos de haber incurrido en el
ilícito los servidores públicos, tanto federales como del estado de Sinaloa que
permitieron el operativo en el que resultó secuestrado el Mayo Sambada y que se
realizó durante el sexenio de AMLO. Mejor no le busquen. Entreguen a las
autoridades norteamericanas a Rocha, Inzunza y a los otros ocho que les son
requeridos y a ver qué pasa.
