Si no fuera político, Dante sería legista. Hunde el bisturí y hace la necropsia anticipada de Rocío Nahle, exhibiendo el uso faccioso del aparato judicial, el asedio a sus enemigos, la cárcel como destino, la persecución. Resultó peor que Cuitláhuac, reseñó.
Alza la piel y el hedor cunde. Toca la entraña y aflora la inmundicia. Nahle usa el gobierno para saciar venganzas, someter a sus críticos, violentar la contienda electoral, robar alcaldías, negar la disidencia, convertir el diferendo político en carpetas penales, desaforar presidentes municipales, aterrorizar al político y al ciudadano común.
Dante Delgado Rannauro, el ex gobernador de Veracruz, el fundador y líder moral de Movimiento Ciudadano, abre en canal al proyecto Nahle. Lo destaza. Extirpa tumores y gangrena, los signos de un cuerpo que no llega a dos años y ya se pudrió.
Lapidario, el discurso de Dante sacude al Consejo Político de Movimiento Ciudadano, el 30 de agosto, en Boca del Río, y hace crujir a Morena, a la banda que circunda a Nahle, la gober, a los Martínez Marié, a las Margaritas Corro, a los Ramírez Zepeta, a los Romero Aquino, a la prensa rastrera, potenciando la paranoia, el desvarío, la bajeza y la diatriba. Y la que se agazapó fue Nahle.
“La gobernadora ha utilizado su voz y su cargo para construir una condena política previa a cualquier procedimiento institucional”, fustigó Dante Delgado.
“¿Qué diferencia hay entre el gobierno anterior y el actual? -agregó-. Que en menos tiempo la gobernadora lo ha hecho peor”.
Peor que Cuitláhuac García Jiménez es una proeza. Y Rocío lo pudo hacer.
“En nuestro estado la justicia lleva décadas sometida a los intereses del poder –apuntó Dante–. Se han utilizado las instituciones de procuración de justicia como instrumentos personales y políticos: para perseguir adversarios, intimidar voces críticas y proteger a quienes forman parte de su grupo.
“Han cambiado los nombres y los partidos, pero esa práctica se ha mantenido. Con el paso de los años, la persecución se ha vuelto más abierta y desvergonzada.
“Primero se acusa desde el micrófono, se condena ante los medios y después se inventa el expediente. El discurso desplazó a la investigación y, en un proceder así, nunca habrá justicia”.
Luego vino lo crucial.
“En diciembre de 2021 –dijo Dante Delgado–, durante el gobierno anterior de Morena, José Manuel del Río Virgen fue detenido y encarcelado sin pruebas. José Manuel es un veracruzano de bien, fundador de este Movimiento.
“Fue un preso político. Salió de prisión como entró: siendo inocente. Aquel atropello debió marcar el final de una época, no convertirse en antecedente de nuevos abusos.
“A casi 2 años debo decirle que gobernar Veracruz exige entender algo elemental: se gobierna para los 212 municipios, no únicamente donde gobierna Morena; y se protege a todas las personas, no sólo a quienes aceptan alinearse con el poder.
“Hasta ahora, la gobernadora ha actuado de la misma forma intimidante y golpista que su antecesor.
“Movimiento Ciudadano no pide impunidad para nadie. Si una persona comete un delito, debe ser investigada, juzgada y, si existen pruebas, sentenciada.
“Lo que exigimos es exactamente lo contrario a la impunidad: investigaciones serias, presunción de inocencia, debido proceso y la misma ley para todos.
“Una acusación de la gobernadora —que suena más a amenaza — no sustituye una sentencia, y un desacuerdo político no debe convertirse en una carpeta penal.
“Durante la elección municipal de 2025, diez de nuestras candidaturas denunciaron amenazas en su contra. No recibieron protección del estado.
“En mayo, Avisack Douglas fue asesinada durante un ataque a nuestra candidata en Juan Rodríguez Clara. Ante ese clima de violencia, la obligación del gobierno era proteger vidas, atender las amenazas y garantizar una elección libre.
“Pero la respuesta de la gobernadora no estuvo a la altura de esa responsabilidad.
“En lugar de actuar con prudencia y neutralidad, utilizó su voz y su cargo para desacreditar a Movimiento Ciudadano y agraviar a nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez.
“En Papantla y Poza Rica ganamos en las urnas, a la buena.
“Lo que Morena no pudo obtener con votos nos lo arrebató a la mala: detuvieron los cómputos, trasladaron los paquetes electorales a Xalapa, aparecieron paquetes violados y bolsas abiertas, anularon miles de votos y utilizaron su poder para presionar al tribunal hasta revertir los resultados.
“En Poza Rica incluso nos retiraron una constancia de mayoría que ya había sido entregada.
“Fue el primer gran fraude electoral de Morena en Veracruz.
“El mismo patrón apareció fuera de la contienda. Cuando brigadas de Movimiento Ciudadano auxiliaron a familias afectadas por las inundaciones, la gobernadora nos acusó de mezquindad.
“Cuando habitantes de Poza Rica marcharon para exigir justicia por el asesinato del doctor José Antolín Montero, redujo la movilización a un “grupito” vinculado con nuestro movimiento.
“Para este gobierno protestar, exigir seguridad y hasta ayudar, se vuelve sospechoso si lleva un color distinto al de su partido.
“El 5 de agosto, en sesiones a puerta cerrada, el Congreso retiró el fuero a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván.
“Las acusaciones deben investigarse con apego a la ley, pero el desafuero no acredita culpabilidad y ninguna mayoría legislativa puede cancelar el derecho de defensa.
“También se han denunciado presiones para que alcaldes, síndicos y regidores abandonen Movimiento Ciudadano y se incorporen a Morena.
“El caso de Jesús Uribe en Las Choapas exhibe el modus operandi: la gobernadora utilizó el aparato del poder para presionarlo judicialmente, hasta que anunció que se sumaría a Morena.
“La gobernadora ha utilizado su voz y su cargo para construir una condena política previa a cualquier procedimiento institucional.
“No sólo ataca a sus adversarios: degrada la dignidad del cargo que representa”.
Golpista, maniquea de la ley, no sólo ataca a sus adversarios sino que degrada la dignidad del cargo, defraudadora electoral, manipuladora de los tribunales y de la ley.
Es la disección de Rocío Nahle. Es la necropsia anticipada de un gobierno corroído por dentro, putrefacto, que hiede y pudre, generoso don de manda Morena, implacable donde huele a oposición.
Dante destazó a Nahle. La guerra estalló.
Pedro Miguel le solapa todo a la cervecera, la titular de los permisos para vender alcohol en el malecón. Le solapa que los bares y cantinas, restaurantes donde se bebe a granel y depósitos de cerveza en el bulevar de Coatzacoalcos, operen sin haber cubierto el pago anual. Por lo menos hasta julio pasado, quien detenta esos permisos, la empresa de los González Salvador, concesionaria de Grupo Modelo, que incluye a marcas como Corona, Victoria, León, Budweiser y otras más, había incumplido el pago a la Tesorería Municipal, generando inquietud y zozobra entre los titulares de los giros negros, restaurantes, bares y cantinas por el riesgo a ser clausurados. Entre el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García y los González Salvador hay familiaridad. Pero una cosa es que haya tolerancia y otra que la Dirección de Ingresos de la Tesorería se haga de la vista gorda. La indolencia de Pedro Miguel Rosaldo García tiene doble efecto: hay privilegios para los familiares del alcalde y hay daño al erario al dejarse de cobrar los permisos para que operen los negocios cuyo principal ingreso es la venta de alcohol en el malecón de Coatzacoalcos… Tres años y cinco meses después, el exjuez Florencio Hernández Espinoza deja la prisión. Rehén de la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, pudo vencer la tozudez, la inquina y el uso abusivo de la ley para lograr un cambio de medida cautelar. El juez de consigna, René Ortiz Sartorius, adscrito a Coatepec, ya no aguantó más. Hacía meses que se negaba a acatar el amparo tramitado por el exjuez Florencio Hernández, que instruía que la prisión preventiva justificada en un penal de Tapachula, Chiapas, debía cesar. Se vencieron los tiempos legales y el juicio por cohecho, delito por el que acusan a Florencio Hernández a partir de una acusación vinculada al encarcelamiento de dos familiares de la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego, no avanza. Ortiz Sartorius ignoró reiteradamente el amparo emitido por la jueza federal Flor de María Meléndez Sánchez hasta que fue multado. Florencio Hernández podrá continuar su juicio en arraigo domiciliario. Lo que enfrenta es una venganza política. Se negó a acatar la línea que le transmitió Aurelia Jiménez, vía su secretario particular, David Cardeña –o Cerdeña–, cuando ella presidía el Poder Judicial de Veracruz. Debía manipular el caso Jesús Uribe, hoy alcalde de Las Choapas, denunciado entonces por el crimen de un militar. Florencio Hernández se negó. Alegó que el juez tiene independencia y autonomía. No tardó en recibir respuesta. Le armaron carpetas administrativas y al final, la acusación por cohecho. Su caso se volvió mediático. Su caso exhibió la podredumbre del Poder Judicial de Veracruz, las trastadas de Aurelia Jiménez, el uso político para fabricar culpables. Y fue la justicia federal, la decisión de la jueza Flor de María Meléndez, lo que derrumbó la inquina y, así, podrá dejar la prisión y continuar el proceso bajo arraigo domiciliario… El juez Cristóbal Hernández vuelve a las andadas. Lo acusan de negarse a se niega sistemáticamente a acordar la devolución del billete de depósito en un juicio correspondiente al expediente 112/2025, en el Juzgado Segundo Civil, en el puerto de Veracruz. Incurre en retención indebida y abuso de autoridad, y será denunciado en breve. Las mismas chicanas que solía usar en el Juzgado Primero Civil de Coatzacoalcos, donde aún se halla la podredumbre que dejó. A ver si su protector y padrino, el magistrado Ricardo Sobrevilla Castillo, lo sigue encubriendo. Tarde o temprano van a caer. ¿Quién es ese alcalde que pagó 4.8 millones de pesos por la mansión en que habita? Dos pistas: es del sur y la vivienda se la compró a un expolicía Federal de Caminos…
