A punto del colapso, el sistema de pensiones público. De la
revisión de la cuenta pública realizada por la Auditoría Superior de la
Federación, se desprende que los pasivos laborales de la burocracia serán
impagables en los próximos años. Hoy ya representan el 69 por ciento del PIB.
La miseria a la que se condena a la mayoría de los trabajadores del Estado
contrasta con las canonjías que gozan expresidentes y otros exfuncionarios que
ocuparon cargos relevantes en la administración pública.
El sistema público de pensiones está quebrado. Ésta es la
conclusión lógica del documento Política pública de pensiones y jubilaciones,
de 193 páginas, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que
evalúa el periodo 1995-2013 y proyecta su sustentabilidad actuarial hacia 2050,
e incluso ofrece estimaciones para 100 años, de suyo cuestionables, debido la
ausencia de los supuestos metodológicos que las sustentan.
La revisión de la
cuenta pública de 2013 evidencia que el sistema de pensiones y jubilaciones de
México, integrado por un régimen público, federal y estatal, híbrido –el viejo
sistema solidario, de reparto, complementado con esquemas que compensan las bajas
subvenciones, y una parte en proceso de desestatización, otro para viejos
mayores de 65 años de edad que carecen de esa prestación social, conocido con
el eufemismo asistencialista de “pensión para adultos mayores”, financiado por
el Estado, y uno privatizado, para los trabajadores del sector empresarial,
usufructuado por los fondos de los grupos financieros nacionales y
trasnacionales–, está en una grave crisis.
De acuerdo con la
ASF, los dos primeros regímenes se encuentran en serios problemas financieros
que, de no resolverse adecuadamente, pueden colapsarse. Esto debido, entre
otros factores, al creciente número de trabajadores gubernamentales que
concluirán su ciclo laboral activo que aumentará vertiginosamente los pasivos
laborales públicos, los cuales se convertirán en una verdadera montaña entre 2014 y 2050.
Los fríos cálculos
actuariales señalan que, a valor presente, entre 2009 y 2013, los regímenes de
pensiones y jubilaciones administrados por instituciones y entidades de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos
constitucionalmente autónomos, aumentan su déficit –la diferencia entre los
ingresos y las obligaciones de pago– en 184 por ciento, al pasar de -1.3
billones de pesos a -3.8 billones de pesos (ver gráfica 1).
Ello, debido al
mayor crecimiento de las obligaciones de pago (40.4 por ciento) con relación a
los ingresos (3.6 por ciento), los cuales son aportados por el Estado y los
empleados. Las primeras pasan de 6.5 billones de pesos a 9.2 billones de pesos.
Los otros se incrementan de 5.2 billones de pesos a 5.4 billones de pesos.
Los pasivos
laborales, según la ASF, equivalen a 69 por ciento del producto interno bruto
(PIB) de 2013 y a 218 por ciento del gasto neto presupuestario pagado (4.2
billones de pesos). Es 14.6 veces mayor al endeudamiento neto del sector
público presupuestario (589 mil millones de pesos).
No obstante, los
datos previos deben de observarse con cautela. Son testimoniales, un simple
ejercicio numérico de la ASF. Como reconoce dicho organismo, que proyecta los
valores actuariales para un periodo de 100 años –cuando ni siquiera se sabe
cómo terminará fiscal, económica y políticamente el sexenio peñista, aunque los
pronósticos no son optimistas–, las variables utilizadas para determinar el comportamiento
de la población pensionada o los gastos esperados en el largo plazo no son
homogéneas, “por lo cual no existe una seguridad razonable sobre el monto
determinado para el pago de pensiones y jubilaciones”.
El grado de
certidumbre en los cálculos de la ASF es similar a las cuentas
alegres del presidente
Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray, relativas a su gobierno.
Sin embargo, es
innegable que los pasivos laborales gravitarán onerosamente en el tiempo sobre
la estabilidad de las finanzas públicas. Sobre todo cuando la financiera del
Estado ha sido bruscamente cuestionada por la pérdida en los ingresos
petroleros en 2015, que muestran la petrodependencia fiscal petrolera y el
fracaso de las diversas y supuestas reformas. Esa contingencia, como ha
sucedido reiteradamente, obligó al gobierno peñista a recortar el gasto público
no financiero y a amenazar con convertir a la austeridad en la norma en lo que
resta del sexenio.
¿Cómo afectará esa
medida a los pagos de las pensiones y jubilaciones?
En épocas críticas,
el ajuste fiscal conservador normalmente descansa en el gasto programable.
Durante la crisis de 2009, por ejemplo, el presupuesto real ejercido en
pensiones y jubilaciones se desplomó 40 por ciento, y en 2011, con el retorno a
la disciplina presupuestaria calderonista, 4.7 por ciento. El principal
organismo afectado en 2009 fue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyos recursos decrecieron 74 por
ciento. Con menor y diferente intensidad, empero, esa situación se reproduce en
otras instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la
Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre
otras (ver gráfica 2).
Otros factores que
restringirán financieramente al Estado, según la ASF, son:
a) Los gastos
médicos de los próximos pensionados, cuyo valor presente es tasado en 2.2
billones de pesos, el 15.5 por ciento del PIB de 2013.
b) La mayor y
cambiante demanda de la seguridad social de una población en proceso de
envejecimiento, que exigirá más recursos, cambios administrativos y nuevos
tipos de servicios médicos.
c) El incremento de
viejos que carecerán de una subvención de retiro, ya sea porque no cotizaron el
tiempo suficiente para tener derecho a ella, debido la pérdida de la
estabilidad en el empleo formal, por ejemplo, o porque simplemente se vieron
obligados a sobrevivir en la robusta marginalidad del mercado laboral informal,
o entre las filas de la degradante población económicamente no activa, que
obligará al Estado a destinar mayores fondos a la “pensión para adultos
mayores”, en caso que se les quiera ofrecer un ingreso mínimo que les garantice
una senectud miserable en lo que les resta de vida, y en caso que subsista ese
programa en los años subsecuentes.
El desafío no es
desdeñable. De acuerdo con la ASF, “la población de adultos mayores se ha
duplicado en los últimos 20 años, y para 2050 alcanzará más de 24 millones de
personas, poco más de 20 por ciento de la población total”.
d) La obligación
legal reconocida por el Estado para garantizar una pensión mínima a los
cotizantes de los fondos privatizados ?como necesidad para forzar el fin del
sistema solidario? cuyos ahorros acumulados les proporcionarán un ingreso
inferior al mismo: los trabajadores de más de 45 años de edad, aunque la
Auditoría no ofrece elementos convincentes para asegurar que los demás
superarán dicha retribución. Por desgracia, la tendencia declinante de largo
plazo de los salarios reales, mínimos y contractuales, entre 1976 y 2015,
permite suponer que el problema se generalizará hacia los demás ocupados.
Al margen de esto
último, la Auditoría considera que el sector público tendrá que erogar 5.1
billones de pesos para cubrir el diferencial entre la pensión alcanzada y la
garantizada.
Complementariamente,
los fondos públicos de pensión y jubilación se caracterizan por otros vicios
que limitaron la evaluación de su desempeño en el periodo 1995-2013: su
extraordinario desorden, si se considera que en el país se registraron 105
regímenes, de los cuales 74 fueron de beneficio definido (de reparto) y 31 de
contribución definida, privatizados; la defectuosa y opaca regulación, y la
ineficiente supervisión que les caracteriza, los cuales impiden tener la
certeza sobre la magnitud de los pasivos laborales, las cuantías pensionarias
mínima, promedio y máxima pagadas, los diferenciales existentes entre las
pensiones pagadas respecto de las garantizadas, entre otros aspectos.
El Poder Judicial
debería ser el ejemplo de la pulcra honorabilidad. No obstante, dice la ASF, ni
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la Judicatura
Federal revelaron sus obligaciones laborales.
