La
Empresa Exportadora de Sal (Essa), aún propiedad del Gobierno federal y una de
las más importantes del mundo, está sumida en una quiebra provocada por malos
manejos y que suma desfalcos por 5 mil millones de pesos anuales, según una
investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Para tratar de sacarla
de sus crisis se nombró a Jorge Guillermo Esquivel y Esquivel, uno de los
involucrados en la construcción de la polémica Estela de Luz en el Distrito
Federal, como titular de la Dirección de Administración y Finanzas.
Esquivel y Esquivel fue contralor del proyecto
de la Estela de Luz, monumento que por órdenes del ex Presidente Felipe
Calderón Hinojosa fue construido en para conmemorar el Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana en 2010. La obra tuvo
un presupuesto inicial de 393 millones de pesos, pero un año después se disparó
a mil 200 millones de pesos. Como otros funcionarios ligados a esa obra,
fue señalado por el delito de uso indebido de atribuciones y por ejercicio
indebido del servicio público (delitos que no son considerados como graves).
Fundada en 1954 y ubicada en la costa de
Guerrero Negro, en Baja California Sur, el 51 por ciento de la salinera es
propiedad del Gobierno federal y el resto pertenece a la empresa japonesa
Mitsubishi Company, la cual, además de figurar como socia, desde 1977 mantiene
contratos mercantiles de distribuidor exclusivo. Pero, lejos de generar una
sociedad que reditúe lo equivalente a los 8 millones de toneladas que produce
esta empresa, y que la ubica en el séptimo lugar mundial, la empresa registra
desfalcos multimillonarios y está al borde de la quiebra.
La Empresa Exportadora de Sal (Essa), fundada en 1954 y que está
ubicada en la costa de Guerrero Negro en Baja California Sur, atraviesa por una
crisis económica e interna provocada por malos manejos de sus directivos, que
suman un desfalco de 5 mil millones de pesos anuales, confirmó una
investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Miembros
del sindicato salinero también manifestaron su descontento ante estos actos
que, comentan, terminarán en la futura quiebra de la paraestatal.
Actualmente, el Gobierno
federal es dueño del 51 por ciento de Essa, el resto pertenece a la empresa
japonesa Mitsubishi Company, la cual, además de figurar como socia, desde 1977
mantiene contratos mercantiles de distribuidor exclusivo. Sin embargo, lejos de
generar una sociedad que reditúe lo equivalente a los 8 millones de toneladas
que produce esta empresa, y que la ubica en el séptimo lugar a nivel mundial,
por el manejo de los precios de venta, la empresa registra desfalcos por 5 mil
millones de pesos anuales.
A este hecho se añade que
ya bajo la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía
(SE), dirigida por Ildelfonso Guajardo Villarreal, colocó el pasado 2 de enero
en la Dirección de Administración y Finanzas a Jorge Guillermo Esquivel y
Esquivel, quien fue contralor del proyecto de la Estela de Luz, monumento que
por órdenes del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa fue construido en el
Distrito Federal para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el
Centenario de la Revolución Mexicana en 2010. La Estela de Luz tuvo un
presupuesto inicial de 393 millones de pesos, pero un año después se disparó a
mil 200 millones de pesos.
Jorge Guillermo Esquivel
y Esquivel, al igual que otros funcionarios que participaron en el proyecto de
la Estela de Luz, fue también señalado por el delito de uso indebido de
atribuciones y por ejercicio indebido del servicio público (delitos que no son
considerados como graves).
De acuerdo con los
testimonios de diversos trabajadores, que solicitaron no publicar sus nombres
por temor a las represalias que la administración actual ha ejercido contra
otros empleados –tanto sindicalizados como personal de confianza– que se han
manifestado en contra de las irregularidades en el manejo de la empresa, en
reiteradas ocasiones Esquivel y Esquivel ha manifestado su desinterés por la
paraestatal.
“Él ha dicho que la
empresa no le importa. Que tampoco importaba en el ámbito nacional, que los
trabajadores y los acuerdos del sindicato no le importaban, empezó a reducir
gastos de herramientas, de reparaciones, de mantenimiento de las áreas”,
comentó uno de los trabajadores; además, dijo, las afectaciones a la compañía
han impactado negativamente a la comunidad sudcaliforniana.
Empresa Exportadora de
Sal, al ser paraestatal, está dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), por
lo que debe realizar acciones que correspondan a una empresa socialmente
responsable y participativa. Actualmente se maneja un fideicomiso con dinero de
propio y del ayuntamiento, una parte se destina al mejoramiento de alumbrado,
para la recolección de basura, seguridad, mantenimiento de escuelas y otros
servicios. “Esos apoyos están en riesgo si Esquivel y Esquivel se mantiene en
la administración […] Queremos su destitución; la relación entre la Dirección y
los trabajadores siempre había sido de respeto y armoniosa Ahora se quebró y
sabemos que las cosas no van a funcionar mientras esté el”, comentó otro de los
trabajadores.
El funcionario, además,
es el encargado administrar y fijar los precios de la tonelada de sal en la
empresa de Guerrero Negro.
Si se compara los precios
actuales en el mercado internacional con las cotizaciones que se fijan en la
salinera de Baja California, el resultado es que esos precios están castigados,
porque quien fija la cotización es –junto con la Dirección de Administración y
Finanzas, representantes de la SE, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP)– un representante estatal y Mitsubishi Company, socia del Gobierno
federal y que es dueña del 49 por ciento de la salinera de Guerrero Negro.
El precio, que ronda
entre los 10 y 15 dólares por tonelada métrica, no alcanza a cubrir los costos
de producción, además de que Mitsubishi, a pesar de comprar a mínimos precios, puede
comercializarla en la cantidad que desee, ya que de acuerdo con la
investigación de la ASF, las autoridades sólo validan el contrato de
exclusividad que no contempla la posibilidad de modificar los precios, además
de que se ha dejado de lado una política que supervise los precios de venta.
En este contexto, ni la
SE ni el Gobierno federal se han preocupado por mantener estable a la salinera,
que es la principal fuente de empleos de Guerrero Negro y que explota gran
parte de los recursos naturales de la costa Ojo de Liebre del municipio de
Mulegé, donde está ubicada.
Tras el contrato de
exclusividad mercantil establecido con la japonesa Mitsubishi Company desde el
año de 1977, que además tiene vigencia hasta el 2055 bajo los estatutos de
renovación automática por periodos sucesivos de 20 años, se han venido
generando condiciones que han deteriorado la competitividad de la venta de
Essa, más no de la venta de sal por parte de la japonesa a países como Canadá,
Taiwán, Japón y Estados Unidos.
Esto debido
a que Mitsubishi, a través de contratos sin firmas y que no son traducidos al
español, o incluso sin contratos de por medio, ha realizado ventas millonarias
gracias a que por negociaciones con funcionarios de la SE, de la Coordinación
de Minería federal y autoridades estatales han fijado precio a la tonelada
métrica de sal; un precio que no cubre siquiera los costos de producción, dicen
los demandantes.
