“La prensa mexicana ha tratado los cuatro feminicidios de la Narvarte de la manera más dolorosa”, denuncia la colombiana Catalina Ruiz-Navarro, directora y fundadora de la revista-ONG HojaBlanca. No sólo se tardaron en dar los nombres de las mujeres, además se equivocaron en la foto de la colombiana e incluso pusieron una de Ruiz, como si fuera de Mile Virginia Martín.
En un video subido al canal de YouTube de AJ+ Español, dice que el hecho de que los al inicio no dieran los nombres de las mujeres asesinadas, implicaba “decirnos que sus vidas no importan”. Aquí puede ver el video.
Quizá lo que no toma en cuenta es que, tras el multihomicidio del 31 de julio, el primer nombre que las autoridades dieron a conocer fue el del fotorreportero Rubén Espinosa, y que los medios tuvieron que rastrear quiénes eran las cuatro mujeres, por eso tardaron en hacer públicos los nombres.
Sigue la también columnista del diario colombiano El Espectador: “Olivia Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Nadia Vera no son desechables, no son daños colaterales, ni son contingencias. Son mujeres irremplazables, que importan”.
Además, una foto de Catalina Ruiz-Navarro y una de otra mujer fueron subidas como si fueran de Mile Virginia Martín. “Es decirnos que las mujeres migrantes colombianas somos indistintas e intercambiables unas por otras”, dice en el video.
La columnista concluye: “No pueden usarse los estereotipos desde la prensa para perpetuar la impunidad”.
La opinión de Catalina Ruiz se suma a un coro de voces que denuncia la forma en que se ha tratado en los medios el perfil de Mile Virginia Martín, como si ser colombiana fuese un delito en sí.
CANCÚN, Q. Roo (proceso.com.mx).- En un video que circula en redes sociales, un “narcotaxista” presunto colaborador del Cártel de Sinaloa y quien posteriormente fue ejecutado, revela que esa organización, que en la entidad encabezaba Clemente Soto Peña, le entregó al procurador Gaspar Armando García Torres un soborno de dos millones de pesos.
El taxista Leni Rodríguez Reyes, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del 7 de agosto en la periferia de la ciudad, también acusa que el Cártel de Sinaloa “controla” al director de la Policía Judicial del estado (PJ), Marco Antonio Sánchez Sánchez y al exdirector de la Policía Turística Municipal (PTM) de Cancún, Martín Estrada, nombrado este viernes director de Seguridad Publica del ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen).
La introducción del video de 6:45 minutos de duración, la hace un sujeto encapuchado y vestido de negro, con una AK-47 que apunta a Leni Rodríguez y señala: “Somos del Cártel del Golfo, somos de la 98 Carrizales y estamos acá en Cancún para venir a limpiar”.
De inmediato interviene Leni Rodríguez quien dice su nombre y su mote de El Zorrillo y afirma que es vendedor de droga para el Cártel de Sinaloa, cuyo líder es Clemente Soto. Menciona también como cabecillas de esa organización en la zona hotelera a Leticia Rodríguez Lara La 40 y su hijo Rafael Zozil Rodríguez El Dober.
El sujeto explica que fue reclutado bajo amenazas por un comandante de
la PJ que identificó con Carlos Mario, con quien se reunió en una casa de seguridad de la comunidad de Alfredo V. Bonfil, conurbada a Cancún.
Este comandante “Carlos Mario” le dijo que los líderes del Cártel de Sinaloa “ya tenían controladas a todas las autoridades junto con el comandante Sánchez Sánchez, el comandante Martín Estrada”.
“Carlos Mario” también le comentó de otros dos mandos de la PJ, a los que identificó como “el comandante de la zona hotelera apodado El Chilango y también el comandante Robles”
El taxista reveló:
“Su patrón (Clemente Soto) le regaló dos millones de dólares al procurador para que se repartan entre ellos”.
El taxista señaló que Leticia Rodríguez Lara La 40 tiene a su cargo la estructura del narcomenudeo en la zona hotelera, en la que además de taxistas figuran vendedores de brazaletes que entran a antros y hasta gerentes de discotecas y tables.
El taxista también dijo en el video que los vendedores de droga reclutados a la fuerza están en la indefensión y refirió otros tres casos de tres personas que se negaron a ser vendedores de droga de esa organización que finalmente fueron ejecutados, cuyos cuerpos aparecieron cerca del fraccionamiento Santa Fe y en la misma comunidad de Alfredo V. Bonfil.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– Coca-Cola es sin duda
uno de los refrescos de consumo más extendido en México y el mundo, pero la
discusión sobre uno de sus componentes llamadoCaramelo IVaún no ha provocado revuelo como en
otros países, pese a que, de acuerdo con varias organizaciones, es cancerígeno.
Los refrescos de cola se valen de este colorante para lograr su
característico color negro, sin embargo, al calentarse genera subproductos
conocidos como 2-metilimidazol y 4-metilimidazol (2-MI y 4-MI, por sus siglas
respectivas), este último sería el principal sospechoso de desarrollar algún
tipo de cáncer.
“Sí, el Centro Científico para el Interés Público de la Ciencia
(CSPI), lo tiene catalogado como uno de los aditivos que produce daño a la salud
y que por ende debería estar prohibido por los gobiernos”, dijo en
entrevista Fiorella Espinosa De Candido, investigadora de salud
alimentaria de la organización El Poder del Consumidor.
La Agencia de Protección Ambiental de California (OEHHA) añadió desde
octubre del 2011 al 4-MI en la lista de sustancias que pueden causar cáncer y
que necesitan ser reguladas. Así obligó a las empresas a que incluyeran un
etiquetado especial que advierta a los consumidores sobre las presuntas
consecuencias de beber sus productos.
La OEHHA también estableció un consumo que no genere daños a la
salud, fijado en 29microgramospor día. El cual grandes empresas que
utilizan este colorante como Coca-Cola y Pepsico acataron en ese estado.
A raíz de la inconformidad mostrada por las autoridades de
California, Coca-Cola anunció en2012que reduciría los niveles de
4-metilimidazol en sus productos, sin cambiar la fórmula secreta que le
caracteriza. No obstante, no informó en cuánto reduciría estos niveles, ni si
lo haría afuera de los Estados Unidos.
De acuerdo con un estudio elaborado por el CSPI, el consumo en
México es de 147 microgramos por cada 355 mililitros. Cinco veces más que lo
permitido en California, donde un año después de implementarse las medidas
estatales, los niveles de consumo bajaron a cuatro microgramos por día.
Al respecto Coca-Cola se limitó a contestar: “El CSPI realizó una
declaración en la que insinúa de forma irresponsable que el ingrediente que
utilizamos en nuestras bebidas que da el color caramelo a Coca-Cola es
inseguro”.
Por su parte, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer,
que pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), colocó a este
colorante en la lista de productos que causan cáncer en animales. Y agregó en
unreporteque el “4-Methylimidazole es
posiblemente cancerígeno a los humanos”.
A pesar de las diferentes organizaciones internacionales que
apuntan a esta sustancia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), que rige a nivel federal los
temas de salud alimentaria, aún no ha marcado este componente como nocivo.
“Los estudios del Programa Nacional de Toxicología fueron
conducidos en roedores en niveles en los que el 4-MI está lejos de exceder las
actuales exposiciones al 4-MI mediante el consumo del colorante caramelo clase
III y IV en productos como las colas”, advierte la FDA en suportal.
De acuerdo con la organización EPC, es complicado que las
autoridades de salud mexicanas lleguen a pronunciarse respecto a este tema
debido al apego que tienen con lo que dice la FDA. “Un caso parecido fue lo que
pasó con el ciclamato que utilizaba la Coca-Cola Zero, que tardó mucho más en
prohibirse en México que en Estados Unidos”, dijo Fiorella Espinosa.
Y es que en mayo del 2007, dicho producto fue fuertemente
criticado debido a que utilizaba ciclamato de sodio para endulzar, el cual
según otra serie de investigaciones podría ocasionar cáncer.
No toda la comunidad científica concuerda con el punto de vista de la FDA sobre el 4-metilimidazol . Un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, concluyó que este riesgo debe ser reconsiderado por la FDA.
“Parece que las exposiciones de 4-MI asociados con tasas promedio de consumo de refrescos plantean riesgos de cáncer que exceden a un caso por cada millón de individuos expuestos, lo cual es una medida de riesgo comúnmente aceptada por algunas agencias de regulación federal de los Estados Unidos”, citó el trabajo.
A la fecha, Coca-Cola en México sigue defendiendo el uso de esta sustancia en su portal, y niega sus posibles efectos negativos.
“El color caramelo de nuestras bebidas es completamente seguro. Garantizar la seguridad de nuestros productos y mantener la confianza de los consumidores son las prioridades más importantes para Coca-Cola”, citó la empresa, en respuesta a lo que ha sido una pregunta frecuente de los consumidores.
De acuerdo con la organización estadounidense Consumer Reports, los niveles de cáncer dentro de la población serían realmente bajos, sin embargo, siendo este caramelo nada más un colorante que hace a varios productos tornarse de tono obscuro, su inclusión debe ser redimensionada por las empresas.
“Sería muy complejo meternos a una aseveración sobre la magnitud en la salud de estos aditivos, lo cierto es que en su conjunto en un producto como lo puede ser la Coca- Cola o un refresco similar, ya no es solamente el colorante, sino son los ácidos, el sodio, el azúcar, que estén en una composición líquida, y que permiten un ingreso muy acelerado al organismo”, consideró Julieta Ponce Sánchez, directora del Centro de Orientación Alimentaria.
La coordinadora de salud del EPC, que se especializa en el abordaje del contenido de refrescos, sostuvo que cuando hay alguna duda debe privilegiarse un “principio de precaución”, el cual no se ha ejercido en función de la protección de los usuarios.
“Sino es seguro o actúa para la salud, pues no utilizas el ingrediente. Pero muchas veces por interés de la industria se actúa al revés, hasta que no haga daño no lo voy a dejar de usar. Sin embargo, para nosotros hay ya un principio de evidencia”, refirió Espinosa.
SinEmbargo se comunicó con Luis Fuentes, de comunicación corporativa de Coca-Cola, con el fin de ahondar sobre los niveles de caramelo IV que tiene la fórmula de este refresco en México.
“Se trata de niveles sumamente bajos y permitidos por los reguladores de todo el mundo”, fue la respuesta, que agregó que el producto se encuentra también en una serie de alimentos avalados por las autoridades nacionales y otros organismos internacionales, además de la FDA, como la a Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO/OMS (siglas para Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; y la OMS, ya detallada anteriormente).
El Centro de Orientación Alimentaria considera que las empresas han aprovechado varios vacíos de certeza a la salud alimentaria que deja la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para promover sus productos.
“Somos reactivos regulatoriamente hablando, no hay un departamento de investigación a la vanguardia en un organismo como Cofepris, que estuviera adelantándose a este tipo de evidencias”, expuso Ponce, quien agregó que “si bien, no se ha demostrado que hace daño [el caramelo de Coca-Cola en términos generales], tampoco se ha demostrado que no”.
Con ocho kilos menos, enferma y soportando intensos dolores,
Nestora Salgado García, La comandanta de la Policía Comunitaria de Guerrero
presa en el penal de Tepepan, no pierde su ímpetu de lucha y se prepara para el careo que mañana
sostendrá con sus principales acusadores. Hay una mano poderosa que no me deja
salir de la cárcel. Se llama Isabel Miranda de Wallace. ¡Soy inocente! ¿Por qué
sigo aquí? Por ella.
Miranda de Wallace, la fundadora de la organización
Alto al secuestro, acompañará en el careo a Eugenio Sánchez, quien acusa a
Salgado García de plagio.
“Yo no soy una secuestradora, soy una policía
comunitaria; mi expediente judicial fue armado, es una pantalla, una mentira.
Ya iba a salir, pero no salgo por Isabel Miranda de
Wallace. Ella tiene influencias para que me tengan aquí, para que me traten
mal. Tiene mucho poder. Pero todo mi pueblo sabe que jamás secuestré; mi pueblo
me conoce y es testigo de mi buen actuar".
El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’. Foto: Víctor Hugo Valdivia
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Luego de que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusara al gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de haber utilizado el avión de un contratista del gobierno para trasladarse de Monterrey a Colombia, El Bronco anunció que buscará reunirse con el excandidato presidencial.
El viernes pasado en su página de Facebook, López Obrador criticó a Rodríguez Calderón por volar en un avión privado.
“Durante su campaña guardé silencio para no hacer el juego a los otros, que son iguales, pero ahora que se traslada en un avión privado de un contratista de Monterrey, a Colombia, queda de manifiesto que no es un hombre que entienda la política como imperativo ético. Respeto la opinión de todos, pero no quiero que me den la razón después, con el equivalente a otro despeñadero”, escribió el tabasqueño.
López Obrador acompañó el mensaje de una fotografía del avión, del cual no especificó a qué compañía o empresario pertenece.
Además, acusó que El Bronco es “más de lo mismo”.
En su cuenta de Twitter, el exjefe de Gobierno escribió: “El traslado del Gobernador Electo de Nuevo León a Colombia en un avión de un contratista demuestra su nivel de independencia y honestidad”.
Al respecto, el gobernador electo de Nuevo León dijo que no considera un enemigo a AMLO e incluso ofreció darle su apoyo en su aspiración presidencial rumbo al 2018 en caso de que se postule sin partido.
“Convocaría a Andrés Manuel a que si se atreve a ir sin partido político yo lo apoyo. Pero que abandone su partido y las prerrogativas públicas”, expuso El Bronco.
El gobernador electo y su equipo de transición viajaron el pasado 23 de julio a Colombia para intercambiar con autoridades de ese país experiencias en diversos proyectos.
Este sábado trascendió que El Bronco saludó al expresidente Carlos Salinas de Gortari, en lo que llamó un encuentro “casual”.
Acompañado por Fernando Elizondo, el gobernador electo se reunió con Carlos Hank y Juan González para revisar la deuda que el estado tiene con Banorte.
“Quiubole raza, ¿cómo amanecieron?, déjenme decirles algo… hoy en la columna makiavelo de el periódico El Norte salió un comentario respecto a que me reuní en privado con el ex-presidente Carlos Salinas en la cd. de México, les aclaró que yo estuve junto con don Fernando Elizondo B en una reunión con don Juan González, presidente del grupo GRUMA y BANORTE en su oficina, esta reunión se hizo a petición de él para ver la deuda del gobierno del estado con su banco, ahí saludamos a el ex presidente que estaba ahí en otra reunión, nuestra reunión sólo estribó en la reestructura de la deuda y en ver si Gruma apoya a los productores de maíz en el estado, avanzamos mucho sobre el tema y estamos viendo como lograr los acuerdos de reestructura y de el apoyo a los productores de maíz, don Juan González es hijo de don Roberto González Barrera, lo anterior lo aclaro por los asegunes, también ya se los aclaré a los de el periódico en mención. A jalar que se ocupa, excelente día raza (sic)”, publicó Rodríguez en su cuenta de Facebook.
Rodríguez aclaró que en todo caso él puede reunirse con cualquiera, siempre y cuando sea transparente.
El 31 de julio asesinaron a cinco personas en la
ciudad de México, entre ellos a la activista Nadia Vera y el fotoperiodista
Rubén Espinosa. El multihomicidio desató protestas, particularmente en el
gremio periodístico, por la manera en que se limita y vulnera la labor
informativa. Las manifestaciones se han realizado en diferentes ciudades, no
solo del país sino también del extranjero, como Buenos Aires, Argentina y
Madrid, España.
En los últimos 2 años, millones de activistas antiesclavistas de
alguna país en todo el mundo han tomado millones de acciones en línea y al que
asistieron miles de eventos en el suelo para ganar decenas de campañas en la
lucha para poner fin a la esclavitud moderna.
Con usted, podemos lograr aún más. Únete al movimiento para poner
fin a la esclavitud moderna en esta generación: WALKFREE.ORG
Un gran agradecimiento a Andrés Amador, Steven Wong, Jonathan Clark
& Elizabeth Clark, que donaron sus increíbles habilidades para armar este
vídeo - ya todo el Paseo Gratis partidarios que donaron su tiempo para ofrecer
en el video.
En un desplegado público en el
diario “ La Jornada”, cientos de ciudadanos y organizaciones civiles firmaron
para exigir la renuncia del gobernador, Javier Duarte ante los hechos de
violencia ocurridos donde resultó asesinado el fotógrafo Rubén Espinosa y
cuatro mujeres más, y hacen un recuento de los asesinatos contra 14
periodistas.
Bajo el título “Un grito de paz y amor por la vida” , cientos de
organizaciones advirtieron “ Javier Duarte de Ochoa… si conoces lo que es la
dignidad y aún te queda algo de ella… ¡RENUNCIA! Todos/as nosotros/as te hemos
hecho juicio político y resultas culpable de los asesinatos de Regina, Moisés,
Noé, Gregorio, Rubén, Nadia; de todos los periodistas asesinados por su
compromiso con la dignidad y la justicia social; así como de la represión y
hostigamiento a los estudiantes de la Universidad Veracruzana, y a defensores
de Derechos Humanos”.
Exigieron Castigo a los sicarios y autores intelectuales del
asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra,
cometido en la calle Luz Saviñón No. 1909 de la Colonia Narvarte en la Ciudad
de México; a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera y todo el aparato de
mando único que encubre con la delimitación política de los territorios la
responsabilidad de las fuerzas federales de seguridad en la política de
exterminio a luchadores sociales.
“Estamos convencidos que nuestro dolor se transformará en
esperanza, en radia, en fuerza colectiva que nutrirá nuestros sueños y ahnelos
delibertad, que articulará nuestras voces, con palabras e imágenes de aliente,b
ríos para seguir sobre las ruinas y construir contrapelo el mundo nuevo que llevamos
en nuestros corazones”
En la carta publicada en páginas centrales revelan “ ¿ Quién o
quiénes son los responsables de tanta amenaza, violencia, de tanta ignominia,
de tanta sangre derramada? Todas y todos sabemos, y no bastan las declaraciones
inútiles de fiscales, no basta el estado de derecho a modo, ni las falsas
declaraciones ni peor aún los silencios contundentes del verdugo”
Todos y todas lo sabemos, con nombre y apellido, como dicen los
jóvenes estudiantes, pero pocos nos atrevemos a decirlo, ante el miedo de ser
el siguiente de la lista del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, o de
Bermúdez, o de Duarte, o de Mancera, o de Enrique Peña Nieto, o del sistema, o
de las corporaciones transnacionales, o ¿de ellos?
Por qué o para qué ocultar lo que a toda luz ha sido la retórica
oficial: ¿fiestas? ¿crímenes pasionales? ¿vínculos con el narco?¿nacionalidad
colombiana? “¡Pórtense bien! …que van a caer muchas manzanas podridas” dijo
Duarte a los periodistas, ¿del árbol de quiénes caerán las manzanas? ¿Por qué
no sacudimos nosotros el árbol de la podredumbre de los de arriba?, ¿qué
esperamos para sacudir el árbol de los asesinos, de los rufianes, de los
criminales de cuello blanco?, señalan.
Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– El Comité Universitario de Lucha, conformado por activistas de Veracruz y estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), denunció que sus integrantes han sido hostigados por parte de las autoridades del estado tras haber responsabilizado al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera, asesinados junto a otras tres mujeres en la Ciudad de México.
A inicios de esta semana, el Comité difundió un escrito en su perfil de Facebook para denunciar la agresión en contra de la activista Nadia Vera. El texto decía: “Tu cuerpo fue mancillado pero tu lucha y tus ideales se mantienen intactos. No sabemos quién jaló del gatillo pero sí sabemos quién dio la orden. Lo sabemos y lo gritamos. Conocemos su nombre y su apellido. Sabemos también que sus acciones son desesperadas, igual que las de un perro acorralado. Lo decimos hoy y lo diremos siempre. No olvidamos. No perdonamos. Fue el Estado. Javier Duarte: fuiste tú”.
Ahora el grupo denuncia que autoridades de ese estado los ha sometido a represalias:
“Hace unos días, con el corazón herido y mancillado, hemos escrito a Nadia Vera, nuestra compañera de lucha en Xalapa, Veracruz, una misiva pública que hemos leído en los mítines y ha circulado por las redes reflejando nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra indignación […]. Hace dos meses vimos a Rubén partir al DF. Supimos que se fue después del 5 de junio, después de la agresión a nuestros compañeros, estudiantes de la Universidad Veracruzana, después de que removieron una y otra vez la placa de Regina Martínez que Rubén y los periodistas colocaron en la antes llamada Plaza Lerdo, después de que los hostigamientos empezaron a recrudecer. Al día de hoy no han cesado”, denunció el Comité en un posicionamiento.
La organización civil denunció que este hostigamiento ha aumentado y ha sido más directo desde el fin de semana del brutal asesinato. “La SSP, la Fuerza Civil, los ministeriales, los policías vestidos de civil rondan nuestras calles, nuestros barrios, vigilan nuestras casas. Elementos de la Fuerza Civil han detenido a compañeros sin motivo para llevarlos a los separos y amedrentarlos por horas, fuera de proceso, sin cargos. Así andamos, con el aguijón de la amenaza tras la nuca”, acusó.
Esta semana ciudadanos lanzaron una petición en Change.org para que se investigue al Gobernador Duarte de Ochoa la cual suma hasta el momento más de 60 mil firmas. “Hay numerosos reportes y testimonios sobre las amenazas que Rubén recibió por parte del gobierno de Veracruz cuyo titular, Javier Duarte, debe ser investigado. Por ejemplo, la revista Proceso da cuenta de que mientras [Rubén] cubría las protestas estudiantiles contra el Gobernador Javier Duarte por el asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz [Regina Martínez], se le impidió tomar fotos de cómo la policía golpeaba a unos estudiantes. En ese momento una persona de ayudantía del Gobierno del Estado lo sujetó y le dijo: ‘Deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina’”, dice el texto de la petición.
El multihomicidio de la colonia Narvarte ha provocado una reacción unánime de rechazo y reclamo a las autoridades mexicanas como sólo se ha visto, en los últimos años, con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Craig Pyes sostiene que su
investigación sobre Beltrones y el Narco es real: reafirma lo publicado en 1997
en el New York Times.
Por Julio Roa
Craig Pyes
reafirma lo publicado en el New York Times en 1997. El coautor del reportaje
periodístico titulado “Drug Ties
Taint 2 Mexican Governors” “Vínculos con el Narco, mancha a dos
gobernadores mexicanos”.
Craig Pyes en
una conversación me afirma “que su reportaje no fue basado en un sólo reporte
de inteligencia, sino en más de 20 alegaciones de la DEA y otros archivos
gubernamentales”.
“Nuestro
reportaje reportó que había suficiente material legal de inteligencia de los
EUA, respaldado con entrevistas a oficiales y políticos, alegando que el
exgobernador Manlio Fabio Beltrones había apoyado el tráfico de drogas a través
de Sonora, pero que estos cargos serían muy difíciles de perseguir”.
Le comento a
Craig Pyes que hay versiones que afirman que el New York Times no respaldó el
reportaje. C. Pyes responde: “¿Dónde leíste que el New York Times no nos
respaldó? Y agrega, es totalmente falso. Sam y yo tuvimos el respaldo total en
la parte legal y en la parte editorial”. El dos veces galardonado con el premio
Pulitzer por su labor periodística me invita a leer un artículo que escribió
sobre el tema en el 2007 y que fue publicado en el HuffPost, bajo el título “Some
Stories Don’t Die”. En dicho artículo Craig Pyes reitera lo escrito
en 1997 en el New York Times.
Finalmente, C.
Pyes me sugiere leer nuevamente el reportaje y me dice que ahí encontraré un
número de citas de los informes y agrega, “por última vez y de forma definitiva
y no volveré a repetir, nosotros sustentamos el reportaje que escribimos, el
periódico nos respaldó de principio a fin, yo no soy responsable por
desinformación que se publica.” Continúa: “No puedo ser más claro. Quien quiera
que haya dicho que Sam Dillon y/o el New York times nos retractamos de lo
reportado es erróneo. ¿Me entiende? Quien escribió eso se equivocó",
finaliza diciéndomelo en español.
El reportaje
de Craig Pyes y Sam Dillon junto con otros siete reportajes sobre los efectos
corrosivos de la narco-corrupción en México, fueron galardonados con el Premio
Pulitzer en la categoría de reportaje internacional.
Fueron cuatro
meses de investigación del reportaje “Drug Ties Taint 2 Mexican Governors”
escrito por Sam Dillon y Craig Pyes, a continuación unos extractos:
El gobernador
de Sonora, que tiene frontera con el estado de Arizona, está colaborando con
uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, creando un paraíso para
los traficantes quienes transportan grandes cantidades de narcóticos hacia los
Estados Unidos, de acuerdo a agentes oficiales de inteligencia.
Autoridades
oficiales dicen que llegaron a esta conclusión basados en amplias evidencias,
incluyendo informantes “altamente confiables” que reportan que el gobernador
Manlio Fabio Beltrones Rivera asistió a reuniones donde capos de la droga
pagaron a políticos de alto nivel por protección de sus operaciones.
De acuerdo a
los informantes, Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente de
México, recibió maletines llenos de dinero en efectivo y era responsable de
distribuir el dinero entre los asistentes.
Agentes en
funciones y en no funciones dicen que la evidencia sobre el papel de el señor
Beltrones era muy detallada e irresistible, que los Estados Unidos habrían
incluido su nombre en un documento confidencial entregado al equipo de
transición del presidente Ernesto Zedillo, en la que se enlistaba a más de una
docena de funcionarios oficiales bajo sospecha de corrupción. Otro gobernador,
Jorge Carrillo Olea, también era incluido en la lista negra debido a sus
enredos con narcotraficantes.
En un borrador
previo no publicado, agentes de inteligencia aseguraron que narcotraficantes
mexicanos tenían ganancias de unos $10 mil millones de dólares, y que gastaban
hasta el 60% de ese dinero en pagos a funcionarios de todos los niveles.
Funcionarios mencionan que gran parte de la información sobre Beltrones y
Carrillo Olea exdirector del programa de Antinarcóticos de México, ha sido
obtenida a través de reportes de inteligencia de informantes, que varían desde
sólo rumores hasta informes internos. Su volumen, especificidad y persistencia
han persuadido a agentes estadounidenses que las acusaciones contra los
gobernadores están bien fundadas.
En un estudio
profundo de 1994, los analistas de la Agencia Antidrogas (DEA) en el Paso,
Texas, hicieron una descripción detallada de cómo Carrillo Fuentes cautivaba a
policías mexicanos y líderes políticos, incluyendo a Beltrones y a Carrillo
Olea. De acuerdo a un análisis clasificado, basado en reportes de campo de más
de una docena de agentes estadounidenses, el traficante “ha comprado influencia
en varios niveles claves del gobierno mexicano” dándole a él “ poderosas
conexiones” que aseguran el trasiego de cargamentos de drogas de México a los
Estados Unidos.
En agosto de
1991, Beltrones fue electo y en octubre se mudó al palacio gubernamental de
estilo colonial en Hermosillo. Era una estrella en ascendencia dentro del
Partido Revolucionario Institucional, uno de los pocos ambiciosos líderes de
cuarenta y tantos años de edad que a veces los llamaban “bebesaurios” para distinguirlos
de los más viejos “dinosaurios” que han gobernado por mucho tiempo en el mismo
partido.
Durante los
inicios de su carrera. Beltrones fue pupilo de Fernando Gutiérrez Barrios,
secretario de gobernación en la administración de Carlos Salinas y pionero de
la policía secreta en México. Algunos han visto a Beltrones como un posible
candidato presidencial.
Pero al tiempo
de la toma de protesta, agentes de los Estados Unidos empezaron a colectar
reportes provenientes de informes clasificados documentando vínculos con
Carrillo Fuentes. En una entrevista, Beltrones alzó su voz cuando periodistas
citaron reportes de la DEA que lo acusaban de haber recibido pagos por parte de
Carrillo Fuentes.
“Manlio Fabio
Beltrones Rivera está bien documentado como un socio de la organización ACF”,
se lee en el reporte. Cita a comandantes de la policía judicial federal y cita
que "Beltrones está involucrado en la protección de narcotraficantes que
cruzan Sonora”.
Craig Pyes ha
sido Premio Pulitzer en dos ocasiones. La primera, 2002, por narrar historias
de amenazas de Al Queda del 9 de septriembre de 2001, y la segunda como
reportaje internacional, en 1998, sobre la corrupción del exgobernador de
Sonora, Manlio Fabio Beltrones y sus vínculos con el narcotráfico.
XALAPA, Ver., (proceso.com.mx).-El Comité Universitario de Lucha, que agrupa a estudiantes de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Humanidades y activistas sociales y ambientales, denunció que tras el asesinato de la activista Nadia Vera y del fotoperiodista de Proceso Rubén Espinosa, el hostigamiento policíaco y de la Fuerza Civil en el estado de Veracruz se incrementó.
En un comunicado, los grupos sociales lamentaron que tras los actos de protesta por los arteros asesinatos de la colonia Narvarte, patrullas de la Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública han regresado a rondar los planteles universitarios, así como los domicilios de los activistas más visibles.
“Hace unos días, con el corazón herido y mancillado, hemos escrito a Nadia Vera, nuestra compañera de lucha en Xalapa, Veracruz, una misiva pública que hemos leído en los mítines y ha circulado por las redes reflejando nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra indignación, también hemos visto partir a Rubén. Al día de hoy (el hostigamiento) no ha cesado, aumenta, es más duro, más directo desde el fin de semana del brutal asesinato. La SSP, la Fuerza Civil, los ministeriales, los policías vestidos de civil rondan nuestras calles, nuestros barrios, vigilan nuestras casas, nos toman fotos. Elementos de la Fuerza Civil han detenido a compañeros sin motivo para llevarlos a los separos y amedrentarlos por horas, fuera de proceso, sin cargos. Así andamos, con el aguijón de la amenaza tras la nuca”, exponen en el comunicado.
Recordaron que en sus últimas entrevistas, Rubén Espinosa solía decir que “la muerte escogió a Veracruz como un lugar para vivir”, y que por ello, el fotoperiodista de Proceso decidió autoexiliarse después del ataque armado a jóvenes y estudiantes universitarios después del 5 de junio.
“Rubén se fue después de que removieron una y otra vez la placa de Regina Martínez que Espinosa y los periodistas colocaron en la antes llamada Plaza Lerdo, después de que los hostigamientos empezaron a recrudecer. Hemos visto cómo se acercan. Tomamos nota, realizamos las relatorías de rutina, atamos cabos, nos llamamos los unos a los otros por las noches para preguntar si estamos bien, si llegamos a casa, si estamos con vida”.
El pasado martes, cuando el Comité Universitario de Lucha logró concentrar a 200 activistas, estudiantes y periodistas en la Plaza Lerdo –renombrada Plaza Regina Martínez- al cerrar la vialidad de la calle Juan de la Luz Enríquez, unos diez “orejas” de la Dirección de Política Regional y de la Secretaria de Gobierno (Segob) se dedicaron a fotografiar a los asistentes a la marcha; sin embargo, los empleados de Palacio de Gobierno fueron echados a “mentadas de madre”.
El Comité Universitario de Lucha agregó que los asesinatos de Rubén Espinosa y Nadia Vera anteceden a un cúmulo de arbitrariedades, intimidaciones y amenazas por parte del aparato gubernamental de Javier Duarte:
“Es el pan de cada día para muchos de nosotros, hemos sido levantados, paseados, amenazados, detenidos, golpeados brutalmente por elementos de la fuerza pública. Hemos sentido la cacha de los policías en la nuca, la descarga eléctrica de los bastones, la bota en nuestros cuerpos, los machetazos, los batazos, el asedio de los seguimientos y las amenazas, hemos visto nuestros nombres y caras en las listas negras de la SSP”.
El Comité Universitario de Lucha responsabiliza al gobierno de Javier Duarte, al Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita y a los distintos mandos policíacos de cualquier agresión en su contra.
