FUNDALEX SE UNE Y CONVOCA A LA MARCHA NACIONAL PARA ACLARAR ASESINATOS DE PERIODISTAS

Fundalex se une y convoca a la Marcha Nacional para aclarar asesinatos de periodistas

Exige agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los asesinatos y evitar vincularlos con el crimen organizado, sin el sustento pericial que así lo justifique

México, D. F., a 9 de septiembre de 2011

Consciente de que la defensa de la Libertad de Expresión es esencial para el sostenimiento y fortalecimiento de un estado democrático y que los periodistas son pieza fundamental para el ejercicio de este derecho humano inherente a todos los ciudadanos, la Fundalex, se adhiere y convoca a todos los periodistas y sociedad en general a unirse a la Marcha Nacional para exigir el esclarecimiento del doble feminicidio en contra de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga y el asesinato de otros 82 periodistas desde el año 2000.

La Fundación para la Libertad de Expresión reitera, además, su llamado a las autoridades para realizar una investigación pericial experta, profunda, pronta y expedita, en la cual sean agotadas todas las líneas de investigación vinculadas con el trabajo periodístico de las dos reporteras y se evite divulgar información con escaso sustento pericial.

Como lo dimos a conocer en el comunicado enviado el pasado 1 de septiembre, para la Fundalex es importante esclarecer que no existan grupos o personas que, aprovechando la vorágine producida por la incidencia del narcotráfico en la violencia cotidiana que vivimos, utilicen el asesinato con las características de estos feminicidios, como una forma para saldar sus motivaciones particulares si en su caso lo fuera, asegurándose impunidad.

La Fundalex siempre ha pugnado porque las familias de los periodistas asesinados o desaparecidos sean protegidas por el Estado Mexicano. Por este motivo, reiteramos la exigencia para que los gobiernos federal y estatales (en este caso la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal) se hagan cargo de la vivienda, alimentación, educación, vestido y, sobre todo, tratamiento psicológico de los hijos de las y los periodistas victimados.

La cita a la Marcha Nacional es a las 11 horas del domingo 11 de septiembre, del monumento al Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación y, probablemente, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Asimismo, se convoca para que en los estados, los periodistas nuevamente salgan a manifestarse porque la seguridad del gremio corresponde al gremio mismo, ante la incapacidad de los gobiernos por terminar con la impunidad en los ataques a los periodistas.

Consejo Directivo
Fundación para la Libertad de Expresión

Monopolizan empresas construcción de viviendas de interés social, alertan

Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- La cancelación de créditos para casas de interés social, con su consecuente adjudicación al Infonavit alcanza elevados índices. De cada 10 viviendas, al menos cinco de ellas no pueden ser pagadas por los beneficiados. Un factor influyente son las elevadas tasas de interés, las cuales hacen que los precios se tripliquen y se conviertan en deudas impagables.

 

El problema social que se genera por la anulación del crédito para los derechohabientes es grave, según plantea Jorge González Rojas, dirigente del Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (Orizaba Futuro), quien acusa que la construcción de viviendas de interés social “se monopoliza en unas cuantas empresas”.

En los promocionales del quinto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón se presume que en su sexenio se construyó un número sin precedente de casas de interés social, “pero no dice que la construcción de viviendas de interés social y su financiamiento es un negocio de particulares y que el crédito se hace impagable por el cobro de intereses sobre intereses. En México, la construcción de viviendas de interés social ha sido monopolizada por unas cuantas compañías constructoras, que construyen este tipo de viviendas con los más bajos estándares de calidad y su construcción en serie abarata su costo”, subraya González Rojas.

 

Estas condiciones no se reflejan en su precio de venta, “con crédito bancario, estos montos toman dimensiones de deuda de una casa semi-residencial”, dijo el dirigente. Un ejemplo, explica González Rojas, “es que una casa de interés social es vendida por los monopolios constructores y los bancos en cinco veces su valor real o más, por eso muchas casas de interés social son recogidas por los corredores de crédito. Además, la falta de seguridad jurídica en el empleo hace que la deuda se vuelva impagable”. También explica que este problema no es exclusivo de la zona centro del estado, “sino que es un fenómeno que se registra en todo el país. Ésta es una política de estado”.

Por si fuera poco, a este escenario debe agregarse la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, que tiene acceso a este tipo de créditos de interés social. “Por ejemplo, de cada 10 créditos otorgados por el Infonavit la mitad no se puede pagar, son cancelados por ser impagables, especialmente por el alto índice de desempleo”, señala González Rojas. Además agrega que aunque los indicadores mundiales niegan una recesión económica, “lo cierto es que estamos en recesión económica, eso se refleja en la pobreza y en el desempleo, sobre todo en el crédito al consumo para subsistencia familiar”.

Estas condiciones hacen que los beneficiados por los créditos de viviendas de interés social “se declaren en moratoria de pago y esto es válido, las deudas no son delito. El sólo hecho de tener una deuda con el Infonavit no significa que no te pueden sacar sin un procedimiento judicial. Un gestor de cobranza está impedido de sacarte por la fuerza. En este país la cantidad de deudas impagables alcanza millones de personas y la vivienda no es la excepción, la mayoría de la gente desconoce sus derechos porque les aplican terrorismo legaloide en el que está al menos 75 por ciento de los créditos”, apunta el dirigente.

Esto es “un juego perverso, porque los que ofrecen el servicio de crédito, por ley deben estar asegurados contra el cobro de deudas impagables, lo están y cobran doble porque el costo real de las casas se recupera con los primeros pagos de la casa y está calculado el costo real, el seguro y los intereses, lo demás es un robo”. Comenta González Rojas. Igual expone el mecanismo con que trabajan: “primero agotan el procedimiento de cobranza para cobrar el seguro y luego venden la deuda a despachos de abogados para ver que más se pueden llevar”.

“Este ejemplo es tan sólo una parte de las condiciones sociales que se viven en el país, a un año que termine el sexenio de Felipe Calderón. Las movilizaciones sociales son el reflejo de cinco años de gobierno de Calderón. La gente no sale a las calles a manifestar su beneplácito al gobierno; al contrario, sale a manifestar su inconformidad por la falta de empleo y de oportunidades de superación.

 

Los indicadores macroeconómicos, como el equilibrio fiscal, el control de la inflación, la paridad cambiaria y la reserva de divisas, están estables, pero no están ocultos los índices de la economía real como son el empleo, el acceso a la alimentación, salud, educación, vivienda. Los spots de Calderón describen una falsa idea de la realidad”, concluye el dirigente.

 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=110907_131432_246&id_seccion=2.

“Los gobernadores son los nuevos virreyes en México”

Foto: Esther Chelius

Pidió reforzar las plataformas sociales y no opacar los movimientos.

Los gobernadores de los estados se convirtieron en virreyes modernos porque cuentan con recursos y no hay nadie que pueda criticarlos, aseguró el luchador social Emilio Álvarez Icaza.

El activista que participará junto con el subcamonandate Marcos y Javier Sicilia en la ceremonia alterna de Grito de la Independencia en Acteal, Chiapas, el próximo 15 de septiembre, aseguró que los gobernadores no están rindiendo cuentas.

 

Señaló que la falta de contrapeso hacia los mandatarios se tradujo en elementos que contribuyen a un fracaso de la transición democrática en México.

 

Pidió reforzar las plataformas sociales y llamó a que en Puebla los movimientos de la sociedad no sean opacados por la alternancia en el gobierno como sucedió a nivel nacional.

“Los fenómenos de alternancia nos han debilitado. Yo llamaría para que el fenómeno que pasó a nivel federal, no ocurra en Puebla, que las alternancias no desmovilicen los protagonismos civiles. Hemos sido como sociedad muy pasivos, eventualmente por la desconfianza. Nos tenemos que ver en otras sociedades. Tenemos que acelerar nuestros proyectos sociales. Tenemos que articularnos con mucho más inteligencia”, expresó el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

Comentó que la alternancia política en Puebla requiere del diálogo y de un nuevo pacto social, para evitar que las expectativas que ha generado el nuevo gobierno caigan en el desencanto.

 

En su visita por la Universidad Iberoamericana en Puebla, Álvarez Icaza aseguró que organismos que velan por la transparencia, la rendición de cuentas, los procesos electorales o los derechos humanos no están luchando por su autonomía, por lo que es fundamental la participación social.

Por otra parte, reveló que el crimen organizado está pagando 500 dólares a los jóvenes que se rentan como mulas para pasar armas de los Estados Unidos a México, situación que refleja la descomposición que vive el país.

 

Por último, comentó que el próximo 16 de septiembre habrá una marcha por todo el país que pasará por Puebla, el 19 de este mes, tras pasar por Morelos, Acapulco y Oaxaca.

URGE LEY PARA TRANSPARENTAR LA PUBLICIDAD OFICIAL Y CONTRIBUIR A LA DEMOCRACIA

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, participó en el Foro sobre Publicidad Oficial organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Oaxaca, Oax., a 8 de septiembre de 2011

La ausencia de reglas en torno a la asignación de publicidad oficial por parte de los gobiernos es ajena al interés común y existe la posibilidad de que se utilicen recursos públicos para fines privados, argumentó el coordinador del área de derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, quien urgió a “regular, a la luz de las mejores prácticas, las relaciones económicas entre los medios y el gobierno”.

En el Foro sobre Publicidad Oficial organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el pasado 6 de septiembre del 2011, Villanueva expuso en conferencia magistral que “si bien es verdad que se destinan recursos públicos a los medios, también lo es que debe definirse cómo y para qué” porque también se debe cuestionar “cómo es posible informar de manera veraz sobre asuntos de gobierno si no hay criterios de asignación publicitaria”.

 

En el caso de Oaxaca, Villanueva dijo que éste es el momento oportuno para que el gobierno de Gabino Cué convoque a crear una ley que contenga reglas claras, transparentes y equitativas, que garanticen la independencia de los medios.

El investigador recordó que “en Oaxaca, como en todo el país, la relación entre el Estado y los medios de comunicación vive encuentros y desencuentros, con razón o sin ella” a la vez que, así como “en muchos casos existe un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, en otros, la intolerancia gubernamental se traduce en un ejercicio patrimonial del poder que por inercias de nuestra subcultura limita el contagio de prácticas democráticas”.

Villanueva defendió que “el papel de la prensa no es servir de medio aséptico entre lo que hace el gobierno y la comunidad, sino de brindar contexto en modo, tiempo y forma”, ya que “uno de los grandes aportes de la libertad de expresión es poder decir lo que muchos no quieren escuchar”.

En este sentido fue determinante al exponer que para socializar el conocimiento de la cosa pública debe haber los matices necesarios porque hacerlo en blanco y negro poco o nada ayuda. Por el contrario. “La crítica, como esencia del derecho a saber, implica señalar el error y reconocer el acierto”, destacó.

 

Para el también experto en temas de transparencia, “la libertad de expresión tiene muchos enemigos” como son “la autocensura, la ignorancia, los intereses creados al margen del bien común y la censura directa o indirecta”, motivo por el que advierte la necesidad de generar las reglas que permitan una convivencia sana entre gobierno y medios para beneficio de una sociedad más democrática.

Y en el caso de Oaxaca, para lograrlo advirtió la necesidad de contar con una Ley especial sobre la materia, justificada constitucionalmente como una normativa reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 137 de la Constitución local.

 

En ella se deben contemplar lo que son los fines de servicio público y medios de interés público, de tal forma que la ley “debe tener como objetivo realizar una labor de servicio público” y la “publicidad oficial debe coadyuvar a edificar y reproducir valores democráticos en la sociedad”.

“Desde otra perspectiva complementaria —reiteró Villanueva—, la publicidad oficial debe convertirse en una herramienta activa del derecho de acceso a la información pública, en su vertiente de informar a la sociedad o a conjuntos específicos de ella que de otra forma no podrían estar en condiciones de saber con veracidad, oportunidad y pertinencia informaciones que en última instancia les habilita para ejercer la noción de ciudadanía en una democracia deliberativa, no sólo representativa”.

 

Por lo anterior, sentenció: “la publicidad oficial que promociona la imagen institucional, los mensajes publicitarios que carecen de utilidad pública al tratarse, por ejemplo, de empresas paraestatales que no compiten en el mercado, contenidos que no respondan a una campaña o que no tengan mensaje alguno, no satisfacen el interés público y obedecen a criterios atendibles, en muchos de los casos, desde la perspectiva de la ventaja política institucional, pero no encuentran asideros en la austeridad presupuestal y en la lógica racional de la comunicación que deben comportar los poderes públicos en las democracias. Por esa razón, las campañas publicitarias oficiales deben responder a necesidades concretas y reales de comunicación”.

Asimismo, el investigador argumentó que la publicidad oficial “no debe ser un mecanismo de subsidio para el mantenimiento de los medios de comunicación. Debe, en cambio, (…) permitir el ejercicio de la libertad de expresión en todas las implicaciones que se desprenden de su carácter dual: el derecho de cada persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”.

 

Un carácter esencial es la equidad en asignaciones de publicidad y evitar la discriminación en la asignación de publicidad oficial por razones de orientación ideológica, editorial, política o de cualquier otra que esté relacionada con la línea de cobertura periodística.

Así como también la transparencia de los procesos de asignación, la cual también contribuye a afirmar la legitimidad de la administración como generador de servicios públicos y a fortalecer la confianza del público en las autoridades públicas.

 

Es importante destacar el principio de veracidad que prohíbe la publicidad engañosa, es decir, la publicidad oficial debe ser clara y completa. No debe conducir a conclusiones erróneas, ni por ambigüedad, ni por inexactitud de datos, ni por omisión. Así como la prohibición de lo subliminal.

Para Ernesto Villanueva, creador de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca, los precios de publicidad deben tener como punto de partida una razonable correspondencia con el tiraje, la audiencia y/o los raitings. De no ser así, podría haber mecanismos ilegales de subsidio encubierto al destinar recursos públicos a medios que no satisfacen este requisito esencial.

 

Finalmente, destacó como importante los “mecanismos de garantía mínima de pluralismo, diversidad y fomento a la lectura” con el fin de evitar se desnaturalice el derecho a saber, por lo que expresa, “es necesario que existan partidas presupuestales mínimas por sectores o nichos de audiencia que no necesariamente son reflejados en los grandes medios”.

El ataque de Bueno Torio a la Constitución y a la libertad de prensa



JUAN BUENO TORIO, TAMBIEN ES BUENO PARA LA TRANSA...

Autor: Álvaro Cepeda Neri *

El político Juan Bueno Torio fue foxista. Ahora presume de ser calderonista y hace alarde de ser senador por Veracruz. Y no obstante que sus actos y antecedentes son de un servidor público, le molesta la información, análisis y críticas a su actuación. Tiene un gran poder económico por ser parte de una acaudalada familia veracruzana, en actividades cafetaleras y hoteleras. Y poder político como senador, panista y en consecuencia derechista a ultranza (los conservadores como tradición desprecian, odian y atacan las libertades de prensa).

 

Pertenece al Partido Acción Nacional desde 1995; es neopanista. Para escalar a diputado federal, fue coordinador de la organización civil Amigos de Fox en Veracruz, desde donde Fox y sus compinches arribaron al poder presidencial, nadando de a muertito en la corrupción, donde hoy bucean los calderonistas. Fue encargado de “los changarros” del foxismo que multiplicó brutalmente el comercio informal, para sacarle la vuelta al fomento del empleo formal.

 

La reportera Mireya Cuéllar ha seguido las huellas públicas del que fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación, cuyo desempeño analiza con información veraz la reportera Ana Lilia Pérez en su libro: Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, ya en tres ediciones: 2009-2010).

 

A pesar de que los tribunales del fuero común, en todo caso, con jurisdicción en el Distrito Federal, son los que deben conocer de actos y hechos que se imputan a los ciudadanos, Bueno Torio ataca a la Constitución desde su curul legislativa, para pisotear la democracia y el republicanismo de los artículos constitucionales: 1, 3, 5, 6 y 7, con sus leyes reglamentarias. Y, actor público y poderoso millonario intolerante, sin respetar estas instancias se fue a un órgano federal en materia civil, para enseñar los dientes y garras de la censura con su demanda a la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza.

 

En ésta, se da baños de pureza, en el sentido de que es “una persona absolutamente respetuosa de la libertad de expresión”, pero no cuando se trata de sus actos y omisiones, ya que busca estar al margen de la información y la crítica, pasa por alto que la prensa es contrapoder para informar a la opinión pública de la conducta de sus representantes. No hay daño moral ni violación al honor o reputación del senador panista, puesto que en el libro –insisto– sobre hechos verídicos, no existen expresiones denigrantes, insultantes ni desmedidas.

 

Al pedir “100 pesos” como indemnización se hace pasar por “bueno”; pero adelantándose a la resolución del juez y usurpando funciones judiciales, pide a una periodista sin más recursos que su salario, millonaria cantidad para pagar la publicación en seis periódicos de lo que llama “sentencia condenatoria”. Y que cubra los gastos y costas de su equipo de 20 abogados. Incluso, en su demanda de marras, da “lecciones” sobre el uso del idioma, al torcer el significado del empleado por la reportera, para arreglarlo a sus fines perversos de atacar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Esto es un abuso de un servidor público contra los derechos de libertades de prensa para permanecer al margen de esa legalidad constitucional. La demanda presentada a finales de julio pasado busca saltarse la competencia judicial de los tribunales del Distrito Federal, donde tiene su espacio legal el trabajo de la reportera, donde radica la Cámara de Senadores de la que Bueno Torio es integrante; y que por juramento constitucional, debe someterse al imperio de esa ley.

 

En su demanda hace alarde de su cargo legislativo, y cree que por ser senador (la reportera informó sobre su desempeño de director general de Pemex Refinación) puede solicitar, contra el Estado de derecho, que le prohíban a la periodista difundir información sobre él. Bajo la interpretación subjetiva de quien suscribe no como senador, sino como ciudadano que es objeto del trabajo periodístico, la información, supuestamente, es falsa.

 

Mañosamente y para efectos de una definición sobre el honor, la vida privada y la propia imagen de Bueno Torio invoca la legislación del Distrito Federal para salirse por la tangente y ponerse la soga al cuello de que son los tribunales de la ciudad de México los que deben de conocer de imputaciones a los “representantes de elección popular” como es él, quien no aceptar ser objeto de información y crítica, que confunde con ofensas al honor. Así, la demanda ha de caer en el vacío de la improcedencia.

 

Y corresponde a la reportera iniciar una demanda por falsa acusación, abuso del poder por ostentación del cargo de senador (sin relación con su cargo de director en Pemex) y, sobre todo, el ataque a la Constitución al solicitar “La prohibición a Ana Lilia Pérez Mendoza de seguir difundiendo información [falsa, asegura el senador] sobre Juan Bueno Torio”, lo que equivale a prohibir que la periodista se dedique al trabajo lícito del periodismo; a vedar la manifestación de sus ideas y la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Es decir, a imponer la censura previa. Non plus ultra: la demanda no puede ir más allá por su improcedencia de jure a lo contenido como fines en la Constitución.

*Periodista
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/04/el-ataque-de-bueno-torio-a-la-constitucion-y-a-la-libertad-de-prensa/

Izquierda no modificará esquema de organización electoral rumbo a 2012

 

Los dirigentes del Morena, PT y Movimiento Ciudadano comenzarán a aplicar encuestas para definir candidatos a legisladores federales.

Alma E. Muñoz 

México, DF. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano acordaron que no modificarán el esquema de organización electoral de la izquierda rumbo al 2012, pese a la incertidumbre jurídica que enfrenta el PRD por la impugnación a sus órganos directivos.

 

En reunión con Andrés Manuel López Obrador, dirigentes nacionales de las tres organizaciones ratificaron que comenzarán la aplicación de encuestas para definir candidatos a legisladores federales en la segunda semana de octubre, aunque el PRD esté imposibilitado para presentar a sus aspirantes, porque en ese momento no contará con órganos directivos que los aprueben.

 

"A lo mejor habrá seis aspirantes, en lugar de ocho, a una candidatura (dos por cada partido -PT y Movimiento Ciudadano-, más los de Morena por distrito electoral para diputados, e igual número por estado para senadores), porque el PRD no podrá participar en los primeros ejercicios, pues elige órganos hasta el 23 de octubre", explicó uno de los asistentes al encuentro.

 

Sin embargo, queda abierta la posibilidad para que el mejor posicionado en estos ejercicios se mida en otra encuesta con las propuestas del PRD, una vez que esté resuelta la situación legal de sus instancias partidistas.

 

"Estamos conscientes de que el PRD tiene no sólo un problema jurídico provocado por esta resolución del Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación) que obliga a la renovación de sus órganos directivos -consejos y congresos-, y cuya elección se dará muy cerca de las fechas de las definiciones nuestras por encuesta, desde la segunda, tercera y cuarta semana de octubre", dijo la fuente.

 

Por lo tanto, continuarán con el procedimiento acordado el miércoles pasado en Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia), a partir del contenido de la carta que López Obrador envió a los dirigentes nacionales de los tres partidos el 16 de agosto pasado.

 

De acuerdo con la minuta de DIA del 31 de agosto, cada partido deberá tener su propia representación en consejos y mesas directivas de casilla, así como en los órganos electorales, lo que "triplica el esfuerzo de organización, de tal forma que para cubrir el proceso federal y los procesos locales concurrentes se requerirá de un total de un millón 553 mil 935 ciudadanos a reclutar" capacitar y auditar en los próximos meses".

 

Se planteó que la encuestadora propuesta por Morena (Covarrubias y Asociados) realice una encuesta nacional para determinar candidatos por distrito y por estado en octubre y otra por la que proponga el PRD. Ambas con la misma metodología, y aprobadas y auditadas por un comité científico de alto nivel, donde participen especialistas de la UNAM y otras instituciones.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/09/08/104526891-izquierda-no-modificara-esquema-de-organizazacion-electoral-rumbo-a-2012

EL EJERCITO EN INVESTIGACIONES REPROBADO

Antonio Flores Shoerer/ Carlos Huerta

Héctor Armando Alcíbar alias "El Koreano" y otras tres personas fueron presentadas por el Ejército en agosto de 2009 como los autores de 211 homicidios en la ciudad.

El Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) informó que los sicarios se dedicaban a "limpiar" delincuentes rivales y que los arrestos se debían al apoyo del grupo de inteligencia militar que operaba en Juárez.

 

La noticia acaparó las noticias nacionales. "El Koreano" según los soldados, declaró durante el interrogatorio que mató a 15 personas.

Un año después ya se encontraba en libertad por falta de evidencia. En ese año los juarenses se estremecieron con más de 2 mil 600 asesinatos y ante la presión social la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo aquí a 93 pistoleros, de los cuales sólo 19 resultaron culpables.

 

Un mes después el Ejército capturó a Oswaldo Muñoz González, alias "El Gonzo", presunto sicario del grupo delictivo La Línea. El vocero del Operativo Conjunto Chihuahua aseguró que el detenido aceptó haber participado en la ejecución de 40 personas.

 

El logro militar también le dio vuelta al país. Según los soldados al momento de su detención portaba una subametralladora calibre .9 milímetros, un revólver, once teléfonos celulares y decenas de dosis de mariguana y cocaína.

 

El asunto cobra importancia si se buscan sus antecedentes. Un año antes ya había sido detenido por robo agravado por el Ejército, pero ante la falta de pruebas presentadas ante el juez, Muñoz quedó en libertad.

 

Sus familiares dijeron que el Ejército lo detuvo al año siguiente (2009) otra vez pero que en esa ocasión le sembraron las armas y drogas que se presentaron ante la prensa nacional como evidencias de su culpabilidad. Con el paso de los meses quedó nuevamente en libertad por la deficiente investigación de los soldados.

 

Existen muchas acusaciones por homicidio que se desvanecieron ante la carencia de pruebas, tortura o siembra de droga.

 

La Operación Conjunta Chihuahua al mando del general Felipe de Jesús Espitia se desarrolló entre marzo de 2008 y abril de 2010 y llegó a contar con hasta siete mil efectivos del Ejército mexicano, la cual incluyó el control militar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Tránsito.

 

Para el 2009, el segundo año del patrullaje militar en esta frontera, cuando se duplicó el número de homicidios, las autoridades sólo lograron consignar 60 expedientes y de acuerdo a sus estadísticas sólo el 3.5 por ciento de esas investigaciones llegaron ante un juez.

Para los siguientes meses de la OCCH continuó, de acuerdo a publicaciones periodísticas, cometiendo abusos. Cuatro meses después de finalizada la Operación, Espitia fue sustituido de la comandancia de la Quinta Zona Militar con sede en Chihuahua.

 

Activistas, defensores de los derechos humanos y abogados indican que lo anterior evidencia que el Ejército no está preparado para realizar funciones de seguridad pública en nuestro país, y que la experiencia que dejó Ciudad Juárez debe ser tomada con lo que se está realizando actualmente en Monterrey.

 

Consideraron que en Juárez la estrategia militar falló además, porque pese a que fue acompañada de una inversión de 3 mil 500 millones en el desarrollo social, los programas que se aplicaron no influyeron en los aspectos que provocan la violencia e inseguridad.

 

Soldados no pasaron la prueba...

Hernán Ortiz, vocero de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap) dijo que la reacción del gobierno contra la delincuencia fue improvisada.

 

íEl Ejército no estaba capacitado para esta función y además fue muy poco inteligente y la prueba está en que muchos de estos personajes que fueron detenidos quedaron absueltos de sus cargos", manifestó el activista.

Desde su punto de vista lo que se tuvo que hacer y que considera todavía es tiempo de implementarse, es reforzar al Ministerio Público para que no se sigan "cayendo los casos".

íSi no se hace esto, difícilmente se resolverá el problema de la impunidad que padece nuestra frontera, si tenemos un montón de casos que resolver, lo que se necesita es que hagan investigaciones adecuadas para buscar que se castigue a los culpables", agregó el vocero de Cimap.

Si tenemos muchos casos que resolver, propuso, lo que se necesita es que se realicen investigaciones adecuadas para buscar que se castigue a los culpables.

 

A Ortiz le queda claro que los ministerios públicos no son los suficientes y que debido a la excesiva carga con la que cuentan, no presentan buenos resultados.

 

íPor un lado se requiere personal más capacitado y por el otro habría que utilizar esa fuerza para apoyar a los agentes investigadores", manifestó.

 

Otros puntos que las autoridades deben de tomar en cuenta en la lucha contra el crimen, es asegurarse de que se cuente con funcionarios de una profesionalidad absoluta y comprobada, sólo así se combatirá la impunidad.

 

Laurencio Barraza, vocero de la Organización Independiente (OPI), coincide con Ortiz.

 

íMuchas organizaciones indicaron en su tiempo al Gobierno federal que si se metía al Ejército a las calles, los casos se iban a caer como ahora lo estamos viendo", opinó.

 

Explicó que las pruebas en la mayoría de los casos nunca fueron contundentes y que por eso muchos criminales habían obtenido la libertad.

 

Otros de los problemas, según Barraza, es que durante los operativos militares una de las constantes fueron la violación a los derechos humanos y que nunca se repusieron los daños de los excesos.

 

Puso como ejemplo el caso de la niña Lluvia Montellano "poco antes de la estrategia antinarco" atropellada por un militar ebrio y que actualmente tiene que utilizar una prótesis para caminar.

 

Decenas de ciudadanos interpusieron quejas por destrucción en sus viviendas y robos durante cateos sin órdenes judiciales.

 

"Uno de los grandes problemas del Ejército en nuestra ciudad fue el que los militares entraran a los centros comerciales y otros lugares públicos con armas de guerra impactando fuertemente a la ciudadanía", se lamentó el activista.

 

Todo fue una apariencia, asegura, era mejor que el Ejército apoyara las labores del Ministerio Público.

 

El padre Óscar Enríquez, quien dirige el Centro de Derechos Humanos manifestó que para que funcione la estrategia contra el narco, se requiere de una labor de inteligencia y que se detenga a criminales de medio y alto nivel.

íNo hemos visto que se detenga a capos, a operadores financieros que estén arriba en la estructura de los cárteles, el trabajo silencioso de investigación falló y al final de cuentas la estrategia aquí fue como echarle gasolina al fuego", dijo.

 

Enríquez recordó que la violencia que se tiene ahora es muy similar a la del 2008 y que los militares ni detuvieron las ejecuciones ni contuvieron al crimen organizado en el asunto de las extorsiones y otros delitos.

Experiencia de Juárez debe ser tomada en NL

Acerca de la experiencia que deja el caso Juárez a otras ciudades como Monterrey en donde ya empezó una estrategia similar con el uso del Ejército, Ortiz dijo que plantear el mismo plan cuando se ha visto que no arroja buenos resultados, no sólo es poco inteligente, sino se aprecia una terquedad inexplicable.

íSi en Monterrey se pone la misma estrategia como ya se está viendo, que no nos extrañe que el resultado sea el mismo, es decir, que detengan mucha gente como sucedió aquí pero que después salga libre como está sucediendo en Juárez, y lo peor del asunto, que impacte directamente a la economía regia".

 

Lo que vimos aquí, abundó, es que la estrategia militar pegó directamente a las relaciones del tejido social y además incrementó la violencia. Lamentablemente los regios se encaminan al problema que Juárez experimentó hace más de dos años.

 

íLa estrategia esa de tener retenes y estar esculcando a todas las personas, primero nos viola nuestras garantías porque tratan a toda la ciudadanía como culpables, a todos nos tratan como sospechosos".

Ortiz aseguró que agregó que a lo anterior se suma un gasto millonario de recursos públicos para ver si encuentran a un delincuente.

íEse no es un trabajo de investigación ni de inteligencia, es un trabajo de tanteo y error que nos sale demasiado caro a los mexicanos, porque todos lo pagan con sus impuestos", indicó.

 

Barraza se dice dolido por el atentado al casino Royale. Para él primero hay que entender que fue un golpe fortísimo a la ciudadanía, a todo el país, porque las 52 víctimas entristecieron al pueblo mexicano que ahora está enojado contra los narcotraficantes.

íYo lo que veo es que se está aprovechando el dolor y el luto para ofrecer las mismas estrategias en Monterrey y son las mismas que se aplicaron aquí. El haber traído al Ejército a Juárez trajo malos resultados, vemos que muchos criminales están quedando libres de los cargos y vino a incrementar el sentimiento de inseguridad en las calles", manifestó.

 

Agregó que si el plan que ya se aplica en Monterrey no se acompaña con otras medidas como una inteligente inversión en el desarrollo social, se verá otro fracaso.

 

El integrante de la OPI explicó que en Juárez se invirtieron alrededor de unos 3 mil 500 millones de pesos, sin embargo no se gastó en programas que incidieran en los factores que influyen en la violencia.

Según Barraza estos programa no funcionaron y pone como prueba lo que NORTE publicó hace unos días con las casitas que se construyeron por el Gobierno federal y ahora están deshabitadas por la inseguridad o crisis económica. Fue una inversión que se tiró a la basura, concluye el luchador social.

 

El sacerdote Enríquez va al grano. Si a Juárez le preguntaran que si es recomendable utilizar la misma estrategia que se desarrolló en Juárez hace tres años, diría que no.

 

íLo que faltó en Juárez y debe verse en Monterrey, es que aparte del trabajo preventivo debe haber un mayor trabajo de consenso con las autoridades locales y con la ciudadanía en general. Aunque hubo una mayor inversión social en educación y salud, la problemática social juarense continúa, porque la estrategia no fue integral", finalizó el cura.

Violación a DH, el otro problema...

Los activistas entrevistados coincidieron también en que debido a que el Ejército no está preparado para llevar a cabo tareas policiales, el número de quejas se incrementó y las autoridades federales están obligadas a que no se repita el fenómeno en Monterrey.

 

Entre marzo de 2008 y abril de 2010, la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la oficina municipal de quejas en Juárez, recibieron más de mil 500 quejas contra abusos de militares, que incluyeron 15 denuncias de desaparición forzada y ocho de ejecución extrajudicial.

 

Algunos abogados entrevistados por NORTE consideraron que aquellas personas presentaron denuncias por ejecuciones extrajudiciales, ya pueden llevar los casos a tribunales civiles.

Recordaron que en julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los tribunales civiles podrán juzgar a militares que hayan violado garantías individuales.

http://www.nortedigital.mx/noticias/agendanorte/33239