La creciente lista de tragedias y fallas en la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos -uno de los proyectos más ambiociosos del sureste de Veracruz, pues será un detonante del desarrollo económico y de mejora a las vías de comunicación entre Coatzacoalcos y la congregación de Allende- no se explican sin la sombra de corrupción que lo ha precedido.
El proyecto, iniciado el 22 septiembre de 2004, con la firma del título de concesión entre el gobierno de Veracruz y la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V (Cotuco) – operada por la empresa española FCC Construcción, de las más favorecidas con contratos en el último sexenio presidencial- cumplirá en una semana 8 años de estar en proceso. Originalmente, dicha obra debió terminarse en noviembre de 2010.
A la obra se le han invertido cantidades millonarias de recursos federales, ejercidos por el estado -especialmente durante el período del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y del ex secretario de Comunicaciones, hoy alcalde de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero- buena parte derrochados en obras mal hechas o extraviados en las cañerías de la corrupción.
La auditoría 09-A-30000-04-0548, del 2009, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), perteneciente a la Cámara de Diputados federal, reportó ese año el desfalco al erario público federal de parte de autoridades locales y empresa por esta obra.
Al emitir un dictamen “negativo”, del pliego de observaciones, la ASF, concluyó que “el Gobierno del Estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programaron, presupuestación, licitación contratación, ejecución y pago”.
El gobierno de Veracruz suscribió un convenio favorable a la empresa a cargo del proyecto, para eximirla de diversas responsabilidades, por no apegarse a las especificaciones técnicas del título de concesión o por incumplimiento de compromisos. También le fueron condonadas multas.
Al final, diversas obras fueron abandonadas o no se hicieron correctamente.
No obstante, los pagos fluyeron. Por ejemplo, se pagaron 119 millones 111 mil 300 pesos “sin comprobarse documentalmente”.
Se dieron 77 millones 436 mil 700 pesos “por conceptos adicionales como bonos, sin el sustento técnico que justifique su autorización y gastos no recuperables de septiembre de 2004 a febrero de 2007, que estaban incluidos en el alcance del proyecto ejecutivo”.
Se autorizó además un pago por 6 millones 168 mil 800 pesos “de la prestación de servicios de supervisión que realizó el ingeniero independiente, con recursos que se asignaron para construir el proyecto y para mantenimiento del Puente Coatzacoalcos I, en lugar de exigir al Fideicomiso de Administración que lo sufragara en los términos establecidos”.
La ASF observó que “el proyecto no cumple con los parámetros mínimos de calidad en sus materiales, y procedimientos constructivos, como la estabilidad, seguridad estructural y vida útil de servicio del mismo, ya que no se acreditó la calidad de los laboratorios que realizaron pruebas de los materiales”.
Igualmente, “el proyecto y diseño estructural está incompleto, y no cumple con los parámetros y condicionantes de la normativa vigente en los ámbitos local, estatal y federal”.
“Se incumplió con la conformación y seguimiento de un sistema de calidad; no se cumplió con lo establecido en las normas nacionales e internacionales en materia de calidad del acero de refuerzo; acero post-tensado; cemento portland, agua para concreto, de los agregados y de los aditivos para concreto, y calidad del concreto reforzado; todas ellas de cumplimiento obligatorio en las especificaciones del proyecto y su construcción; así como las especificaciones particulares que de ellas derivan”.
Por varios de estos conceptos, indicó la ASF, se hicieron “pagos improcedentes” por mala calidad de 22 millones 90 mil 600 pesos por el acero de refuerzo; 42 millones 467 mil 600 millones de pesos “por concreto” de 30 y 25 millones de pesos y un millón 466 mil 800 pesos “debido a que el sistema de Juntas Gina y Omega entre elementos del túnel, no cumplen con los parámetros mínimos de calidad”.
Finalmente, se asignaron tres contratos para trabajos en el Puente Coatzacoalcos I, por 87 millones 475 mil 300 pesos “sin que exista una justificación legal para la adjudicación directa de los mismos, ni un programa o plan específico de obras de mantenimiento y rehabilitación de dicho puente, como consecuencias del dictamen técnico estructural”.
Por todo ello, se obligó al gobierno de Veracruz a devolver 395 millones 842 mil 700 pesos a la Tesorería de la Federación. Es decir, el gobierno recortó de su presupuesto recursos para cubrir el hoyo del desfalco.
Pese a esto, la ASF sólo pidió sanciones administravas a funcionarios menores posiblemente involucrados en las supervisiones, mas no lo titulares de las áreas como el hoy alcalde de Coatzacoalcos, Marcos Theurel.
En el pliego de sanciones administrativas, la 09-B-30000-04-0548-08-002, plantea la siguiente demanda: “ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron la calidad de los elementos del túnel y autorizaron estimaciones sin soporte documental y de suministros que no se encuentran en obra”.
Tras esta serie de desfalcos y anomalías, el proyecto quedó suspendido el resto de la administración de Fidel Herrera Beltrán y fue retomado hasta 2011, por el hoy gobernador Javier Duarte de Ochoa, que inyectó nuevamente cientos de millones de pesos a esta obra, financiada con recursos federales. Según autoridades, la obra lleva un avance del 80 por ciento y aunque se previó concluir a finales de 2012, la realidad es que se volverá a incumplir con este plazo, debido a desperfectos tales como fracturas y la reciente muerte de dos trabajadores al hundirse la maquinaria con la que hacían maniobras.
FUENTE: http://plumaslibres.com.mx/2012/09/15/el-tunel-de-la-corrupcion/
