Por
ROBERTO MORALES AYALA.
Veracruz vive entre su cotidiana y dramática violencia y el mundo de mentiras de sus gobernantes; entre el levantón y el caso de extorsión y el discurso oficial que nos dice que vamos bien y viene lo mejor; entre los hechos de sangre y las voces ofensivamente tramposas que nos aseguran que ya casi, sí, casi casi, acabamos con el crimen organizado.
En medio de ese clima de miedo y de suspicacia, la sociedad va ejerciendo su derecho a no creer, a desconfiar, a protestar y, finalmente, a autoprotegerse porque a fuerza de tanta corrupción y palos de ciego, las instituciones nos cayeron de la gracia.
La decepción hacia nuestro gobierno es palpable en todas las capas de la sociedad. Los ricos—unos de abolengo, otros por el esfuerzo y los más por la transa— viven con el temor entre las sábanas, paranoicos, acechados por el fantasma de los malosos o, en el peor de los casos, pagando su cuota para aminorar el riesgo de morir.
Las clases media y baja, que antes no significaban un atractivo económico para la delincuencia, hoy son un blanco a modo porque, bien que mal, producen dinero, lo que sea, pero producen.
Veracruz perdió la tranquilidad y no hay cómo reconvertirlo en un rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar, parafraseando a Lara, ni en cómo transformarlo en pedacito de patria que sabe sufrir y cantar, aunque suene a mal encaminada abnegación, y por qué no, masoquismo puro.
Se nos ha dicho que el operativo Veracruz Seguro es un éxito demoledor, que la delincuencia ya pintó su raya y se fue a mejores solares de México, y hasta el gobernador Javier Duarte condecora y otorga la presea Veracruz, el máximo galardón que otorga el gobierno estatal, al almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina.
Quizá parcialmente le asista la razón y la Marina-Armada de México haya metido orden y recompuesto el panorama y aminorado el nivel de violencia, pero Veracruz está lejos de abandonar la pesadilla y de ser de nuevo el remanso de paz que antes fue.
Los políticos suelen decir que su mayor capital es su prestigio. El prestigio se gana con credibilidad. La credibilidad nace de la congruencia entre lo que dice y lo que se hace, entre la palabra sensata y profunda y las acciones de gobierno o los proyectos de impacto social.
Ahí se halla el punto flaco del gobierno veracruzano, del régimen duartista.
Carece de credibilidad. No inspira confianza. Su policía está infiltrada por la delincuencia común o por el crimen organizado. La depuración de sus corporaciones camina a paso lento, lo que permite que los malos policías sigan ostentando una placa para delinquir y una pistola para matar.
Por eso llamó profundamente la atención una noticia que incendió el escenario público, los medios de comunicación, a la sociedad en general, y que irritó, como era de esperarse, al gobierno de Veracruz: el surgimiento de una “guardia civil” para enfrentar el secuestro, levantones y abusos del crimen organizado.
Desde redes sociales y portales en internet, incluso en desplegados periodísticos, el 8 de septiembre, el Comando Civil de Defensa de Tantoyuca y Platón Sánchez: Guardia Civil Huasteca, suscribió un comunicado en el que plantea que “ante la manifiesta incapacidad de la autoridad establecida para resguardar el orden y con ello garantizar la paz, ciudadanos del norte de Veracruz han decidido armarse y constituir una Guardia Civil para combatir al crimen organizado que azota esa región dominada por Los Zetas; la zona norte de Veracruz se ha convertido, prácticamente, en tierra de nadie”.
Criticaba por igual al gobierno federal que al estatal, y recriminaba su “incompetencia” para enfrentar las acciones violentas del crimen organizado. Uno de sus párrafos era tan claro como contundente. Así lo expresaba:
“En esa región los ataques a ciudadanos y familias indefensas se han intensificado en las últimas fechas, por lo que el Comando Civil de Defensa de Tantoyuca-Platón Sánchez declara su inicio de actividades armadas”.
Recordaba que a finales de 2011, ya en el gobierno de Javier Duarte, se registraron tres masacres en la región de la Huasteca. Murieron 40 personas, entre ellas 11 víctimas inocentes, al ser atacados por delincuentes.
El comunicado precisaba que los integrantes de la Guardia Civil Huasteca preferían parar en prisión “por matar delincuentes”, que morir a manos del grupo delincuencial Los Zetas por no pagar un secuestro.
Obviamente, las autoridades civiles y militares respingaron y negaron que algún grupo de ciudadanos se estuviera armando para ejercer la autodefensa. Sin embargo, dos voces discordantes arreciaron la polémica: Arturo Matiello Canales, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR), y la diputada local del PRI, Olga Lidia Arévalo Robles, quien representa al distrito de Pánuco, justamente en el norte de Veracruz.
A Matiello Canales lo pararon en seco. Tras su incendiaria declaración en que elogiaba que la sociedad se integrara, matizó el tono, convocó a los ciudadanos a confiar en las instituciones y a que cualquier intento de organización sea para “unirnos y coadyuvar con las autoridades para mantener la seguridad y fortalecer a la vez la cultura de la autoprotección”.
Enfatizó que “no tenemos registro verídico de agrupación civil armada en Veracruz”, porque además, la autoprotección en otros países no ha funcionado y han resultado contraproducente.
Restaron seriedad al anuncio de que un sector de la población del norte de Veracruz había optado por armarse, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón; el jefe de la Sexta Región Militar, René Carlos Aguilar Páez, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
No obstante, al paso de los días, pesó más la declaración de la diputada Olga Lidia Arévalo Robles, quien le mide mejor el pulso a la región de Pánuco, que los responsables del área de seguridad.
Como haya sido, la integración de la Guardia Civil Huasteca es el reflejo de la pérdida de credibilidad de las instituciones de gobierno, del rechazo al discurso demagógico, a los alardes en materia de seguridad por logros que nadie ve y por la certeza de que la corrupción que impera en las corporaciones policíacas llegó para quedarse, y cuyos elementos se llevan de maravilla con los malosos, sin inquietarse por la supuesta depuración, que todos cuentan pero en la que nadie cree.
Los focos de alerta prenden y apagan. Advierten el sentir de la sociedad hacia gobiernos que incumplen su función, que no pueden o no quieren enfrentar al crimen organizado, que se ven rebasados por la ola de violencia y por la impunidad.
Cuando los pueblos se arman, y eso es histórico, es porque los gobiernos no funcionan.
