por Lilia Baizabal
“No hay contra el desleal seguro puerto, ni enemigo mayor que el encubierto.” Alonso de Ercilla y Zúñiga.
No extrañaron en lo más mínimo, las publicaciones del diario Reforma, en el sentido de los “negocios” que alcaldes del PAN, PRD y PRI en el estado de Veracruz, entregaron a organizaciones criminales en aras de que presuntamente, “no fueran presionados” para pagar “cuotas de protección”. Lo extraño es que no se les investigue ni procese por ser parte de esas redes que tanto daño continúan ejerciendo sobre los ciudadanos.
El fin de semana, el diario capitalino difundió una información basada presuntamente, en la declaración de un contador integrante de la organización de los Zetas, que habría aceptado que algunos alcaldes de municipios de Tabasco y Veracruz, “tienen acuerdos” con los ediles para recibir contratos de construcción y diversa obra pública.
Si la Secretaría de Marina, ha realizado estas detenciones de los principales operadores y se han puesto a disposición de las autoridades correspondientes como la Procuraduría General de la República (PGR); se preguntará por qué no se investiga nada, ni se llevan a cabo las diligencias en materia judicial que busque la desintegración de la “narco política”.
Dice la información: “El día de su captura, el 8 de junio en Veracruz, “El Orejón” relató a la Marina que tiene dos empresas formalmente constituidas con las que trabaja con diferentes Alcaldes. Una de ellas se llama Rockar, y la otra, Harloc.
De acuerdo con su declaración, unas de las presidencias municipales que le otorgó contratos a la banda criminal es la de los municipios de Alto Lucero y Chinameca, en el estado de Veracruz, así como en Huimanguillo, Tabasco.
“Trabajo para la organización delictiva del cártel de ‘Los Zetas’ como encargado de lavado de dinero en los estados de Veracruz y Tabasco, a través de empresas constructoras estableciendo contratos con Presidentes Municipales (de) dichas entidades”, testificó.
“Para obligarlos a que le otorguen (a la organización) concesiones de construcción de obras públicas, subempleando y obteniendo ganancias de hasta el 35 por ciento del valor de la obra, destacando las empresas Rockar S. A. de C. V. y Harloc G. P. S. A., que actualmente la última de las empresas mencionadas está realizando obras en el Municipio de Alto Lucero, Veracruz”.
“Así también apoyamos a los Presidentes Municipales de Alto Lucero, Veracruz, Lucio Castillo, y al Presidente Municipal de Chinameca, Martín Padua, en sus campañas a la Presidencia municipal, y ahora nos han dado obra pública por apoyo brindado”.
En abril del 2012, el panista Martín Padua Zúñiga, Alcalde de Chinameca –en el sur de Veracruz–, fue detenido junto con un líder regional del grupo delictivo de los Zetas.” Hasta aquí.
Esta información es lo suficientemente grave para que las autoridades federales y también las estatales, abrieran las indagatorias correspondientes y fincaran responsabilidades. Con hechos como estos, se va entendiendo por qué a las fuerzas federales, les ha sido prácticamente imposible exterminar el mal de raíz en el estado de Veracruz.
Queda claro que las redes delincuenciales que tanto daño han causado a los veracruzanos desde hace 8 años, no han actuado solas. Si alcaldes de municipios pequeños han aceptado usar recursos públicos para financiarles actividades ilícitas, no extraña que autoridades de otros niveles, también lo estén haciendo.
A mediados de año, otro delincuente habría declarado que algunos funcionarios de la administración pública del estado, habrían colaborado también con ellos. E incluso insinuó que un dirigente de partido, habría sido un puente de comunicación con estas redes.
Han transcurrido poco más de cinco meses de esos hechos y ni la Procuraduría de Justiciadel Estado ni la PGR investigaron nada. Por tanto, todo queda en la difusión del hecho por parte del medio de comunicación, sin que la autoridades cumpla con la parte que le toca, investigar y sancionar.
Es la hora en que los diputados locales de todos los partidos, debieron anunciar una posición contundente y firme respecto a estos hechos tan graves. No puede permitirse que los alcaldes de cualquier partido, financien a las redes de narcotráfico. Qué les pasa. Acaso no se dan cuenta que por eso viven los ciudadanos del estado una pesadilla peor que las de la película “el despertar del diablo”.
Pero no, están callados e indiferentes sobre estos hechos. Mas preocupados por la repartición del pastel llamado presupuesto público y otras prebendas previas al proceso electoral 2013.
Hechos como estos, dan al ciudadano una idea sobre por qué pese a tanto despliegue de marinos y soldados en la entidad, el problema de inseguridad continúa. Si desde los diversos niveles del poder público se continúa apoyando y protegiendo a ciertos grupos delincuenciales, el problema nunca se va a terminar.
Y mientras las autoridades responsables de investigar y sancionar continúen de brazos cruzados, dejando que los marinos y los soldados les hagan el trabajo de detención. Mientras los agentes de ministerio público y jueces los liberan, es un trabajo perdido y un gasto de los impuestos de los ciudadanos inútil, cruel.
Se observa desde el más alto nivel, la total falta de voluntad política para erradicar el mal de raíz. Mientras no se investiguen y procesen a los que usan sus cargos públicos para protegerlos, la narco política y la narco empresa, continuará expandiéndose cada día más.
Los expertos dicen que esta guerra es una farsa. Será porque “fustigan y matan” al joven que vende una grapa y no tocan a los políticos y empresarios que los protegen, los financian y hasta les lavan los recursos de procedencia ilícita. Es dinero ilegal no solo lo que obtienen por el tráfico de droga, sino también todo lo que ganan a través del secuestro, la extorsión, el tráfico de seres humanos y más.
Vamos a creer que la estrategia ordenada por el PAN y que será continuada por el PRI para presuntamente combatir al narcotráfico, es acertada solo hasta que veamos a los narco alcaldes, narco diputados locales, narco diputados federales, narco senadores, narco gobernadores o ex gobernadores y narco presidentes o ex presidentes, en las cárceles.
Hasta que no veamos a uno solo de estos peces gordos (auténticos cerebros tras las bandas delincuenciales), investigados y encarcelados, vamos a seguir insistiendo en que toda esta guerra es inútil. Y solo busca sembrar el miedo y el terror entre la población para que no se atreva a salir a las calles a protestar por las políticas neoliberales que tanto daño están causando a los mexicanos. Y muy especialmente, a los que menos tienen. Pues no puede ser que ya sumen 60 millones de pobres y continúen impulsando políticas que lejos de disminuir el problema, lo crecen.
Mientras, que siga la farsa señores.
Hasta aquí.
