Es muy difícil para mí reconocer y aceptar en un sentido generacional que en el país el modelo democrático fracasó; ya que desde muy joven pensé que el “enemigo” era el PRI, y por ende al cual deberíamos derrotar electoralmente, por cierto a quien señalamos como el culpable de todos los “males” de México, puesto que su basamento autoritario era el que impedía el desarrollo del país, esto lo suscribo porque ellos provocaron las diversas crisis económicas en el fin del siglo XX (1976, 1982, 1988 y 1994-1995), lo que paradójicamente enterraba al “milagro mexicano” (1942-1966) cuyo crecimiento fue del 6% del PIB, por supuesto diseñado por el propio PRI.
Si bien, desde 1988 muchos mexicanos de manera romántica pensamos que había que construir la democracia en el país por la vía institucional, es decir a través de los partidos políticos y construyendo ciudadanía; pero dejamos fuera de nuestro análisis político que el único modelo político que habíamos tenido desde los siglos XIX y XX era el autoritarismo; primero con los 30 años de “Porfiriato” cuyo lema fue “mucha administración y poca política”; después de la inestabilidad política doméstica de 1911 a 1928; no fue sino hasta 1929 cuando se realizó el pacto político postrevolucionario para crear un partido hegemónico o para algunos un partido de Estado que terminará con la violencia postrevolucionaria.
Continuando con la idea anterior, los partidos políticos que eran de “oposición” en ese periodo 1988-1997, particularmente el PAN y PRD eran quienes discursivamente postulaban el modelo democrático frente a la historia política de México; empero en los hechos ambos partidos de “oposición” en el ejercicio del poder político copiaron lo que le criticaron al PRI: el clientelismo, la utilización de las despensas para comprar el voto, el nepotismo, el patrimonialismo, la cultura de la ilegalidad, la impunidad, las mayorías mecánicas en los Congresos Locales y lo que los hace ser iguales: -su corrupción política-. Entonces ¿dónde está el problema?, si señalamos a los que practican ese modelo político autoritario que tanto criticaron no basta, porque nuestra problemática se convirtió en un asunto sistémico, es decir donde entran todos los actores políticos pero no solamente ellos, si no que también participan los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los miembros de la jerarquía católica, el mundo del deporte y los propios ciudadanos, quienes disfrutan y premian la impunidad, porque anteponen su confort.
Si bien, podría fijar la fecha de 1997 como el arribo de la frágil democracia en el país, y esto porque toma carta de naturalización la división de poderes en el país; aunque la primera alternativa estatal fue en el estado de Baja California en 1989; aquella fecha simbólica termina con el presidencialismo metaconstitucional y da paso a los gobiernos divididos y/o compartidos, lo que implicaba cambiar la cultura política autoritaria hacia una democrática, lo que significaría transitar del consenso (o la vieja pax priista) al conflicto, éste último como facilitador del diálogo, la negociación, el arreglo político y por supuesto la resolución del conflicto, todo ello implicaría un cambio civilizatorio en la cultura política del mexicano y no sucedió.
Ya con la alternancia, en el primer gobierno del PAN se abdicó para elevar la calidad de la democracia, se optó por cohabitar con el PRI y una parte de su corporativismo, y se deformó al federalismo para convertirse en términos políticos en un feuderalismo y en materia económica se rompe el desarrollo en las entidades federativas con el incremento de las deudas estatales y municipales. Ya en el segundo gobierno panista, sólo citaré como ejemplo el Índice de Percepción de Corrupción Internacional en 2007, México se ubicaba en el lugar 72 de 183 países, para el año 2011 el país se fue al lugar 100; inclusive la OCDE en ese mismo año ubicó a México como el país más corrupto de esa organización.
Sin embargo, un punto central de la debilidad del Estado mexicano es la parte fiscal, donde no tenemos la solidez necesaria para el propio funcionamiento del Estado, por ejemplo el Gobierno federal recauda el 10.3%, las entidades federativas sólo el 0.52% y los municipios el 0.34% (menos que en la época de José López Portillo, en la parte de la recaudación estatal y municipal); si a esto le agregamos que las 4,500 empresas más fuertes del país pagan menos de 500 pesos anualmente de IVA e ISR de acuerdo a un estudio de la Auditoría Superior de la Federación, estos hechos fiscales son parte de la nula fraternidad o la ausencia de virtudes sociales para que México pueda tener un rumbo distinto y salir de la mediocridad en la cual se encuentra el país.
Finalmente, se pierde anualmente el 10% del PIB por la corrupción en México, un país donde la ley se negocia y no se aplica, y mientras no le demos la importancia debida a la cultura de la legalidad para tener otra convivencia social, será muy difícil implantar los valores de la democracia: confianza, respeto a la diferencia y a la pluralidad, tolerancia, México está condenado a seguir negando el modelo democrático.
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