Despertar a tiempo/ Romeo González Medrano
En México, la arraigada práctica de gobierno llamada “apaga fuegos,” durante muchas administraciones ha sido columna vertebral de la gobernabilidad que bien merece llamarse “agotada” para el presente y futuro del estado nacional mexicano en la era de la globalizaciòn. En términos de política pública, se trata del equivalente al “cortoplacismo” en materia de política económica. Esta práctica de gobierno es parte de las deformaciones congenitas del sistema polìtico que cumpliò su función pero se resite y no acaba de morir ni morirà en forma espontanea por los intereses que intervienen como tampoco por arte de una segunda alternancia morirán los lazos empresariales subrepiciamente construidos por “un gobierno de amigos”, herencia del règimen del Ex Presidente Felipe Calderón.
Después de la Revolución Mexicana, está visto que en todos los relevos presidenciales una cosa es el consenso y la correlación política de fuerzas requerida para acceder al poder, y otra muy distinta y superior, la imprescindible para cumplir en la realidad con los grandes compromisos de campaña de un candidato triunfador. Convencer en el discurso, no significa vencer en la realidad. La reflexión tiene sentido por ciertas declaraciones recientes del gobernador del Estado de Veracruz Javier Duarte referentes al bloqueo de carreteras en el sur del estado.
Ante los bloqueos el Gobernador Duarte ha dicho que los reprueba en tanto que su Secretario de Gobierno precisa y lanza un rotundo NO a los chantajes y reitera la propuesta de diálogo y acuerdo evitando daños a terceros.
La contundencia de ambos es esperanzadora y más aun lo será a medida que se haga realidad. Es claro que la permisibilidad de viejas prácticas de presión, crea frágiles bases de estabilidad social y política y desgasta las instituciones del Estado al acentuar la pérdida de credibilidad, la indiferencia de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado y escenarios nada atractivos para el arribo de inversiones.
Convertida la reactividad “apagar el fuego” en el eje fundamental de la política interna, el gobierno objetivamente se coloca en las zonas de riesgo que significan los arreglos no necesariamente apegados a derecho y/o a las normas que rigen la función pública. Las consecuencias no paran aquí: en cada “arreglo” en el que haya de por medio alguna concesión con implicaciones en el gasto público programado y autorizado por el Congreso, se fomenta esa forma de presión hasta convertirse en la práctica generalizada y merecer el calificativo de “industria” rentable no pocas veces en manos de líderes sin escrúpulos beneficiarios reales de cada “fuego apagado” ya que por lo general no rinden cuentas o lo hacen como se les pega la gana.
Tal ha sido en forma creciente la “gobernabilidad” de los conflictos en México de las últimas décadas. Hoy el monstruo es inmenso y tiene mil cabezas e infiltración de toda clase de actores que no dan la cara. Detrás de un plantón, una marcha o una toma de calles o de carreteras, siempre hay necesidades sociales diferidas y pueden haber toda clase de injusticias y arbitrariedades más no siempre al frente de esas expresiones se cuenta con líderes democráticos y honestos, abundan oportunistas, vividores de cuotas de cooperación, vendedores de lotes irregulares, operarios pre electoreros, busca chambas, busca lotes, placas de taxi, créditos a fondo perdido y hasta empresarios busca obras etc.
La crisis progresiva de las viejas estructuras de intermediación política y la incapacidad del estado mexicano para responder a las crecientes demandas sociales han dado lugar a la proliferación de “nuevas” organizaciones y de líderes adictos a la industria del chantaje e incluso la ocupación de escaños en el Congreso. Se han sumado a este desenlace los intereses electoreros de tipo personal o de grupo que en cada “arreglo”han llevado “agua a su molino” aunque en el discurso proclamen respeto y no ingerencia en la vida de las organizaciones. Ninguno de los partidos políticos ni las cùpulas sindicales corportivas ha sido ajenas a esa realidad de los grupos de presión.
Se creó y se desarrolló así la “gobernabilidad apaga fuegos” que no es otra cosa que el arreglo a cualquier costo incluso el de la pérdida del principio de la autoridad instituida y el deterioro de las instituciones del estado.
Si la determinación del gobernador JDO se mantiene, un mundo de intereses pervertidos habrá de desafiar y, será mejor que se sepa por todos para evitar sorpresas y estar en condiciones para afrontar el temporal de respuestas iracundas o provocadoras, por lo menos. Para desafiar la pandemia del chantaje es necesario autoridad moral, voluntad política de gobernantes libres de facturas por pagar o compromisos con políticas públicas centralistas y torcidas. Mas esto no basta, en física como en política, solo otra fuerza equivalente puede desplazar a la existente. Los pronunciamientos de cambio atrevido de un gobernante y/o de sus colaboradores debieran suscitar el apoyo y la respuesta de quienes se dicen sus aliados o correligionarios. Por ejemplo hoy mismo se pronunció al respecto la COPARMEX mas es totalmente insuficiente. ¿Quiénes serían los beneficiarios de una real estabilidad social y política? Pues esos son los que ya deberían estarse manifestando de que lado estan.
Mas son muchas y diversas las aéreas sembradas de conflictos potenciales. Por ejemplo, toda la política de transporte y comunicaciones federal de estos años es un desastre, las obras no se han derivado de una planeación que articule regiones y armonice el interés local, regional y nacional. No tardan en brotar las protestas de transportistas por el cobro de cuota en la autopista del Libramiento de Xalapa, resultado de las negociaciones para que cierto tipo de trasporte (el doble remolque) de carga no circule por la avenida Lázaro Cárdenas.
Lo he dicho antes: “nadie suelta chiche sin chillar”. ¿O acaso ADO va a renunciar al subsidio en el diesel o en la cuota de autopistas para que el trato gubernamental no sea discriminatorio para otros actores sociales? ¿Cuál es la legalidad del régimen de concesión de carreteras que suscribió el gobierno de Felipe Calderón calificado con multitud de pruebas como el gobierno “de amigos”?
Al respecto EPN pintó su raya cuando declaró que su gobierno no seria “de amigos”; la pobreza en el análisis político limitó el significado a la integración del gabinete cuando en realidad es mucho más trascendente porque alude al otorgamiento de concesiones, subsidios, contratos, o sea el pastel grande.
Ahora pagamos el pato de ese “estilo de gobernar”. Son muchas preguntas sin contestar: ¿De dónde salió esta forma de gobernar? ¿Quién o quienes crearon esta forma de “ocuparse” de los problemas? ¿En qué casos una manifestación social puede calificarse de “chantaje” al gobierno y cuándo no? ¿Cuáles han sido las consecuencias para las instituciones del estado mexicano? ¿Qué clase de falsa estabilidad produce la gobernabilidad de situaciones basadas en apagafuegos? ¿Cuál es el costo político y el presupuestal por acudir al apagafuegos en lugar de ir al fondo de los problemas?
Hemos dicho que en política interna ser “apaga fuegos” es acudir a la gobernabilidad agotada, completamente muerta ya que no resuelve los problemas y encima le hace boquetes al erario público, y generalmente se sustenta en el chantaje que acude a la acción ilegal con daños a terceros como el reciente caso del bloqueo en el sur del estado. Cierto que la “política de apagafuegos” es la forma más fácil de quitarse en rápidamente los problemas pero no solo sin resolverlos sino potenciarlos creando una falsa estabilidad social y política.
Los bloqueos de calles o de carreteras son actos de desesperación manipulada por líderes que se han acostumbrado a este tipo de tácticas ilícitas y de chantaje. Mas no hay que confundir ni confundirse pues no toda manifestación o acto de protesta debe calificarse de chantaje. ¿En qué casos una presión social puede calificarse de chantajista?
Las protestas públicas con frecuencia sacan a relucir ineptitud de funcionarios o disfuncionalidades en la ejecución de políticas y programas, en tales casos los responsables solo son removidos a otro puesto y la presión social se desperdicia como recurso reformador de la administración pública.
En realidad nuestros gobiernos tienen frente a sí la opción de gobernar sólo mediante la política de “apaga fuego” o bien alternando en cada caso las posibles soluciones al imperio de la ley con acuerdos de mediano plazo propio de la gobernabilidad estratégica, con visión de estado, proyecto o nuevo rumbo.
La gobernabilidad del chantaje y de apaga fuegos es incompatible con la rendición de cuentas, la trasparencia y la productividad en el ejercicio del gasto público. Reitero lo que he dicho en otras notas, la gobernabilidad agotada, además de un costo presupuestal impagable por ser progresivo como la adicción a las drogas, es reactividad pura y por lo tanto incompatible con todo esfuerzo de racionalidad y de planeación conforme a prioridades. Por último no está demás señalar que estas prácticas agotadas son primas hermanas del paternalismo y el clientelismo en los programas sociales. Los avances que se logren en materia de real rendición de cuentas y autentica transparencia seràn fundamentales para la credibilidad, una participación de calidad y la democratización interna en todas las organizaciones sociales y polticas de México.
Mucho apoyo de la sociedad y de sus organizaciones van a ser necesarios para que el hacer corresponda con el decir.
