26 de marzo de 2013

QUEDAN DE NUEVO VACANTES LAS DIRIGENCIAS DEL PRD EN VERACRUZ


Quedan de nuevo vacantes las dirigencias del PRD en Veracruz
Yolanda Tenorio
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al Consejo Nacional Electoral del PRD, reponer el procedimiento de integración del VIII Consejo Estatal del Sol Azteca y por tanto vuelven a quedar en el aire las dirigencias de este partido.

En sesión de la Sala Regional del TEPJF se resolvieron impugnaciones contra 63 integrantes del Consejo Político Estatal, considerando que hubo irregularidades en sus nombramientos, el cual fue avalado por el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz.
En ese sentido, los nuevos magistrados electorales federales ordenaron al Servicio Electoral Nacional del PRD, entregar un nuevo listado de consejeros para que se desarrolle el VIII Consejo Político Estatal, en el cual podrán ratificar o elegir a un nuevo presidente de esa instancia que ahora corresponde a Juan Montes de Oca López y al presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Sergio Rodríguez Cortez.
En tanto Rodríguez Cortez, actual dirigente reconocido y Juan Vergel Pacheco, presidente destituido, declararon por separado que esperarán conocer a detalle el resolutivo de los magistrados federales, así como las acciones que tome el servicio electoral de su partido.
Esta resolución de los magistrados en ningún caso reabriría el expediente de lo que intentó formarse como una coalición electoral entre el PAN y el PRD, porque son expedientes y temas distintos.

25 de marzo de 2013

EL PRI, ¿EN TRANSICIÓN?


¿EN TRANSICIÓN?
Víctor Flores Olea


Tal vez muy pocos partidos políticos en el mundo han vivido su historia como permanentemente, o casi, fluyente sin interrupciones, como el PRI. Sí, eso se debió en gran parte a que la Revolución Mexicana –su origen– no se efectuó sobre bases programáticas rigurosas, ni posteriormente sus dirigentes se ocuparon de formular un ideario que pudiera considerarse también mínimamente preciso y riguroso. La revolución resultó de un estallido social múltiple y no se debió a un plan de ruta preciso y mucho menos de largo plazo. El estallido social se debió a múltiples circunstancias que vivía el país, que resultaban diferentes según tiempos y lugares.

Esto no significa que no hubiera ciertos puntos de referencia que se han considerado tradicionalmentedefinitorios; por ejemplo, la no relección presidencial, aunque llegado el caso diversos presidentes han coqueteado con la idea de dejar atrás ese corsé que varios han considerado un freno para la evolución y el desarrollo del país, naturalmente porque cada uno se ha colocado la etiqueta de salvador único de la patria, lo cual no es tan difícil de concebir después de ejercer durante seis años poderes prácticamente absolutos, a que los ha limitado a veces su buen juicio político, y digamos una experiencia que los ha frenado a veces en la última raya antes del abismo.
La no relección porque elnacionalismo o las tradiciones jurídicas más importantes, digamos la propia Constitución de 1917, y ya no se diga la nacionalización del petróleo (y el contenido en general del artículo 27 constitucional), han sido materia de interpretaciones a granel, muchas veces contradictorias consigo mismas, y ya no se diga con su significado político y social más general y evidente.
No hay doctrina establecida, sino en realidad experiencias históricas que son materia de todas las visiones e interpretaciones imaginables. Hoy, elnuevo PRI, el de las nuevas generaciones (pero ya hace rato) que tratan de distinguirse, ¿por qué azar?, de sus antecesores, manipulando la vaga idea de la modernidad como sustituto del perfil popular de la Revolución y que intenta colarse por los ángulos más sorprendentes. Hoy, por ejemplo, en su tímida negativa a la idea de la privatización de Pemex, que repitieron ellos mismos ya en la nueva administración, tratan de convencernos de que lo importante es modernizar a la gran industria estatal, hacerla más eficaz y eficiente, y desde luego más productiva, y no privatizarla, aunque contradigan sus propios discursos de hace unas cuantas semanas o meses.
En realidad, a falta del ideario estricto de la Revolución Mexicana, han procurado montarse sobre las formulaciones de moda, como esta de la modernidad, pensando así tal vez que formulan ideas o principios necesarios o suficientes que entrañan la transformación del país o que le abren las puertas a un desarrollo suyo más acelerado y eficiente. Pero no es fácil, ya que nuestros conciudadanos de estos tiempos no se tragan semejantes ruedas de molino: el gobierno podrá utilizar el lenguaje o las palabras que guste, cuando de este lado sabemos que, para el caso, sólo pretenden disfrazar un hecho que no se atreven a confesar: la privatización rampante de Pemex, por cierto ya en marcha desde hace tiempo y desde luego anterior a los dos desastrosos gobiernos panistas del nuevo milenio.
Hay, sin embargo, quien da la bienvenida al PRI, a pesar de que se le echó después de 70 años de gobierno, porque, dicen, ha regresado la política a la sociedad mexicana, antes realmente reducida a su mínima expresión por las limitaciones de todo tipo de los regímenes anteriores, y desde luego por la patética ausencia de un mínimo nivel intelectual de los gobernantes últimos.
Pero, ¿efectivamente ha regresado la política con el nuevo PRI? Está por verse, y de ninguna manera estamos convencidos de ello. Sí, es verdad, Peña Nieto parece tener en su equipo a personajes que no imaginaron Vicente Fox y Calderón, y esto, siendo así, abre nuevas oportunidades. Pero, ¿no servirá lo anterior más bien para intentar otro gran engaño semejante a aquel del que durante tantos sexenios han sido víctimas los mexicanos? Lo veremos, pero desde luego, aun cuando hayan sido relativamente populares y discutidas algunas reformas (por ejemplo la de telecomunicaciones), estamos todavía lejos de ver realmente adónde nos conducirán. En todo caso, en estos escasos meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto no se ha visto por ningún lado el intento de romper las estructuras que conservan el gran poder de los adinerados oligárquicos; en el mejor de los casos, algunas iniciativas típicamente asistencialistas, como la de favorecer a los millones que están en el umbral de la miseria (de todos modos, ojalá sea posible y se realice en alguna medida).
Justamente esta perspicacia política que se atribuye al grupo principal de colaboradores de EPN es probable que lo haga revisar a fondo sus intenciones privatizadoras de Pemex, y más en general de los hidrocarburos y energéticos en México, porque tal medida sí pudiera ser, para un presidente que ha sorteado con relativa fortuna algunos de los problemas graves de este país (v. gr: la reforma educativa con el descabezamiento de la secretaria vitalicia del sindicato de maestros), el tiro que le salió por la culata a este régimen. Opino, como muchos otros en este país, que tal es un asunto límite, casi como el de la no relección presidencial.
En realidad, el gran fracaso de los últimos gobiernos priístas hasta el año 2000 fue el de su separación tajante y su no comprensión del real sentir, y de la ideología profunda (el México profundo de Guillermo Bonfil), del pueblo mexicano. Ojalá Enrique Peña Nieto y sus colaboradores cercanos no lo pierdan de vista.
Esta sería la gran novedad de un PRI realmente en transición, que por lo pronto seguimos esperando sin demasiadas ilusiones.

CANSADO DE LA IMPUNIDAD, OTRO POBLADO VERACRUZANO VA POR AUTODEFENSA

 
La autodefensa en Tlalixcoyan, Veracruz. Foto: Félix Márquez
La autodefensa en Tlalixcoyan, Veracruz. Foto: Félix Márquez

XALAPA, Ver. (apro).- El ejemplo de Tlalixcoyan, donde surgió un grupo de autodefensa, comienza a reproducirse  en otra población de la entidad.
Este lunes, por ejemplo, un centenar de habitantes del municipio de Medellín de Bravo amagó a las autoridades con crear su propia policía si no se refuerza la seguridad en la región.
“Pareciera que las autoridades quieren que nos defendamos por nuestra propia cuenta, lo vamos a hacer. Haremos nuestro grupo de defensas y comenzaremos a hacer rondines en las comunidades para corretear a los delincuentes”, advirtió Manuel Hernández, vecino de la colonia Los Robles.
Los inconformes relataron que en días pasados ellos mismos aprehendieron a tres ladrones de cables de la Comisión Federal de Electricidad, que pertenecen a la banda delincuencial “El Barrio 13”, responsable de asaltos y robos a casas habitación.
Dichos delincuentes fueron arrestados por los propios vecinos, quienes los entregaron a la delegación de la Procuraduría General de la República en el puerto de Veracruz.
Sin embargo, dichos ladrones ya fueron liberados; en la propia PGR les indicaron que aunque eran infractores de delitos confesos, obtuvieron su libertad luego de depositar una fianza.
Los manifestantes arribaron a la capital del estado en varias camionetas pick-up, donde lo mismo viajaban hombres de campo, amas de casa, adultos mayores y niños para exigir que la PGJ tome cartas en el asunto y ayude en la reaprehensión de dichos delincuentes.
Después de varias horas, pasado el mediodía, los ciudadanos de Medellín de Bravo se regresaron desilusionados a su municipio: “Nos dijeron que no podían hacer nada, que teníamos que poner más denuncias, aportar pruebas, pura burocracia, si es que queríamos que actuaran”.
En la protesta, se quejaron de la falta de respaldo del alcalde priista Marcos Isleño, quien ya anteriormente ha solicitado el apoyo de la Policía Naval para reforzar la seguridad.
Los ciudadanos señalaron que si en los próximos días continúan los robos y asaltos, y no hay voluntad de las fuerzas policiacas del estado para reforzar la seguridad en la zona e inhibir el delito, los propios habitantes de las comunidades de El Guayabo, La Laguna, Los Robles y Tasajera formarán sus propios grupos de autodefensa, emulando a sus vecinos de la congregación de Piedras Negras, del municipio de Tlalixcoyan.
ENLACE: http://www.proceso.com.mx/?p=337234  FUENTE: PROCESO

EXIGEN QUE LA PROCURADURÍA DEJE DE SER INEPTA ANTE LA DESAPARICIÓN DEL MILITANTE GABRIEL ANTONIO GÓMEZ CAÑA


Militantes del Frente Popular Revolucionario de Orizaba se manifestaron en el Parque Castillo para exigir a la Procuraduría General de Justicia agilice las investigaciones y se esclarezca la desaparición de Gabriel Antonio Gómez Caña, pero además se  garantice la seguridad y la tranquilidad de los veracruzanos.

Maximino Antonio Jiménez hizo mención que 25 de marzo de 2011, aproximadamente a las 23:30 horas, Gabriel Antonio Gómez Caña, una vez cumplido su misión de estar en el plantón que se instalaba en esta plaza, se dirigió a su casa. Ésta fue la última vez que se vio a Gabriel Antonio. Nunca más se presento a sus actividades del FPR y laborales.

Los activistas externaron que el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, cumplan su obligación de investigar, perseguir y sancionar los casos de amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos a fin de combatir efectivamente la impunidad y la violencia que priva en su contra. Asimismo hicieron mención que no se criminalice la protesta social y el comercio informal, que son consecuencia del sistema capitalista de explotación.

Así también expresaron su exigencia para que el Gobierno del Estado de instrucciones a la Procuraduría General de Justicia para que agilice las investigaciones y se esclarezca la desaparición de Gabriel Antonio Gómez Caña, pero además se  garantice la seguridad y la tranquilidad de los veracruzanos.

En Córdoba, también militantes del FPR reclamaron a la Procuraduría General de Justicia la ineptitud y la falta de voluntad para resolver este asunto. Pero además para que se agilice la investigacion y no den carpetazo al expediente. La militancia entregó un escrito a la presidencia Municipal dirigido a Francisco Portilla Bonilla para que mediante su intervención, Javier Duarte De Ochoa, gobernador de la entidad, tengan conocimiento de este hecho de la desaparición del militante Gabriel Antonio Gómez Caña y proceda a dar instrucciones a la Procuraduría de Justicia del Estado.

Andrés Gómez Ojeda

APROVECHAN GOBIERNOS COMBATE AL CRIMEN PARA DESAPARECER ACTIVISTAS, ACUSAN ONG


Orizaba, Ver.- Los gobiernos federales del PRI y del PAN han mantenido una línea inalterable en materia de desapariciones. Ambos, desde Los Pinos, ordenaron la desaparición física de luchadores y activistas sociales. Hoy, con el combate al crimen organizado, se “justifica” su desaparición física. En las estadísticas, Veracruz ocupa un lugar preponderante en esta materia. “No podemos saber si las instituciones encargadas de la seguridad son las responsables de los hechos”.
Y en es que en el Día Internacional para el Derecho a la Verdad, en relación con las violaciones graves de los Derechos Humanos y para la dignidad de las víctimas, marcado en las efemérides internacionales, el balance de hace 32 años, época en la que se instauró, con la actualidad, “no hay cambios importantes”, consideró Jairo Guarneros Sosa, activista social e integrante de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).
Como ejemplo de ello, señaló: “tenemos el caso de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Las cosas no ha cambiado mucho, hay casos que nos siguen recordando impunidades. No nos han dicho qué ha sucedido”.
Otro ejemplo, explicó, lo constituyen las desapariciones físicas de personas. “Hay datos sorprendentes en los que se indica la desaparición de gente de repente”. De acuerdo con los datos históricos, “Veracruz es una de las principales entidades en donde los números lo confirman con un número elevado de desapariciones. Son casos graves, pero lo peor de ello es que en el estado no se habla claramente del fenómeno de los desaparecidos; las autoridades no quieren que esto se sepa; exigimos que nos digan las autoridades respectivas lo que está pasando en el estado” agregó.
Esta práctica se originó en la llamada Guerra sucia de la década de los años 70. Hay casos de guerrilleros de esa época, que los ejecutaron y los hicieron pasar como delincuentes comunes, manifestó y afirmó que la alternancia política –PRI, PAN– en el gobierno federal, no desterró la práctica, por el contrario, en los dos sexenios del PAN se continuó sin mayor problema. Según evaluó:
“Es una línea continua entre estos partidos, no hay datos que nos indiquen que con el PAN se haya recrudecido, lo que sí aseguramos es que se continúa además que se no se transparenta. Las ONG no podemos saber si están involucradas las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en la desaparición, pero sí sospechamos que de ahí parte y que ahora se justifica y escuda bajo la lucha contra la delincuencia organizada”.
La práctica, dijo, se da por ejemplo por parte del Ejército. Ellos continúan con la misma dinámica que emplearon en la Guerra sucia, sólo cambiaron los mandos superiores; continúan con los patrullajes, pero ahora con la salvedad de que se escudan bajo los enfrentamientos que inició Felipe Calderón.
“Un claro ejemplo nos lo dio el gobierno de Felipe Calderón en los últimos meses de su gobierno, nos presentaron a cabezas de grupos delictivos, pero fueron montajes que forman parte de un acto de mera legitimación del uso de la fuerza armada”, expuso.
Esta celebración se realiza desde hace 32 años cuando monseñor Óscar Arnulfo Romero, activo promotor y defensor de los derechos humanos en El Salvador, fue asesinado mientras oficiaba misa en una iglesia. La intención era evidente: silenciar a un fervoroso opositor de la represión. Las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos y sus familiares tienen derecho a saber la verdad sobre las circunstancias en que se cometieron esas violaciones, los motivos por los que se perpetraron y la identidad de sus autores.
El derecho a la verdad ha quedado consagrado expresamente en la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010. También reconocen ese derecho otros instrumentos internacionales, así como leyes nacionales, la jurisprudencia y las resoluciones de órganos intergubernamentales: (http://www.un.org/es/events/righttotruthday/sgmessage_2011.shtm  l, recuperado 24 de marzo de 2013)

¿LA NIÑA NARQUITA?/ PIEDRA EN EL ZAPATO


por Lilia Baizabal
“El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia; esto es la esencia de la humanidad”: William Shakespeare
La inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles de los tres niveles de gobierno. A más de 100 días de la nueva gestión federal, no se vislumbra el cumplimiento de la promesa de campaña de que con el PRI de regreso a la presidencia, vendría la tan anhelada paz y seguridad al país.
Varios medios nacionales publicaron en sus primeras planas la noticia, “arrestan a niña narquita de 11 años”, con fotografía y toda la cosa, presentada la menor por las autoridades de Procuración de Justicia del estado de Quintana Roo, como si fuera algo gracioso o que pudiera ser condenado por la opinión pública. ¡Que vileza de los funcionarios públicos que exhibieron de esta manera a una pequeñita indefensa!.
La noticia reveló que la niña de tan solo 11 años, fue detenida mientras ofrecía droga en las calles de Cancún, Quintana Roo. Las fotografías revelan un terror brutal en el gesto de la pequeña, a la que le ocultan los ojos- por razones de imprenta- que sin duda alguna, no sabía absolutamente nada de lo que evidentemente, le obligaron a realizar.
El preocupante hecho, se suma a la lista de cientos de casos de detenciones de niños de 12, 13, 14 años que han sido arrestados luego de que los acusan de asesinar, degollar,quemar vivos a personas, mutilar, asaltar, secuestrar y vender estupefacientes.
Casos que lejos de asombrar,  preocupan e indignan. Para nadie es un secreto que muchos de esos niños que están siendo detenidos y que no tienen la suerte de ser localizados por sus padres o las autoridades, antes de morir en un tiroteo, o de que los obliguen a delinquir, son parte de los cientos de pequeños, jóvenes que han sido levantados en muchas partes del país, luego entrenados y obligados participar en los hechos de los que son acusados.
"Niña narquita". Foto. OEM
“Niña narquita”. Foto. OEM
Las últimas cifras oficiales revelan que en los últimos 6 años, han muerto poco másde 70 mil mexicanos y están desaparecidos más de 30 mil. Además de que más de 200 mil familias han emigrado de estados con elevados índices de violencia a otros donde es menor.
Lo más preocupante es que la estrategia de combate a la inseguridad que ha continuado la nueva gestión federal, no parece dar resultados. El gobierno no puede presumir de nada y es más terrible que se diga que hasta dentro de un año, ofrecerán resultados, cuando el número de muertos en México, es casi igual al de pérdidas que sufrió Estados Unidos en las guerras que protagonizó contra Corea y Vietnam.
Y lo crítico, que las fuerzas de seguridad, armada, ejército y dependencias de los estados, no están atacando la parte financiera de los grandes carteles de la droga, sino que libran sus batallas mortales contra individuos que distribuyen enervantes en pequeñas cantidades, o que no hacen altos cuando se los piden. Muchos de los que mueren acribillados, son gente que se gana apenas 2 mil pesos a la semana por servicios que presuntamente prestan como halcones, burreros o demás. ¿ Y dónde están los grandes capos?.
Queda claro que no existe auténtica voluntad política ni del gobierno mexicano o americano para poner fin a la ola de terror y de sangre que mantiene al pueblo de México, confundido y lleno de terror. A quién le conviene que los ciudadanos vivan con miedo y concentrados en cuidarse, mientras por el otro lado, la “intocable”, clase política impulsa reformas en detrimento de los intereses de la nación, como privatización de la industria petrolera, reforma a la ley de educación, la ya aprobada reforma laboral y las que se acumulen.
A estas alturas, se aprecia el crecimiento de la corrupción en todos los niveles de gobierno,  resulta difícil creer que nadie pueda controlar la masacre de migrantes centroamericanos al paso por la frontera sur del país, como también que nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres, sigan siendo las principales víctimas de esta era de terror.
Lo indignante es que la violencia ya no sólo es contra los nacionales, niños, niñas, adolescentes y mujeres indefensas,  sino hasta contra los extranjeros. Casos como las violaciones de turistas españolas en Acapulco, Guerrero, han llevado a México a ser retirado de la lista de los 10 países más visitados del mundo.
Y la exagerada violencia en Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo.  Los ataques diarios a los escasos medios de comunicación que se han atrevido a relatar parte de la barbarie. El asesinato en el país, de poco más de 100 periodistas en los últimos 6 años, 9 de estos en Veracruz. ¿Quién hace algo contra eso?.
Hasta cuándo la sociedad va salir de su letargo, hasta cuándo reaccionará y tomará acciones drásticas para defender a sus niños, niñas, hombres y mujeres jóvenes, a sus periodistas, a sus ancianos, a los más de 50 millones de mexicanos,  que se mueren de hambre, no por la falta de pan, y la corrupción de la clase política en general, sino por la indiferencia con que vivimos los otros 70 millones de ciudadanos.
Qué más tiene que pasar para que salgamos del asombro y actuemos.  Para que cuando observemos una información que diga “¡detienen a la niña narquita!”, protestemos y manifestemos por el medio que sea, nuestro repudio y rechazo a esta clara violación a los derechos de un niño.
Qué se necesita para que salgamos de la indiferencia, la comodidad  y el conformismo, pensando que solo les pasa a los “andan metidos en eso”. Quién se está preocupando por defender los derechos de los menores, las miles de mujeres desaparecidas, asesinadas, las adolescentes levantadas, que son ingresadas a las redes de tratantes de blancas.
Quién está protestando cuando un menor de edad, está siendo obligados (as), a ser narco, asesino, secuestrador, prostituta, vendedor de droga. Cuando evidentemente, una niña de tan solo 11 años, lo que anhela es una muñeca o un juego de té para jugar a la comidita.
Hasta cuándo se permitirá que la clase política siga postrando a México de rodillas ante los intereses del exterior.
Es justo, es legal que una pequeña de tan solo 11 años de edad, sea presentada por las autoridades responsables de procurar justicia como una “terrible delincuente” y se le tomen una y mil fotografías que circulan hasta por las redes como si hubiera algún motivo serio para condenarla o criticarla.
¡Que pena!. ¡Que indignación, rabia y tristeza!, que la sociedad mexicana siga ahí, muda, sorda, ciega e indiferente de todo lo que los políticos están permitiendo suceda contra el pueblo. Porque sino hacen nada serio, teniendo las soluciones, ¿es que lo permiten, no?.
Qué nos pasó. En dónde perdimos la humanidad, el asombro, la solidaridad, el hartazgo.¿Hasta cuándo?.
Hasta cuándo continuará la amnea civil que ha permitido el funcionamiento de este sistema perverso, corrupto, cobarde y criminal que tanto daño le está haciendo al pueblo de México. ¿Hasta cuándo?.
Vale la pena recordar una parte del poeta, “Cuando los nazis vinieron“, …que recuerda….”Que el amor al prójimo no conoce límites ideológicos ni confesionales.» Y dice:
«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a por los judíos,
no pronuncié palabra,
porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a por mi,
no había nadie más que pudiera protestar.»…

FUENTE: PLUMAS LIBRES

24 de marzo de 2013

MINERA CANADIENSE EN OAXACA: SAQUEO Y VIOLENCIA

Parte II: San José del Progreso, explotación y miseria
Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social

Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.
Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.
El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.
A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.
“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.
Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).
Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.
Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.

Derechos humanos, violentados

El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.

Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.
El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.
“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.
El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán. 

Sin consulta previa 

Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.
En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.
Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.
Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.
“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.
 Infografía:
 ⇒ Parte I: Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia
Parte II: San José del Progreso, explotación y miseria
Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema