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OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirmó que la masacre de Iguala en el estado de Guerrero, es un crimen de Estado y forma parte de una ofensiva policiaco-militar-paramilitar porque desde su lógica criminal se trata de dar un “escarmiento” y de enviar un mensaje de terror a los que se organizan y defienden sus derechos.
El grupo guerrillero considera que “ante esta terrible y lacerante realidad es legítima y valida la justicia popular, se hace necesaria e imprescindible. Al respecto toda iniciativa que emane de la creatividad popular es válida y bienvenida”.
Respecto a las posturas del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Ángel Aguirre, calificó de “embustes del priismo asesino de siempre y el perredismo caciquil de Guerrero que estos actos de terrorismo puede ser obra del mítico crimen organizado”.
El grupo insurgente reiteró que lo acontecido en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre, “fue una masacre, un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad planificado desde las altas cúpulas castrenses y policiacas, cuya cadena de mando se extiende hasta el Ejecutivo como jefe supremo de las fuerzas armadas”.
Considera que estos atentados son “un acto de terrorismo de Estado que se enmarca en el plano nacional como parte de una ofensiva contra los que se organizan y protestan ante las injusticias y arbitrariedades de este putrefacto régimen”.
En un comunicado fechado hoy desde la comandancia de zona de Guerrero recalcó que “los crímenes de Estado no se resuelven con un simple ‘perdón’, ni mucho menos con ‘consultas ciudadanas’ para decidir si renuncia o se queda el gobernador Ángel Aguirre Rivero, eso no es más que demagogia pura y retórica barata, un manotazo de desesperación ante la creciente ira y protesta popular”.
El grupo rebelde que apareció en 1996 resaltó que “ante esta afrenta más al pueblo ni siquiera bastan las renuncias o juicios políticos contra funcionarios de segundo y primer nivel, se requiere la aplicación de la justicia de acuerdo a protocolos internacionales tipificándolos como crímenes de Estado y de lesa humanidad, si es que en verdad se quisiera hacer justicia.
También señal que “es falso que lo que está aconteciendo en el país se deba a la inexistencia de un Estado de derecho, como también es falso que exista un Estado fallido. Tlatlaya en el Estado de México e Iguala en Guerrero son sólo un botón de muestra de la existencia de un Estado policiaco-militar y un estado de derecho oligárquico”.
El EPR señaló que “desde su trinchera de lucha exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya detenidos-desaparecidos en la ciudad de Oaxaca el 25 de mayo del 2007.
Insistió en que los 7 asesinados, 4 de ellos
estudiantes, 43 normalistas más detenidos-desaparecidos, decenas de heridos
varios de ellos de gravedad, decenas de torturados, decenas de amenazados,
decenas de desplazados, el hallazgos de fosas clandestinas, no puede ser obra
del crimen organizado, ni mucho menos es un simple incidente, se trata de una
masacre, de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad perpetrado
dolosamente por los cuerpos policiacos, militares y paramilitares como parte de
la política de terrorismo de Estado que se aplica de manera sistemática en
México.
