Para Cerezo, miembro del Comité Cerezo, una organización civil especializada en el tema de los desaparecidos, el caso Iguala prueba que cuando hay funcionarios implicados en una desaparición, las autoridades tienden a no referirse al asunto como desaparición forzada, un delito distinto al secuestro y al homicidio que se castiga con entre cinco y 40 años de prisión.La desaparición de 43 normalistas en Guerrero
es un caso que deja en evidencia un fenómeno de mucho mayor magnitud, coinciden
diversas ONG
Por Mauricio Torres
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La desaparición de 43 estudiantes
normalistas ocurrida el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, es un
botón de muestra de un problema de mucho mayor magnitud, el cual genera
preocupación tanto dentro como fuera de México desde 2006, coinciden diversas
organizaciones civiles que estudian el tema de los desaparecidos en el país.
Especialistas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
(IMDHD), el Comité Cerezo y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos señalan que el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa refleja la facilidad con la que delincuentes o funcionarios pueden
desaparecer a una persona, así como las dificultades y limitaciones que tienen
las autoridades para investigar, encontrar a las víctimas y detener a los
responsables.
"Sin duda, este caso de los 43 desaparecidos tiene como telón de
fondo los miles de desaparecidos que desde el sexenio anterior se vienen
trayendo a cuento. La cifra oficial está por arriba de las 22,000 personas
desaparecidas, otras cifras hablan de más, pero ya esta cifra oficial resulta
escandalosa", dijo Édgar Cortez, integrante del IMDHD.
El último reporte del gobierno federal sobre el total de desaparecidos
en el país —dado a conocer en agosto— indica que hay 22,322 personas en esa
situación. El dato se actualiza con base en las nuevas denuncias recibidas por
las procuradurías locales o si las autoridades localizan a una persona, viva o
muerta.
Sin embargo, los activistas consideran poco clara la información sobre
búsquedas, localizaciones e identificación de cuerpos hallados en lugares como
fosas clandestinas. Tan sólo en días recientes, por ejemplo, 28 cadáveres
fueron encontrados en Guerrero mientras se buscaba a los normalistas. La
Procuraduría General de la República (PGR) descartó que se trate de los
jóvenes, pero no precisó las identidades, en tanto en el Estado de México se
ubicó dos cuerpos en un canal.
Cortez es uno de los 22 activistas y académicos que, para apoyar a los
familiares de los normalistas desaparecidos, el 9 de octubre anunciaron la
creación de una comisión ciudadana que busca dialogar con el gobierno federal y
supervisar las acciones que realice para localizar a los jóvenes.
Al respecto, señaló en entrevista que otra situación que deja en
evidencia este caso es cómo los familiares de las víctimas desconfían de la
labor de las instituciones. Un ejemplo de ello —agregó— radica en que si las
autoridades encuentran cadáveres, las familias exigen que los análisis para identificarlos
estén cargo de peritos externos.
"Hay una duda de si realmente se van a hacer bien las pruebas, si
van a ser correctas, si van a ser rigurosas y si el resultado es confiable o
no. Frente a eso, que se desconfía tanto de las instituciones locales como de
las federales, entonces la alternativa se vuelve traer a un grupo de expertos
independientes", dijo Cortez.
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
desaparecieron la noche del 26 de septiembre tras un incidente con policías de
Iguala, en el que los agentes municipales y hombres armados les dispararon y
causaron la muerte de seis civiles, entre ellos tres de sus compañeros.
A casi tres semanas del hecho, la PGR mantiene su búsqueda y analiza los
restos hallados en más fosas clandestinas cavadas en la zona.
¿Un problema minimizado?
"Más que un botón de muestra, es la gota que derrama el vaso",
dijo el activista Héctor Cerezo en entrevista por separado.
Para Cerezo, miembro del Comité Cerezo, una organización civil
especializada en el tema de los desaparecidos, el caso Iguala prueba que cuando
hay funcionarios implicados en una desaparición, las autoridades tienden a no
referirse al asunto como desaparición forzada, un delito distinto al secuestro
y al homicidio que se castiga con entre cinco y 40 años de prisión.
El activista consideró que con esto se minimiza el problema y citó como
ejemplo que a pesar de que la propia PGR señala a policías municipales como
presuntos responsables de la desaparición de los normalistas —26 agentes de
Iguala y 14 de Cocula—, el procurador Jesús Murillo Karam se ha referido al
delito con otras palabras.
"Incluso con las declaraciones de ayer (martes), Murillo Karam
todavía no dice que son desapariciones forzadas, todavía dice que son ausentes
o secuestrados. La terminología del Estado todavía no está reconociendo la
desaparición forzada", dijo Cerezo.
La organización que encabeza estima que de las 22,322 desapariciones
registradas por el gobierno federal a la fecha, al menos 3,000 fueron forzadas,
es decir, con la participación de algún funcionario público.
Una cifra en la polémica
El propio dato del total de personas desaparecidas en el país también ha
generado polémica desde que se dio a conocer el primer corte, en febrero de
2013.
Entonces, cuando el presidente Enrique Peña Nieto tenía dos meses en el
cargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que durante el gobierno
anterior, de Felipe Calderón, se contabilizaron 26,121 desaparecidos.
La cantidad se hizo pública a raíz de las críticas a la estrategia de
seguridad de Calderón, basada en el despliegue de militares para combatir a la
delincuencia, una medida que rechazan las organizaciones de derechos humanos
argumentando que fomenta abusos contra ciudadanos y genera más violencia.
A pesar de esos señalamientos, el gobierno de Peña Nieto ha mantenido a
las Fuerzas Armadas en las calles y, en mayo pasado, la Segob indicó que la
cifra de desaparecidos había bajado a 8,000 —cifra cuestionada por activistas—,
mientras que un mes después precisó que eran 16,000, y en agosto, por último,
la PGR señaló que son 22,322.
Fernando Ríos, miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, comentó en entrevista
que el caso Iguala tiene características que lo diferencian de otros, como la
posible implicación del alcalde con licencia, José Luis Abarca, y la atención
que el tema ha generado de parte de otros países y de organismos
internacionales.
Sin embargo, consideró que comparte con otros casos que las autoridades
no dan los resultados suficientes para hacer pensar que el crimen esta vez será
castigado.
"¿Ha sido diferente? No, no ha sido diferente. Un caso tan grave ha
seguido el ritmo de impunidad del país", dijo Ríos, otro de los activistas
que apoyan a los familiares de los normalistas en su diálogo con el gobierno
federal.
