Por: Gustavo De la Rosa
Sólo en México puede pasar que un partido político, jurado defensor de la justicia social, proteja a un político delincuente. Ángel Aguirre debe advertir que ya todo el país sabe que él conoce el paradero de los muchachos desaparecidos y no hace nada por entregarlos a sus padres. Hay sucesos que pueden acontecer en un estado y pudiera decirse que la responsabilidad es del funcionario a cargo y no necesariamente del responsable político, pero cuando suceden crímenes colectivos, donde es evidente la participación por acción u omisión de un presidente municipal que pertenece al mismo partido del gobernador de la entidad, la responsabilidad política debe ser compartida, así como compartieron los beneficios.
Nadie va a creer que el presidente municipal y el gobernador no fueron informados que, desde las nueve de la noche, los policías municipales de Iguala habían detenido a casi 50 estudiantes normalistas y sumaban ya seis muertos; eso simplemente no sucede, así como nunca sale el sol por el poniente. Un operativo de esta naturaleza siempre es previamente aprobado por ambos niveles de Gobierno.
Es imposible creer que, durante esas tres o cuatro largas horas, no fueron informados de que la Policía y los asesinos profesionales estaban negociando la entrega de los detenidos. Todos los mexicanos con un mínimo de experiencia cercana a Seguridad Pública (yo completé 12 años), sabemos que al tener información importante, de inmediato (y me refiero a los siguientes diez minutos) debemos avisar a nuestro mando superior, él al suyo y así sucesivamente hasta llegar al gobernador en dos o tres pasos, es decir en unos 15 minutos. Todos los funcionarios a partir del segundo nivel tienen el teléfono del secretario del gobernador, y si el gobernador está durmiendo un enlace se encuentra afuera de su recámara. Algo similar sucede con los presidentes municipales de las ciudades importantes como Iguala que, aunque es pequeña, es importante en Guerrero. Ambos funcionarios estaban enterados de la situación cuando mucho treinta minutos después de la detención, si es que no lo estaban en tiempo real como normalmente sucede. Considerando esto, la orden de negociar la entrega de los muchachos a los criminales debió de salir de la oficina del gobernador, o del presidente municipal con la aprobación del gobernador; no puede haber sucedido de otra manera.
El retraso entre la detención y la entrega fue el tiempo que le tomó a los delincuentes salir de sus casas o de los prostíbulos, suspender la borrachera, darse un pase y preparar las armas y vehículos, por eso llegaron juntos y empezaron a dirigir el traslado de los jóvenes hacia territorio desconocido por sus padres, pero sabido por los dos mandatarios.
Estamos seguros que el gobernador sabe quiénes y a dónde se llevaron a los jóvenes. Por todo esto, él es corresponsable del crimen, y si de verdad hubiera sucedido todo sin que se enterara, entonces es más que un crimen: es una estupidez. Si fue tan estúpido como para no informarse de lo que pasaba, al enterarse de inmediato siguió la línea de responsabilidades del crimen, y les juro que en menos de ocho horas ya sabía exactamente qué y cómo pasó.
Y si no pudo enterarse, entonces tenemos otro oligofrénico gobernando un estado. No debemos entrar en derivaciones ideológicas ni académicas, dejemos descansar el fantasma de AMLO porque no nos interesan los efectos políticos ni la atomización inmediata que sufrirá el PRD, esto es un crimen vulgar y generado, ordenado, tolerado o encubierto por el Estado.
Es un crimen y todos los que participaron en él son criminales. Por eso los invito a que no desviemos la mirada de la pieza.
¡Aguirre, devuelve a los muchachos con sus padres y lárgate del país! Pero primero entiende imbécil, los padres de los jóvenes no pueden sufrir más y cada día su angustia se contagia a cientos de mexicanos; ya somos muchos los que nos desvelamos pensando en el dolor de esas madres y esa tristeza se va a extender como epidemia brava. Ay de ti si el pueblo embravecido te llega a tomar en sus manos.
