Hoy el país amaneció escandalizado por el despido de la colega
Carmen Aristegui de MVS. Silenciarla, controlarla y desplazarla se convirtió
para el gobierno de Peña Nieto en una prioridad, en una cuestión de estado en
el contexto electoral actual. Al régimen federal le es inaceptable que
funcionen medios que cuestionan las mentiras del poder y las corruptelas que
tiene su origen precisamente en su cúpula. De ahí que se busque no sólo
intimidar sino aplastar a los periodistas independientes, generar zozobra y
desánimo entre la población. Los golpes son planeados desde la misma cúpula del
poder para desarticular la resistencia y la conciencia social en el país.
El
atropello a la libertad de expresión que es el despido de Aristegui y sus
colaboradores de MVS hay que verlo en su transfondo político electoral. Hoy el
PRI está en grave riesgo de perder el control sobre el Congreso de la Unión en
las elecciones del 7 de junio próximo, además de varias gubernaturas.
Actualmente ejerce el dominio de San Lázaro con 213 diputados federales, más
los de sus satélites, el PVEM y el Partido Anal (Panal), con lo que suma la
mayoría de 251, con los que se impone en todas las discusiones en la máxima
tribuna del país.
Pero
eso está a punto de cambiar impulsado por la crisis de legitimidad del gobierno
de Enrique Peña Nieto, el derrumbe de la economía nacional en manos de su
cómplice Luis Videgaray y del fondomonetarista Agustín Carstens, aunado a la
exhibida corrupción de su régimen con los conflictos de interés en la
adquisición de inmuebles cuya procedencia no han sido explicados
convincentemente desde el poder. A eso hay que agregarle que la violencia sigue
en los mismos niveles en los que la dejo el régimen de Felipe Calderón por la
sencilla razón que se ha mantenido la estrategia del “espurio” michoacano. Los
asesinatos siguen, las desapariciones siguen, la ausencia de investigación
sigue, la impunidad sigue, la desesperanza sigue, los reclamos sociales siguen
y la represión sigue…
La
amenaza que enfrentan es grande por que durante las elecciones intermedias
perderán escaños frente a otras opciones políticas que le pondrán freno al
ejercicio del poder. La pregunta en este momento no es si el PRI perderá
escaños sino que tan grande será el descalabro en la elección del 7 de junio, y
este aumentará de dimensión si salen a votar en masa los ciudadanos libres y
críticos, como se impulsa desde los medios de comunicación autónomos.
De
ahí surge la explicación para los enormes gastos en la sancionada campaña del
PVEM, a donde se pretende reorientar el voto de castigo hacia el PRI; de ahí
también el inconstitucional intento de privatizar el agua; la imposición de un
personaje como Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, las cuales se ven como acciones de un régimen al que parece que lo
único que le importa es robar y saquear impunemente el tiempo que le quede en
el poder.
Es
en esta coyuntura en que es indispensable callar a como de lugar las voces
críticas como las de Carmen Aristegui y su equipo. Oficialmente las campañas ya
inician el próximo mes. Al gobierno de Peña Nieto no le conviene una cobertura
informativa balanceada y equitativa, que de origen se ha negado con las
actuales leyes electorales que le convienen a los tres grandes partidos
políticos en el reparto de los tiempos y recursos oficiales. El PRI presenta
una larga lista de candidatos cuestionables y muchas veces impresentables, cuyo
prestigio o, mejor dicho, desprestigio no ayudarán a llevarle votos a las
urnas. Deberán de enfrentar, en muchos distritos, a abanderados con un gran
prestigio personal, profesional y académico, con alta calidad moral o
intelectual.
El
régimen de Peña Nieto se enfrenta a un escenario totalmente desfavorable que le
depara seguramente un resultado totalmente adverso, lo que le ocasionará
grandes problemas. En el Congreso deberá enfrentar un bloque opositor que
podría detener las próximas contrarreformas “estructurales”, así como formar
numerosas comisiones especiales de investigación para transparentar los
numerosos financiamientos ilícitos y conflictos de interés que corroen al
régimen.
Es
en ese transfondo en que debe verse el intento de la empresa MVS de “desdibujar
la independencia editorial de los periodistas” que colaboren en sus emisiones
informativas, “quienes no podrán realizar ninguna investigación sin pedir
autorización”, como criticó oportunamente la Asociación Mexicana de Derecho a
la Información (Amedi). El despido de Carmen Aristegui y sus colaboradores, más
que una medida para evitar un uso indebido de la marca, representa “un caso de
censura”, considera la Amedi.
La
remoción de Aistegui y su equipo es un una acción estratégica para controlar e
inhibir la difusión de lo que el poder económico o gubernamental considera
favorable a lo beligerante, o a un movimiento social o político”, señaló la
Amedi en un comunicado en el que consideró que las decisiones de la empresa MVS
“son desproporcionadas y lastiman la pluralidad, la libertad de expresión y los
derechos de las audiencias en detrimento de la democracia en el país”.
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